Cristofer Sánchez Barranco
Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cristofer Sánchez Barranco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase al Director General Jurídico y de Verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), acusando recibo del tomo de pruebas que le fue remitido, por lo que, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Visto que este expediente se encuentra concluido, que obran agregadas las constancias de notificación en este expediente, háganse las anotaciones respectivas y archívese. Este cuaderno es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese, vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del trece de agosto pasado; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. Asimismo, devuélvanse al Director General Jurídico y de Verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en el tomo de pruebas I. Por lo que se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese, vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
IV. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 617/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: I. ***********************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. II. En auto del treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. III. Seguidos los trámites de ley y previo diferimiento, la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad con facultad para actuar en territorio sobre el que este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción. Segundo. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución del doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión ***********************, emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. La orden y/o instrucción para que el sujeto obligado emita un acuerdo de clasificación de manera general y sin la realización de pruebas de daño. La omisión de requerir al sujeto obligado para que acredite haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada. La omisión de requerir al sujeto obligado para que acredite que la información que pretenda entregar constituya la totalidad de los documentos que obran en sus archivos. La omisión de condenar al sujeto obligado para que cubra los gastos de reproducción y envío de la información solicitada. Tercero. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), a través de su Director General Jurídico y de Verificación, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al informe de mérito, en la que obra copia de la resolución controvertida. Cuarto. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes; toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así las cosas, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, toda vez que al resolver el recurso de revisión ***********************, consideró que no se afectó la esfera jurídica del quejoso ya que al haberse determinado fundados sus motivos de inconformidad, se reparó a su favor cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información pública, en términos de lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Transparencia Local, al haber ordenado a la autoridad obligada que, de ser procedente, emitiera un Acuerdo de Clasificación en el que se expusieran los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a clasificar la información. En ese sentido, es inatendible la causa de improcedencia invocada por la responsable, toda vez que los argumentos expuestos por su parte para señalar que se actualizó la causa de improcedencia de estudio, es materia del análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. En tal contexto, para dar respuesta a los argumentos propuestos por la autoridad responsable debe efectuarse un estudio del fondo del asunto, lo cual no es jurídicamente válido realizar al analizar las causas de improcedencia, sino, en todo caso, al analizar la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, página 5, cuyo rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Al no advertirse la actualización de otra causa de improcedencia, procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, quien en esencia aduce: 1. Que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales de acceso a la información pública, seguridad jurídica, legalidad, así como congruencia de las resoluciones, contenidos en los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 constitucionales, en armonía con los diversos 1, 8, 9, fracciones I, II, VI y VII; 141, 142, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y en los lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones pública, lo anterior, por haber ordenado a la aquí tercero interesada a emitir un acuerdo de clasificación de manera general y no así que se pronunciara caso por caso de cada documento que obrara en los archivos del sujeto obligado, además de que los documentos que solicitó, se deben considerar como información reservada, sin ordenar realizar la correspondiente prueba de daño. 2. Indicó que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre la petición relativa al número de solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado en contra del sujeto obligado que existen, solicitud, resolución recaída e impugnación. 3. Consideró que la clasificación de reserva dada por el sujeto obligado, es innecesaria, puesto que de proporcionar la información no se estaría otorgando personalidad alguna en los procesos al quejoso, así como de no existir la documentación solicitada debería obrar un acuerdo de inexistencia emitido por el sujeto obligado y que éste debe acreditar que de manera exhaustiva hizo la búsqueda correspondiente de los datos solicitados por el impetrante del amparo. 