Cuauhtémoc Espinoza Jaime
Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cuauhtémoc Espinoza Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que por auto de veintinueve de noviembre del presente año, se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, en consecuencia, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el siete de noviembre de la presente anualidad, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso presentado por el quejoso Cuauhtémoc Espinosa Jaime, por el que, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintinueve de octubre del año en curso, precisa los actos que reclama en el presente juicio son: El cumplimiento defectuoso dado por la autoridad demandada a la sentencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio contencioso administrativo número TJA/554/2018-P1. 2. La omisión de la responsable de aplicar las medidas de apremio tendientes a que la autoridad demanda dé cumplimiento a la sentencia en el juicio de nulidad, al respecto, el Juez acuerda: Este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Apartado A. Así es, como se anunció, la demanda de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que el quejoso hizo consistir en el cumplimiento defectuoso de la sentencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, pronunciada en el juicio contencioso administrativo número TJA/554/2018-P1, ya que el quejoso promovió recurso de queja que tiene como efecto nulificar el cumplimiento que dio la autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen. El precepto en mención indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; ... De la lectura lisa y llana de la fracción transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. La causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los siguientes requisitos: 1) que el medio de defensa ordinario haya sido promovido por el propio quejoso; 2) que se haya admitido, y esté en trámite al mismo tiempo que el juicio de amparo, y; 3) que sea el medio idóneo para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ...al reunirse los tres requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia que se analiza, se arriba a la conclusión de que este juicio de amparo es improcedente, debido a que en el presente juicio reclama el defecto cumplimiento a la sentencia dada en el juicio de nulidad de origen por la autoridad demandada y habiendo previamente promovido el recurso de queja contra ese deficiente cumplimiento, que tendrá por consecuencia dejar sin efecto el cumplimiento que dio la autoridad demandada en el juicio de origen, lo que permite establecer que el recurso de queja fue el medio ordinario correcto. Apartado B) Ahora respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de aplicar las medidas de apremio tendientes a que la autoridad demanda dé cumplimiento a la sentencia en el juicio de nulidad. El suscrito advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto y fracción transcritos, prevén que el juicio de amparo resulta improcedente cuando es promovido contra resoluciones judiciales en las que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario, se provocaría que la justicia federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desvirtuaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es el medio impugnativo supremo de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales, contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, por lo que antes de intentarlo, el interesado debe deducir todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se atacan directamente, en su origen y en sí mismos, por la institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora, como se precisó en párrafos que anteceden el accionante del amparo reclama la omisión de la responsable de aplicar las medidas de apremio tendientes a que la autoridad demanda dé cumplimiento a la sentencia en el juicio de nulidad, acto contra el cual procede recurso de queja. Así es, resulta importante destacar el contenido del artículo 129 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, que establece: "Artículo 129. El recurso de queja se presentará ante el Tribunal y procederá en contra de los siguientes actos: I. El que repita, indebidamente, la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto de ejecución de la sentencia; II. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, y III. Cuando la autoridad incumpla la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. El recurso de queja se interpondrá por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. Se deberá acompañar una copia de la resolución motivo del recurso. En caso de incumplimiento de la sentencia por parte de la autoridad obligada, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo." De la lectura del precepto transcrito, se obtiene que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, establece los lineamientos tendientes al acatamiento de las sentencias y para lo cual se estableció que en caso de incumplimiento, procede el recurso de queja. Bajo este contexto, es inconcuso que ante la falta de cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, implica que no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente, ya que se establece expresamente el medio de defensa legal denominado queja, el cual debe interponerse, ante el incumplimiento de la sentencia, regulándose en el mismo el procedimiento o trámite a seguir, a fin de obtener por parte de la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia en cuestión sin que se trate de simples medidas de tipo administrativo para sancionar económicamente a las autoridades renuentes, o para denunciar su desacato ante su superior jerárquico, ya que la finalidad única de la queja que se interponga es lograr el cumplimiento de la sentencia respectiva, para lo cual el presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, está facultado para aplicar los diversos medios de apremio que se establecen los artículos 125 a 127 de la ley invocada. Por lo tanto, al quedar demostrado que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracciones XVIII y XIX; lo procedente es, desechar de plano la demanda de amparo la demanda de amparo promovida por Cuauhtémoc Espinosa Jaime, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito que suscribe María del Carmen Bernal Lastiri, autorizada del quejoso Cuauhtémoc Espinosa Jame, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en auto de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve.
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