Cristina Tinoco Mendoza

Expediente 248/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
248/2022
Año
2022
Actuaciones
33
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Cristina Tinoco Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, remitió como complemento a su informe copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral ******************** (fojas 32 a la 101), así como las copias certificadas requeridas por auto de veintiocho de octubre de dos ml veintidós, (a fojas 217 a la 335) y, toda vez que la fecha se encuentra concluido el presente juicio; por tanto, desglósese dichas constancias del presente sumario Constitucional, previa constancia de desglose y devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J3-07-26-10-2022 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo, por medio del cual cumple con el requerimiento de autos y remite copias certificadas del expediente ordinario laboral número 3D-1972/2020, de su índice. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el uno de marzo de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada jurídica de la trabajadora Cristina Tinoco Mendoza promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en: ". la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 3D-1972/2020." Demanda que previo desahogo de la prevención formulada en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, por auto de quince siguiente, se admitió a trámite. Ahora bien, la quejosa en esencia reclama la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dos de diciembre de dos mil veintiuno, así como notificar dicho acuerdo a las partes, dentro del expediente 3D-1972/2020; lo anterior es así, puesto que la autoridad responsable en la audiencia de referencia se reservó proveer respecto de su admisión y/o desechamiento para una mejor valoración y análisis de las pruebas ofrecidas en autos. En este orden de ideas, del juicio laboral 3D-1972/2020 del índice de la Junta responsable, se desprende que en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite el incidente de nulidad promovido por la demandada Gessalim sociedad anónima de capital variable, aquí tercera interesada; y una vez seguido por sus cauces el citado incidente el treinta de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable, dictó resolución interlocutoria en la que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones y nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento de fechas veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantando la suspensión trabada sobre el procedimiento y ordenando realizar el acto procesal que en derecho correspondiese, así como señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las doce horas del diez de noviembre de dos mil veintidós; resolución interlocutoria que se les notificó a la parte actora -aquí quejosa- y citada parte demandada -aquí tercera interesada- el diez de agosto de dos mil veintidós. Así, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". De lo cual se advierte que el legislador consideró que aun cuando subsista el acto de autoridad, en caso de concluirse su inconstitucionalidad, se tornaría imposible restituir en el goce del derecho vulnerado por haber dejado de existir el objeto o la materia de éste. Así, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada se encontraba incorporada de manera temporal a los derechos de la parte quejosa, derivado de que la situación de la cual emanaba fue modificada sin dejar huella alguna en su esfera jurídica; o bien, por cualquier otro motivo que impida causar perjuicio al peticionario. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dos de diciembre de dos mil veintiuno, así como notificar dicho acuerdo a las partes, dentro del expediente 3D-1972/2020, y como se mencionó del citado juicio laboral de origen, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dictó el treinta de junio del año en curso, resolución Interlocutoria, en la que la que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones y nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento de fechas veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantando la suspensión trabada sobre el procedimiento y ordenando realizar el acto procesal que en derecho correspondiese, así como señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las doce horas del diez de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, se estima que lo anterior modificó el entorno en donde se encontraba la quejosa al momento cuando incurrió en la omisión reclamada en este sumario Constitucional. Así, las constancias del expediente ordinario laboral 3D-1972/2020, merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así, aun cuando la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda subsistía, ningún beneficio tendría la eventual concesión del amparo, toda vez que la situación surgida con motivo de dicho acto de autoridad fue modificada, sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la quejosa susceptible de reparación, al regirse actualmente con la determinación pronunciada en el mencionado medio de defensa. Entonces, ante una eventual concesión de amparo, carecería de efectividad reparar una violación que dejó de existir con la modificación del entorno de la impetrante, producida por el dictado de la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de referencia. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro 173858, cuyo epígrafe y contenido son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad señalada como ejecutora, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto del acto dictado por la autoridad responsable ordenadora, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Encuentra sustento lo anterior, la tesis publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte tercero interesado, el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio J3-07-26-10-2022 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo, por medio del cual cumple con el requerimiento de autos y remite copias certificadas del expediente ordinario laboral número 3D-1972/2020, de su índice. