Cristopher Alejandro Noe Cifuentes Illescas

Expediente 1427/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1427/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Cristopher Alejandro Noe Cifuentes Illescas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: Del Coordinador General, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; así como del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla: La omisión de resolver el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, promovido el uno de marzo de dos mil veintiuno por Cristopher Alejandro Noé Cifuentes Illescas, extranjero de nacionalidad guatemalteca. Por resolución dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio; por otra parte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Cristopher Alejandro Noe Cifuentes Illescas, contra los actos del Coordinador General, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para el efecto siguiente: ".1. Concluyan la integración del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, promovido el uno de marzo de dos mil veintiuno, por Cristopher Alejandro Noé Cifuentes Illescas, extranjero de nacionalidad guatemalteca, con folio 112120, de conformidad con lo previsto en los artículos 18, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; 2. Emitan la resolución correspondiente a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; y 3. Notifiquen al aquí impetrante, la determinación que al efecto emitan." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el dos de febrero de dos mil veintitrés, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Coordinador General, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia, así como al Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Posteriormente, mediante oficio COMAR/JUR/1538/2023, recibido vía electrónica el veinte de febrero del año en curso y registrado en este juzgado el veintiuno siguiente, el titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación por propio derecho y en representación del Coordinador General y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, donde la Subdirectora de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tuvo por concluido el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso Cristopher Alejandro Noé Cifuentes Illescas, al salir éste del territorio nacional (fojas 126 a 129). Lo anterior, fue notificado al quejoso a través de correo electrónico el veinte de enero de dos mil veintitrés (foja 126). El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades responsables. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 20/01/2023 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 20/02/2023 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 28/02/2023 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 07/03/2023 Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 1427/2022 del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido; por tanto, se provee: DESTRUCCIÓN ORIGINAL En tales condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones. DESTRUCCIÓN DUPLICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese en términos de ley. A

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, incorpórese a los autos el oficio COMAR/JUR/1538/2023, del titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación por propio derecho y en representación del Coordinador General y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, recibido vía electrónica el veinte de febrero del año en curso y registrado en este juzgado el veintiuno siguiente, mediante el cual da cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, donde la Subdirectora de Protección de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tuvo por concluido el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado del quejoso Cristopher Alejandro Noé Cifuentes Illescas, al salir del territorio nacional, la autoridad responsable se encuentra imposibilitara para continuar con el análisis del expediente administrativo (fojas 126 a 129). Lo anterior, fue le notificado al quejoso a través de correo electrónico el veinte de enero de dos mil veintitrés (foja 126). Téngase a la autoridad oficiante, manifestando bajo protesta de decir verdad que los documentos que adjuntó a su oficio de cuenta y que fueran presentados por vía electrónica, son copia íntegra e inalterable de sus originales, lo que se toma en consideración en términos del artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, establece que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta segunda sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el juez de distrito o tribunal colegiado de vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecución e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el juzgado de distrito o el tribunal colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En otro contexto, tomando en consideración que por auto de once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó formar el Anexo 1, con las constancias remitidas por el titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación por propio derecho y en representación del Coordinador General y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, anexo que se encuentra en la caja de valores de este juzgado al contener información confidencial; por tanto, devuélvanse al Coordinador General y Jefe del Departamento de Protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, las documentales formadas con citado Anexo 1, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobresee por una parte y ampara y protege por otra ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Coordinador General, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Transparencia y Jefe del Departamento de Protección, todos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; para que realicen los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: .1. Concluyan la integración del procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado, promovido el uno de marzo de dos mil veintiuno, por Cristopher Alejandro Noé Cifuentes Illescas, extranjero de nacionalidad guatemalteca, con folio 112120, de conformidad con lo previsto en los artículos 18, 22, 23, 24 y 25 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; 2. Emitan la resolución correspondiente a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; y 3. Notifiquen al aquí impetrante, la determinación que al efecto emitan. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $ 103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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