Cruz Adalberto Alcazar Bustos
Expediente 982/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cruz Adalberto Alcazar Bustos
Actuaciones
- Principal
CUENTA. El doce de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Cruz Adalberto Alcazar Bustos y Pedro Anaya Chávez, registrada con el folio 18587. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Cruz Adalberto Alcazar Bustos y Pedro Anaya Chávez, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia en Amealco de Bonfil, Querétaro y otras autoridades, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 20, 103 y 107 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 982/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. INCOMPETENCIA. El numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Dicho ordinal contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: "ACTO RECLAMADO.- De la Ordenadora se reclama la violación al debido proceso y la adecuada defensa al mantenernos recluidos fuera de su jurisdicción sin fundamento y motivación debida al acto de toda autoridad. De las Ejecutoras: se reclama el mantener a los suscritos en un centro Federal aun cuando no existe proceso o sentencia en contra de los suscritos en el Fuero Federal por el que se considera que hay una evidente falta de fundamentación y motivación puesto que únicamente estamos a disposición del Juez señalado como autoridad Ordenadora." Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado los quejosos se duelen de lo siguiente: ". continuar recluidos en un Centro Penitenciario Federal Fuera de la Jurisdicción territorial del Juzgado que nos tiene sujetos a proceso, siendo que actualmente estamos únicamente a disposición de una autoridad que ya señalamos como Ordenadora y no en un Centro Penitenciario dentro de su jurisdicción en la que podemos ejercer nuestros derechos lo cual consistiría en nuestro traslado del CEFERESO #2 "Occidente" ubicado en el Salto Jalisco, al CERESO de San Juan del Río, ubicado en Carretera a Tequisquiapan km. 8.5, desviación a Vistha, San Juan del Río, Querétaro, donde ya estuvimos inicialmente privados de nuestra libertad por el proceso que aún se nos sigue por la autoridad ordenadora". De lo anterior se advierte que el acto controvertido conlleva una ejecución material, en virtud, de que los quejosos se duelen el continuar detenidos en el centro de reclusión en el que actualmente se encuentran y no ser trasladados a diverso centro penitenciario; que se traduce en actos positivos de ejecución material para los fines del juicio de amparo, ya que los quejosos lo que solicitan es un traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco al Centro de Readaptación Social de San Juan del Río, Querétaro; lugares de los cuales, este juzgado Federal no ejerce jurisdicción, que como tal finque competencia para su conocimiento, sino que se encuentra en una jurisdicción diversa, a saber de los juzgados de Distrito en Turno con residencia en el Salto Jalisco; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior evidencia que el acto reclamado sí requiere ejecución material, que la misma se llevará a cabo y que ello sucederá en el estado de Jalisco, aunado a que los quejosos directos manifiestan que a la fecha se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice de 2011, Tomo II, materia penal, página setenta y tres, Registro 1002131, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." En este orden de ideas, este Juzgado considera que el Juez de Distrito legalmente competente para conocer de la constitucionalidad del acto del que se duelen los quejosos es el que radica en el lugar en el que actualmente se encuentran detenidos, y, por ende, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Cruz Adalberto Alcazar Bustos y Pedro Anaya Chávez, es competencia del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalsco, con residencia en Zapopán, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. REPRESENTANTE COMÚN. Toda vez que los quejosos no designaron representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, éste juzgado designa como tal a Cruz Adalberto Alcazar Bustos, sin perjuicio que el juez al que este juzgado declinó la competencia, una vez pronunciado sobre la misma, pueda designar a algún otro, o bien, lo designen los propios quejosos; por tanto, dado que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiestan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique únicamente al representante de los referidos quejosos, la presente determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
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