Cruz Alejandro Núñez Ramírez
Expediente 525/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cruz Alejandro Núñez Ramírez
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido, ya que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es destruible en términos del artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en este juicio. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra el auto del dieciséis de mayo de esta anualidad; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y por vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Téngase al Juez de Distrito, Secretario Instructor y a la Actuaria, todos adscritos al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, rindiendo sus informes justificados; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119 de la legislación en mención, se tiene como prueba del citado Secretario Instructor las constancias que adjuntó a su informe de cuenta. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la abstención de notificar emplazar a todos y cada uno de los demandados dentro del juicio laboral ********** del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, de las constancias anexadas al oficio que se provee, se advierte que el por auto admisorio del ********** y ********** se ordenó el emplazamiento de las demandas, diligencia que fue realizada por lo que respecta a la moral **********, y por lo que hace a **********, se advierte la imposibilidad del fedatario de su adscripción, para realizar la diligencia. Atento a lo anterior, en el caso, por cuanto hace a la falta de emplazamiento de la moral demandada **********, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso ********** reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades, la abstención de notificar emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ********** de su índice; empero, atento a las constancias que se agregan en el presente auto, a las que se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se tiene que el ********** se ordenó el emplazamiento de las demandas, diligencia que fue realizada el **********, por lo que respecta a la moral **********. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable realizó el emplazamiento, cuya omisión se le atribuyera, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por otra parte, respecto de la falta de emplazamiento reclamado, por cuanto hace a **********, se tiene que, conforme a las constancias que se reciben en el presente auto, se advierte la diligencia del **********, en la que se hace constar la imposibilidad del fedatario adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México; se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De la hipótesis invocada, se tiene que, resulta improcedente el juicio de amparo, no obstante que, aun cuando subsista el acto combatido, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno al haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y por tanto procedente sobreseer el juicio. En apoyo a lo anterior, primeramente es de destacarse que si bien se reclamó la falta de emplazamiento de la demanda **********, del contenido de las documentales que remitió el fedatario adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las que se otorgó pleno valor probatorio con antelación, se desprende la diligencia del **********, en la que se hace constar la imposibilidad de realizar la diligencia de emplazamiento, ya que le fue manifestado que la persona buscada, ya no labora en el lugar en que se constituyera para tales efectos; por lo que, atento al estado procesal del juicio natural, se tiene que, a pesar de que subsistiera la omisión reclamada el entorno en que prevalecía el acto reclamado, cambio al emitirse la actuación de imposibilidad destacada por el fedatario en cuestión. Por lo que se advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste prevaleció, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, en virtud de la nueva situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto reclamado (imposibilidad de realizar la diligencia de emplazamiento), aun cuando éste subsistiera, se sustituyó, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo ante una eventual concesión no cumpliría con su finalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con registro 173858, del siguiente rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es sobreseer el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, se dejan sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables; asimismo, realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por **********, por derecho propio, contra actos del Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan, y otras autoridades; con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo se admite a trámite, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 525/2023-III. Pídase a las autoridades responsables sus informes justificados en los términos y plazos previstos en el precepto 117 de la ley de la materia, bajo apercibimiento que de no hacerlo, a la omisa, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Háganse del conocimiento de esas autoridades que las comunicaciones correspondientes pueden ser enviadas al correo institucional de este Juzgado de Distrito, siendo el siguiente: 3jdo2cto@correo.cjf.gob.mx. Infórmeseles que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la citada legislación, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificarán por lista y los restantes por oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2002576, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención correspondiente. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Se tiene por autorizados al usuario que indica, para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente, razón por la que las notificaciones personales que se ordenen deberán realizarse de manera electrónica, las restantes vía electrónica. Se instruye al oficial judicial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes y al actuario judicial adscrito para que realice vía electrónica las notificaciones a la parte quejosa. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica, pues al solicitar la autorización electrónica implicaría que fuese posible que una notificación se ordenara por ambas vías, lo que generaría incertidumbre a la parte garante, por tanto, este juzgador considera tener esa vía para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones dictadas en este asunto, máxime que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa, en la inteligencia que de ser en amplios términos, deberán contar con el registro correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique las diligencias que así lo ameriten. Hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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