Cristopher García Pereyra
Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cristopher García Pereyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Juicio de amparo: 502/2022 El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del once al veinticinco de octubre del año en curso; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Sí se tramitó incidente de suspensión, en el cual se concedió la suspensión definitiva. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 502/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Octavio Quintanar Sánchez, en su calidad de defensor particular de Cristopher García Pereyra, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que más adelante se describirán. SEGUNDO. Los derechos fundamentales que se estiman violados por la parte quejosa son los señalados en los artículos 1°, 8, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y en proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se registró con el expediente 502/2022 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso de origen y a las terceras interesadas, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada tiene ejecución dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, con base en lo anterior, de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del juez de control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas y director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas: a). El auto de vinculación a proceso emitido el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por la comisión del hecho que la ley señala como delitos que lo son secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, cometido en perjuicio de Sandra, Rubí, Martha y Luis Eduardo de identidades protegidas, dentro de la causa penal 32/2019. b).- La imposición de prisión preventiva oficiosa y su ejecución. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas y director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, en apoyo a su informe con justificación, el juez responsable remitió el índice cronológico de las audiencias respectivas y dos discos en formato DVD (disco versátil digital) certificados, que contienes las videograbaciones de la audiencia de formulación de imputación y continuación de audiencia de vinculación a proceso reclamado de once y diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su dispositivo legal 2° por tratarse de documento público expedido por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, así como de registro de audio y video de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa, además de que su contenido se encuentra certificado por la autoridad judicial competente, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se le atribuyen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo genérico de quince días previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, al no ubicarse el acto reclamado en algún supuesto de excepción previsto en el precepto aludido. En efecto, el acto reclamado se notificó al quejoso en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós y surtió efectos al día hábil siguiente, de conformidad con los artículos 82, fracción I, inciso a), último párrafo y 84, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintiuno de febrero al once de marzo de dos mil veintidós, siendo días inhábiles (sábados y domingos) entre ambas fechas, el doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, cinco y seis de marzo, todos del citado año, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el diez de marzo de dos mil veintidós, ocurrió oportunamente. QUINTO. Análisis relativo a la improcedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo de la determinación de vinculación a proceso. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general' , de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación resultan infundados, y no existe motivo de queja deficiente que suplir a favor del quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, la parte quejosa en su capítulo de antecedentes, aduce que: a).- La posible participación del imputado no quedó demostrada en términos de lo previsto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por las siguientes razones: La primera declaración de la víctima Sandra, fue emitida un día después de que fue liberada y en el caso, se aprecia que no pudo reconocer a ninguno de los plagiarios, en virtud de que traían pasamontañas o sus rostros cubiertos, pues escuchó varias voces y por ello, de esa declaración se podían dilucidar los aspectos que se relatan: 1.- Su declaración fue emitida en la Fiscalía Especializada del combate al secuestro; lugar donde ya estaba segura y por ello, decidió ir a declarar. 2.- La citada declaración evidenció todos los acontecimientos a detalle, desde el plagio, claustro y liberación, pues declaró a ciencia cierta y sin dudas ni reticencias lo que vivió. 3.- No se advertía mendacidad o alteración en los hechos, en el sentido de que quisiera ocultar a los posibles participantes. 4.- En su declaración refirió no haber visto a nadie porque en todo momento tuvieron su rostro oculto, lo que impidió que pudiera verlos o reconocerlos. 5.- Dijo que había más de tres participantes, porque escuchaba sus voces, pero en ningún momento afirmó haber reconocido alguna voz. 6.- En su segunda declaración rendida después de dos años, la víctima declaró circunstancias totalmente distintas a las de su primera declaración, afirmando que sí reconoció al imputado, por dos factores; el primero por la voz, porque era un cantante reconocido en la música regional, o local, y que es además, ahijado de su hermana, porque según nunca les había quitado las prendas con las que les tapaban los ojos; y segundo, que lo había visto una ocasión que llegó y se sentó en frente en un sillón ya que no había puerta y vio cuando estaba comiendo papas viendo la televisión; y que ese momento logró verle los ojos, pues lo reconoció por los ojos, que según eran características de él. 7.- La parte quejosa añade que por qué la policía de investigación después de dos meses que Henry (esposo de Sandra), les informó de la identidad de Cristopher, no hizo nada para continuar con esa línea de investigación y ordenar su detención. 8.- Al parecer Sandra, le manifestó eso a Henry a los dos meses de haber sido liberada, o fue este último quien tomó la decisión de culpar al imputado y por eso, tardó tanto tiempo en emitir una nueva declaración totalmente distinta a su declaración primigenia. 9.- No existe evidencia alguna de que los seis número telefónicos aportados por Henry a la Policía de Investigación, le pertenecieran a Cristopher, además de que hay duda de que se obtuvieran de manera legal; lo cual, transgrede derechos fundamentales y por ello, no pueden dotar de certeza al juzgador. 10.- Por otro lado, relató que la declaración de Rubí, después de haber sido liberada, no refirió que hubiere reconocido a Cristopher como uno de sus plagiarios, a pesar de conocer perfectamente la identidad del imputado y hasta la fecha, no hizo ningún señalamiento respecto a que lo reconociera como uno de sus plagiarios. 11.- El dictamen pericial en psicología practicado a la víctima Sandra contenía información relevante, dado que en sus conclusiones se dijo que presentaba un estado de ánimo disforico pero moderado, que estaba orientada en tiempo y en espacio, que tenía sentimientos de temor y miedo, pero según la parte quejosa, debió interpretarse que si la víctima tenía un estado de ánimo disforico pero moderado, implicaba que no estaba en un estado de ánimo o estado de afectación psicológica que pudiere repercutir en su veracidad o mendacidad de su dicho, lo cual debió de tenerse como válido y sustentar la declaración primigenia como la de mayor valor, y derivado de ello, no vincular a proceso al imputado. b).- El imputado no pudo haber participado en el evento criminoso, y de ello dieron cuenta los testimonios de Martha Cecilia Pereyra Ávila (mama de Christopher), quien refirió que su hijo estuvo en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en el tiempo de marzo de dos mil diecinueve al mes de septiembre de dos mil diecinueve, que estuvo en un primer momento internado en terapia intermedia en el hospital general de Fresnillo, Zacatecas, hasta el mes de abril de dos mil diecinueve; después estuvo en tratamiento médico y su última cita fue el catorce de mayo de dos mil diecinueve; que estuvo en reposo absoluto en la casa habitación de su mama en calle Manuel M. Ponce de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, hasta finales del mes de junio de dos mil diecinueve, estando bajo el cuidado de su mama y de su tía de nombre Adriana Fabiola Pereyra Ávila, y posteriormente bajo el cuidado de su abuela paterna Manuela Mendoza Lira, en la colonia La Fortuna, y sus cuidados eran ayudarle a bañarse, a levantarse para comer, para darle su medicamento, lo que sucedió hasta el mes de septiembre de dos mil diecinueve, debida a insuficiencia cardiaca evolutiva, problema en la vesícula biliar, hipertensión, enfermedad en evolución. c).- Además, la testigo Adriana Fabiola Pereyra Ávila, declaró que le ayudaba a cuidarlo, en su casa ubicada en la colonia El Olivar en calle Manuel M. Ponce, de Fresnillo, Zacatecas; que estuvo en el hospital general de Fresnillo, Zacatecas, y después de haber estado internado, estuvo en su casa de su hermana en reposo absoluto, y lo cuidó desde el mes de mayo del mes de junio, dándole sus nebulizaciones, aplicándole sus medicamentos, ampolletas, dándole de comer entre otras cosas, ya después se fue con su abuela paterna Manuela Mendoza Lira, en la colonia La Fortuna, de Fresnillo, Zacatecas, que le dio los cuidados hasta el mes de septiembre de dos mil diecinueve, recomendándole reposo absoluto, pues se agitaba mucho, por eso no podía estar mucho tiempo en actividades sin observación. d).- Por su parte, se contó con lo declarado por Manuela Mendoza Lira quien era la abuela paterna, y dijo que estuvo enfermo, que estuvo en su casa, que empezó a estar malo desde el mes de marzo de dos mil diecinueve, no podía respirar, se le complico porque pensaban que era bronquitis o asma; que lo atendieron en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas y que fue durante dos semanas. e).