Cruz Rene Hernandez Cuellar
Expediente 1275/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cruz Rene Hernandez Cuellar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VII.- Toda vez que de la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías y sí lo tiene el incidente de suspensión derivado del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VII. ... RESUELVE ÚNICO. Sobresee. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por CRUZ RENÉ HERNÁNDEZ CUÉLLAR, por su propio derecho, contra un acto del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
VII.- Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por Ronni Ávila Marrufo, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y de otras autoridades; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado, el incidente de suspensión solicitado. Entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y solicítese sus respectivos informes previos, los que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído; apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en la fracción I, de los artículos 238 y 260, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia incidental. Así, respecto de la orden de aprehensión, detención, y presentación, se concede la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos. 1. En caso de que la orden de aprehensión y/o detención se refiera a delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para el único efecto de que una vez detenido el quejoso, quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, por lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en que sea recluido, o en el Centro de Reinserción Social correspondiente, quedando a disposición del Juez responsable para la continuación del procedimiento penal. 2. Por otra parte, y para el caso de que el delito por el cual se haya girado la orden de aprehensión o detención en contra de la parte quejosa, conforme a la Ley aplicable no implique prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE para el efecto de que no sea detenido, quedando a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sin perjuicio de que se presente al proceso penal de origen para su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no se obtenga la protección de la Justicia Federal, hasta que se dicte en estos autos incidentales la resolución correspondiente a la suspensión definitiva de los actos reclamados; claro está, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano de control constitucional estime necesarias a fin de que no se evada de la acción de la justicia; acorde con lo siguiente: La suspensión provisional que se decreta, surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos, en los casos siguientes: 1. De no exhibir dentro de los CINCO DÍAS siguientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, depósito en efectivo o por cualquiera de las formas establecidas por la ley, por la cantidad de $1,400.00 M.N. (MIL CUATROCIENTOS PESOS, SIN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), la cual se le fija de manera discrecional como medida de aseguramiento, cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a las autoridades responsables, a fin de que pueda ser devuelto, en caso de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; en el entendido que de conformidad con la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, signada por la entonces Titular de la Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, los depósitos en dinero o en valores podrán efectuarse en cualquiera de las formas establecida en la ley, esto, tal como lo establece los artículos 26 y 27, último párrafo del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo en sesión de dos de mayo de dos mil siete. En la inteligencia, que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que éste Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses o rendimientos, ni con la administración de los citados depósitos, toda vez que esto corresponde al Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, por lo que la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del mencionado Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dicho depósito; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª/J.193/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1386 del tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS. De la interpretación sistemática del referido Acuerdo General 17/2007, frente al objetivo perseguido con la creación del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dispuesto en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deriva que en tanto el propósito del Fondo es mejorar la administración de justicia y los recursos financieros que lo forman, las previsiones dispuestas por ese Acuerdo se orientan a normar la recepción y manejo de esos ingresos, en relación con la actuación de los entes que interactúan en esa dinámica, distintos del justiciable. Por eso, los artículos 28 y 32 del citado Acuerdo, que prevén ciertos requisitos formales que deben contener los certificados o billetes de depósito que como garantía se exhiban ante los órganos jurisdiccionales (monto de la cantidad depositada; no generación de intereses para el depositante y la autorización para que se solicite y reciba información del depósito a la institución crediticia), no establecen mayores requisitos que los dispuestos por la Ley de Amparo para que surta efectos la suspensión, porque lejos de representar una potencial carga para el quejoso en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que sólo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo, a quienes les resulta obligatoria su observancia." 2. Dado que la medida cautelar se ha concedido con base en el artículo 162 de la Ley de Amparo, contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, la parte quejosa deberá comparecer dentro del plazo de TRES DÍAS ante el Juez de la causa; en la inteligencia de que este supuesto se actualizará cuando se tenga la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, se fijan como medidas de efectividad al quejoso, las siguientes obligaciones: 1. Señalar domicilio en esta ciudad a fin de que puedan hacerles las notificaciones respectivas, sin que pueda ausentarse del lugar de su residencia sin permiso de este Tribunal, sin perjuicio de la vigilancia policíaca que se estime necesaria, apercibido que de no cumplir con lo dispuesto en este inciso, se hará efectiva la garantía otorgada a favor del erario federal. 2. No podrá ausentarse del lugar de su residencia, sin el permiso de este tribunal federal, sin perjuicio de la vigilancia policíaca si se estima necesario, como dispone el artículo 162 de la ley de la materia. Es menester señalar, que las medidas de aseguramiento antes referidas, serán exigibles, una vez que se tenga la certeza de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Cabe destacar que si la parte quejosa incumple con las medidas de aseguramiento y obligaciones impuestas por el juzgador penal en el proceso de origen, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable, de conformidad con el último párrafo del citado numeral 166 de la ley de la materia. En el caso de que existiera una orden de presentación, emitida por la autoridad judicial competente, se concede la medida cautelar solicitada, para el sólo efecto de que la parte quejosa no sea privada de su libertad con motivo de dicha orden; sin embargo, el quejoso deberá comparecer personalmente dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa, a efecto de rendir su declaración correspondiente; ello, sin perjuicio de la garantía que le otorga el artículo 20, Apartado A, fracción II, de la Constitución General de la República, en el sentido de que no podrá ser obligado a declarar, para que se continúe con el curso del procedimiento; término que empezará a correr a partir de que el quejoso quede notificado, en su caso, de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió; sin que lo anterior implique que se impide el acceso a la justicia al quejoso, por privilegiar la continuación del procedimiento, ya que si bien podría generarse el sobreseimiento en el juicio de amparo de donde deriva este incidente; el hecho de que se continúe, en su caso, favorece la causa del quejoso, porque el juzgador podrá reexaminar mediante un espectro distinto los elementos que en principio tomó en cuenta para emitir el reclamado, ya no sólo con simples datos, sino con los que lo lleven a tener por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado con todas las exigencias del artículo 19 constitucional. Estas consideraciones encuentran apoyo en la Jurisprudencia y en la tesis aislada con los siguientes rubros: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA". "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. EL ARTÍCULO 138 PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPONE UNA CONDICIÓN AL QUEJOSO PARA HACER EFECTIVA AQUELLA MEDIDA NO IMPIDE EL ACCESO A LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL." Así como las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. ". "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN CONTENIDO EN LA FRACCIÓN II DEL PÁRRAFO A, DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. En la inteligencia de que de resultar cierto el acto reclamado, el quejoso deberá exhibir ante este Juzgado Tercero de Distrito las constancias que acrediten tal comparecencia y, en caso de no hacerlo, también dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Es aplicable la jurisprudencia con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Finalmente, como se solicita en la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de esta determinación y entréguese por el conducto que indica, previa identificación que se otorgue en autos
- Principal
MESA VII. Visto el estado que guardan el presente expediente, del que se desprende que el mismo ya se encuentra integrado; así como, que se fijaron las diez horas con nueve minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa. Tomando en consideración lo anterior, y para que el presente asunto se resuelva con expeditez; anticipadamente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional fijada en acuerdo de seis de noviembre del año en curso; y se señalan como nueva fecha y hora para tal efecto, las diez horas con cuarenta y tres minutos del treinta de noviembre del año en curso.
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