Cuauhtemoc Sanchez Orozco
Expediente 682/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/09/2023
Partes del expediente
- Cuauhtemoc Sanchez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la Secretaria actuante hizo constar que se incorporaron cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; hágase la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es conservable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, inciso b) del artículo 17 del mismo acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la dirección general de archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias a la autoridad. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de constancias que remitió a este Juzgado. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Se rinde informe justificado. Se ordena glosar a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. En cuanto a las pruebas documentales que anexó la responsable Juez Cuarto de lo Civil en esta ciudad, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Tomo de prueba. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, con las documentales remitidas fórmese por separado el tomo I de pruebas para un mejor manejo del presente expediente, agregándole carátula para su debida identificación - respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, mismas que quedan vinculadas al presente juicio de amparo. Actualización de causal de improcedencia. Ahora, visto el contenido de las documentales remitidas por el juez responsable, se advierte la existencia del juicio especial hipotecario 442/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, promovido por Deustche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Division Fiduciaria en su carácter de fideicomiso número F/1273 que se instruye en contra del quejoso Cuauhtémoc Sánchez Orozco; el cual se encuentra actualmente en trámite, es decir, no ha sido emitida sentencia definitiva. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, en razón de que el quejoso no tiene el carácter con que compareció a este juicio de amparo, es decir, no es tercero extraño por equiparación con relación al juicio de origen, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En el artículo y fracción indicados en primer lugar, se prevé que además de los supuestos considerados casuísticamente en cada uno de los apartados del mencionado ordinal, la improcedencia de la instancia constitucional puede tener sustento en alguna otra disposición de ese cuerpo legislativo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el numeral 107, fracción VI, de la ley de la materia, establece la procedencia del juicio constitucional indirecto a partir de la calidad específica del promovente, esto es, cuando tiene el carácter de tercero extraño a juicio. Para efectos del juicio constitucional, existen dos especies de tercero extraño a juicio, el considerado así en estricto sentido, corresponde al quejoso que resulta afectado por un acto de autoridad proveniente de un procedimiento del que no es parte, sin contar con oportunidad de defensa, en cuya situación está imposibilitado para interponer algún medio ordinario de defensa, al no estar integrado a la relación jurídica procesal. Mientras que por otro lado existe el tercero extraño por equiparación, figura que consiste en que el peticionario del amparo tenga el carácter de parte formal en el procedimiento natural (generalmente demandado) y no haya sido emplazado, o bien, la diligencia respectiva no cumpla con las exigencias legales esenciales de validez. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98 (registro 196932) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Es importante destacar, que para considerar al quejoso como tercero extraño a juicio por equiparación, se requiere necesariamente que la imposibilidad de defensa derive del estado procesal en que se encuentre el procedimiento natural, de tal forma que no sea posible que acuda a ejercer de forma completa su derecho humano de defensa oportuna, pues solamente así podría considerarse que resulta afectado también en su prerrogativa de audiencia previa. Lo que se traduce, en que además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir en ella los siguientes requisitos: a) Que sea parte formal en el juicio natural; y, b) Que se haya dictado sentencia definitiva en el mismo o que aquella haya causado ejecutoria, sin que la parte quejosa haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Por tanto, si el juicio natural se encuentra en trámite y el inconforme reclama una violación a su derecho fundamental de audiencia, defensa adecuada y legalidad, bajo las consideraciones de que no ha sido emplazado o lo ha sido incorrectamente; antes de promover el amparo debe comparecer al juicio de origen, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo juicio, incluso de inconformarse con el emplazamiento o la falta del mismo e incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto que se sigue en su contra. Precisión del acto reclamado. En el caso particular, el acto que el quejoso reclama en esta vía es la falta de llamamiento al expediente 442/2022, del índice del juzgado responsable, así como todo lo actuado en éste y su ejecución. Ahora bien, de las documentales que remitió el Juez Cuarto de lo Civil en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, se advierte que efectivamente dentro del juicio especial hipotecario 442/2022 de su índice, promovido por la institución financiera Deustche Bank México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Division Fiduciaria en su carácter de fideicomiso número F/1273, el quejoso Cuauhtémoc Sánchez Orozco, es demandado. Sin embargo, dicha controversia se encuentra en trámite, es decir, no se ha emitido la sentencia correspondiente, puesto que la última actuación relacionada con el peticionario del amparo es el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en donde se ordenó a la actuaria de la adscripción el emplazamiento del demandado -aquí quejoso- al juicio (foja 510 del tomo I de pruebas). Documentales que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituyen prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, al no actualizarse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no reviste el carácter de tercero extraño equiparado al juicio de origen, en razón de que en el mismo aún no se ha emitido la sentencia definitiva, y el promovente está en posibilidad de comparecer a la controversia de origen para efecto de imponerse de los autos e interponer los medios de defensa ordinarios. Ello, pues el hecho de que el quejoso haya conocido del juicio de origen antes del dictado de la sentencia con el que se concluya, permite concluir que no se actualiza uno de los extremos para considerarlo como tercero extraño por equiparación. Lo anterior, toda vez que opuesto a lo que pretende hacer ver el impetrante del amparo, el hecho de no haberse emitido la sentencia correspondiente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el quejoso perdió el carácter de persona extraña por equiparación al aludido procedimiento, porque tal conocimiento lo faculta imponerse de los autos del juicio de origen; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio juicio y, en caso de no obtener resolución favorable, podría esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia que se dicte vía amparo directo. Se cita como sustento a lo determinado, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Además, por analogía, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dispone: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Bajo esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que respecta a los actos reclamados de la autoridad designada con el carácter de ejecutora, de acuerdo con la jurisprudencia número 647, visible a fojas 434 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Común, que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.- Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de la ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acta emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Poder Judicial de Tijuana, Baja California, y otra autoridad; y, Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo y se ordenó formar por separado el incidente de suspensión, en el que se solicitaron informes previos a las autoridades responsables y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. Por tanto, una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda. Considerandos: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 101/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. y, Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, y en atención a la jurisprudencia P./J. 40/2000,1 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD'', se señala que la parte quejosa reclama: "La falta de llamamiento a algún procedimiento civil o mercantil seguido en su contra, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil en esta ciudad; asimismo la Orden de desalojo dictada en su contra y el cumplimiento. Pronunciamiento previo. En el caso, la parte quejosa no precisa para qué efectos solicita la suspensión definitiva, sin embargo ello no es impedimento para que el juzgador se pronuncie conforme a su prudente arbitrio sobre las consecuencias o estatus legal en que deban quedar las cosas en caso de ser procedente la medida cautelar, toda vez que dicha obligación fue instituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 4/2019 con número de registro 2019200, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus informes previos manifestaron lo siguiente: Autoridad Informe previo Foja Juez Cuarto de lo Civil cierto 31 y 32 Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil cierto 33 En el particular, el juez responsable al rendir su informe previo reconoció como cierto el acto reclamado reclamado esto es, la existencia y radicación del juicio especial hipotecario ********************, promovido por ******************** ******************** ********************, en contra del aquí quejoso ********************. Por tanto, así deberán tenerse los actos reclamados en este incidente al no existir prueba alguna en contrario. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia diecinueve, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento treinta y tres, Tomo II, Julio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Cuarto. Procedencia de la suspensión. Resulta pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, los cuales son: a) La naturaleza de la violación alegada; b) La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; c) Los que la suspensión origine a los terceros interesados; d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. f) Que los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control de la constitucionalidad debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, ni quede sin materia el juicio. Interés suspensional. Ahora, hasta el momento, se acredita el interés suspensional del quejoso al ser parte en la controversia de origen, toda vez que es parte demandada en el juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, lo que se vio corroborado con el informe rendido por el Juez responsable y con las documentales que la parte quejosa exhibió consistentes en: Copia simple de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, de la inscripción de la compraventa del inmueble ubicado en la unidad ********************, condominio ********************, construido sobre el ******************** de la ********************, del fraccionamiento ******************** de esta ciudad, en la que se señala al quejoso ******************** como comprador, lo cual se registró bajo partida ******************** sección civil, de fecha veintitrés de julio de dos mil siete. Recibo a nombre de ******************** expedido por el servicio de suministro de agua, en el domicilio ubicado en ******************** 8419-23 Fraccionamiento ******************** de esta ciudad. Con base en lo expuesto, los hechos narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda, concatenados con las documentales descritas, se considera que el promovente acredita su interés suspensional. Lo anterior, al advertirse que el quejoso probablemente cuenta con un derecho de propiedad que defender respecto del inmueble relacionado, que afirma se ve afectado en cuanto a su posesión con el acto reclamado Por tanto, estima que con la ejecución de esos y sus consecuencias, le genera un agravio que lo legitima para solicitar la medida cautelar que pretende obtener. Sirve de sustento a lo determinado, la tesis 1a./J. 4/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 515, Novena Época, registro electrónico 167346, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". Concesión de la suspensión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, así como los numerales 147 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se escriture, ni se haga entrega al adjudicatario en el juicio especial hipotecario ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, y por ende no se desposea al quejoso del inmueble ubicado en la unidad ********************, condominio ********************, construido sobre el ******************** de la ********************, del fraccionamiento ******************** de esta ciudad, si es que ello no ha ocurrido a la fecha; lo anterior, hasta en tanto reciba notificación respecto de la ejecutoria de la sentencia que se pronuncie en el juicio principal. Sin que lo anterior, implique la paralización del procedimiento en diversos aspectos al señalado con antelación, ya que al ser de orden público es insuspendible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL: El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO: La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". Fijación de la garantía. La medida suspensiva surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no exhibe garantía dentro del término de cinco días a disposición y satisfacción de este Juzgado, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos), de conformidad a los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, misma que servirá para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de tal medida, en caso de que la sentencia que se dicte en el fondo del amparo le sea favorable a la quejosa y que se fija de manera discrecional al no contar de momento con mayores elementos en relación al valor actual del inmueble, en relación con el juicio combatido. Concepto. Con la precisión de que si la parte quejosa opta por exhibir la garantía señalada a través de billete de depósito, éste deberá contener en el rubro de concepto la siguiente leyenda: "garantía fijada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, para garantizar la suspensión definitiva concedida". Asimismo, el importe que ampare deberá ser exacto. Resulta conveniente precisar que la presente medida suspensional no surtirá efecto alguno, si los actos reclamados derivan del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, tomando en consideración, que deben ser cumplimentadas sin demora por la autoridad responsable, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, y estimarlo de otra forma, sería contrario a los fines del juicio de amparo y ello alteraría la jerarquía de las normas jurídicas. Apoya a lo anterior, la tesis número IX 1ro. 6K, Tomo III, marzo mil novecientos noventa y seis, página ochocientos ochenta y tres, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que al rubro señala: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBER SER INMEDIATO." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: Único. Se concede a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando tercero por los motivos expuestos en el diverso considerando cuarto, de la presente resolución. Notifíquese.Así lo resuelve y firma el licenciado José Alejandro Velázquez Aguilar, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones concedidas a la titular, mediante oficio CCJ/ST/3756/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante Claudia Beatriz de Haro Arellano, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Paola*
- Incidental
Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Se rinden informes previos. Vistos los oficios remitidos por las autoridades responsables, mediante los cuales rinden sus informes previos; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 140, párrafo primero, de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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