Cruz Pérez García

Expediente 1276/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1276/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Cruz Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. No resulta obstáculo que a la autoridad se le haya notificado tal determinación el pasado veintinueve de agosto del año en curso, pues al haberse decretado el sobreseimiento carece de legitimación para impugnarlo . Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, las copias certificadas del juicio de usucapión 635/1986; que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Se ordena notificar a la parte quejosa por lista. Agréguese a los autos la razón actuarial de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por medio de la cual el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, manifiesta la imposibilidad para llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, del proveído de veintitrés de agosto del año en curso, por las razones que expone. En consecuencia, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal a la parte quejosa de la determinación referida y, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a notificar por lista de acuerdos el citado auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de dos mil ocho, visible en la página doscientos treinta y ocho, en su Novena Época, cuyo rubro indica: Notifíquese. EN RAZÓN DE LO ORDENADO SE TRASCRIBE EL ACUERDO SIGUIENTE: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Quejosa señala domicilio. Téngase por recibido el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa señala que el domicilio del tercero interesado Miguel Romero P., José Miguel Pérez y/o Miguel Romero Pérez, se ubica en calle de la Iglesia, número ciento noventa y tres (frente al kínder), del pueblo ***., en cumplimiento al requerimiento formulado; sin que haya lugar a realizar el emplazamiento a dicha parte procesal, en atención a la causa de improcedencia que se advierte por este órgano jurisdiccional, la cual se expondrá enseguida. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, consistente en el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio de usucapión 635/1986, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque la quejosa consintió tácitamente el acto que reclama, ya que promovió el presente juicio de amparo fuera del plazo que para tal efecto establece el precepto 17 del dispositivo legal en cita, tal como se demuestra a continuación. Los preceptos antes citados por su orden disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Del artículo previamente transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, cuando una persona no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para promoverlo. En ese sentido, la Ley de Amparo, regula el plazo en que habrá de promoverse el juicio de amparo en sus artículos 17 y 18 que establecen: artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, de los dispositivos legales en cita, se desprende que existen dos hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) la primera, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; y, b) la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por lo anterior, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en el tomo I de pruebas del presente juicio, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa que, la parte quejosa presentó un escrito el diez de diciembre de dos mil dieciocho ante la autoridad responsable en el que señaló domicilio, nombró abogado y autorizados; asimismo, solicitó copia certificada de todo lo actuado en el juicio de usucapión 635/1986 del índice del juzgado responsable, las cuales le fueron entregadas a la autorizada de la aquí quejosa -Teresita Pérez Linares-, según constancia de diecisiete de abril de dos mil diecinueve que obra a foja 31 de dicho tomo. Por tanto, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de manera fehaciente del acto reclamado con motivo de la entrega de copias a su autorizada practicada el diecisiete de abril de dos mil diecinueve; con lo que resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo transcurrió en exceso pues su escrito inicial de demanda fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla hasta el veinte de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, en el caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio, al encontrarse consentido. Resultan aplicables a lo anterior, en lo conducente las jurisprudencias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." No resulta óbice a la conclusión alcanzada por este órgano jurisdiccional, la manifestación de la quejosa en el sentido que desde el mes de abril del año en curso dejó de tener comunicación con los abogados que nombró en el juicio de origen por los motivos que expone y, que por ello, acudió a consultar el expediente hasta el cinco de junio del presente año, pues aceptar tal aserto equivaldría a subsanar una cuestión que resulta atribuible a la quejosa, pues de las constancias que remitió la responsable no se