Cruz María Anguiano Díaz

Expediente 285/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
285/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Cruz María Anguiano Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 285/2021-V-B, promovido por Cruz María Anguiano Díaz, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procedió a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se pasa al periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se declara cerrada la audiencia y con vista de lo actuado el suscrito Juzgador, pasa a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 285/2021-V-B, promovido por Cruz María Anguiano Díaz, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el dieciséis de abril del dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado el diecinueve siguiente, Cruz María Anguiano Díaz, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, promovió demanda de amparo, en contra de actos de la autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes reclamaron lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de la autoridad responsable de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por mi representado, y específicamente, la del desahogo de pruebas tales como la pericial médica ofertada y admitida en términos de Ley, sin que hasta la fecha de la presentación de esta demanda se haya procedido al perfeccionamiento de la misma, pues la autoridad señalada en el numeral 3.1. ha sido omisa en remitir las listas de peritos, y enviar al médico para la elaboración del dictamen solicitado, siendo que desde el 10 de junio del 2019, se ordenó desahogar la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, por no contarse con medios económicos para costearla, y hasta la fecha de la presentación de esta demanda, las autoridades responsables han omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio al estar inactivo el presente asunto por casi 3 años, siendo obligación de la responsable el cumplir con los términos señalados en los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. La parte quejosa considera trastocado en su perjuicio el artículo 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veinte de abril del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 285/2021-V-B, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículo cuarto, fracción XVII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la promovente consiste en: La omisión de la autoridades señaladas como responsables, de sustanciar en los términos que expresamente señala la Ley Federal del Trabajo, el juicio laboral promovido por la directa quejosa, en específico, en el desahogo de pruebas, tal como la pericial médica ofertada y admitida en los términos de Ley, siendo que desde el diez de junio del dos mil diecinueve, se ordenó desahogar dicha prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, las autoridades responsables hayan omitido tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de la pericial en comento, causando un perjuicio a la parte quejosa por estar inactivo el juicio laboral por casi tres años, siendo obligación de la responsable de cumplir con los términos que señalan los artículos 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo El descrito acto será materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. TERCERO. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos reclamados, en virtud de que en auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, emitido en el juicio laboral 319/2018, promovido por la parte quejosa, se recibió dictamen pericial médico realizado a la impetrante del amparo, por el Doctor Juan Carlos García Valero, perito designado a la parte actora y que en dicho auto se otorgó un término a las partes a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera; no obstante lo anterior, dicha negativa, se desestima, en virtud de que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (dieciséis de abril del dos mil veintiuno) la responsable aún no había emitido el auto que refiere, y en que señala tuvo al referido galeno rindiendo su dictamen pericial médico; por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación del juicio de amparo, aún prevalecía el acto materia de reclamo, de ahí que se tengan por cierto el mismo. Circunstancia la anterior, que se acredita con las copias certificadas que la responsable anexó a su informe de ley, de diversos autos, entre ellos, el auto de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 319/2018, del índice de la responsable, así como el dictamen pericial médico, realizado a la impetrante del amparo, el veintitrés de abril dos mil veintiuno, por el Doctor Juan Carlos García Valero; documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que esto se resuelve, la responsable, no se había emitido el auto de once de mayo del dos mil veintiuno, en el juicio laboral promovido por la parte quejosa, ni el dictamen en mención. Es decir, porque la aludida omisión existía al momento de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que, se reitera, se tenga como cierto aquél acto materia de reclamo, esto es, la omisión de emitir el dictamen pericial médico, ofrecido por la parte acto en el juicio laboral, aquí quejosa. Por otra parte, en relación a las diversas autoridades responsables, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretaría General de Peritajes y Exhortos de la citada junta, con residencia en la Ciudad de México, cabe señalar que si bien dichas autoridades no han rendido su informe justificado que les fuera solicitado, sin embargo, atendiendo el resultado al que se arribara en la presente determinación resultan innecesario los mismos, máxime que el suscrito en términos del numeral 17 de la Carta Magna, deberá impartir justicia pronta y expedita. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de los actos motivo de reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, de oficio se advierte que el acto atribuido a las responsables, consistente en la omisión de desahogar la prueba pericial medica ofrecida por la parte actora en el juicio laboral promovido por la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que cesó en sus efectos. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que fue reprochada en la presente instancia constitucional cesó en sus efectos al haberse emitido la probanza relativa a la pericial médica, ofrecida por la parte atora en el juicio laboral 329/2018, promovido por la impetrante del amparo. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa; es decir, los efectos de la omisión reprochada desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias de que remite la autoridad no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, pues cabe señalar que de dichas actuaciones en auto de diecisiete de mayo del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que esto se resuelve, se corrió traslado de las documentales de mérito a la parte quejosa, de aquí que se estime que la impetrante del amparo desde que se le notificó dicho auto se hizo sabedora de las actuaciones que fueron remitidas por la responsable. En esas condiciones, ante la inexistencia y constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos del acto reclamado deben analizarse en razón de la etapa procesal a la que correspondan; tal como lo delimitó la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, en la siguiente tesis2: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente Juicio de Amparo promovido por Cruz María Anguiano Díaz, por conducto de su apoderada legal, Susana Prieto Terrazas, de conformidad con el considerando cuarto de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. veintisiete de mayo de dos mil veintiuno

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan por medio de los cuales de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por licenciada Susana Prieto Terrazas, quien se ostenta como apoderada legal de la quejosa Cruz María Anguiano Díaz; personalidad que se les reconoce en términos de la documental que exhibe y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, en contra de actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades, con sede en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico respectivo, anótese su ingreso en el libro de gobierno como juicio de amparo 285/2021-V-B, para el control y registro de los datos estadísticos del índice de los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibidas que de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley, según lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 259, de la ley federal que rige en la materia. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrán de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la que procurará verificarse en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por lo que se requiere a la parte quejosa para que de ser de su interés comparecer a la misma, indique los datos del correo electrónico y el nombre de la persona que comparecerá vía electrónica en su representación, a fin de que se le remitan los datos necesarios para acceder a la audiencia constitucional de mérito. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo actio, y autorizado para tales efectos en los términos amplios establecidos en el artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Tania Litz Villagran Martínez y Manuel Alejandro Rivero Isas,; asimismo únicamente para oír y recibir notificaciones a Vicente Hernández García y Pablo Isabel López Jacobo y Rebeca Silva Morales, toda vez que no tienen registradas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 119 de la propia ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, por su naturaleza legal, la documental allegada a la demanda de amparo, sin embargo, la diversa documental consistente el todo lo actuado en el juicio de origen, dígasele que una vez que la autoridad responsable haya remitido la misma en apoyo a su informe de ley, se acordará lo conducente. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano judicial de amparo para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberán ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con cuarenta y cinco minutos hasta las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye al Actuario Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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