- Asimismo, la defensa introdujo tres fotografías que ilustraban a una persona sentada en una cama de hospital, cubierto de las piernas con una sábana blanca, se apreciaba que contaba en sus brazos con un catéter, y suero; que se apreciaba de sus rasgos físicos moreno, alto, bigote, barba semi poblada, y que correspondía al imputado. f).- De igual forma, se ofrecieron las documentales que se hicieron consistir en los expedientes clínicos del Hospital General de los que se desprendía información valiosa, de las hospitalizaciones del imputado, las atenciones médicas, las citas médicas, su tratamiento, que corroboraron el padecimiento de insuficiencia cardiaca. g).- Derivado de lo anterior, afirmó la parte quejosa, que toda la información proporcionada debió de contrastarse con los datos de investigación revelados por la Fiscalía, y ponderar esa información para dejar en duda en esa etapa la participación que le atribuía la Fiscalía al imputado. De igual forma, el quejoso añadió que no se tenía claridad de cómo se obtuvieron los números aportados por Henry y que le pertenecían a Cristopher, aunado a que no se tenía certeza de quién se los proporcionó; sin que en el caso, existiera algún dato que indicara y justificara que en efecto le pertenecían a Cristopher; de ahí, que tales aspectos resultaron violatorios de los derechos humanos de debido proceso, seguridad jurídica, legalidad y presunción de inocencia. h).- La versión de la víctima no podía ser creíble al haberse emitido dos años posteriores, pues ello únicamente demostró que el juzgador no valoró los datos de prueba a conciencia y al haberlo hecho de manera incorrecta, se transgredieron sus derechos fundamentales. i).- Se violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que se dictó un auto de vinculación a proceso, sin cumplirse con el estándar de prueba exigido. Ahora bien, en cuanto al concepto de violación referente a que el auto de vinculación a proceso transgredió en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, precisado en el inciso i), es infundado, dado que la resolución reclamada sí se ajusta a los requisitos constitucionales y legales necesarios para su emisión, como se pondrá de manifiesto en líneas subsecuentes. En cuanto a los requisitos formales y de fondo que deben satisfacerse para el dictado de auto de vinculación a proceso, los artículos 16, primer párrafo y 19 de la Constitución, establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: Que sea dictado por autoridad judicial competente (juez de control). Que se haya formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que la resolución se emita dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes, a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control o en la misma audiencia. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Los requisitos previstos en los puntos 1 a 4, constituyen formalidades esenciales del procedimiento que acontecen a la emisión del auto de vinculación, pues precisamente son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa al imputado, ya que en virtud de ellas se hace de su conocimiento, en presencia del juez de control (principio de inmediación), el desarrollo de una investigación existente en su contra respecto de uno o más hechos determinados, y que el imputado tiene la oportunidad de controvertir o confrontar los datos de prueba, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de su contraparte (principio de contradicción); asimismo, podrá solicitar el desahogo de medios de prueba que considere necesarios, para que el juez pueda analizar la razonabilidad de los datos de prueba aportados para tomar una decisión (vincularlo o no a proceso). De esta manera, se observan los derechos fundamentales que tiene toda persona imputada, reconocidos en el apartado B del artículo 20 de la Constitución, como son, entre otros, el derecho a declarar o guardar silencio; derecho a recibir una defensa adecuada; a que se le informe, tanto en el momento de su puesto a disposición de la autoridad judicial, el juez de control convoca a una audiencia inicial. En dicha audiencia, el juez, de conformidad con las reglas de debido proceso, presunción de inocencia y juicio justo, que son aplicables a etapas preliminares como es la audiencia inicial, deberá supervisar y vigilar que el imputado sea enterado de la imputación (hechos y derecho: delito) y que tendrá acceso a los registros de la investigación (evidencia material) para que pueda defenderse; una vez verificado esto, en uso de la palabra, el Ministerio Público formulará imputación, donde el imputado conocerá los hechos por los que se llevará a cabo la investigación en su contra, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, el grado de intervención en su comisión, así como el nombre de la persona que lo señala como responsable de los hechos. Formulada la imputación, se preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo rindiendo en ese acto su declaración. Rendida la declaración del imputado, o bien, ejerciendo su derecho fundamental a la no autoincriminación, el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes planteen; se le hará saber que tiene derecho a que se resuelva su situación jurídica en ese momento, en setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de solicitar su ampliación o duplicidad del término constitucional, primero el fiscal le hará del conocimiento los datos de prueba y luego se discutirán las medidas cautelares). En efecto, la representación social tiene la obligación de solicitar la vinculación a proceso del imputado, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; concederá el uso de la voz al imputado (siempre en último término); declarará cerrado el debate y emitirá el fallo correspondiente (artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Es importante indicar que de conformidad con el artículo 318 del código nacional, el auto de vinculación a proceso sólo tiene el efecto de fijar los hechos por los cuales se continuará la investigación. En el presente caso, consta que el juez responsable dictó resolución el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que vinculó a proceso al ahora quejoso, en la carpeta penal número 32/2019, por los hechos que la ley señala como delitos de secuestro agravado y privación ilegal de la libertad; ahora, en relación a Rubí y Sandra, tales injustos previstos y sancionados por los artículos 9, fracción I, inciso a); 10, fracción I, incisos b) y c); por su parte, en lo relativo a Luis Eduardo, se encuentra previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c); 10, fracción I, incisos b) y c) y numeral 11, todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro; y en cuanto a la víctima Martha, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal para el estado de Zacatecas; lo anterior, al haberlos cometido en calidad de coautor, conforme lo previsto por los artículos 13, fracción III, del Código Penal Federal y 11, fracción II, del Código Penal para el estado de Zacatecas. Ahora, como ya se precisó, en oposición a lo que aduce el quejoso, el auto de vinculación a proceso reclamado se emitió de conformidad con las exigencias establecidas en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se corrobora con la reproducción de la videograbación contenida en el disco compacto que remitió, misma que consta de tres horas aproximadamente. En efecto, el primer requisito, relativo a que el auto de vinculación a proceso sea dictado por un juez competente, se encuentra satisfecho, pues el acto reclamado lo emitió el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas. El segundo requisito, consistente en que se haya formulado imputación, en el caso se cumplió en la audiencia pública de once de febrero de dos mil veintidós, de la que se advierte que el fiscal formuló imputación en contra del ahora inconforme (minuto 08:20 del disco de la audiencia de formulación de imputación) y señaló que el siete de julio de dos mil diecinueve, las víctimas Sandra, Rubí, Martha y Eduardo estaban a bordo de una camioneta marca Dodge, línea Ram, línea 2500, modelo 2018, color azul, con placas de circulación D196855 del estado de Guerrero, propiedad de Sandra, quienes se encontraban en calle Hacienda San Agustín esquina Adolfo López Mateos, colonia Lomas del Paraíso, en Valparaíso, Zacatecas, hasta donde alrededor de las dos de la mañana llegó un vehículo de motor, de cual descendieron tres personas del sexo masculino encapuchados, quienes les apuntaron con armas de fuego que portaban y bajaron a las víctimas de la Ram y las subieron al vehículo en el que se desplazaban, para posteriormente retirarse del lugar, llevándose a las víctimas al igual que la camioneta Ram; luego de unos minutos se detuvieron en el kilómetro 54 de la carretera federal Valparaíso-Fresnillo y después de bajar a Martha y Eduardo; y a este último le dispararon con un arma en la cabeza, privándolo de la vida, siendo la causa de muerte herida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en cráneo y luego se retiraron, llevándose solamente a Sandra y Rubí, con rumbo desconocido. Asimismo, la víctima Sandra logró identificar a Cristopher García Pereyra como una de las personas que las estuvo cuidando durante el tiempo de su cautiverio; persona a la cual tanto Rubí como Sandra lo conocían por vivir en el municipio de Valparaíso, Zacatecas y a quien le apodaban "El Damaso". Asimismo, la Fiscal relató que el siete de junio se comunicaron los plagiarios con el padre de Rubí para exigir la entrega de la cantidad de cinco millones de pesos como rescate para liberación de la víctima y derivado de una negociación se entregó el día doce de junio en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, la cantidad de ciento treinta mil quinientos pesos, siendo liberada la víctima Rubí, el trece de junio de dos mil diecinueve. Mientras que por otro lado, el día ocho de junio de dos mil diecinueve, los plagiarios se comunicaron con Henry, pareja de Sandra, para exigir la entrega de la cantidad de diez millones de pesos como rescate para la liberación de la víctima y derivado de una negociación se entregó el catorce de junio de ese mismo año, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, la cantidad