Crystal Pérez García

Expediente 1148/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Crystal Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Por lo expuesto y fundado en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se NIEGA a .., por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales F.A.P., la suspensión definitiva que solicita, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo en relación a las autoridades responsables locales señaladas en el considerando quinto, por los motivos señalados en el considerando último de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número, suscrito por ******** apoderado legal de la ***********, con sede en esta ciudad, quien acredita su personalidad con copia certificada del instrumento número 6,463 (seis mil cuatrocientos sesenta y tres), pasado ante la fe del Notario Público Número 133, con ejercicio en la Ciudad de Morelia, mediante el cual, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe previo que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia incidental. De igual forma, con apoyo en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad de cuenta designando como delegados a las personas que indica, así como señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico ........, así como el teléfono ......., se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa ********************por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ******************** no desahogó la vista relativa a señalar a diversas autoridades en su demanda inicial, consecuentemente, como esta ordenado en auto de dos de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo promovida contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, consistente en: ".IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Dirección General de Formación Continua de Docentes y Directivos y del Titular de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en el ámbito de su competencia, en cuanto autoridades ordenadoras se reclama: a) La emisión de la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar ********************, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria; dichos libros de texto no se adecuan a los planes y programas de estudio vigentes, ni siguieron el procedimiento previsto para su emisión. b) La omisión de cumplir el acuerdo secretaria! que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintidós. c) La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al Plan y programas vigentes. d) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. e) La inconstitucionalidad de los actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así corno, de manera indirecta, a la observancia al derecho de igualdad, previsto en los numerales 1, 3 y 4 constitucionales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. f) La omisión de consultar a los padres de familia en el proceso de la creación de los planes y programas de estudio, previsto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de los titulares de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo y de los Directores, turnos matutino y vespertino, de la Escuela Primaria Urbana Federal "Morelia ******************** Aniversario", con sede en esta Ciudad, Capital, en el ámbito de su competencia, en cuanto autoridades ejecutoras se reclama: g) La orden verbal o por escrito de la entrega, distribución y/o de utilización de los libros de texto gratuitos a que he venido refiriendo, para el ciclo escolar ********************." Por tanto, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y sólo en original el incidente de suspensión por haberse solicitado, ello de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido, de que en caso de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. En la inteligencia, de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaran una falsedad o negaran la verdad en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa la documental, la Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva En términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Así también, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  4. Incidental

