Cruz Manuel Lopez Jimenez
Expediente 1581/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1581/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/05/2016
Partes del expediente
- Cruz Manuel Lopez Jimenez
- Comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado de Prevencion Y Readaptacion Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta de enero de dos mil quince, se emitió sentencia en el sumario constitucional en que se actúa, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a Cruz Manuel López Jiménez (fojas 97 a 107 vuelta). 2. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil quince, el Director de Amparos y Derechos Humanos, de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, delegado de la autoridad señalada como Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, interpuso recurso de revisión contra la sentencia descrita en el párrafo que antecede (fojas 122), mismo que por acuerdo de diecinueve de marzo de ese año, fue tramitado a efecto de enviarlo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, para su substanciación (foja 124). 3. Por razón de turno conoció del medio de impugnación intentado el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; órgano colegiado que mediante resolución de veinticinco de junio de dos mil quince, en los autos del amparo en revisión 73/2015, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia pronunciada el treinta de enero de dos mil quince por el Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México en el juicio de amparo indirecto 1581/2014. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Cruz Manuel López Jiménez, contra el acto consistente en la negativa de orden de traslado emitida por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, en los términos y para los efectos expuestos en la sentencia al juicio de amparo indirecto 1581/2014." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al análisis siguiente: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación: "Deje sin efecto el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/41434/2014, de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se le negó el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso Número Cuatro "Noreste", en el Estado de Nayarit; y, En su caso se declare incompetente legalmente para decidir la petición de traslado y envíe el ocurso que contiene la petición del ahora quejoso al juez que conoce del proceso a quien corresponde decidir sobre lo solicitado por el agraviado, en el que pidió el traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en Tepic, Nayarit, a fin de que el juez competente con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho convenga. Lo cual deberá notificar al quejoso en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde se encuentra actualmente recluido." En ese tenor, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/11539/2016 presentado en Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable supracitada, remitió copias certificadas de las constancias que acreditan las actuaciones siguientes: Copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/23553/2015 de quince de julio de dos mil quince. Copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/23554/2015 de quince de julio de dos mil quince. Oficio 625/2015-VI, de veinticuatro de julio de dos mil quince, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit. Constancia a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Luego, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis (foja 240), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó dar vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo a su derecho conviniere en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que realizaran alguna. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las razones siguientes: El quince de julio de dos mil quince, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dejó sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/41434/2014, de veintinueve de febrero de dos mil catorce, asimismo, indicó que carece de competencia legal para resolver sobre la petición solicitada por el quejoso; le notificó al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, respecto de dicha incompetencia, por lo que el Juez de Procesos admitió a trámite el incidente no especificado de traslado relativo a la causa penal 03/2013-VI, respecto del quejoso de referencia. Por tanto, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio; en consecuencia, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Manuel Romero Díaz, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios signados por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante los cuales a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificadas de los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/23553/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/23554/2015, de cuyo contenido se advierte que se declaró incompetente para determinar sobre la petición de traslado del quejoso Cruz Manuel López Jiménez, y remitió el escrito de petición de traslado al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic. En atención a lo anterior, a efecto de que este juzgado esté en condiciones de proveer lo relativo al cumplimiento dado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibidas que de no hacerlo en el término antes señalado, este Juzgado se pronunciará sobre él conforme a las constancias que obren agregadas en autos. Notifíquese; y personalmente al quejoso en lugar en el que se encuentra recluido. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio número 37274 se requirió a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a la fecha la autoridad antes citada no ha informado acerca del cumplimiento, ni tampoco obra el acuse del referido oficio. En consecuencia, en obvio de dilaciones innecesarias, reenvíese el oficio 37274, dirigido al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Re adaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos se desprende que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento al fallo protector y considerando que el cumplimiento de la sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que es cosa juzgada. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase por ultima ocasión al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, para que dentro del término de tres días, deje sin efecto el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/41434/2014, de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, a través del cual se le negó el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al diverso Número Cuatro "Noreste", en el Estado de Nayarit; y, en su caso se declare incompetente legalmente para decidir la petición de traslado y envíe el ocurso que contiene la petición del ahora quejoso al juez que conoce del proceso a quien corresponde decidir sobre lo solicitado por el agraviado, en el que pidió el traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en Tepic, Nayarit, a fin de que el juez competente con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho convenga. Lo cual deberá notificar al quejoso en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, en donde se encuentra actualmente recluido. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo. No obsta, que mediante telegrama TN27437511 informo a este órgano a este órgano jurisdiccional que remitió vía postal copia certificada del oficio SEGOB/CNS/OAAPRS/23553/2015, por el que dejo insubsistente el acto reclamado sin embargo, a la fecha no obra en autos el citado oficio; por tanto se le reitera, de cumplimiento a la sentencia de amparo de manera inmediata.
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