Crystal Alcantar Jáuregui

Expediente 1392/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1392/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Crystal Alcantar Jáuregui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, y anexo que acompaña, a través del cual acusa recibo del oficio 707-II, mediante el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto 1392/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por CRYSTAL ALCANTAR JÁUREGUI, así como nueve copias del escrito de demanda de amparo y ocho copias del escrito aclaratorio de la misma. Asimismo, informa que dicho Tribunal acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, en el auto de diez de enero de dos mil veintidós, y se avoca al conocimiento del asunto, correspondiéndole el número del juicio de amparo directo 71/2022 de su índice. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes del incidente de suspensión derivado del presente juicio y ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica, como se dijo, en el inciso b) del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "2022: Año de Ricardo Flores Magón". Tepic, Nayarit, 15 de febrero de 2022. Ofc. 707-II. Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno. Edificio del Poder Judicial Federal. Avenida México No. 521 Sur, Colonia Caja de Agua C.P. 63000. C i u d a d. En cumplimiento al auto de diez de enero de dos mil veintidós, remito a Usted en treinta y cinco fojas útiles los autos originales del juicio de amparo indirecto 1392/2021, promovido por CRYSTAL ALCANTAR JÁUREGUI, nueve copias del escrito de demanda de amparo y ocho copias del escrito aclaratorio, para que realice el turno correspondiente de dicho asunto, toda vez que este Órgano Jurisdiccional, en el acuerdo indicado, se declaró legalmente incompetente para conocer de esa demanda, en virtud que el acto reclamado por la parte quejosa lo constituye una resolución que puso fin al juicio de origen, dado que, sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido. En atención a lo anterior, se solicita a la autoridad de amparo que conozca de esa demanda, que en su oportunidad tenga a bien acusar el recibo de estilo correspondiente. R e s p e t u o s a m e n t e. El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. Ivar Langle Gómez.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de siete de enero de dos mil veintidós, se dio vista a las parte para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de lo informado por la Jefe de Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Compostela, Nayarit, lo cual se notificó por lista el día de hoy, por lo que a fin de que estén en condiciones de imponerse de dicha información y manifestarse al respecto se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta, que suscribe la quejosa CRYSTAL ALCANTAR JÁUREGUI, a través del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado de Distrito, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, y reiterado mediante diverso auto de veintinueve del mismo mes y año. Luego, del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, el suscrito considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, toda vez que dicha resolución no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que se estime procedente el amparo indirecto, si no que constituye una resolución que pone fin al juicio reclamable en amparo directo. En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Carta Magna en su artículo 107, fracción V, inciso b), dispone: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; (.)." En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, en virtud de que se reclama la sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Pleno de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, residente en Tepic, en los autos del juicio contencioso administrativo 455/2020, mediante el cual resolvió el citado juicio declarando procedentes las causales de improcedencia o sobreseimiento interpuestas por las autoridades demandadas, precisando que la demanda fue presentada en forma extemporánea, la cual puso fin al juicio, dado que, sin decidir el mismo en lo principal, lo dio por concluido; por tanto, se estima que quien es legalmente competente para conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional, es un Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en esta ciudad. Se arriba a lo anterior, atendiendo a que las cuestiones de competencia revisten importancia reconocida tanto en el sistema jurídico mexicano, como en tratados internacionales, en virtud de que son de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se debe actuar conforme a las premisas establecidas en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, de ahí que se obtiene que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer y resolver respecto de la demanda de que se trata. Para justificar dicha conclusión, conviene tener presente el contenido de los artículos previamente citados, los cuales disponen: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "ARTÍCULO 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "ARTÍCULO 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." A su vez, el artículo 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; (.)." Del citado numeral 170 de la Ley de Amparo, se coligen dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y; 2. Resoluciones que pongan fin al juicio. Ahora, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del citado artículo 170 de la Ley de Amparo, se está en presencia de una sentencia definitiva, cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, y no procede en su contra ningún medio de defensa ordinario en razón del cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos legales procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio de defensa ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. Por su contenido jurídico substancial, y su aplicabilidad a la nueva legislación de amparo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 311, tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Para los efectos del juicio de garantías, debemos entender como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido por razón de que el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que le impide resolver el fondo de la controversia, y la nota distintiva que caracteriza a las resoluciones de tal naturaleza estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución del juicio." Así las cosas, de un estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Pleno de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, residente en Tepic, en los autos del juicio contencioso administrativo 455/2020, mediante el cual resolvió el citado juicio declarando procedentes las causales de improcedencia o sobreseimiento interpuestas por las autoridades demandadas, precisando que la demanda fue presentada en forma extemporánea. Bajo tal premisa, la resolución combatida por la solicitante de la tutela constitucional resulta ser de aquellas que ponen fin al juicio, dado que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido; es decir, de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que es susceptible de combatirse mediante el juicio de control constitucional uni-instancial. Por tal motivo, la reclamación de la inconforme debió hacerse en amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 170, de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 239, del Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, febrero de 1992, Materia Común, Octava Época, Registro 220617, cuyo contenido dice literalmente: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo." En tales condiciones, este órgano de control constitucional carece de competencia legal por razón de la vía para conocer y resolver el presente asunto por lo que respecta a la sentencia emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Pleno de la Primera Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, residente en Tepic, en los autos del juicio contencioso administrativo 455/2020, mediante el cual resolvió el citado juicio declarando procedentes las causales de improcedencia o sobreseimiento interpuestas por las autoridades demandadas, precisando que la demanda fue presentada en forma extemporánea, lo cual corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, con residencia en esta ciudad. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 170, 47 y 48, de la Ley de Amparo, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en relación al Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, y envíesele el presente asunto, para que dicho órgano colegiado si a bien lo tiene, esté en aptitud de resolver conforme estime en derecho. Cobra aplicación al caso, la tesis I. 1o. A. J/15, relativa a la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 87, tomo IX, marzo de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario a la letra, dice: "COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el magistrado instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será al Tribunal Colegiado en pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto." Por lo que, tomando en cuenta que la naturaleza del acto reclamado es la de una resolución que puso fin al juicio, y considerando lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, y en consecuencia, el mismo deberá remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, residente en esta ciudad. Es aplicable, por identidad de los preceptos de la Ley de Amparo derogada y la vigente, la tesis 2ª. CCXI/2001, publicada en la página 41, tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." En las relatadas circunstancias, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara su legal incompetencia para conocer de la demanda promovida por CRYSTAL ALCANTAR JÁUREGUI, debiendo remitirse al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, al que se considera legalmente competente, para que se pronuncie al respecto, una vez que se notifique esta determinación a la peticionaria de garantías, la demanda de amparo, escrito aclaratorio de la misma y las copias exhibidas, para que de considerarlo procedente se pronuncie respecto al conocimiento del asunto y comunique a este Juzgado, si acepta o no la competencia anunciada; debiéndose formar cuaderno de antecedentes y dejar en su lugar, copia del sumario constitucional en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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