Crystal Alcantar Jauregui

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Crystal Alcantar Jauregui

Actuaciones

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, 25 de mayo de 2023 OF.2101-V. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en ciento treinta y siete fojas, remito a Usted, los autos originales del juicio de amparo indirecto 85/2021, promovido por FRANCISCO JOSÉ GARCÍA BARBOSA autorizado legal del quejoso SANDRA ELIZABETH SÁNCHEZ CONTRERAS, para la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciséis de mayo del presente mes y año que declaró cumplido el fallo protector; asimismo, se anexa el original y copia del escrito de expresión de agravios Con la súplica que a su llegada, acuse el recibo correspondiente. R E S P E T U O S A M E N T E LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes el escrito de cuenta, suscrito por CRISTINA ANDRADE HERNÁNDEZ, por su propio derecho, a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, y amplía la demanda de amparo contra actos del Registro Agrario Nacional, residente en Tepic, y de los Notarios Públicos Números Diez y Treinta y Uno, ambos con sede en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y Notario Público Número Veintiséis, con residencia en Tepic, Nayarit. Ahora, del análisis de esa ampliación de demanda de garantías, este Juzgado advierte que respecto de los actos reclamados a los Notarios Públicos Números Diez y Treinta y Uno, ambos con sede en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y al Notario Público Número Veintiséis, con residencia en Tepic, Nayarit, la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que esta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso concreto, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, respecto de dichas autoridades, que a la letra dicen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El último de los preceptos en mención, establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo ese carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tal sentido, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, sin comprender los actos de personas jurídicas o individuales que se lleven a cabo en un plano de coordinación o que actúen como particulares. Por tanto, el primer elemento que se requiere para identificar dichos actos es que provengan de un órgano estatal o ente de gobierno; además, procederá analizar si con base en las atribuciones con que se le dotó, puede emitir actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado o si ejercen facultades decisorias ante la presencia de una potestad administrativa. Resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089) En ese tenor, del estudio integral del escrito de ampliación de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de los Notarios Públicos Números Diez y Treinta y Uno, ambos con sede en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y Notario Público Número Veintiséis, con residencia en Tepic, Nayarit, realizar las escrituras públicas número 994 de catorce de febrero de dos mil diecisiete, 17,150 de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, y 17,325 de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Sin embargo, dichos fedatarios no tienen el carácter de autoridades responsables en atención a que los actos reclamados derivan de la elaboración de las citadas escrituras públicas. Lo anterior es así, toda vez que los notarios públicos al tramitar escrituras públicas, no pueden ser considerados como responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior en razón de que, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3º.C.88 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, septiembre de dos mil quince, página 2091, cuyo contenido es el siguiente: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1144, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Igualmente, sustenta lo expuesto en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 99/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio." Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la ampliación de demanda de amparo promovida por CRISTINA ANDRADE HERNÁNDEZ, respecto de los actos reclamados a los Notarios Públicos Números Diez y Treinta y Uno, ambos con sede en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y al Notario Público Número Veintiséis, con residencia en Tepic, Nayarit. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, Constitucionales; 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo respecto del nuevo acto reclamado al Registro Agrario Nacional, residente en Tepic; por tanto, se ordena dar al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le compete. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a las autoridades responsables para que de ser posible, remitan tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándoles que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por las autoridades responsables, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que le impone el artículo 117 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO." Apercibida que de no rendir su informe en su oportunidad se le aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. En el entendido que por auto de once de mayo de la presente anualidad, se señalaron las DOCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el verificativo de la audiencia constitucional, Se exhorta a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad por la que se amplía la demanda de amparo que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. No se tramita por separado en el incidente de suspensión del acto reclamado en su escrito de ampliación de demanda, por no haberse así solicitado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hasta esta fecha la autoridad señalada como responsable en el presente sumario Guillermo Loza Ramírez, Notario Público Número Diez, residente en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no ha rendido su informe justificado que le fue peticionado en el presente sumario en relación a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa mediante ocurso recibido en este Juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, ni ha remitido las constancias relativas al mismo, las cuales se le solicitaron mediante oficio 5547-II de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de once de agosto de dos mil veinte, este Juzgado se reservó de proveer en relación con el ocurso signado por la quejosa CRISTINA ANDRADE HERNÁNDEZ; luego, en atención a lo que peticiona, en el sentido de que se requiera a Guillermo Loza Ramírez, Notario Público Número Diez, residente en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que remita la información solicitada en el escrito presentado en este Juzgado el diez de agosto de dos mil veinte. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase al referido Notario Público Número Diez, residente en Nuevo Vallarta, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit -Guillermo Loza Ramírez-, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede notificada del presente proveído, por una parte, remita copia certificada legible y completa de la totalidad de las constancias de donde deriva el acto reclamado en la citada ampliación de demanda, y por otra, remita copia certificada legible y completa de la totalidad de las constancias que señala la quejosa en su escrito recibido en este Juzgado el diez de agosto de dos mil veinte, para lo cual se le remite copia simple de dicho escrito, toda vez que las mismas resultan necesarias para resolver la presente litis constitucional. Apercibido que de no hacerlo en su oportunidad se le aplicará una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. De igual manera, del estado que guardan los presentes autos, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, no ha dado cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, no ha remitido las constancias que acrediten que efectuó la nota aclaratoria en el libro 1242, serie "A", sección I primera, partida 07, donde se determine en base a las medidas y colindancias que expuso la quejosa en su demanda, que dejó libre los 13,800 metros cuadrados que no se reclaman dentro de la presente demanda de amparo, o bien informara lo que en derecho correspondiera. En razón de lo anterior, gírese oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para que en el plazo de veinticuatro horas, remita la información solicitada, apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello dentro del plazo concedido, se le aplicará una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo disponen los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    1400-IX TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, remito los autos originales del juicio de amparo indirecto 369/2022 promovido por HUMBERTO LOERA SÁNCHEZ, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, contra la sentencia dictada en autos, adjuntando al presente el original y copia del referido escrito de expresión de agravios. Con la súplica que a su llegada se acuse el recibo correspondiente. RESPETUOSAMENTE LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por Jesús Abel Ávila Barrios, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; luego, en atención a su contenido, dígasele que mediante oficio 764-VII de veintisiete del mes y año en curso, fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 2427/2022 al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Titular y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con residencia en esta ciudad de Tepic y el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el promovente de referencia. NOTIFÍQUESE.

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