de doscientos noventa y cinco mil pesos y un vehículo de motor marca Honda, línea Accord, modelo 2000, color dorado, obteniendo así la víctima Sandra su libertad la noche de ese mismo día. A los citados hechos, la fiscalía les dio la clasificación de delito de secuestro agravado y privación ilegal de la libertad previstos y sancionados por los artículos 9, fracción I, inciso a), 10, fracción I, incisos b) y c), y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de secuestro, así como del numeral 265, fracción I, del Código Penal vigente en el estado. En cuanto al tercero de los requisitos, concerniente a que se le haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en la audiencia de formulación de imputación, el juez responsable informó al ahora quejoso sobre su derecho a declarar o de guardar silencio, a lo que dicho inconforme decidió no declarar con relación a los hechos antes descritos (minuto 15:45 del citado disco compacto), por lo que el fiscal solicitó la vinculación a proceso (18:50) Es pertinente señalar que una vez que la fiscalía le hizo del conocimiento al imputado los datos de prueba con los que sostiene los hechos ilícitos que le atribuye, el juez del conocimiento le preguntó, al imputado aquí quejoso Cristopher García Pereyra sobre el término para resolver su situación jurídica y decidió, que era su deseo ampliar el término constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, por tanto, se suspendió la audiencia, para continuarse el día diecisiete de junio de ese año (minuto 56:46 del disco compacto citado). Asimismo, se destaca que en la continuación de la audiencia inicial, después de que el abogado defensor desahogó los medios de prueba, le hizo saber al Juez de Control, la intención del imputado de rendir declaración inicial, por tanto, una vez que se autorizó un receso para la entrevista privada con el defensor, la misma se reanudó y el imputado manifestó que sí tenía la intención declarar y de dar contestación a las interrogantes de su defensor y de la Fiscalía; acto seguido, sí rindió declaración inicial. Respecto al cuarto requisito, también quedó satisfecho, pues el auto de vinculación a proceso se dictó dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas horas contado a partir de que el hoy quejoso fue puesto a disposición del juez responsable, dado que se resolvió sobre la situación del imputado, en la continuación de la propia audiencia de vinculación celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintidós. El quinto requisito, relativo a que de los antecedentes de la investigación expuestos por el fiscal, se desprendan datos de prueba que establezcan que se han cometido hechos que la ley señale como delitos y que exista la probabilidad de que el imputado cometió o participó en su comisión, también se encuentra demostrado, con los datos de prueba aportados por la fiscalía (minuto 18:50 del disco compacto), como quedará evidenciado en párrafos posteriores. En efecto, este órgano jurisdiccional comparte el razonamiento del juzgadora de origen, al haber considerado que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público son suficientes, idóneos y pertinentes, para establecer razonablemente que se cometieron hechos que la ley califica como delitos y, la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, intervino en su ejecución. Como cuestión previa, antes del análisis de fondo del auto de vinculación a proceso, es necesario precisar que al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A) del 20 de la Constitución Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. De modo que, con la implementación del llamado sistema procesal penal acusatorio, se introdujo al vocabulario jurídico, el término "dato de prueba", que conforme al primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional Procedimiento Penales, es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, relacionada con uno de los requisitos de fondo para el dictado del auto de vinculación a proceso dentro del nuevo sistema de justicia penal oral, determinó que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el juez de control no está constitucionalmente obligado a realizar un juicio de tipicidad; esto es, a comprobar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica); sino únicamente a que una vez determinado de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a establecer si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos y existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, el juez deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta, independientemente de la metodología que elija para otorgar claridad y certeza a su determinación, en la que sí deberá dejar bien establecido el hecho imputado, las circunstancias propias de ejecución, así como el tipo penal aplicable, como consecuencia de un examen abstracto de adecuación de la norma penal al caso concreto. De la contradicción de tesis referida, derivó la jurisprudencia 35/2017(10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En efecto, para la emisión de un auto de vinculación a proceso basta que se indiquen simplemente los hechos con apariencia de delito, núcleos de los tipos penales, así como el lugar y tiempo de su comisión, esto es, dónde y cuándo ocurrieron para que se vean colmados los extremos contenidos en el referido artículo 19 constitucional, reproducidos en el numeral 316 del código nacional; siempre que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese sentido, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Actualmente la actividad jurisdiccional lleva a clarificar de nuevo el concepto de "hecho que la ley señale como delito". Así, tenemos que la tipicidad es la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el hecho descrito en el tipo. Decimos que es un hecho típico cuando se adecua perfectamente al tipo penal. La tipicidad es la necesidad de que los delitos se especifiquen o determinen legislativamente, en tipos. Por otra parte, el tipo penal es la descripción legal de un hecho o conducta prohibida por la norma y a la cual se le asigna una pena. En otras palabras, el tipo está constituido por la descripción del hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Se habla de hecho y no de "conducta", porque algunos de los elementos de los tipos penales no refieren directamente al obrar del agente, sino a circunstancias externas a él, y que no dependen de su voluntad. Es una característica específica del delito, porque para que éste se configure, debe haber tipicidad; si no la hay, no se actualiza aquél. Esto es por imperio del principio de legalidad, ya que si se trata de una conducta no tipificada, es lícita, y los individuos pueden actuar libremente en el campo de lo no prohibido, así resulta irrelevante para el derecho penal. En conclusión, el requisito exigido por los artículos 16 y 19 constitucionales (hecho que la ley señale como delito) no debe identificarse con los elementos del tipo, sino esencialmente con el núcleo, pues aun cuando en ocasiones por constituirse éste por un verbo "subjetivo" se dificulte su comprensión, no deben exigirse mayores requisitos a la directriz constitucional, lo cual remitiría al sistema mixto que se está tratando de superar con la implementación del sistema procesal penal acusatorio y oral. De ahí que para dictar un auto de vinculación a proceso, debido a la reducción del estándar probatorio, basta con que el juzgador encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental; además de que el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal, pues la clasificación jurídica del delito será determinada en la acusación por parte del fiscal, aunado a que los antecedentes de la investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, no pueden ser considerados para el dictado de una sentencia, pues salvo las excepciones previstas en la ley. De igual forma, cabe destacar, que el juez de control deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, debiendo exponer, en su caso, las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado en la ley como delito. a).- Audiencia de formulación de Imputación. Una vez establecido esto, se destaca que los datos de prueba con los que el fiscal formuló la imputación en contra del ahora quejoso, y que el juez responsable tomó en consideración para dictar el auto de vinculación a proceso reclamado, son: Denuncia presentada por Martha Elena Gutiérrez de siete de junio de dos mil diecinueve, en la que refirió que el jueves seis de junio del mismo mes y año, andaba de compañía de unas amigas de nombre Sandra Alanis, Rubí y Eduardo a bordo de una camioneta Ram, azul, doble cabina, propiedad de Sandra; que eran aproximadamente las dos de la mañana cuando estaban estacionados cerca del Cobaez concretamente en Hacienda San Agustín esquina con Adolfo López Mateos, en Lomas del Paraíso, de Valparaíso, Zacatecas, a donde llegó una camioneta sin poder apreciar sus características de donde descendieron tres personas vestidas de negro cubiertas del rostro y portando armas, quienes bajaron a Sandra, luego a Martha y posteriormente a Rubí y a Eduardo; luego a ello, los subieron en la parte trasera del vehículo en el que los plagiarios se desplazaban para luego retirarse del lugar y al mismo tiempo, se llevaron la camioneta de Sandra; que durante el trayecto iban apuntándoles con armas y que fue hasta llegar a un lugar entre el monte y descendieron del vehículo junto con Eduardo; y una vez abajo, le dieron un balazo a Eduardo en la cabeza y le ordenaron a Martha que no dijera nada, pues de lo contrario la matarían; después de ello, se retiraron del lugar, llevándose únicamente a Sandra y a Rubí. Aunado a lo anterior, obraba en la carpeta de investigación diversa denuncia realizada por Henry el siete de junio de dos mil diecinueve, por medio de la cual hizo del conocimiento que su esposa Sandra, un día antes, salió de su domicilio alrededor de las siete de la tarde para ir a dar la vuelta con sus amigas Rubí y Martha; que salió a bordo de una camioneta de su propiedad de la marca Dodge, línea Ram 2500, modelo 2018 y placas de circulación del estado de Guerrero; que normalmente todos los jueves salía con sus amigas y que para la madrugada del día siete de junio, se puso en