Cuauhtemoc Zambrano Beristain
Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 35 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Cuauhtemoc Zambrano Beristain
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Cuenta. El dieciocho de julio de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. En atención a lo anterior, provéase lo conducente en el cuaderno incidental respectivo. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuses obrantes en autos tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, dado que se concedió la medida cautelar definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
El suscrito actuario judicial licenciado Román Manuel García Trujillo hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse personalmente, no obstante el aviso que el uno de junio de dos mil veintidós, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós al quejoso de referencia, mismo que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de once de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado Mario Fernando Díaz, otorgándose tres días a la parte quejosa para que recogiera los mismos, y dentro de los veinte días siguientes acreditara haber iniciado su publicación. Por lo que, el término de tres días otorgado por auto de once de marzo de dos mil veintidós, para recoger los edictos y el diverso de veinte días para acreditar haber iniciado la publicación de los edictos, transcurrió del siete de abril al once de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de marzo de dos mil veintidós, por ende, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que como ha quedado establecido la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos para llevar a cabo el emplazamiento por edictos del tercero interesado Mario Fernando Díaz, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la legislación en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". No está de más decir, que el sobreseimiento por la causal antes invocada no sólo tiene cabida en el supuesto de que los edictos no sean entregados para su publicación, sino también ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para la parte quejosa cuando se ordena un emplazamiento por este medio, como el imperativo de recogerlos dentro del término que se le otorgó. Pues cualquier omisión que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. Robustece a esta determinación, la tesis aislada I.10o.P.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "MPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuenta. El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que por auto de once de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado Mario Fernando Díaz, otorgándose tres días a la parte quejosa para que recogiera los mismos, y dentro de los veinte días siguientes acreditara haber iniciado su publicación. Por lo que, el término de tres días otorgado por auto de once de marzo de dos mil veintidós, para recoger los edictos y el diverso de veinte días para acreditar haber iniciado la publicación de los edictos, transcurrió del siete de abril al once de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de once de marzo de dos mil veintidós, por ende, se sobresee en el juicio de amparo, de conformidad en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que como ha quedado establecido la parte quejosa no compareció a este órgano jurisdiccional a recibir los edictos para llevar a cabo el emplazamiento por edictos del tercero interesado Mario Fernando Díaz, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la legislación en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". No está de más decir, que el sobreseimiento por la causal antes invocada no sólo tiene cabida en el supuesto de que los edictos no sean entregados para su publicación, sino también ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para la parte quejosa cuando se ordena un emplazamiento por este medio, como el imperativo de recogerlos dentro del término que se le otorgó. Pues cualquier omisión que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. Robustece a esta determinación, la tesis aislada I.10o.P.1 K (10a.), sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio." En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de marzo del año en curso, para que exhiba las documentales con las que acredite haber iniciado el trámite de la publicación de los edictos para emplazar a juicio al tercero interesado Mario Fernando Díaz. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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