Cruz Villa Ramírez

Expediente 173/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
173/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
24/02/2016

Partes del expediente

  • Cruz Villa Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio 365-1-IV y duplicado del proceso 163/2009, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, en virtud de que mediante auto de diez de febrero del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto como total y definitivamente concluido; en esas condiciones, devuélvanse a su lugar de origen el duplicado del proceso 163/2009 al Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, así como copia certificada del expediente 1868/2003 al Juzgado Segundo de lo Civil de San Pedro Cholula, Puebla, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de enero de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en consecuencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósense los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de sesenta días otorgado en auto de catorce de agosto de dos mil quince, para que la sucesión de la parte tercera interesada interviniera dentro del presente juicio, sin que lo hubiera hecho; ni el quejoso hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en dicho auto, se provee: Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el quejoso Cruz Villa Ramírez promovió demanda de amparo, la cual presentó el seis de marzo de dos mil quince (foja 2), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, recibida en este Juzgado el nueve del mismo mes y año. Por auto de veinte de marzo de dos mil quince se admitió a trámite la aludida demanda, en el que, entre otras cosas, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, a través de su legitimo representante. Mediante la razón actuarial de seis de abril de dos mil quince, el Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado hizo constar la imposibilidad con que contó para emplazar al tercero interesado Maurilio Colotl Colotl y Cristóbal Pedro Merino Colotl, albacea provisional a bienes de la sucesión de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, ya que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto fue informado que no lo conocían (foja 26). En virtud de lo anterior, mediante auto de siete de abril de dos mil quince, se requirió al quejoso para que proporcionara el domicilio correcto del tercero interesado, quien mediante escrito de quince de abril de ese año, informó que Maurilio Colotl Colotl y Cristóbal Pedro Merino Colotl, habían fallecido foa 44; por lo que en proveídos de dieciséis y veintitrés de abril del año próximo pasado (foja 45 y 64) se requirió al Director del Registro Civil de las Personas del Estado de Puebla y Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, para que remitieran a este Juzgado de Distrito copia certificada de las actas de defunción de Maurilio Colotl Colotl y Cristóbal Pedro Merino Colotl, las cuales fueron recibidas y acordadas en autos de siete de mayo y veinte de julio de dos mil quince (fojas 66 y 127). Asimismo, por acuerdo de tres de agosto de dos mil quince se requirió al Juez Segundo de lo Civil de Cholula, Puebla, para que informara si existía nuevo representante legal de la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, quien mediante oficio recibido el trece de agosto de dos mil quince, informó que no existe nuevo representante legal de la sucesión a bienes del aludido Francisco Merino o Francisco Merino Méndez. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil quince, se advirtió la imposibilidad para emplazar a la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, razón por la cual al haberse agotado todos los medios disponibles para obtener su domicilio, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo se ordenó suspender el procedimiento por el término de sesenta días, auto que fue notificado a la parte quejosa de manera personal el veinte de agosto siguiente (foja 169). Ahora, como se dijo, a la fecha en que se actúa ha transcurrido el plazo de sesenta días establecido mediante proveído de catorce de agosto de dos mil quince, por el que se suspendió el procedimiento en los autos de este juicio de amparo, sin que la parte quejosa realizara alguna gestión a fin de lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez o que se hubiera apersonado aquélla. De tal forma que lo expuesto evidencia que este juzgado federal ha realizado las gestiones necesarias para lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, sin que hasta el momento se haya obtenido algún dato que permita su emplazamiento lo que implica que no se satisface el requisito establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme al citado numeral uno de los requisitos necesarios para la prosecución de todo juicio de amparo es que en primer término, la parte quejosa proporcione el nombre y domicilio de la parte a quien reviste el carácter de tercera interesada, pues sólo de esta manera se lograra la debida integración de la Litis constitucional. No obstante, hasta el momento a pesar de que esta potestad federal ha agotado la investigación necesaria para lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, la parte quejosa ha demostrado su falta de interés en la debida tramitación del juicio constitucional, ya que a pesar de que por auto de catorce de agosto de dos mil quince, se suspendió el procedimiento en términos del artículo 16 de la Ley de Amparo para que se apersonara a juicio la mencionada sucesión, el impetrante, no ha proporcionado algún dato que permita lograr el emplazamiento de dicha sucesión. Entonces, al ser improcedente que el juicio de amparo quede paralizado al arbitrio de una de las partes, lo conducente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción III, y 16 del propio ordenamiento. Se arriba a la anterior conclusión, puesto que de estimar lo contrario, se entorpecería la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que no es atribuible al Órgano Jurisdiccional la imposibilidad de lograr el emplazamiento de la sucesión a bienes de Francisco Merino o Francisco Merino Méndez, sino al propio peticionario de amparo quien no ha realizado alguna gestión para conocer el nombre de la persona que representa a la indicada sucesión a fin de que pueda ser emplazada al presente juicio. Por tanto, el interés particular del quejoso no puede estar por encima del interés público, tutelado por el artículo 17 de la Constitución General de la República, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones en el libro correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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