Cynthia Raquel de la Concha Sánchez

Expediente 417/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
417/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/04/2019

Partes del expediente

  • Cynthia Raquel de la Concha Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 997/2016, y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la revisión principal 467/2017, de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso de revisión, se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxxxxxxxxxxx, contra el acto reclamado de la Quinta Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. TERCERO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a Inmobiliaria Cornejo Barragán, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto reclamado consistente en el artículo 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. CUARTO. La Justicia de la unión ampara y protege a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, contra los actos del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco y del Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en los términos y para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria." Causa ejecutoria. Lo anterior permite concluir que la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente expediente, por otra, se negó el amparo y protección solicitados, y finalmente, se concedió; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en éste y acúsese recibo. Efectos. En el fallo protector se determinó que las autoridades obligadas al cumplimiento, deben realizar los actos siguientes: "[.]para el efecto de que se deje insubsistente la resolución de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente pleno 567/2014, únicamente en la parte en que se impone a la quejosa una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, aplicada a esa determinación y con plenitud de facultades, deberá emitir otra, pero purgando los vicios que fueron evidenciados en este fallo. Al haberse concedido la protección constitucional por lo que hace a los actos de la autoridad ordenadora, dicha protección se hace extensiva al acto de la autoridad ejecutora Director de Notificación y Ejecución Fiscal Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco." Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y al Director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. Por lo que ve al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que el Tribunal responsable no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Enero de dos mil doce, Tomo cuatro, página tres mil quinientos quince, que al rubro dice: "JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". En cuanto al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Devolución de constancias. Devuélvanse las constancias certificadas remitidas por la responsable, recibidas en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: Delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al párrafo último del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se negó el amparo solicitado; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Prórroga Visto el contenido del oficio firmado por el Juan Antonio Pérez Gallardo, delegado de las autoridades responsables dependientes de la Universidad de Guadalajara, mediante el cual solicita se le conceda una prórroga a efecto de cumplir con el requerimiento que le fue formulado en auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho; al respecto, tomando en cuenta el requerimiento formulado el veinte de diciembre del año en curso, a fin de no contravenir lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, se otorga por única ocasión, una prórroga de tres días, para se encuentre en aptitud de cumplir con el requerimiento que le fue realizado; en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto en mención. Notifíquese.

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