contacto con Sandra vía telefónica quien le dijo que iban a comprar cerveza y cuando se la terminaran llegaría a la casa; por lo que, el denunciante se durmió; que alrededor de las cinco de la mañana despertó y al darse cuenta que no estaba comenzó a marcarle a su teléfono, pero que lo mandaba directo a buzón; motivo por el cual acudió a diversos lugares con diferentes personas para buscarla, sin embargo, hasta ese momento se desconocía su paradero. Asimismo, se recabó la denuncia de Joaquín el día siete de junio de dos mil diecinueve, quien dijo ser padre de Rubí y explicó que alrededor de las siete de la tarde del día seis de junio, Rubí salió de su casa, mencionando que iba a dar la vuelta con Sandra, como normalmente lo hacía cada jueves, al terminar de jugar en un equipo de futbol en el que ellas estaban, pero que siempre regresaban a más tardar a las doce de la noche, por lo que, al pasar esas horas y ya siendo siete de junio, trató de ponerse en contacto con su hija, pero siempre lo mandaba a buzón; motivo por el cual comenzaron a buscar a Rubí y al no tener resultado positivo, fue que interpusieron la denuncia, desconociendo el paradero de su hija, hasta ese momento. De igual forma, se contó con un informe de investigación signado por elementos de la Policía de Investigación César Ernesto Cortes Pérez, José Olegario Jasso Sánchez, Víctor Hernández García, Alberto Cuellar Esquivel y Alejandro Aguilera Estrada, quienes señalaron que una vez que indagaron respecto de la no localización de las víctimas, fue que aproximadamente a las trece horas con cuarenta minutos del siete de junio fueron informados por parte de Hilda que su hija Martha ya había aparecido; motivo por el cual es que inmediato se trasladaron al domicilio de dicha persona a fin de recabar su entrevista en calidad de víctima, la cual fue rendida detallando las circunstancias de tiempo y lugar señaladas por la Fiscalía. Además, dicha persona relató que la víctima Eduardo fue privada de la vida con un disparo de arma en la cabeza, por lo que, en compañía de la víctima se trasladaron hasta el lugar donde refirió que estaba el cuerpo sin vida, arribando así a Carretera Federal Valparaíso-Fresnillo kilómetro 54; lugar donde tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, por lo que, de inmediato se solicitó al personal de la dirección de servicios periciales. A efecto de dar certeza al lugar donde sucedieron los hechos, se adjuntó acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver en el sitio ubicado en Carretera Federal Valparaíso-Fresnillo kilómetro 54, en la que se asentó que se tuvo a la vista una persona sin vida del sexo masculino, en posición de cubito ventral, el cual su masa encefálica se encontraba orientada hacia el este y sus extremidades al oeste, apreciando que en la cabeza tenía cinta plástica de aislar en color negro cubriendo sus ojos, así como en la parte de la nuca un orificio producido al parecer por proyectil disparado por arma de fuego; además, aproximadamente a tres metros del cuerpo se encontró un casquillo percutido; misma que fue acompañada por placas fotográficas para mayor ilustración. En otro aspecto, se contó con un certificado médico de necropsia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el perito médico legista donde se determinó que la causa de muerte de quien en vida respondió a Luis, lo fue por herida producida por arma de fuego penetrante en cráneo. Por otro lado, se recabó la entrevista como testigos de identidad y reconocimiento de cadáver de los señores Braulio y Micaela, en su calidad de padres de Luis Eduardo, de ocho de junio de dos mil diecinueve, quienes informaron sobre la identidad de la víctima y aportaron en su comparecencia un acta de nacimiento de dicha persona, con fecha de registro veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y siete. En el mismo sentido, se agregó acta de registro del lugar del hecho concretamente el ubicado en calle Hacienda San Agustín esquina con Adolfo López Mateos, Lomas del Paraíso, en Valparaíso, Zacatecas, correspondiendo al lugar donde fueron privadas de su libertad las víctimas y que por sus características se trataba de un camino público. Además, se contó con una tarjeta informativa de ocho de junio de dos mil diecinueve, signada por el Policía de Investigación Juan José Luna Pérez, derivado del manejo de negociación en el domicilio de Sandra, atendiendo a la solicitud de su pareja de nombre Henry Alvarado, pues había recibido una llamada a las 12:40 horas del número 669-21-69-791 donde le exigían la cantidad de diez millones de pesos para lograr la liberación de su pareja, otorgando como plazo tres días para reunir el dinero. De igual modo, fue aportada a la carpeta, una tarjeta informativa de ocho de junio de dos mil diecinueve signada por el Policía de Investigación Cristian Gerardo Rocha Sánchez, encargado del servicio de negociación y manejo de crisis realizado en el domicilio de la víctima Rubí y atendiendo a la solicitud que realizó la familia es que recibieron una llamada a las dieciséis horas con treinta y dos minutos del número 669-21-69-791, donde le exigían la cantidad de cinco millones de pesos para lograr su liberación, adjuntando a ambas tarjetas informativas bitácora de llamadas de las que se podían advertir todas y cada una de las llamadas de los plagiarios, así como las horas y los días en que fueron realizadas. De ahí, que la víctima Rubi fue liberada el trece de junio de dos mil diecinueve arribando a su domicilio a las nueve horas de ese mismo día, después de que su padre Joaquín entregara la cantidad de ciento treinta mil quinientos pesos, en el estacionamiento de la Funeraria Hernández del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Derivado de lo anterior, en fecha trece de junio de dos mil diecinueve se recabó la entrevista de la víctima Rubí, quien señaló que el día jueves seis de junio de ese año, aproximadamente a las dos de la madrugada se encontraba en compañía de dos amigas de nombres Martha y Sandra y de un amigo de nombre Luis, cerca de Cobaez en Valparaíso, Zacatecas, cuando se acercó una camioneta de la que bajaron dos personas del sexo masculino a quienes no los pudo ver de la cara, ya que estaba tapados, pero pudo percatarse que uno era medio robusto y el otro delgado; el que estaba más robusto le abrió la puerta de la camioneta a Sandra y en eso empezó a gritar que se bajara sacándola de los cabellos y el otro sujeto, se fue del lado de Rubí, pidiéndoles sus teléfonos, para luego subirlos; luego, en la parte trasera de la camioneta y llevárselos con rumbo desconocido; asimismo, relató que se detuvieron en un lugar, bajaron a Luis y lo comenzaron a golpear, mientras que ellas seguían en la camioneta; luego, bajaron a Martha y a los dos minutos se escuchó un disparo y después se fueron de ahí, sin saber que le había pasado con Luis y con Martha; luego, de un tramo de carretera las cambiaron de vehículo y las llevaron a un lugar que tenía una puerta de fierro; al día siguiente, les preguntaron por los números telefónicos de sus familiares para pedir rescate y durante los días de cautiverios diferentes personas que se turnaban para cuidarlas hasta el día de la entrevista trece de junio, en donde le dijeron a Rubí, que ya iría a su casa, por lo que, la sacaron y la subieron a una camioneta; la cubrieron con una chamarra y la dejaron en una parada de autobús; donde luego de descubrirse una señora le dijo que estaba en la comunidad de Las Pomas, donde fue auxiliada para llegar a Valparaíso. Asimismo, se contó con el dictamen psicológico de la víctima Rubí practicado por el perito en psicología Usiel Isaac González Macías quien determinó que derivado del estudio la víctima presentó un estado de ánimo disforico de grado moderado consistente en temor y ansiedad. Por otro lado, se aportó a la carpeta, lo efectuado por Henry el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de entregar un vehículo marca Honda, línea Accord, modelo 2000, color dorado, con su documentación correspondiente a la camioneta marca Dodge, línea Ram de su esposa Sandra y la cantidad de doscientos noventa y cinco mil pesos en un estacionamiento de nombre Benito Juárez ubicado en Avenida Juárez, interior 407-A, colonia centro, de Fresnillo, Zacatecas y como consecuencia de ello, fue liberada la víctima Sandra, ese mismo día, arribando a su domicilio aproximadamente a las diez quince de la noche. Derivado de ello, se recabó la entrevista de la víctima Sandra, el quince de junio de dos mil diecinueve, en la que manifestó que el seis de junio de ese año, se había quedado de ver con sus amigas de nombre Rubí y Martha; que ese día paso por cada una de ellas a su casa y que al andar juntas fue que se encontraron a Eduardo en la Alameda y lo invitaron a subir a la camioneta a dar la vuelta al centro de Valparaíso; para ello, se detuvieron cerca de Cobaez de ese municipio y en donde alrededor de las dos con veinte horas de la madrugada del siete de junio de dos mil diecinueve, arribó un vehículo con tres o cuatro personas encapuchadas, quienes portaban armas de fuego, y uno de ellos, le abrió la puerta, la sacó y la quisieron subir a otro vehículo; y cuando vieron que había más personas adentro de la camioneta la sacan y la avientan a la parte de atrás de su propia camioneta; con Eduardo y Martha, y al final bajaron a Rubí, quien iba del lado del copiloto diciéndoles que se agacharan y percatándose que se subió otra persona más en el lado del copiloto; además, la víctima señaló que su camioneta era una Ram, modelo 2018, color azul rey, con polarizado en la parte de atrás, emprendiendo así la marcha, poniéndole una chamarra en la cabeza para que no se levantara; luego de avanzar unos cuarenta minutos, se detuvieron y bajaron a Martha y a Eduardo, dejando a Rubí y a ella, dentro de la camioneta; en ese momento, escucharon un disparo de arma de fuego y fue cuando uno de los plagiarios los comenzó a vendar de la cara con cinta de aislar y que a partir de ahí, ya no volvieron a ver a Martha ni a Eduardo; y cambiándolas en ese momento a otro vehículo y luego de ello, avanzaron una media de camino, hasta llegar a un lugar desconocido, donde les quitaron la venda de los ojos y siendo amenazadas en todo momento con privarlas de