Cruz Manuel Lopez Jimenez
Expediente 1554/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1554/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2015
Partes del expediente
- Cruz Manuel Lopez Jimenez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de enero del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio de garantías promovido por Cruz Manuel López Jiménez, por lo que con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86, de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales subsecuentes; realícese las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, glósense los incidentes de suspensión respectivos y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 y en su oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General señalado con antelación, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales deberán ser digitalizadas. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se colige que no se encuentra pendiente de acordar promoción alguna respecto del trámite del juicio en que se actúa, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Luego, toda vez que las partes hasta el momento no han realizado manifestación alguna respecto del auto a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En concordancia con lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se declara que este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. Finalmente, en su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso ****, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece pruebas; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con las mismas dese nueva cuenta en la audiencia de ley. Ahora, en relación a las pruebas marcadas con los incisos a), b), c), d), no se provee favorable la solicitud del promovente, ya que resultan inconducentes. En efecto, la litis en el presente juicio versará en verificar si la negativa de las responsables a acceder a la petición del quejoso a ser trasladado, es legal y constitucional. Sin embargo, con las pruebas ofrecidas por el quejoso pretende utilizar el juicio de amparo como el medio con el cual podrá acreditar lo que por sí debe hacer ante la responsable, esto es, que es un individuo que puede ser trasladado a diverso centro de reclusión. Máxime porque, conforme a las disposiciones del numeral 75 de la legislación de la materia, en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Además, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Ahora bien, respecto a la prueba marcada con el inciso C) procede desecharla por ofrecerla de manera notoriamente extemporánea. Lo anterior es así, pues de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, el desahogo de la prueba de inspección, debe anunciarse cinco días hábiles anteriores a la fecha prevista para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la audiencia y el de ofrecimiento. Asimismo, el párrafo cuarto de dicho precepto, establece que el referido plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Supuestos en los que el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Sin embargo, en el caso concreto dicha hipótesis no se actualiza, pues la parte quejosa presentó su escrito de ofrecimiento de dicho medio de convicción el doce de enero del año en curso, y la primer fecha para la celebración de la audiencia constitucional fue para las once horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre del dos mil catorce, por lo que es obvio que no se ofreció con antelación a la primera data señalada para la audiencia constitucional y menos aun habiendo cumplido con el lapso de cinco días que deben mediar entre su ofrecimiento y la primera fecha señalada para la audiencia constitucional, por lo que debe desecharse en términos de lo dispuesto por el artículo 119, cuarto párrafo de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO, NEGATIVA A ADMITIR LAS QUE NO SE OFRECIERON EN EL PLAZO LEGAL ANTERIOR A LA PRIMERA AUDIENCIA. NO ES CONTRARIA A LA LEY. El artículo 151 de la Ley de Amparo en vigor, dispone textualmente en la parte conducente: "Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos...". Aun cuando el texto literal de este precepto no aclara si el legislador se refirió a la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, o también a las subsecuentes en casos de diferimiento, lo cierto es que este tribunal ha interpretado en numerosos y constantes precedentes que el anuncio de la probanza debe producirse precisamente en cinco días de anticipación a la fecha señalada originalmente para tal efecto, pues la prórroga de la audiencia tiene por objeto que se realicen los fines que la motivaron, por esa razón, no deben admitirse pruebas ofrecidas fuera del plazo establecido en la ley para la primera audiencia, frente a esta regla general, sin embargo, el tribunal ha establecido algunas excepciones, tratándose de aquellos asuntos en donde el informe justificado se presenta el mismo día señalado originalmente para la celebración de la audiencia, o bien antes de ella, pero se agrega al expediente en una fecha en que ya no le permite al quejoso contar con el plazo necesario para anunciar la prueba testimonial que le es necesaria para desvirtuar su contenido. En este sentido, cuando se difiere la realización de la audiencia constitucional, por extemporaneidad en la rendición del informe justificado, el quejoso estará en aptitud de anunciar la prueba testimonial con por lo menos cinco días de anticipación a la nueva fecha señalada para tal efecto, siempre y cuando dicha probanza esté dirigida precisamente a desvirtuar el informe de aquél, en el entendido de que de no ser así, su ofrecimiento en estas condiciones deberá ser desechado por inoportuno, ahora bien, en el caso concreto se surte la regla general prescrita y comentada, porque la prueba testimonial anunciada por el quejoso no está dirigida a desvirtuar la negativa de los actos reclamados contenida en el informe justificado, según afirma el demandante, sino a demostrar la comisión de las irregularidades planteadas desde la demanda de amparo."(8ª. Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte, Enero a Junio de 1989, Pág. 619) Así también, se aplica la Tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo epígrafe y sinopsis son: "PRUEBAS DE INSPECCIÓN OCULAR, PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL AMPARO, OPORTUNIDAD PARA OFRECERLAS. AUDIENCIA DIFERIDA. Por regla general deben ser recibidas en la propia audiencia a que se cita en el auto inicial, tratándose de la inspección ocular, pericial y testimonial y su anuncio debe llenar los requisitos de tiempo y forma que es necesario observar para los efectos de la admisión y preparación de las mismas, según lo indicado por el párrafo segundo del artículo 151 de la Ley de Amparo; en esa virtud, sí el término que medió entre su ofrecimiento y la celebración de la audiencia inicial no se ajustó a lo antes señalado, es evidente que no deben tenerse por anunciadas, ya que el hecho de que la audiencia se haya diferido no significa que el periodo de ofrecimiento de pruebas se amplíe, del mismo modo que resulta inexacto que las pruebas que no se hayan anunciado oportunamente para la primera audiencia, puedan plantearse para la segunda; esto es así, si las mencionadas pruebas no se proponen con la anticipación exigida, no puede hacerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal."(9ª. Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 1349). Aunado a que, en el presente caso no se pretende probar una cuestión novedosa que se desprenda del informe justificado rendido por la responsable, sino de hechos conocidos desde la presentación de la demanda, aunado a que, como ya se dijo, los medios de convicción que ofrece el quejoso no guardan relación con el acto que por esta vía se reclama.
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