advierte que aquéllos profesionistas hubieran sido revocados, por lo que jurídicamente continúan ejerciendo su representación en el expediente de origen. Además, la conclusión alcanzada relativa a que el conocimiento del acto se debe considerar incluso si se obtuvo por una de los profesionistas autorizados por la quejosa para representarla o sólo para recibir sus notificaciones, resulta acorde con el sistema establecido en la propia legislación aplicable para la defensa de las partes, pues lo actuado por aquéllos surte sus efectos como si se hubiera realizado por la propia quejosa. Al caso resulta ilustrativa, la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO, A LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS. Si la notificación de la sentencia de amparo se hizo a persona autorizada para recibirla, resulta innecesario notificar precisamente al quejoso, pues tal proceder haría nugatorio el señalamiento de persona autorizada para oír notificaciones, dejando sin efecto el artículo 27 de la Ley de Amparo, ya que resultaría ilógico que el agraviado se acoja a dicho precepto beneficiándose al designar persona que reciba notificaciones a su nombre y desconocer esta disposición legal cuando así conviene a sus intereses, puesto que la notificación hecha a la persona señalada sirve de base para computar el término en que debió interponer el recurso de reclamación, pues el perjuicio que pudiera resentir éste por promover extemporáneamente dicho recurso, no proviene de la notificación personal hecha al autorizado para recibirla, sino de las relaciones de orden profesional existentes entre el quejoso y la persona autorizada por él; en consecuencia, una vez hecha la notificación personal al autorizado por el quejoso en los términos del citado artículo 27, no existe razón jurídica alguna para que se haga de nuevo la misma al quejoso conforme al artículo 30 de la Ley de Amparo." De igual forma, resultan ilustrativos los criterios siguientes: "AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO NO CONDICIONA EL RECONOCIMIENTO DE SU AUTORIZACIÓN Y SU PLENA EFICACIA A LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA ADMITA EXPRESAMENTE EN EL PRIMER AUTO QUE PRONUNCIE, ANTE LO CUAL LA NOTIFICACIÓN ENTENDIDA CON AQUÉL ES LEGAL. De la evolución que ha experimentado el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo se colige lo siguiente: a partir de mil novecientos treinta y seis, el quejoso o agraviado, así como el tercero perjudicado podían autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quedando el autorizado facultado para promover o interponer recursos en respuesta a las notificaciones recibidas, rendir las pruebas que hubiere ofrecido su autorizante y alegar en las audiencias; a partir de mil novecientos cuarenta y nueve, se eliminó la condicionante de promover o interponer recursos en respuesta a las notificaciones entendidas con el autorizado y se ampliaron sus facultades para ofrecer y rendir pruebas, conservando la posibilidad de alegar en las audiencias; en mil novecientos ochenta y cuatro, el párrafo de análisis no sufrió modificación alguna; en mil novecientos ochenta y seis, únicamente se adicionó la prohibición de sustituir las facultades otorgadas al autorizado en un tercero; y, finalmente, en mil novecientos ochenta y ocho, las facultades del autorizado se incrementaron sustancialmente para, a partir del quince de enero de ese año, posibilitarlo, además, para pedir la suspensión o diferimiento de las audiencias, solicitar el dictado de sentencia evitando así la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y, en general, para realizar cualquier acto necesario en la defensa de los derechos de su autorizante; también a partir de esta reforma, se establece una segunda posibilidad de autorización, consistente en la facultad exclusiva para recibir notificaciones personales efectuada a favor de cualquier persona capaz y para que se imponga de los autos del juicio, a diferencia de la autorización amplia, que en materias civil, mercantil y administrativa debe recaer en algún profesional del derecho legalmente autorizado para ejercer la abogacía. Así, de mil novecientos treinta y seis al catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, esa disposición legal, en su segundo párrafo, contenía de manera exclusiva una autorización con facultades de mandato judicial limitado, cuya enumeración se realizaba de manera limitada y no enunciativa, las cuales recaían en la persona del autorizado, sin que en el texto del artículo de referencia se especificaran las cualidades profesionales que debía satisfacer para quedar posibilitado a cumplir y ejecutar lo mandado por el quejoso o tercero perjudicado; en cambio, a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de ese año, además de que se prevé la existencia de dos tipos de autorizaciones, una amplia cuyas facultades ahora se enumeran de manera enunciativa y no limitativa, dado que el autorizado queda facultado para realizar, en general, cualquier acto en defensa de