la vida; asimismo agregó que la tuvieron alrededor de ocho días en ese lugar, pidiéndoles números de familiares y les proporcionó el de su esposo, y a Rubí, la alejaban en todo momento cuando quería hablar con ella, pues a Rubí la liberaron dos días antes que a ella; a su vez, relató que por la tarde noche de catorce de junio entraron por ella y la cubrieron con una chamarra, la subieron en la parte de atrás de un vehículo y luego de un recorrido de cuarenta minutos, la dejaron en la Estación de Cabrales rumbo a Valparaíso. De igual forma, se contó con el dictamen psicológico de la víctima Sandra practicado por el perito en psicología Usiel Isaac González Macías, de quince de junio de dos mil diecinueve quien determinó que derivado del estudio la víctima presentó un estado de ánimo disforico de grado moderado consistente en temor y ansiedad. Por otro lado, se recabó un informe de investigación de dieciséis de junio de dos mil diecinueve, signado por Cristian Gerardo Rocha Sánchez, Juan José Luna Pérez y Karla Alejandra Peña Diosdado, como policías de investigación, quienes señalaron que abocados a la indagatoria se trasladaron a la calle Adolfo López Mateos en la colonia Las Américas de Valparaíso, Zacatecas, en donde se realizó la inspección de lugar donde las víctimas fueron privadas de su libertad concretamente en un baldío atrás de la preparatoria de la Unidad Académica número 13 UAZ. Asimismo, se contó con la inspección del lugar donde se realizó el pago de la víctima Rubí y que fue en Avenida Plateros, colonia centro, de Fresnillo, Zacatecas y concretamente en el estacionamiento de la Funeraria Hernández. Por otro parte, se recabó la inspección de lugar donde fue liberada la víctima Rubi ubicado en carretera estatal Fresnillo-Valparaíso kilómetro 65 de la comunidad Las Pomas en Valparaíso, Zacatecas y concretamente en la parada de autobuses. Aunado a ello, se recabó la inspección del lugar donde se realizó el pago de la víctima Sandra, en la Avenida Juárez, colonia Centro, de Fresnillo, Zacatecas, concretamente en el estacionamiento Juárez en su interior 407-A. También se recabó la inspección del lugar donde fue liberada la víctima Sandra ubicado en carretera estatal Fresnillo-Valparaíso kilómetro 33+800 entronque San Isidro-Cabrales de la comunidad Las Pomas en Valparaíso, Zacatecas y concretamente en la parada de autobuses. En otro aspecto, el día veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se hizo llegar a la representación social un informe de investigación número 601, signado por Juan José Luna Pérez, quien manifestó que después de llevar a cabo un estudio detallado del teléfono 669-216-9791, por medio del cual los plagiarios se comunicaban con los familiares de las víctimas para exigir rescate, pudo advertir que a esa línea le fueron ingresados tres nombre de e-mail, esto es, que el número con terminación 9791, fue ingresado a tres aparatos telefónicos para hacer las llamadas y que a esos mismos tres teléfonos le fueron ingresados también otra línea telefónica con el número 663-135-3932; número que a su vez se comunicó a las dos cuarenta y cinco de la mañana del siete de junio de dos mil diecinueve con el número 669-247-8290 y que correspondía al día y la hora de la privación de la libertad de las víctimas. En otro aspecto, en fecha diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, se hizo llegar a la representación social otro informe de investigación signado por Juan José Luna Pérez, quien señaló que el día catorce de agosto de ese año, compareció Henry, esposo de la víctima Sandra, para hacerle del conocimiento que una vez que su esposa se fue recuperando del trauma emocional causado le compartió a su esposo que durante su cautiverio las personas que la tenían privada de su libertad no tenían conocimiento de su situación económica; que desconocía las causas del motivo de su secuestro, pero refirió que al tercer día de su plagio arribó un masculino, el cual iba cubierto del rostro con un pasamontañas; que a la víctima le llamó la atención esa persona debido a su timbre y tono de voz; posteriormente el secuestrador le hizo una serie de preguntas concretas en relación a su esposo, esto conforme a la propiedad de una camioneta de carrera de la marca Chevrolet color blanca, así como de un auto clásico de la marca Ford Maverick de gran valor; notando con ello, una gran desesperación con motivo de que su esposo no estaba cooperando; además, Sandra le manifestó a quien la entrevistó que reconoció a su plagiario por los rasgos visible de su cara y de los ojos, y lo identificó como Cristopher García Pereyra "El Damaso", quien era conocido por una relación familiar, ya que era ahijado de la hermana de Sandra y que era un cantante reconocido en varias bandas locales del género regional mexicano; además, que la víctima sabía que en algún momento a Cristopher se le relacionó con personas de la delincuencia organizada, puesto que se encargaba de vender y colocar en el mercado lo que estas personas necesitaban vender; y por ese motivo, el señor Henry que la información en relación a Cristopher era sabida por mucha gente y que se trataba de una persona con diferentes domicilios conocidos en Valparaíso y Fresnillo; además, el señor Henry se dio a la tarea de investigar y proporcionar a la Unidad los números telefónicos que sabían habían sido utilizados por Chistopher, a quien le apodan "El Damaso"; indagando con amigos y familiares y capturas de pantalla de conversaciones de whats app, así como de imágenes de Cristopher; esto con la intención de que se investigaran en los registros de la Policía, pues a Henry le fue informado por conocidos que Cristopher había ofrecido a la venta una camioneta Ram, modelo 2018, con características similares a las que le fue sustraída a Sandra al momento de su privación en fecha siete de junio de dos mil diecinueve; de ahí, que los números telefónicos aportados por Henry y derivado de las capturas de pantalla de diversas conversaciones de whats app, entre los que sobresalía el número 669-247-8290; número telefónico al que según el informe de análisis de crisis, se comunicaron el día y hora de la privación de las víctimas. Además, dichas circunstancias fueron detectadas e informadas por el policía Juan José Luna Pérez. Finalmente, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, compareció ante la representación social, la víctima Sandra, quien corroboró lo que su esposo Henry Alvarado le informó al Policía Juan José Luna, pues informó que derivado del secuestro que vivió el siete de junio de dos mil diecinueve, donde se llevaron a diversos amigos, y que luego de ser liberada, al haberse realizado el pago de la entrega por su rescate, mencionó que no dijo muchos de los momentos vividos en su cautiverio por miedo a que le fuera a hacer algo a ella o a su familia y en especial a sus hijos, ya que siempre la amenazaron con hacerle daño y es por ello, que hasta esa fecha señaló que una de las personas que a ella y a Rubí cuidaban durante su cautiverio es una a la que ambas conocían y que sabían se llamaba Cristopher García Pereyra y que desde el primer momento lo reconoció, porque se le hizo la voz conocida; que dicha persona traía pasamontañas para que no lo identificaran, pero cuando estaba en un cuarto de la casa donde las tenían es que él salió de la parte de la sala y como el cuarto no tenía puerta, vio que estaba en un sillón comiendo papás y fue cuando confirmó que efectivamente se trataba de Cristopher y a quien ubicaba por ser ahijado de una de sus hermanas, ya que también vivía en Valparaíso, en calle Francisco Villa de la colonia Centro y además, sabía que era cantante; que se dedicaba a la compraventa de carros y que se rumoraba que le vendía carros a la delincuencia organizada; mencionó además, que en el pueblo lo conocían como "El Damaso". Derivado de ello, su esposo comenzó a preguntar por medio de vecinos, con el objeto de contactarlo para la venta de carros y le pasaron unos números a donde lo podía contactar, siendo uno de ellos, el 669-247-8290, entre otros más. Además, siguió señalando la víctima que pasado ya el tiempo y al ver que ya habían sido sentenciadas dos personas dentro de ese mismo asunto, supo que Cristopher se encontraba en Ciudad Juárez, trabajando como representante de un grupo musical en el cual su hermano es el cantante; que ello, lo obtuvieron de Facebook y sabían que era Cristopher porque la personas que integraban el grupo eran originarias de Valparaíso y los conocía y que por otro lado, se dieron cuenta que la camioneta Ram color azul, el imputado la había ofrecido a unos conocidos de Valparaíso a la venta, pero que después a dicho de amigos, sabían que se la había llevado a vender a Sinaloa o Jerez y que después supieron que en realidad la había vendido en Chihuahua, justo donde ahora se encontraba trabajando con ese grupo musical. Asimismo, en dicha entrevista la víctima aportó diversas capturas de pantalla que obtuvo de la red social Facebook, donde se apreciaba a Cristopher y otras personas que integraban el grupo musical, quienes eran originarios de Valparaíso, Zacatecas. Derivado de lo anterior, la Fiscal señaló que se encontraba ante el hecho que la ley señala como secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, previstos en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de Secuestro, así como de lo previsto por el artículo 265, fracción I, pues las víctimas fueron privadas de su libertad con la intención de un rescate, como así lo refirieron Joaquín (padre de Rubí) y Henry (esposo de Sandra), al señalar que sus plagiarios les exigían la entrega de dinero como pago de rescate y que fue hasta que entregaron diversas cantidades de dinero que las víctimas fueron liberadas. Además, los delitos fueron cometidos con las agravantes del artículo 10, fracción I, inciso b) y c), y 11, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de secuestro, pues fue llevado a cabo, según se desprendía de los antecedentes expuestos, con la participación de dos o más personas y con violencia en su comisión, pues el uso de armas fue suficiente para vencer la voluntad de las víctimas, aunado a las amenazas, con privarlas de su vida, que consecuentemente recibían por su plagiarios; aunado a que la víctima Luis fue