Cynthia Barranco Gonzalez

Expediente 759/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
759/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Cynthia Barranco Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de cuatro de mayo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 10664/2021, del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, por medio del cual remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por Cynthia Barranco González, contra actos que reclama del Instituto Nacional de Migración en Mérida, y otras autoridades, remitida por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con motivo de la separación de juicios ordenada en el expediente 743/2021-I-A, de su índice. En tal virtud, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la misma, debiéndose tener como acto reclamado en este juicio de amparo, los consistentes en: ".a) La omisión de cumplir el oficio INM/DGCVM/0611/2020, de veintiocho de abril de dos mil veinte, emitido por el Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; b) La omisión de brindarle orientación migratoria para la solución de su situación migratoria al ser solicitante de asilo en Estados Unidos de América, dada su situación irregular en este país; c) Negarle la expedición de las formas migratorias múltiples vigentes hasta la llegada de la fecha de su cita en la Corte Estadounidense; d) La omisión de otorgarle una nueva forma migratoria múltiple, en cumplimiento al oficio INM/DGCVM/0611/2020, de veintiocho de abril de dos mil veinte, emitido por el Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; y d) Detención.". Comuníquese lo anterior al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 759/2021-I. Precisado lo anterior, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la materia, en relación con los ordinales 2°, fracción II, 19, 64, 72, 73 y 76, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL por la directa promovente Cynthia Barranco González, sino por una diversa persona de nombre Arturo de Jesús Sandoval Torres, por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, aún en representación de otra persona, lo que hace improcedente el mismo. Máxime que los actos reclamados consistentes en: ".a) La omisión de cumplir el oficio INM/DGCVM/0611/2020, de veintiocho de abril de dos mil veinte, emitido por el Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; b) La omisión de brindarle orientación migratoria para la solución de su situación migratoria al ser solicitante de asilo en Estados Unidos de América, dada su situación irregular en este país; c) Negarle la expedición de las formas migratorias múltiples vigentes hasta la llegada de la fecha de su cita en la Corte Estadounidense; d) La omisión de otorgarle una nueva forma migratoria múltiple, en cumplimiento al oficio INM/DGCVM/0611/2020, de veintiocho de abril de dos mil veinte, emitido por el Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; y d) Detención.", en el presente juicio, no se encuentran dentro de ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso si sería inncesaria; pues no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que en relación a los diversos actos consistentes en la expulsión del país y/o deportación, procedió a su tramitación el Juzgado remitente al resolver la separación de autos correspondiente, pues dichos actos se encuentran relacionados en el numeral 15 de la de la Ley de Amparo, que actualizan el supuesto previsto en los artículos 3, párrafo y 109 del citado ordenamiento legal, sin necesidad de la firma electrónica de la directa quejosa, dada la naturaleza urgente de los mismos. De ahí que, en el caso, se estime pertinente la firma electrónica (FIREL), pues la falta de ésta de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria, de ahí que proceda su desechamiento. Cuenta habida que además, no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, según se advierte de la revisión de la misma, ni del artículo 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece la excepcionalidad de la falta de firma electrónica en el archivo que contenga la demanda, tratándose de asuntos en que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del citado artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que necesariamente debía contener la firma electrónica mediante el uso de la FIREL. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Asimismo, apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), Registro: 2018943, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; y como sus autorizadas a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dichas personas, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de que se autorice al nombre de usuarios "SANDOVALIFDP", para la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo que nos ocupa. Al respecto, dígasele a la promovente que se accede su petición, para el efecto de que con dicho nombre de usuario "SANDOVALIFDP", pueda consultar y acceder al expediente electrónico de este juicio de amparo a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, así como para promover en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, toda vez que existe solicitud expresa de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica a través del citado nombre de usuario, "SANDOVALIFDP", por medio del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 del citado Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto, por medio de la cuenta electrónica antes mencionada. Por tanto, comuníquese lo anterior, al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes que no lo hayan hecho para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Por otro lado, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, téngase a la parte quejosa aceptando la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en este juicio de amparo, esto es, sin supresión de sus datos personales, tal y como lo manifestó en su demanda de cuenta. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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