    ********************, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia de la demanda de amparo que antecede y con fundamento en los artículos 125, 128, y 138 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese en un tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número ********************/2023, promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, en contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en: ".IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- De los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la Subsecretaría de Educación Básica, de la Dirección General de Materiales Educativos, de la Dirección General de Formación Continua de Docentes y Directivos y del Titular de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), en el ámbito de su competencia, en cuanto autoridades ordenadoras se reclama: a) La emisión de la orden y/o autorización de imprimir los libros de texto gratuito para el ciclo escolar ********************, del nivel educativo de educación básica, para los grados escolares: segundo y tercero de preescolar, primero a sexto de primaria, así como segundo y tercero de secundaria; dichos libros de texto no se adecuan a los planes y programas de estudio vigentes, ni siguieron el procedimiento previsto para su emisión. b) La omisión de cumplir el acuerdo secretaria que establece los "Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de los libros de texto gratuitos del nivel secundaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil veintidós. c) La emisión de la orden para llevar a cabo la capacitación al personal docente a través de los Consejos Técnicos Escolares sin la adecuación al Plan y programas vigentes. d) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Lista de Libros de Texto Gratuito actualizados para estudio y uso de la Secretaría de Educación Pública. e) La inconstitucionalidad de los actos por violación a los derechos a la educación, al interés superior de la infancia y de la juventud, así corno, de manera indirecta, a la observancia al derecho de igualdad, previsto en los numerales 1, 3 y 4 constitucionales, así como en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño. f) La omisión de consultar a los padres de familia en el proceso de la creación de los planes y programas de estudio, previsto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de los titulares de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo y de los Directores, turnos matutino y vespertino, de la Escuela Primaria Urbana Federal "******************** ******************** Aniversario", con sede en esta Ciudad, Capital, en el ámbito de su competencia, en cuanto autoridades ejecutoras se reclama: g) La orden verbal o por escrito de la entrega, distribución y/o de utilización de los libros de texto gratuitos a que he venido refiriendo, para el ciclo escolar ********************." Ahora bien, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".el cese en la impresión de libros de texto gratuito que no tengan respaldo en planes y programas vigentes, así como para que en su caso se paralice la distribución y/o la utilización de dicho material, dada su falta de cumplimiento con los programas vigentes, para que se ordene la publicación de la lista de libros de texto aprobados conforme a planes y programas vigentes..." Por lo que se provee al respecto, con apoyo en la Jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Ahora bien, en el caso en concreto, el quejoso solicitó expresamente en su escrito de demanda la suspensión del acto reclamado, por lo que se encuentra satisfecho el primer requisito a que alude el numeral 128 en cita. Por lo que ve a la fracción II del artículo 128 en comento, también se actualiza, en razón a que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, en cuyo caso la sociedad está interesada en que éstas se cumplan. Sin embargo, SE NIEGA a ********************, por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********************, la suspensión provisional que solicitan, respecto de los actos reclamados que en esencia consistente en que no se distribuyan, usen o aprovechen los nuevos libros de texto gratuito para la menor quejosa para el ciclo escolar ********************, correspondientes al segundo grado de preescolar que aduce cursa, en el colegio particular "********************", con sede en esta ciudad. Lo anterior es así, toda vez que no acredita, ni aun presuntivamente, el interés suspensional necesario para que se les conceda la medida cautelar solicitada, esto es, no demostró que actualmente la menor de iniciales ********************, se encuentre inscrita en el colegio particular "********************", con sede en esta ciudad, pues sobre el particular no exhibió elemento de convicción idóneo que así lo acredite, ya la documental que aporta consistente en el acta de nacimiento, misma que sólo demuestra que nació el ********************, en ********************, Michoacán, por lo que, a la fecha tiene ********************años de edad, empero, no que esté inscrita en alguna institución académica; máxime que no basta su sola afirmación, sino que, se insiste, es necesario que lo acredite aun presuntivamente dicho interés. Así como la diversa jurisprudencia número 609, visible en la página 552, tomo VI, Materia Común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es: "SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, mas desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa". Por lo anterior, si la parte quejosa no demostró el interés que le asiste, dado que no acredita ni aun de manera presunta el interés jurídico para obtener la medida cautelar impetrada, por ende, como se mencionó en párrafos que anteceden debe negarse la suspensión provisional, al no cumplirse con el extremo contenido en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior en armonía a la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos trescientos nueve, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva". Así como la tesis VIII.A.C.7 K del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, página 2742, de rubro y texto: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés." Así como en lo que en ella interesa la diversa jurisprudencia número 1a./J. 98/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2005049, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Aun cuando el juicio de amparo es una institución de buena fe, no se pueden soslayar los requisitos que la propia ley establece para la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Además, son dos situaciones distintas: una, la existencia de actos y otra, acreditar los elementos contemplados en la ley. Por ello, el hecho de que en términos del párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, opere la presunción de existencia del acto reclamado respecto del cual se solicite la suspensión definitiva, es inconducente para tener por demostrado el interés del quejoso a fin de obtener dicha medida cautelar y, por tanto, para tener por colmados los requisitos establecidos en las fracciones I y III del artículo 124 del mismo ordenamiento. Por ende, el otorgamiento de tal medida se encuentra condicionado a que exista en los cuadernos del incidente de suspensión, por lo menos, algún elemento de convicción que pueda demostrar, aunque sea de manera indiciaria, que tal acto agravia al quejoso, pues no debe pasarse por alto que al resolverse sobre el particular, debe decidirse si procede suspender algún acto que cause o pueda causar daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. Esto, en el entendido de que tal demostración indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación". Mediante oficio correspondiente, al que deberá agregarse copia de la demanda de garantías, pídase a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; asimismo, podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al suscrito juzgador establecer el monto de las garantías correspondientes, conforme lo establece el artículo 140 de la nueva Ley de Amparo; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el artículo 142, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos del numeral 260 fracción I, de la citada ley. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo hagan. Ahora bien, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la quejosa la documental que anexo al escrito de demanda, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza; lo anterior, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia respectiva. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 20/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 402, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000455, que a la letra dice: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE ORDENARLA SI EL JUEZ FEDERAL OMITIÓ DISPONER, DE OFICIO, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando la reposición del procedimiento prevista en el artículo 91, fracción IV, de la Ley Amparo, se refiere a revisiones hechas valer contra sentencias definitivas emitidas en el juicio de amparo, al suscitarse violaciones a las reglas que norman el procedimiento en dicho juicio, lo cierto es que también puede darse en el trámite realizado en el cuaderno relativo al incidente de suspensión, pues al no existir en la Ley de la materia el supuesto que regule el procedimiento a seguir cuando surgen violaciones en éste, en el cuaderno incidental, el numeral citado resulta aplicable analógicamente a la revisión interpuesta con fundamento en el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley citada, contra la decisión adoptada en la resolución en la que decide sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues es factible que se vulneren las reglas fundamentales que norman el procedimiento, dando como consecuencia la indefensión de alguna de las partes y que ello repercuta en el fallo relativo. Consecuentemente, es suficiente que en el juicio de amparo se presenten pruebas en documento original o en copia certificada y se exhiban dos o más copias simples para que el Juez, de oficio, ordene la certificación o compulsa respectiva para que se glosen al cuaderno incidental y al emitir la decisión sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados esté en posibilidad de tomarlas en cuenta, como lo estableció el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 71/2010, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).". Por tanto, ante la falta de cumplimiento de esa actuación, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede ordenar la reposición del procedimiento.". (Lo resaltado es nuestro) Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalas como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia incidental. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe previo vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

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