los derechos de su autorizante, también existe un mandato circunscrito a los efectos de recibir notificaciones personales e imponerse de los autos del juicio. Por tanto, si las Salas que integran la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor del criterio jurisprudencial 1a./J. 31/2002 y de la tesis aislada 2a. LXIV/98, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVI y VII, agosto de 2002 y mayo de 1998, páginas 21 y 584, de rubros: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA." y "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA.", respectivamente, se han pronunciado en el sentido de que, de conformidad con el actual texto del segundo párrafo del mencionado artículo, las facultades amplias de representación que en él se mencionan inician desde el momento mismo de la presentación de la demanda de amparo y, concluyen, cuando se agota el último acto que ha de realizarse en defensa de los derechos del quejoso, o tercero perjudicado, en su caso; se concluye que el ejercicio de las facultades a que se refiere cada una de esas autorizaciones, no requiere de reconocimiento previo por parte del juzgador de amparo para que cuenten con efectos legales y, por ende, éstos se surten desde que se presenta la demanda correspondiente ante el órgano jurisdiccional. En tal virtud, la notificación entendida con uno de los autorizados para recibir las que con carácter personal competen a su autorizante es legal, aun cuando el tribunal no se hubiere pronunciado en el primer proveído reconociendo la existencia y eficacia jurídica de su autorización." "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDEN HACERSE POR CONDUCTO DEL AUTORIZADO PARA OIR NOTIFICACIONES. La autorización para oír notificaciones que contempla el artículo 27 de la Ley de Amparo, comprende las personales para quien confirió la autorización, pues el numeral no distingue al respecto, amén de que tal autorización faculta, incluso, para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas y formular alegatos." Similares consideraciones fueron vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 136/2002, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES ULTERIORES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, PUEDEN PRACTICARSE, VÁLIDAMENTE, EN EL LOCAL DE LA JUNTA, SI EL INTERESADO O SU AUTORIZADO COMPARECEN ANTE ELLA, SIN QUE SEA ÓBICE EL QUE SE REALICEN EL MISMO DÍA O EN UNA FECHA POSTERIOR A LA DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN. De la aplicación de la literalidad del artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local de la Junta o en el domicilio que hubiese designado, no se advierte restricción alguna en el sentido de que esas notificaciones sólo puedan realizarse en el local de la Junta el mismo día en que se dicta la resolución que se trata de comunicar al interesado. Lo anterior es así, pues la única intención del legislador fue dejar en claro que ese tipo de notificaciones se hagan el mismo día si aquél o su autorizado acuden a notificarse, en virtud de que el procedimiento laboral es predominantemente oral y las Juntas tienen el deber de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que las ulteriores notificaciones personales pueden practicarse, válidamente, en el local de la Junta si el interesado o su autorizado comparecen a darse por notificados, con independencia de que se realicen el mismo día o en una fecha posterior a la del dictado de la resolución, ya que la finalidad de la notificación es que ellos se enteren de dicha resolución, lo que se logra a plenitud si la diligencia se entiende directamente con su destinatario." Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas del diez de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Sánchez Sánchez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. "

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Quejosa señala domicilio. Téngase por recibido el escrito de cuenta mediante el cual la quejosa señala que el domicilio del tercero interesado ***, se ubica en ***, en cumplimiento al requerimiento formulado; sin que haya lugar a realizar el emplazamiento a dicha parte procesal, en atención a la causa de improcedencia que se advierte por este órgano jurisdiccional, la cual se expondrá enseguida. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, del análisis de las documentales aportadas por la autoridad responsable se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. *** Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las once horas del diez de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el término otorgado a la quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve a fin de que señale el domicilio en que pueda ser emplazado el tercero interesado. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional por falta de emplazamiento del tercero interesado. ... En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas del diez de septiembre de dos mil diecinueve.

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