4. Sostiene que la autoridad responsable desconoce de la existencia de la información, siendo su deber garantizar que el sujeto obligado cuente con los documentos solicitados y los proporcione. 5. Refiere que, al dictar la resolución impugnada, omitió exentar al quejoso de los gastos derivados de la solicitud materia de la litis, así como requerir al sujeto obligado para que acreditara haber realizado por una parte una búsqueda exhaustiva de la información solicitada y por otra acreditar que los datos a entregar son la totalidad con los que cuenta. 6. Concluye que la autoridad revisionista fue omisa en atender la totalidad de sus manifestaciones de inconformidad en la resolución que por esta vía combate. Ahora, para estar en posibilidad de emitir lo que jurídicamente procede, se colige que la solicitud inicial formulada por el impetrante del amparo, del cinco de febrero de dos mil veintiuno, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, al sujeto obligado Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consistió en lo siguiente: Número y nombre de los policías municipales cesados. Copia de la determinación de cese. Impugnación promovida en su contra (número de expediente, juzgado y etapa procesal). Denuncias o querellas promovidas contra los policías municipales (copias y estado procesal). Número de solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado (copia de la solicitud y resolución). Impugnación promovida en su contra (número de expediente, juzgado y etapa procesal). Lo anterior en un periodo comprendido de enero de dos mil quince a la fecha de la presentación de la solicitud. Una vez que el sujeto obligado proporcionó la información solicitada, inconforme con la misma, el impetrante del amparo, promovió recurso de revisión, misma que se resolvió bajo el consecutivo ***********************, cito: "PRIMERO. Se revoca la respuesta entregada por el Sujeto Obligado, a la solicitud de información ***********************, por resultar parcialmente fundados los motivos de inconformidad que arguye la recurrente, en términos del considerado cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado haga entrega al Recurrente, en términos del considerando cuarto de la presente resolución, en caso de ser procedente, en versión pública y a través de un dispositivo USB, de lo siguiente: Del periodo del primero de enero de dos mil quince al cinco de febrero de dos mil veintiuno. Documento en donde conste el nombre de los oficiales (policías municipales) que han sido usados, inhabilitados, separados del cargo, destituidos, removidos y/o dados de baja. En relación al numeral anterior, el documento donde conste tal determinación y que esto haya quedado firme. El o los documentos en donde conste el número del expediente juzgado y etapa procesal, en los casos en que los policías municipales en impugnar la determinación de ser sido cesados, inhabilitados, separados del cargo, destituidos, removidos y/o dados de baja. El documento en donde conste el número de ocasiones en las que se presentaron denuncias, querellas y/o quejas en contra de los oficiales que fueron cesados, inhabilitados, separados del cargo, destituidos, removidos y/o dados de baja así como copia de las mismas se (siempre y cuando estos hayan quedado firme) y el estado procesal en que se encuentra. 5. La solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado contra el sujeto obligado referido a la respuesta proporcionada. En el acuerdo de Clasificación que respalde la versión pública que entregue el sujeto obligado para dar cumplimiento a la presente resolución, en términos de lo señalado en el considerando cuarto y en los artículos 49, fracción VIII, 132, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás normatividades aplicables. Para el caso de que el sujeto obligado determine qué la información ordenada en los numerales 2, 4 y 5 en cuadra con alguna causal de clasificación como reservada, deberá emitir el Acuerdo de Clasificación a través de su Comité de Transparencia y notificarlo vía SAIMEX al Recurrente en términos de los ordinales 49, fracción VIII, 129, 140 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Asimismo se deberá informar al recurrente, a través del SAIMEX el procedimiento para la entrega de la información (USB) en el que se establezca: el nombre del o los servidores públicos que lo atenderán, el o los lugares a acudir a realizar el trámite, días y horarios en que puedo acudir a recoger información. TERCERO. Notifíquese al titular de la unidad de transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de quince días hábiles, debiendo informar a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente resolución. CUARTO. De conformidad con el artículo 198, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución. QUINTO. Notifíquese al Recurrente." Los conceptos de violación se estudiaran de forma conjunta debida a la estrecha relación conceptual que guardan entre sí, y por así permitirlo expresamente el artículo 76 de la Ley de Amparo. Respecto al acceso a la información, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. (.) Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (.) III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. (.) IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución." La norma constitucional transcrita establece, en lo que interesa, que el derecho a la información será garantizado por el Estado y que, para la efectiva tutela de esta prerrogativa, deberán observarse, entre otros, los principios o bases siguientes: a. Cualquier información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. b. En la interpretación del derecho de acceso a la información pública, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. c. