Cuauhtémoc Pérez Pérez

Expediente 464/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
464/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
25/09/2019

Partes del expediente

  • Cuauhtémoc Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interesadas interpusieran recurso de revisión contra el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Ahora bien, dado que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, y que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible. Devuélvansele a la autoridad responsable las constancias que remitió como soporte de su informe justificado y que constituyen los tomos I y II de este juicio, agregando a los autos las carátulas correspondientes.

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante el cual, informa a este órgano jurisdiccional que el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, declaró la extinción de la acción penal, por lo que respecta a los delitos de violación, violación equiparada y lesiones; así como la procedencia de la suspensión condicional del proceso, en relación al delito de violencia familiar y decretó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ordenado la inmediata libertad del aquí quejoso Cuauhtémoc Pérez Pérez, dentro del proceso penal 47/2019, de cual anexa copia certificada. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XIII y XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, doliéndose del auto de vinculación a proceso decretado en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Al respecto, la autoridad responsable Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado dictado dentro de la causa penal 47/2019, que se instruye contra el aquí quejoso por los delitos de violación, violación equiparada, lesiones y violencia familiar, perpetrado contra María Isabel Canales Basio y otros; posteriormente, mediante oficio 857, de veinte de agosto del actual, informó que en treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, declaró la extinción de la acción penal, por lo que respecta a los delitos de violación, violación equiparada y lesiones; así como la procedencia de la suspensión condicional del proceso, en relación al delito de violencia familiar y decretó el cese de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ordenado la inmediata libertad del aquí quejoso Cuauhtémoc Pérez Pérez, dentro del proceso penal 47/2019, de su índice. Así, resulta evidente que en la especie sobrevienen las causas de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, por una parte, respecto a los delitos de violación, violación equiparada y lesiones quedaron irreparablemente consumadas al decretarse la extinción de la acción penal y por otra, respecto al delito de violación familiar, existe una manifestación de voluntad que entraña consentimiento con lo que se decretó la suspensión condicional del proceso, mediante determinación de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, número 1a./J. 95/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Materia Penal, que es como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." También resulta aplicable por similitud jurídica la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), con Registro 2014495, Página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materias Común, Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIII y XVII, sin necesidad de esperar la hora señalada para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del día de la fecha, se deja sin efectos dicho señalamiento. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de la secretaria de juzgado, Ma. de los Ángeles Huerta Vázquez, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta que remite la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, al que adjunta sin diligenciar el despacho 762/2019-I del índice de este juzgado, por los motivos que expone. Acúsese el recibo de estilo. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, toda vez que el despacho tenía como finalidad que el quejoso Cuauhtémoc Pérez Pérez, ratificara el contenido del escrito recibido en este juzgado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en el cual se desiste del presente juicio de amparo y, de la diligencia realizada por la oficial notificadora el veinte de agosto del año en curso, se advierte que el quejoso ya no se encuentra recluido en la Cárcel Distrital de Río Grande, Zacatecas, ya que el día treinta y uno de julio se le giró boleta de libertad por haber llegado a una conciliación con el agraviado, por lo que se advierte una causal de improcedencia. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de enjuiciamiento el Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, para que en el término de tres días, a que se refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se sirva informar el estado en que se encuentra la causa penal 47/2019 de su índice, en atención a las manifestaciones hechas por la oficial notificadora del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, apercibido que de no hacerlo así, en el término indicado, o informar el impedimento que tenga para hacerlo, le será impuesta una multa hasta por quince unidades de medida de actualización, de conformidad con lo establecido en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el primero de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el escrito firmado por el quejoso Cuauhtémoc Pérez Pérez, en el que se desiste del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se ordenó ratificar, por diligencia que se encomendó al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante el despacho número 762/2019-l; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil diecinueve para su celebración.

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