privado de la vida por sus plagiarios y que ese mismo día, fue liberada Martha. En lo relativo a la existencia de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, es que luego de un análisis lógico y jurídico de los datos de prueba descritos que existía una alta probabilidad de que Cristopher García Pereyra, alias "El Damaso", participó en calidad de coautor en los hechos en que resultaran afectadas las víctimas Sandra y Rubí, pues no solo se sabía que Cristopher tuvo comunicación con la línea a través de la cual se comunicaron los plagiarios con los familiares para pedir rescate, sino que fue ingresada a tres aparatos electrónicos el día de la privación de las ofendidas. Además de ello, existió un señalamiento directo y contundente que la víctima hizo en su contra, al identificarlo plenamente como una de las personas que las cuido durante su cautiverio y que incluso la cuestionó con información que solo él sabía por la cercanía a su familia, por ser ahijado de una de las hermanas de la pasiva Sandra. Asimismo, expuso que con todo lo anterior, el examen anterior y luego de un estudio lógico y jurídico de los antecedentes, se advertía que existía una probabilidad de que Cristopher García Pereyra participó en la comisión de los hechos, en calidad de coautor, por así señalarlo el artículo 13, del Código Penal Federal y el relativo 11, fracción II, del Código Penal del Estado, aunado a que en la carpeta no obraban datos de alguna causa de extinción de la acción penal ni excluyente del delito a su favor. Ahora, una vez escuchada a la Fiscal del Ministerio Público, en el minuto 56:46 de la audiencia referida, el Juez de control, preguntó al imputado, qué decisión tomaría en relación a los plazos para resolver su situación jurídica y al respecto contestó: que era su intención ampliar el plazo constitucional por ciento cuarenta y cuatro horas, por tanto, se suspendió la audiencia, para continuarse en la etapa de vinculación a proceso. b).- Continuación de audiencia de vinculación a proceso, fijada para el día diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Una vez que fueron individualizadas las partes, a partir del minuto 02:45 (disco VIDEO_TS y duración de aproximadamente 24 minutos), el defensor del imputado, ofreció diversos medios de prueba y previo a determinar la pertinencia de esos medios, el juez de la causa, solicitó a la defensa, que informara cuál era su teoría del caso y para ello, mencionó que su representado no pudo haber realizado la conducta reprochada y en el caso, los testimonios hablarán de las circunstancias de tiempo, modo y lugar durante el periodo del plagio, tiempo del claustro y posterior liberación de las víctimas y derivado de los testimonios, el imputado no podía estar en dos lugares a la vez. Así pues, para ello ofreció los testimonios de Martha Cecilia Pereyra Ávila, Adriana Fabiola Pereyra Ávila y Manuela Mendoza Lira, sin que existiera oposición de la Fiscalía para su admisión y desahogo. Interrogatorio de los testigos de la defensa. En la sala de audiencias compareció la señora Martha Cecilia Pereyra Ávila, quien después de haberle hecho saber las penas en que incurren y protestó conducirse con verdad; asimismo, renunció a su derecho de abstenerse a no declarar y al respecto, en esencia declaró: Que desde el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, su hijo estuvo convaleciente y en reposo absoluto, derivado de su problema de insuficiencia cardiaca; asimismo, relató que después de realizarse varios estudios a su hijo, se determinó que posiblemente tenía tuberculosis o neumonía y que se estaban complicando; sin embargo, después se detectó que su problema era insuficiencia cardiaca. Ahora, en cuanto a los momentos de tiempo en que se realizaron tales estudios, la testigo refirió que todo comenzó en el mes de marzo de dos mil diecinueve y salió del hospital el día catorce de mayo de ese año, en donde el médico les dijo que ocupaba reposo absoluto, hasta la próxima cita que sería para el diecisiete de agosto del mismo año, en donde le iban a realizar otro tipo de estudios; aclarando que durante ese tiempo estuvo bajo cuidados en su casa. Asimismo, relató que en agosto del año dos mil veintiuno se le hicieron otros estudios en Ciudad Juárez, Chihuahua, relacionados con ese padecimiento. Además, agregó que del catorce de mayo de dos mil veintiuno al diecisiete de agosto de ese mismo año, el cardiólogo les dijo que necesitaba reposo absoluto y se le dio la atención requerida en el domicilio ubicado en calle Manuel M. Ponce, Edificio 32, interior 304, en Fresnillo, Zacatecas; y a partir de julio de ese año, lo cambiaron al domicilio de la señora Manuela Mendoza Lira. De igual forma, precisó que del quince de mayo de dos mil diecinueve al veintiocho de junio de ese año, estuvo en reposo absoluto. Y del mes de julio a agosto, vivió con la señora Manuela Mendoza Lira. Ahora, en el minuto 24:14 del citado disco, por cuestiones técnicas, ajenas al Juzgado de control, existió un corte momentáneo de energía eléctrica, se suspendió la audiencia respectiva y se decretó un receso de diez minutos. Reanudación de interrogatorio. Una vez que se restableció el servicio de energía eléctrica y la conexión vía remota con el imputado Cristopher García Pereyra (minuto 01:00 del disco VIDEO-TS de aproximadamente 1:35:26 horas), se continuó con el interrogatorio de la testigo Martha Cecilia Pereyra Ávila y para ello, se le mostró a la testigo un documento que reconoció como expediente clínico expedido por el Hospital General en Fresnillo, Zacatecas y el ecocardiograma expedido a Cristopher García Pereyra, de diecisiete de agosto de dos mil diecinueve; así como las documentales consistentes en resultados de patología clínica practicados al imputado en Ciudad Juárez, Chihuahua, emitidos en julio de dos mil veintiuno; tres recetas médicas de atención hospitalaria de 16 de junio 2021 y receta médica y orden de laboratorio; así como una hoja de referencia hospitalaria en 15 junio 2021 practicado en Vicente Guerrero, Durango. En uso de la voz, la Fiscalía manifestó que algunas pruebas resultaban impertinentes, pues los hechos ocurrieron en 7 de junio de 2019 y no guardaban relevancia en cuanto a la posible participación del imputado, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitó fuera excluidos esos medios de prueba. Ahora, el juez de control, determinó que no era procedente excluir los medios de pruebas ofertados por el defensor del imputado, dado que se ofrecieron para demostrar el contexto de la teoría del caso del imputado; por tanto, se admitieron esos documentos, al ser pertinentes. Ahora, al momento en que la defensa le puso a la vista esos medios de prueba, la testigo los reconoció y relató los datos esenciales de cómo se practicaron esos estudios y también reconoció las recetas médicas de un Hospital de Vicente Guerrero, Durango; por otro lado, reconoció el documento de la Clínica el Salvador. Posteriormente, en uso de la voz la Fiscal del Ministerio Público realizó varias preguntas a la testigo en relación a los días que estuvo internado por el padecimiento de insuficiencia cardiaca; por su lado, en cuanto al cuestionamiento de la Fiscal de que compareció a declarar para ayudar a su hijo, la testigo le contestó que únicamente se presentó a decir la verdad. Asimismo, la testigo señaló los momentos en los que atendió a su hijo Cristopher García Pereyra, derivado de su padecimiento de insuficiencia cardiaca. Por otro lado, se siguió con el interrogatorio de la testigo Adriana Fabiola Pereyra Ávila, quien después de haberle hecho saber las penas en que incurren y protestó conducirse con verdad; asimismo, renunció a su derecho de abstenerse a no declarar y al respecto, en esencia declaró: Que durante el mes de abril de dos mil diecinueve, su sobrino Cristopher estuvo enfermo y en ese tiempo, en abril de adelante, pues se le inflamaron muchos sus pulmones; ya que ayudó a su hermana a cuidarlo; y la ayudo entre los meses de mayo y junio de dos mil diecinueve, dándole de comer, aplicándole sus medicamentos y nebulizaciones, porque su hermana se iba a trabajar; que ese apoyo a su hermana lo daba en el domicilio ubicado en calle Manuel M. Ponce, Edificio 32, interior 304, colonia El Olivar, en Fresnillo, Zacatecas; de igual forma, refirió que la ayuda fue entre el mes de mayo y junio de dos mil diecinueve. Posteriormente, en uso de la voz la Fiscal del Ministerio Público realizó varias preguntas a la testigo, en relación a las nebulizaciones y en el caso, contestó que le inyectaba dexametasona, pues había días que no podía respirar; además, le checaba la presión y el azúcar. En otro aspecto, se continuó con el interrogatorio de la testigo Manuela Mendoza Lira, quien después de haberle hecho saber las penas en que incurren y protestó conducirse con verdad; asimismo, renunció a su derecho de abstenerse a no declarar y al respecto, en esencia declaró: Que Cristopher García Pereyra estuvo enfermo en su casa y vivió con ella casi tres meses; además, mencionó que comenzó con su enfermedad en marzo de dos mil diecinueve; pues empezó con que no podía respirar y primero, se dijo que tenía asma y luego bronquitis; que estuvo en el Hospital Regional de Fresnillo, Zacatecas y duró internado como de diez a doce días; después en el mes de abril de dos mil diecinueve, estuvo con su mamá, en los edificios Manuel M. Ponce y el doctor le recomendó mucho reposo; ahí, en ese lugar, estuvo convaleciente por más de dos meses y volvió a recaer; además, refirió que en ese lugar, lo cuidaban su abuelita y una tía de nombre Fabiola; lo cuidaron como dos meses; y cuando volvió a recaer, le comentaron a ella y les dijo, que se lo llevaran a su casa ubicada en Privada Veta de Platino, colonia Lomas de la Fortuna; y entre mayo y junio de dos mil diecinueve, fue cuando lo llevaron su casa y ahí le deba de comer. Posteriormente, en uso de la voz la Fiscal del Ministerio Público realizó varias preguntas a la testigo, en relación al estado civil del imputado y respecto del tiempo en que estuvo enfermo, a lo que la testigo contestó que en marzo de dos mil diecinueve, comenzó a estar enfermo; asimismo, la testigo refirió que su nieto sí era casado, pero que se separó de su mujer; además, agregó que en el mes