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y la ley reglamentaria determinará los supuestos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. d. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales. e. Las leyes reglamentarias definirán aquella información que se considere reservada o confidencial. En cumplimiento al mandato constitucional, el legislador federal desarrolló en materia federal la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse aquella información que se considere reservada o confidencial y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma. Para proteger la vida privada y los datos personales -considerados como uno de los límites constitucionalmente legítimos-, estableció el criterio de "información confidencial", el cual restringe el acceso a aquella que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior tiene sustento en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales, -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; y en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Por otra parte, para proteger el interés público -principio reconocido como el otro límite constitucionalmente válido para impedir el acceso a la información pública-, el legislador estableció uniformemente en los artículos 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el criterio de clasificación de "información reservada", así como los supuestos en que los sujetos obligados podrán restringir temporalmente dicha prerrogativa. De lo anteriormente expuesto, se concluye, que el derecho de acceso a la información pública tiene su límite en la protección de datos personales y el orden público; sin embargo, debe acreditarse la posible afectación a cualquiera de estos por medio de los mecanismos que la Ley que estatuye el procedimiento en la entidad, regule, como lo es la figura de la prueba de daño, que en términos generales es la fundamentación y motivación por la que el sujeto obligado clasifica la información como confidencial o reservada; en el caso concreto, de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Precisado lo anterior, es infundado el primer concepto de violación señalado con el numeral 1 en el que alega esencialmente la falta de certeza jurídica, legalidad, exhaustividad y congruencia en la determinación combatida; lo que se expone con el siguiente análisis: Nº Solicitud Determinación 11 Número y nombre de los policías municipales cesados. Se ordenó proporcionar la información solicitada sin clasificación. Como se advierte, la autoridad responsable determinó que el sujeto obligado realizó una errónea clasificación de la información en relación con los nombres de los policías municipales, señaló la argumentación en que se apoyó el aquí tercero interesado y consideró que el acuerdo de clasificación no demostró por qué proporcionar los nombres de los servidores públicos del caso concreto generaría una afectación a éstos, en virtud de no haberse realizado la prueba de daño correspondiente, y que el razonamiento vertido al respecto procede siempre y cuando los actos se refieran a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, por lo que no se debe relacionar los nombres con las funciones que desempeñan, lo que hace que en el caso concreto no sea aplicable la clasificación, pues únicamente se solicitó el nombre de los servidores públicos, por ende el Sujeto Obligado debe proporcionar la información solicitada en el resolutivo segundo. Nº Solicitud Determinación 2 Copia de la determinación de cese. Se ordenó proporcionar la documentación solicitada. Respecto de este punto la autoridad revisionista conforme al artículo 162, en armonía con los diversos 50, 51 y 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, determinó la ilegalidad de la respuesta dada por el sujeto obligado, ordenando una búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, ordenando se entregara el documento o documentos que acreditaran el motivo por el cual fueron cesados, inhabilitados, separados del cargo, destituidos, removidos y/o dados de baja los oficiales señalados en la respuesta materia de la litis, atendiendo a que se presume que la Comisión de Honor y Justicia del Estado de México cuenta con dicha información, observando si es procedente la clasificación del nombre de servidores públicos, en procedimientos de responsabilidades, de conformidad con el artículo 143, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, lo que se ordenó en el resolutivo segundo de la determinación impugnada. Nº Solicitud Determinación 3 Impugnación promovida en su contra (número de expediente, juzgado y etapa procesal). Se ordenó proporcionar la información solicitada sin clasificación. De conformidad con la prueba de daño identificada con el oficio *********************** de fecha diez de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad revisora consideró que al solicitar únicamente los datos de identificación de los medios de impugnación, no se relacionaba ni afectaba directamente alguna actuación que se llevara a cabo en el procedimiento, únicamente se trataba de los datos de identificación del medio de impugnación; es decir, no porque se diera a conocer el número de expediente, se proporcionaría información que perturbara el procedimiento, pues afirmarlo implicaría presumir que el solicitante es parte de alguno de estos, siendo que no hay elementos que permitan concluirlo. Atento a lo anterior; considera, no deviene procedente la reserva que pretende generar convicción la prueba de daño, porque no afecta la sustanciación del proceso; en