Cruz María Anguiano Díaz

Expediente 890/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
890/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Cruz María Anguiano Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 890/2021-I, promovido por Cruz María Anguiano Díaz, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Chihuahua, el veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, y turnado a este Juzgado en la misma fecha, Cruz María Anguiano Díaz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, los cuales hizo consistir en. "4.-ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada en el número 3.1 se reclama la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita De la autoridad señalada en el numeral 3.2. se reclama la omisión de la notificación a juicio una vez que se ordene su substanciación en términos de ley y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento" (sic) De los antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta legal de decir verdad que con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, presentó demanda laboral, reclamando la reinstalación de su empleo, demanda que fue recibida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número Cincuenta y Cinco, con fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho. Es el caso que la autoridad responsable al momento de la calificación de pruebas, fijo fecha y hora para el desahogo de las periciales médicas de las partes, desahogándose la ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fecha dieciséis de octubre del dos mil diecinueve y la pericial médica ofrecida por la quejosa fue rendida y recibida en oficialía de partes de la autoridad responsable en fecha once de mayo de dos mil veintiuno, otorgándose un término legal a las partes a efecto de manifestar lo que a su interés legan convenga, y haciendo uso de ese derecho como actora y quejosa en el juicio, presentó escrito inconformándose con la pericial médica rendida por éste último, de lo cual se advierte que ya han transcurrido mas de seis meses, sin que hasta la fecha se le haya notificado respecto de su inconformidad ni a la substanciación del juicio respecto de alguna otra prueba que pudiera quedar pendiente, es por lo que precisamente este es el acto reclamado del que solicita el amparo y protección de la justicia de la unión, del cual se insiste, para el efecto de que la autoridad responsable se sirva notificarme sobre el acuerdo donde se inconformó con el dictamen rendido por el perito médico del actor y fije fecha y hora para el desahogo de cualquier otra prueba que pudiera quedar pendiente, y en el caso de no existir, se otorgue el término legal para los alegatos y posterior a ello se ordene el cierre de instrucción. Así las cosas el procedimiento se ha venido retrasando innecesariamente, lo cual conculca su garantía de seguridad jurídica contenida en la constitución, así como lo dispuesto en los artículos 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo." (sic) SEGUNDO. Mediante auto de veintinueve de noviembre del dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se solicitó informe con justificación a las autoridades responsables, quienes no rindieron su informe justificado por lo que se presumieron como ciertos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que se solicitó que remitieran las constancias necesarias del controvertido natural; se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que inició en los términos precisados anteriormente; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1, fracción I, 35, 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama un acto omisivo atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente a la autoridad responsable ordenadora, consiste en lo siguiente: -La omisión de las autoridades responsables de que presentó escrito de inconformidad con la pericial médica rendida por el médico de la parte actora, y que han transcurrido mas de seis meses, sin que hasta la fecha se le haya notificado respecto de su inconformidad, ni la substanciación de alguna otra prueba que pudiera quedar pendiente para su desahogo, es por lo que precisamente este es el acto reclamado. Los descritos actos serán materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. TERCERO. Las autoridades responsables, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, fueron omisas en rendir sus respectivos informes justificados por lo que se presumen ciertos los actos reclamados. Por lo que se les requirió copia certificada de las actuaciones del juicio natural para tener elementos para resolver el presente juicio de amparo. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, se estima que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos actos reclamados. En efecto, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado por las razones siguientes. El quejoso considera vulnerados sus derechos fundamentales, por la falta de la omisión de las autoridades responsables de que presentó escrito de inconformidad con la pericial médica rendida por el médico de la parte actora, y que han transcurrido más de seis meses, sin que hasta la fecha se le haya notificado respecto de su inconformidad, ni la substanciación de alguna otra prueba que pudiera quedar pendiente para su desahogo, es por lo que precisamente este es el acto reclamado. Al respecto se estima de esta forma, pues de la constancia que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se advierte que se previno a las partes