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el uno de marzo de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada jurídica de la trabajadora Cristina Tinoco Mendoza promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en: ". la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 3D-1972/2020." Demanda que previo desahogo de la prevención formulada en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, por auto de quince siguiente, se admitió a trámite. Ahora bien, la quejosa en esencia reclama la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dos de diciembre de dos mil veintiuno, así como notificar dicho acuerdo a las partes, dentro del expediente 3D-1972/2020; lo anterior es así, puesto que la autoridad responsable en la audiencia de referencia se reservó proveer respecto de su admisión y/o desechamiento para una mejor valoración y análisis de las pruebas ofrecidas en autos. En este orden de ideas, del juicio laboral 3D-1972/2020 del índice de la Junta responsable, se desprende que en acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintidós se admitió a trámite el incidente de nulidad promovido por la demandada Gessalim sociedad anónima de capital variable, aquí tercera interesada; y una vez seguido por sus cauces el citado incidente el treinta de junio de dos mil veintidós, la Junta responsable, dictó resolución interlocutoria en la que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones y nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento de fechas veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantando la suspensión trabada sobre el procedimiento y ordenando realizar el acto procesal que en derecho correspondiese, así como señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las doce horas del diez de noviembre de dos mil veintidós; resolución interlocutoria que se les notificó a la parte actora -aquí quejosa- y citada parte demandada -aquí tercera interesada- el diez de agosto de dos mil veintidós. Así, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". De lo cual se advierte que el legislador consideró que aun cuando subsista el acto de autoridad, en caso de concluirse su inconstitucionalidad, se tornaría imposible restituir en el goce del derecho vulnerado por haber dejado de existir el objeto o la materia de éste. Así, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada se encontraba incorporada de manera temporal a los derechos de la parte quejosa, derivado de que la situación de la cual emanaba fue modificada sin dejar huella alguna en su esfera jurídica; o bien, por cualquier otro motivo que impida causar perjuicio al peticionario. En efecto, la parte quejosa reclama la omisión de acordar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de dos de diciembre de dos mil veintiuno, así como notificar dicho acuerdo a las partes, dentro del expediente 3D-1972/2020, y como se mencionó del citado juicio laboral de origen, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dictó el treinta de junio del año en curso, resolución Interlocutoria, en la que la que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones y nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento de fechas veintiuno y veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, levantando la suspensión trabada sobre el procedimiento y ordenando realizar el acto procesal que en derecho correspondiese, así como señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las doce horas del diez de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, se estima que lo anterior modificó el entorno en donde se encontraba la quejosa al momento cuando incurrió en la omisión reclamada en este sumario Constitucional. Así, las constancias del expediente ordinario laboral 3D-1972/2020, merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así, aun cuando la omisión reclamada a la fecha de la presentación de la demanda subsistía, ningún beneficio tendría la eventual concesión del amparo, toda vez que la situación surgida con motivo de dicho acto de autoridad fue modificada, sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la quejosa susceptible de reparación, al regirse actualmente con la determinación pronunciada en el mencionado medio de defensa. Entonces, ante una eventual concesión de amparo, carecería de efectividad reparar una violación que dejó de existir con la modificación del entorno de la impetrante, producida por el dictado de la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de referencia. Como apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro 173858, cuyo epígrafe y contenido son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Por lo que, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el sobreseimiento decretado fuera de audiencia se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la autoridad señalada como ejecutora, toda vez que no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia, por tanto, al haberse sobreseído respecto del acto dictado por la autoridad responsable ordenadora, es indiscutible que no pueda examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Encuentra sustento lo anterior, la tesis publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que informe el estado procesal que guarda el expediente 3d-1972/2020, remitiendo constancia fehaciente de ello, sin que a la fecha obre en autos constancia de notificación del oficio 24161/2022. Del mismo modo, de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días hábiles a fin de que recoja los edictos, otorgado en proveído de diez del mes y año en curso, el cual se le notifico el catorce siguiente, a efecto de emplazar a la tercero interesada ***** En consecuencia, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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