de julio lo terminó de cuidar. Acto seguido, la defensa incorporó a la audiencia, las documentales consistentes en tres fotografías, mismas que fueron admitidas, ya que no existió oposición de la fiscalía. De igual forma, el defensor particular expresó diversos argumentos con los que justificó el diagnóstico del paciente Cristopher García Pereyra y que se encuentran en el expediente clínico; en el mismo sentido, realizó argumentos defensivos respecto de otros estudios de radiología. En otro aspecto, se realizaron diversos argumentos referentes a las recetas médicas indicadas al imputado Cristopher García Pereyra y además, uno hoja de ingreso hospitalario en Hospital de Vicente Guerrero, Durango, de la clínica El Salvador. Por otro lado, la defensa ofreció una documental del laboratorio de patología clínica de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, paciente Cristopher García Pereyra, en Ciudad Juárez en el cual fueron solicitadas pruebas de funcionamiento hepática, biometría hemática, practicados por la química farmacobióloga Laura Eva Duarte Muñoz; y de los que se hará mención en la etapa de debate e incorporados a juicio. Receso para que el defensor tenga platica con su defendido, sobre la pertinencia de rendir declaración. Ahora, en el disco VTS-01-3, el imputado manifestó su decisión de sí rendir declaración inicial; ante ello, el juez de control le hizo saber sus derechos constitucionales, entre ellos, la de tener una entrevista previa con sus defensor; no responder a preguntar que le pudieran generar una responsabilidad o bien, no autoincriminarse. Asimismo, el juez de control, le preguntó a la defensa si el imputado iba rendir su declaración de manera libre o a preguntas de las defensa, a lo que indicó que su cliente, rendiría su declaración de forma libre; a lo que el señor Cristopher García Pereyra, rindió declaración inicial, en la que en esencia manifestó: Que desconocía la orden de aprehensión y nunca ha tenido problemas legales, ni antecedentes penales; tampoco ha estado interno en una cárcel; y la mayoría de la gente sabía perfectamente que se dedica a la música; y todas las personas lo conocen por su voz, ya que cantaba. Y cuando lo capturaron en Ciudad Juárez, no se le proporcionó ninguna orden de captura; y hasta que se enteró fue cuando lo ingresaron al Penal de Zacatecas; y de las personas que lo denunciaron, sólo conocía a dos, a Sandra y a Rubí; en cuanto a Sandra, es hermana de su madrina de bautizo y las conoce de toda la vida desde chico; agregó que cuando se fue a vivir a Valparaíso, comenzó a tocar en la calle y después se hizo una banda; y en aquel entonces, se juntaba con ellos y no tenía ningún prejuicio contra ellas; además, dijo que no sabía porque los acusaba a él, si ella sabía perfectamente que él no fue; siendo todo lo que quiso manifestar. Acto seguido, en uso de la voz, el defensor del imputado, manifestó que no era su deseo interrogarlo. Por otro lado, la Fiscal del Ministerio Público, solicitó realizar preguntas al imputado, quien manifestó que sí daría contestación, a lo que pudiera contestarles: Al respecto, Cristopher contestó que las víctimas Sandra y Rubí lo ubicaban perfectamente porque él vivía en Valparaíso, Zacatecas; que su padecimiento es del corazón y señaló que se sometía a exámenes médicos y clínicos para justificar que todavía padece esa enfermedad; a una pregunta de la Fiscal a que con ese padecimiento se podía vivir normalmente y en ocasiones, provocó que se le complicara y a ello, el imputado contestó que sí; que en Valparaíso, lo conocen como "Damaso" o "Jomillo", aclarando como surgió el apodo de "Damaso" y que llegó a vivir a Valparaíso, cuando él tenía como catorce o quince años; siendo todas las preguntas. Argumentos de la defensa. Acto seguido, al terminar el interrogatorio al imputado, se le otorgó el uso de la voz a la defensa y expuso en esencia: En principio, relató las declaraciones que se recabaron de las víctimas de identidad reservada, insistiendo en que dos de las víctimas no realizaron alguna manifestación relativa a que hubieren reconocido a alguno de los plagiarios por su voz, ni tampoco escuchó algún apodo. De todo lo anterior, la defensa destacó que de toda la información presentada por la Fiscalía, se apreciaba la comparecencia de la víctima Sandra, hasta el siete de diciembre de dos mil veintiuno, a las doce horas con veinte minutos, en la Unidad de secuestros de la Fiscalía del Estado, aportó cosas diferentes, entre ello, refirió que la víctima mencionó que no aportó algunos datos que vivió durante su cautiverio el siete de junio de dos mil diecinueve y aclaró, que por miedo a que le fueran a hacer algo a ella o a su familia, pues la había amenazado con hacerle daño; además, mencionó que ella y su amiga Rubí, conocían a una persona llamada Cristopher García Pereyra, a quien le realiza una imputación, pues las estuvo cuidando por tres días y que desde el primer momento lo reconoció pues se le hizo la voz conocida. Al respecto, la defensa señaló que esa es la información más importante de esa comparecencia y expuso que la víctima en todo momento mencionó que las personas estuvieron cubiertas de su cara; y que en ningún momento pudieron observar a sus plagiarios; que en su primera declaración relató que estuvo escuchando las voces de las personas que las cuidaban, pero si conocía a Cristopher como dijo conocerlo al igual que su amiga Rubí, lo cierto es que desde ese primer momento y su declaración en la fiscalía, pudieron haber aportado esa información en su primera declaración y por ello, resulta sospechosa que se haya aportado esa información tanto tiempo después; además, de que no coincidía con la información que la víctima Rubí dio en su declaración, porque ella en ningún momento hizo el señalamiento de imputación al detenido, tal como lo destacó la diversa víctima Sandra. Derivado de ello, la defensa manifestó que no se podía encontrar ninguna justificación o sustento, dado que la primera declaración no contenía esa información o señalamiento so pretexto de que se encontraba amenazada o con miedo, sin embargo, del dictamen psicológico practicado a la víctima, el quince de junio de dos mil diecinueve, determinó que se detectó un estado emocional disfórico en grado moderado; lenguaje verbal congruente con lenguaje corporal; sin modificación en la memoria a corto o largo plazo con atención enfocada y mantenida sin problemas; presentó pensamientos sin alteración en su contenido; presentó lenguaje congruente en su tono, bajo en volumen y fluido en su velocidad; sin presentar alteración en la senso percepción, ya que no presentó ningún tipo de alucionaciones; presentó autocrítica normal; control de impulsos y tolerancia a la frustración normales. Por otro lado, hizo referencia a las declaraciones ofrecidas en la audiencia, con las que se logró demostrar la teoría del caso, pues el imputado se encontraba en un estado de salud, en el que no se podía mover ni tomar decisiones; además, relató qué actividad realizó cada uno de los atestes, en el sentido de cooperar con el debido cuidado del imputado Cristopher García Pereyra. Como consecuencia, la defensa concluyó que Cristopher García Pereyra no pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo y solicitó que no se vinculara a proceso al imputado. Receso de la audiencia de vinculación a proceso por cuestiones ajenas. Al terminar su exposición el abogado defensor, el Juez de control, hizo del conocimiento de las partes, que era necesario llevar a cabo un receso de la Sala de videoconferencias, en virtud de que una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, tenía la necesidad de celebrar una audiencia diversa. Ante ello, se decretó un receso de veinte minutos. Argumentos del Fiscal. Acto seguido, en la audiencia referida, la fiscal en uso de la voz, expresó argumentos tendentes a justificar que las víctimas sí conocían al plagiario derivado de que en todo Valparaíso, lo conocían porque tenía un grupo musical. Por otro lado, en cuanto a los testimonios presentados por la defensa a favor de Cristopher, los mismos resultaron irrelevantes, pues si bien es cierto que quedó claro que el imputado padece una enfermedad, sin embargo, ello no le impedía realizar su vida cotidiana y tuviera actividad normal en su desarrollo; ahora, en cuanto al reposo absoluto, las recetas médicas revelaron un plan hospitalario o internación del catorce de marzo al uno de abril de dos mil diecinueve, tan es así, que lo dieron de alta y le dieron medicamente para que pudiera seguir con su vida cotidiana, aunado a que de las notas médicas se podía advertir que la complicación que tuvo lo fue por el consumo de drogas y en específico de cocaína; situación que no mencionó la madre a preguntas de la fiscalía. Ahora, en cuanto al expediente clínico, relató que se advertía que el lugar de residencia de Cristopher lo era en Valparaíso, y como se manifestó por las testigos, que el imputado residía en Fresnillo, Zacatecas; situación porque todo el pueblo lo conocía ahí; tanto como Cristopher como "Damaso"; y en el caso, no resultó ser cierto lo que mencionó la tía del acusado, en el sentido de que Cristopher tenía una discapacidad, pues en realidad lo probado era una enfermedad, la cual era tratable, curable y le permitía realizar sus actividades bajo seguimiento médico. Por otro lado, en cuanto a las notas médicas y consultas realizadas con cardiólogos, no quedó duda de que el imputado estuviera padeciendo la enfermedad, sin embargo, ninguno de las testigos logró demostrar que estuvo haciendo Cristopher durante el periodo del siete al quince de junio de dos mil diecinueve, en que fue liberada Sandra. Derivado de lo anterior, la Fiscal del Ministerio Público concluyó que la manifestación de la defensa en el sentido de que la segunda declaración de la víctima Sandra era sospechosa, resultó infundada, dado que la víctima fue la única que padeció su privación de la libertad y fue hasta ese momento (siete de diciembre de dos mil veintiuno), que se sintió segura de declarar e identificar a uno de sus plagiarios de nombre Cristopher García Pereyra, pues sí lo conocía, ya que vivió su privación de libertad a través de sus sentidos; más aún que el Policía Primero de Investigación, le informó a