por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo conducente a la prueba pericial médica ofertada por las partes, destacando que el apoderado legal de la parte demandada dio cumplimiento a la prevención realizada en el referido auto de once de mayo de dos mil veintiuno, no así la parte actora, aquí quejosa, quien no dio cumplimiento a la prevención, por lo que en ese acto se le tuvo por perdido su derecho de hacer manifestación alguna respecto a la pericial médica rendida, lo anterior para los efectos legales procedentes. Asimismo, la autoridad responsable señaló que vistos los dictámenes periciales, rendidos por los peritos médicos de las partes, de los cuales advirtió que discrepaban en sus conclusiones y resultados, por lo que se actualizó la necesidad del desahogo de la pericial médica designada por la Junta responsable, por lo que al contar con perito médico con residencia en esta ciudad, es por lo que se procedió a designar como perito médico al doctor Gastón Valenzuela Delgado, a quien debería dársele las facultades necesarias para rendir la pericial médica a su cargo, así como el acceso al expediente natural, por lo que se comisionó al Actuario adscrito a ese tribunal para que le notificara la designación en su domicilio ubicado en Avenida Tecnológico, esquina con Profesor Aguirre Laredo, número 6727, Local 01-CD, Colonia Partido LA Fuente, Plaza Comercial Dekoro, en esta ciudad, debiendo correr traslado con copia del proveído de siete de enero de dos mil veintiuno, dejando subsistente las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo, el desahogo de la pericial médica designado por la junta responsable, por lo que deberá el perito médico rendir el dictamen a su cargo, al tenor de los cuestionarios ofrecidos por las partes, esto previa aceptación y protesta del cargo conferido, adicionalmente a las partes del juicio de origen, se les apercibió que en caso de no comparecer en la fecha y hora señalada se les tendría por perdido su derecho para repreguntar al perito de cuenta, ordenando notificar a las partes por conducto del actuario adscrito a la junta responsable, en el domicilio señalado en autos, debiéndoles correr traslado con copia del proveído de siete de enero de dos mil veintidós. Asimismo, obra la notificación efectuada a la parte actora aquí quejosa, de fecha diez de enero de dos mil veintidós, por conducto del licenciado Vicente Hernández García, apoderado de la parte actora, así como la notificación efectuada el día diez de enero de dos mil veintidós al perito designado por la junta responsable; de igual forma, obra notificación del acuerdo descrito a la parte demandada en el juicio natural, de fecha diez de enero de dos mil veintidós. Medios de prueba a los que se les otorga pleno valor probatoria de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. En esa tesitura, si la petición de la quejosa, objeto de esta controversia constitucional, ha sido emitida, puesto que el siete de enero de dos mil veintidós, se ordenó desahogar la prueba pericial médica designada por la junta responsable, ante la discrepancia de los dictámenes rendidos por los peritos de las partes actora, aquí quejosa, y demanda, fijando además para su desahogo las once horas con treinta minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba pericial médica designada por la junta responsable, a cargo del doctor Gastón Valenzuela Delgado, y a su vez, se notificó a la parte actora, aquí quejosa, el proveído de siete de enero de dos mil veintidós, por conducto del actuario de la adscripción, el diez de enero de dos mil veintidós a través de su apoderado legal Vicente Hernández García, entonces se tiene que han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en este juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cruz María Anguiano Díaz, por los motivos expuestos en el considerando último, de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado José Universo Bautista Fuerte, quién autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, presentando alegato 92/2022, y en relación a la solicitud de sobreseer el Amparo y Protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, dígasele que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Por lo que se refiere a la solicitud de copia autorizada de la resolución constitucional que se dicte en el presente juicio de garantías, dígasele que una vez que se dicte el fallo constitucional estará en condiciones de hacer la solicitud correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo a lo previsto por el Anexo 1, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en cumplimiento a los oficios SEPLE./GEN./001/125/2022 y SEPLE./158/2022, que contempla únicamente un turno matutino de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, para que este juzgado de Distrito realice las labores jurisdiccionales. Por lo que, se modifica la fecha y hora de la audiencia constitucional que estaba señalada para las quince horas con veinte minutos del veintidós de febrero de la presente anualidad, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje y del Actuario adscrito a dicha institución, se les tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así, lo resolvió y firma el licenciado Abraham Smeke García, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al encontrarse el Titular gozando de su periodo vacacional, y autorizando por oficio CCJ/ST/4237/2021, de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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