consecuencia, ordenó en el resolutivo segundo, se proporcionara la información solicitada, aunado a que el sujeto obligado manifestó contar con la misma. Nº Solicitud Determinación 4 Denuncias o querellas promovidas contra los policías municipales (copias y estado procesal). Se ordena entregar la información previo acuerdo (prueba de daño) que indique si debe ser clasificado. Respecto de este punto de la solicitud, la autoridad responsable, de conformidad con el acuerdo ***********************, determinó que el sujeto obligado cuenta con la Contraloría Interna Municipal encargada de establecer y operar el sistema de atención, de quejas, denuncias y sugerencias en contra de los policías municipales o bien la Comisión de Honor y Justicia del Municipio, por lo que de conformidad con el artículo 160 de la Ley de Seguridad del Estado de México, se presumió que cuenta con una base de datos que contiene esta información. Por su parte, ordenó al sujeto obligado a proporcionar lo identificado con el punto cuatro en versión pública, por una parte, atendiendo a los oficiales y querellantes involucrados, toda vez que atendiendo al estado procesal, dicha información podría generar un riesgo en la privacidad de los mismos en el tratamiento de datos personales. De acuerdo con la autoridad revisionista, es correcta la orden emitida para el sujeto obligado, lo anterior, ya que este caso concreto se encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 140 y 141 de la Ley de Transparencia en el Estado de México y Municipios, que dispone en lo que interesa: "Artículo 140. El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando por razones de interés público, ésta sea clasificada como reservada, conforme a los criterios siguientes: (.) VI. Pueda causar daño u obstruya la prevención o persecución de los delitos, altere el proceso de investigación de las carpetas de investigación, afecte o vulnere la conducción o los derechos del debido proceso en los procedimientos judiciales o administrativos, incluidos los de quejas, denuncias, inconformidades, responsabilidades administrativas y resarcitorias en tanto no hayan quedado firmes o afecte la administración de justicia o la seguridad de un denunciante, querellante o testigo, así como sus familias, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; (.) X. El daño que pueda producirse con la publicación de la información sea mayor que el interés público de conocer la información de referencia, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización, siempre que esté directamente relacionado con procesos o procedimientos administrativos o judiciales que no hayan quedado firmes; y (.) Artículo 141. Las causales de reserva previstas en este Capítulo se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título." No obstante, aun cuando existe la prueba de daño en el acuerdo ***********************, lo resuelto, se basó sobre este tópico, ya que contrario a lo que aduce el promovente en el resolutivo segundo, la autoridad responsable acordó: "Para el caso de que el sujeto obligado determine qué la información ordenada en los numerales 2, 4 y 5 encuadra con alguna causal de clasificación como reservada, deberá emitir el Acuerdo de Clasificación", por lo que es dable afirmar que al ordenar emitir el acuerdo correspondiente, se está ordenando realizar la prueba de daño en la que se desprenderá si es procedente clasificar en cada uno de los puntos referidos la información como reservada. Nº Solicitud Determinación 5 Número de solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado (copia de la solicitud y resolución). Emitir el acuerdo de clasificación y proporcionar la información. 6 Impugnación promovida en su contra (número de expediente, juzgado y etapa procesal). Emitir el acuerdo de clasificación y proporcionar la información. Sobre estos tópicos, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, consideró que el sujeto obligado inobservó los lineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; por lo que ordenó seguir el procedimiento legal y emitir un Acuerdo de Clasificación que cumpla con las formalidades ahí contenidas en que se exponga la prueba de daño; es decir, los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a clasificar la información y se realice un estudio sobre la ponderación de interés público de proporcionarla. De lo expuesto, se colige que equívocamente el quejoso refiere la carencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, pues de la misma se desprende que la responsable hizo un análisis minucioso entre cada punto de su solicitud, sin restringir su derecho de acceso a la información y en la máxima amplitud de este, solicitó se realizaran las pruebas de daño correspondientes para determinar qué tan necesario resultaría proporcionar la información en versión pública al solicitante, lo anterior, bajo las hipótesis normativas aplicables contenidas en los artículos 29, 50, 140, 141, 179, 162, 163 de la Ley de Transparencia en el Estado de México y Municipios y 81 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México, así como los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, además de que motivó su determinación en las documentales remitidas una por una por el sujeto obligado, así como en la prueba de daño; por lo que, devienen infundados los motivos de disenso encaminados en ese sentido. Respecto de la falta de exhaustividad y congruencia, los Tribunales de la Federación han sostenido que el principio de congruencia está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica relacionada con que el fallo no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con lo solicitado, esto es, que la determinación no distorsione o altere lo pedido sino que sólo se ocupe de las pretensiones formuladas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere solicitado. