Cutberto Piscil Baleon
Expediente 79/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/12/2018
Partes del expediente
- Cutberto Piscil Baleon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero.
- Principal
... San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio suscrito por la Presidenta de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que mediante acuerdo de veintinueve de noviembre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. I. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado procesal de los autos, este Juzgador Federal advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente *** del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". De conformidad con la disposición normativa referida, el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la ley de la materia disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.". Del primer numeral transcrito se desprende que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, e incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las hipótesis señaladas. Resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia P/J 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.". Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si la demanda se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio constitucional, pues se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, ya que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con ellos. Ahora, para conocer el plazo con que contaba el quejoso para promover esta acción constitucional, es necesario traer a colación lo dispuesto en los siguientes preceptos normativos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "Artículo 70. Las notificaciones surtirán sus efectos, el día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas.". "Artículo 71. La notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, también se entenderá legalmente efectuada cuando se lleve a cabo por cualquier medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de los actos que se notifiquen.". "Artículo 74. El cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes: I. Empezarán a correr a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación. (.)". De las porciones normativas transcritas se desprende, en lo que interesa, lo siguiente. ? Que las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente al que fueran hechas. ? Que la notificación realizada en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo se entenderá legalmente efectuada cuando se compruebe fehacientemente la recepción de los documentos que se notifiquen. ? Finalmente, que el cómputo de los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación. Expuesto lo anterior debe decirse que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, pues del expediente 21325/14-12-01-4-OT , remitido por la Presidenta de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal de Justicia Administrativa en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en proveído de doce de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que la interlocutoria reclamada fue notificada el doce de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo certificado (foja 215 del expediente de origen), como se advierte de la reproducción digital siguiente. (CUADRO) En consecuencia, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el doce de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que se entregó a Isabel Robles García, copia de la resolución reclamada, la cual surtió sus efectos al día hábil siguiente. En esas condiciones, el plazo de quince días hábiles previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para impugnar el acto reclamado transcurrió del dieciséis de octubre al siete de noviembre de dos mil dieciocho, descontándose del cómputo respectivo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre; así como uno, dos, tres y cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, por haber correspondido a días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se advierte del siguiente cuadro: (CUADRO) Entonces, si la demanda se presentó hasta el ocho de noviembre de dos mil dieciocho -según se advierte del sello de recibo respectivo-, es evidente que su presentación resulta extemporánea y, por ese motivo, la resolución reclamada fue consentida tácitamente. En atención a lo anterior, no es dable considerar lo que el promovente manifestó en su demanda de amparo, en cuanto a que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el quince de octubre de dos mil dieciocho (foja 2), pues las constancias de autos revelan que el acto reclamado le fue notificado desde el doce del mismo mes y año. En ese orden de ideas, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". II. Se deja sin efectos audiencia constitucional Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho".
- Principal
... Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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