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de decidir sobre los aspectos sometidos a su conocimiento, pronunciándose sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En ese contexto, también queda desvirtuado lo alegado por el amparista, pues como se desprende del estudio realizado, la autoridad de transparencia desarrolló tópico por tópico, aplicando cada hipótesis normativa a cada caso en concreto, motivó y revocó la respuesta inicial con apego a la litis que de un inicio se planteó, cumpliéndose con los principios rectores de toda determinación. Respecto de los conceptos de violación, señalados con los consecutivos 2 y 3, consistentes en que ordenó al sujeto obligado a emitir un acuerdo de clasificación de manera general y no así que se pronunciara caso por caso de cada documento que obrara en los archivos del sujeto obligado, además de que los documentos que solicitó, se deben considerar como información reservada, sin ordenará realizar la correspondiente prueba de daño, deviene inoperante. Lo anterior porque de la lectura integra de la resolución, no se advierte que la autoridad revisionista emitiera la orden de un acuerdo general; sino que, por el contrario, solicitó los acuerdos de clasificación que por la naturaleza de la materia contiene las pruebas de daño, de cada tópico, sin que refiriera que deben ser generales y además, la solicitud que realizó fue caso por caso planteado por el quejoso; entendiéndose por esta cada suposición normativa en la que se encontraba cada rubro de su solicitud. La misma suerte corre, el argumento relativo a que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse sobre la petición relacionada con el número de solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado en contra del sujeto obligado, solicitud, resolución recaída e impugnación, pues como se advierte en la transcripción de la resolución impugnada, se determinó que el sujeto obligado inobservó los lineamientos generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas; por lo que ordenó seguir el procedimiento legal y emitir un Acuerdo de Clasificación que cumpliera con las formalidades ahí contenidas en que se exponga la prueba de daño; es decir, los fundamentos y razones que llevaron a la autoridad a clasificar la información y se realice un estudio sobre la ponderación de interés público de proporcionar la información. Por ello, se configura la inoperancia de los conceptos de violación referidos. Tocante al concepto de violación señalado con el numeral 4, concerniente a que considera que la clasificación de reserva dada, es innecesaria, puesto que de proporcionar la información no se estaría otorgando personalidad alguna en los procesos al quejoso, así como de no existir la documentación solicitada, debería obrar un acuerdo de inexistencia emitido por el sujeto obligado y que este debe acreditar de manera exhaustiva haber realizado la búsqueda correspondiente de lo solicitado, se considera infundado. Lo anterior, toda vez que de acuerdo a lo estipulado por los articulos 140 y 141 de la Ley de la materia, aplicable al caso concreto, en relación con la necesidad de proteger los derechos ARCO, siendo estos últimos la limitante al derecho de acceso a la información, debe realizarse una prueba de daño, para determinar lo procedente de la clasificación, pues es el sujeto obligado el único que puede determinarlo a partir de este mecanismo y no así el quejoso. Es aplicable la tesis aislada I.1o.A.E.133 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publica en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2133, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES". Referente al concepto de violación señalado con el numeral 5, en el sentido de que la autoridad responsable desconoce de la existencia de la información, siendo su deber garantizar que el sujeto obligado cuente con la información de los documentos solicitados. Es infundado lo esgrimido por el impetrante del amparo, pues de conformidad con el artículo 12, de la ley de transparencia, de contenido siguiente: "Artículo 12. Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones." Se advierte que no se encuentra entre las facultades de la revisionista verificar la existencia de la información, puesto que esto debe revisarlo el sujeto obligado por ser este quien la proporciona, puesto que es quien concentra los archivos que requiere. Interpretado en sentido contrario el precepto citado, el sujeto obligado sólo proporcionará la información que obra en sus archivos, lo que implica que no está obligado a proporcionar lo que no obre en los mismos. Asimismo, es viable puntualizar el contenido del artículo 162 de la Ley de Transparencia Local, que reza: "Artículo 162. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada." De un análisis general de la resolución impugnada, se advierte que atinadamente la autoridad revisionista, en cumplimiento al referido numeral, ordenó al sujeto obligado canalizar cada una de las peticiones formuladas por el impetrante del amparo, al área correspondiente y seguir el procedimiento legal para obtener la información solicitada, sin que esta implique prescribir un acuerdo de inexistencia, porque la legislación local que rige el acto reclamado, no lo ordena. En consecuencia, atendiendo a que el actuar de las autoridades, únicamente se ciñe a que solo pueden hacer lo que la ley estipula; realizar un acuerdo al respecto u ordenar hacer el mismo, quebrantaría el propio principio de legalidad. En relación con las omisiones que, refiere incurrió la autoridad responsable al dictar la resolución impugnada, debe puntualizarse, que el quejoso las señaló como actos reclamados, sin embargo, dichas omisiones se analizarán dentro de los conceptos de violación, porque al estudiarse en su integridad la determinación materia de litis, esas omisiones se vuelven parte de la resolución en sentido negativo. Por tanto, al considerarlas como un no hacer, que para el quejoso devino obligatorio por parte de la revisionista, se estudiaran en su naturaleza de conceptos de violación y no así como un acto reclamado diverso, por estar inmersos en la resolución de estudio. Las omisiones de controversia, son infundadas. Lo anterior se determina, tomando en consideración el contenido del artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece: "Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley. Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes." De lo transcrito, se colige la obligación de los órganos del Estado de México, que concentren la información, de proporcionar la misma a fin de hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información es preexistente a la materia de la litis, en armonía con la actuación de buena fe que tienen las actuaciones de los servidores públicos y al no existir una norma en la materia que obligue al Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios a revisar, certificar o justificar la existencia o inexistencia de la información deviene infundado lo argumentado por el impetrante del amparo. En el mismo sentido es aplicable el criterio 03/2003, de título: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS DE UN ÓRGANO DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A UN DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS". Aunado a lo anterior, la Ley de Transparencia del Estado de México, en sus artículos 213 a 234, contempla los mecanismos y medidas de apremio que garantiza el cumplimiento de la resolución emitida por la autoridad revisionista. En relación con la omisión de atribuir los gastos de la consulta al sujeto obligado, debe tomarse en consideración lo estipulado por el artículo 9 de la ley en materia de transparencia aplicable, que reza en lo que interesa: "Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: (.) Gratuidad: Consiste en que el acceso a la información pública no genera costo alguno para los solicitantes, sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada conforme a lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; (.)" A su vez, los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, así como de los recursos de revisión que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su numeral 38, inciso f, señala: "TREINTA Y OCHO. Las Unidades de Información tramitarán las solicitudes de información pública internamente de la siguiente forma: f) El costo total por la reproducción de la información, en caso de que así lo hubiere solicitado, si técnicamente fuere factible su reproducción, así como la orientación respecto al lugar y el procedimiento para realizar el pago correspondiente; (...)" En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable sobre dicho tópico refirió: "Ahora bien, para la entrega de la información en la modalidad solicitada por el particular en el asunto que nos ocupa (USB), los Lineamientos para la Recepción, Trámite y Resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de los recursos de revisión que deberán observar los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, disponen en el numeral treinta y ocho incisos e), f) y h), establecen que en el caso de que la información se haya solicitado en una modalidad que sea técnicamente factible su reproducción y entrega, se deberá informar al particular el lugar y procedimiento y los horarios en los cuales estará a su disposición la información solicitada." En las disposiciones aplicables, no obra deber alguno de los sujetos obligados a correr con los gastos que origine la solicitud y entrega de la información solicitada por el impetrante del amparo. Así las cosas, el quejoso concluye, que la autoridad revisionista fue omisa en atender la totalidad de sus manifestaciones de inconformidad en la resolución que por esta vía combate; argumento que deviene inatendible en virtud de que no expresa los motivos de inconformidad de los que la autoridad responsable fue omisa en pronunciarse. Por lo esgrimido, se tienen infundados, inoperantes e inatendibles, respectivamente, los motivos de inconformidad expresados por el impetrante del amparo; lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***********************, contra actos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, hasta el trece de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el diecinueve de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido en dicho auto y constancias que lo apoyan, por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas con cuarenta y cuatro minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Téngase al Subdirector de Asuntos Contenciosos de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en representación del Comité de Transparencia del citado Ayuntamiento en su carácter de tercero interesado, vertiendo diversas manifestaciones en vía de alegatos, ello de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio el que indica. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, a fin de establecer contacto en caso de que se considere necesario durante la tramitación de este juicio. Notifíquese y vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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