la Fiscalía que el señor Henry Alvarado proporcionó datos relativos a que en el vehículo en que fueron plagiadas las víctimas, lo había ofrecido Cristopher para venta en redes sociales, que incluso testigos en el municipio de Valparaíso, se dieron cuenta de ello. Situación que fue corroborada por Sandra en su ampliación de declaración de siete de diciembre de dos mil veintiuno. Ante ello, la fiscalía solicitó no se tomaran en cuenta los argumentos expresados por la defensora y se vinculara a proceso al imputado en los términos solicitados. Réplica de la defensa. Acto seguido, se le dio el uso de la voz a la defensa, quien expresó argumentos para justificar la no vinculación a proceso, reiterando sus exposiciones anteriores, dado que la Fiscalía no recabó datos de prueba suficientes. Contrarréplica por parte del fiscal. Ahora, se le otorgó el uso de la voz a la fiscal, quien reiteró que existían suficientes elementos para dictar un auto de vinculación a proceso. Resolución de vinculación a proceso. A partir del minuto 27:24 de la carpeta 2, disco VTS-01-2, el juez de control procedió a resolver la situación jurídica del señor Cristopher García Pereyra. En principio, el juez de origen expuso que emprendería un análisis acorde a los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer una valoración libre y lógica de estos antecedentes de investigación, presentados tanto por la fiscalía como por la defensa, además tomando en cuenta los argumentos en vía de debate, abordó la resolución en cuatro momentos distintos; diseccionándola primero en el estudio del secuestro agravado acaecido en perjuicio de Sandra y Rubí, un segundo momento trataría del secuestro agravado en perjuicio de Luis Eduardo, un tercer momento abordaría el tema de la privación ilegal de la libertad en perjuicio de la víctima Martha y, finalmente, como cuarto momento de análisis sería el tema de la probable responsabilidad de Cristopher García Pereyra. PRIMER MOMENTO DE ANALISIS En ese sentido, en el primer momento de análisis se avocó al tema del secuestro agravado cometido en perjuicio de Sandra y de Rubí; a su vez, estableció que el tipo penal se encuentra alojado en el artículo 9, fracci6n I, inciso A de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como el artículo 10, fracción I, incisos b) y c) de dicha normatividad y, de estos, se podían advertir los dos elementos esenciales de ese tipo penal. El primero de ellos, era la privación de la libertad de una persona. El segundo era que fuera con la finalidad de obtener un rescate. Así entonces, se tomó en cuenta, en un primer momento, la denuncia de Henry Alvarado, esposo de Sandra, en donde el día siete de junio del año dos mil diecinueve refirió que se encontraba en su domicilio, que se puso en contacto con su esposa que había salido a dar una vuelta con sus amigas y que aproximadamente a las dos de la mañana tuvo la última llamada para con ella donde todavía le contestó y le hizo del conocimiento que iba a la compra de unas cervezas y que llegaría más tarde a la casa; asimismo, destacó que al ser las cinco de la mañana y al ver que no había llegado su esposa (la víctima Sandra), le marcó al teléfono y que lo mandó a buzón. A su vez, precisó que era una primera noticia criminal en donde se dio cuenta de que, efectivamente había la presunción, por lo menos hasta ese momento de una privación de la libertad para con Sandra; también se contó con una denuncia interpuesta el día siete de junio del año dos mil diecinueve en donde el padre de la otra víctima Rubí, hizo del conocimiento que el día seis de junio salió con su amiga Sandra a dar la vuelta y que por la madrugada al tratar de contactarla, ya no había podido localizarla, por lo que, hasta ese momento existió la probabilidad de que se hubiese privado de la libertad a esa victima Rubí. Además, para poder corroborar esta circunstancia, el juez de origen destacó que el día siete de junio de dos mil diecinueve se dio una denuncia por parte de la víctima Martha, en donde narró lo que aconteció el día seis de junio del año dos mil diecinueve donde de manera clara, expuso que al dar la vuelta junto con sus amigas Sandra, Rubí y una persona de nombre Eduardo, se encontraban estacionadas en determinado lugar de Valparaíso, Zacatecas donde fueron abordados por distintos hombres encapuchados que arribaron en un vehículo, los obligaron a subir a ese vehículo y los llevaron hacia un lugar, dijo ella, en el monte, donde bajaron a Eduardo privándolo de la vida; también dejaron en ese lugar a Martha, no sabiendo que fue lo que aconteció con el paradero de sus amigas Sandra y Rubí. A su vez, sobre tal aspecto, el juez de control, destacó que ese antecedente de investigación corroboró la probabilidad que se trataba en cuanto a las denuncias de Henry y Joaquín en el sentido de que, probablemente se había privado de la libertad a sus familiares; además, Martha corroboró que sí fueron privadas de la libertad, pero, luego de que existió un rescate, tanto de Sandra como de Rubí; ellas rindieron su declaración. Ahora, Rubí en el sentido de que, efectivamente como lo dijo su amiga Martha, el día que acontecieron los hechos, el jueves siete de junio se encontraba en compañía de Martha, de Sandra, de Luis Eduardo; que estaban estacionados, que llegó una camioneta, que los hicieron bajar y subir a otra camioneta, que se los llevaron hasta un lugar solitario en donde bajaron a Martha y a Luis, que escucharon un disparo y que después solamente a ella (Rubí) y Sandra se las llevaron a un claustro donde estuvieron determinado tiempo. Ante ello, el juez de origen, explicó que existía un antecedente concreto y solido que demostró que sí hubo una privación de la libertad para Rubí y Sandra, pues ésta, una vez que fue liberada rindió su dicho en donde en similitud de circunstancias manifestó haber sido privada de la libertad cuando estaba en compañía de Rubí, de Martha y de Luis Eduardo el día siete de junio aproximadamente a las dos de la mañana, con circunstancias parecidas a las narradas por Rubí y por Martha, manifestando que efectivamente estuvo privada de la libertad durante cierta temporalidad, aproximadamente ocho días. Situación que sirvió de base para sostener que esas dos personas estuvieron privadas de la libertad. Derivado de ello, el juez de Control, se refirió sobre el antecedente de investigación consistente en las tarjetas informativas levantadas por la Policía de Investigación en donde se informó del manejo de crisis realizado, tanto en la casa de Sandra como en la de Rubí, en donde Policía de Investigación estuvo al tanto de las negociaciones en donde se pedía por el rescate de Sandra una cantidad en específico y también por Rubí, es decir, la Policía de Investigación estuvo al tanto de la privación de la libertad de estas dos personas. Por tanto, sí se colmó ese elemento esencial del tipo penal del secuestro. Por otro lado, el segundo de los elementos relativo a que la privación sea específicamente con una finalidad determinada, en el caso de Sandra y de Rubí, lo fue para obtener rescate, y efectivamente, también se vio corroborado con lo que sostuvo el agente del Ministerio Público, pues se encuentran tarjetas informativas de Policía de Investigación en donde en todo momento llevaron a cabo una asistencia y un auxilio a los parientes de las víctimas, tanto de Sandra como de Rubí en sus domicilios, en donde se dio cuenta la Policía de Investigación que a Henry, esposo de Sandra le pedían Diez Millones de pesos, y además, dentro de ese informe se pudo dar cuenta que Henry entregó, en vía de rescate, un vehículo marca Honda, línea Accord, así como una camioneta RAM de la que entregó papeles y además la cantidad de $295,000.00 pesos (doscientos noventa y cinco mil pesos); ese hecho fue en Fresnillo Zacatecas. También dentro de esos informes se dio cuenta que la familia de Rubí, le pedían cinco Millones de pesos, quien entregó la cantidad de $130,500.00 (ciento treinta mil quinientos pesos m/n), en Fresnillo, Zacatecas, es decir, no solamente se encuentra el dicho de Henry como esposo de Sandra, sino que se justifica con la información de la Policía de Investigación, en donde, al ser una policía que llevó a cabo ese tipo de diligencias, en donde se dio cuenta de que, efectivamente, el motivo de la privación de la libertad lo fue para pedir rescate, tan es así que, incluso, para la liberación de las dos víctimas se dieron cantidades de dinero y bienes muebles. Siendo así, se concluyó que sí existió un secuestro, una privación de la libertad en su modalidad de secuestro para con Sandra y Rubí, pues el agente de Ministerio Público refirió que se trataba de un secuestro agravado en términos de lo previsto por el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos den materia de Secuestro. En el caso, el inciso b), trataba el tema de que los sujetos activos hayan sido dos o más personas y, en el caso del dicho tanto de Sandra como de Rubí, se podía establecer que fueron más de dos personas la que arribaron ese día de los hechos a privarlas de su libertad, sostenido también por una testigo presencial de los hechos que también se convirtió en víctima de nombre Martha Elena, quien manifestó que el día de los hechos se trataba de más de dos personas las que arribaron a dicho lugar cerca del COBAEZ en Valparaíso, Zacatecas. De ahí, que se acreditó esa agravante, así como también la ubicada en la fracción I, del artículo 10 en su inciso c), de la citada ley, pues la víctima de nombre Martha Elena refirió que el acontecimiento de privación de la libertad se realizó con violencia, y en el caso, las tres víctimas Martha, Rubí y Sandra manifestaron que la forma en la que fueron abordadas lo fue de manera violenta en virtud a que se utilizaron armas de fuego y comandos verbales agresivos. Ante ello, resultó evidente que en la utilización de armas de fuego como lo refirió el agente del Ministerio Público, rompió con la oposición que podía tener una víctima en ese tipo de acontecimientos y consecuentemente se calificó de violenta esa actividad. SEGUNDO MOMENTO DE ANALISIS En un segundo aspecto, el juez de Control responsable, procedió al estudio de la conducta de secuestro agravado en perjuicio de Luis Eduardo y derivado de la reclasificación que hizo el juzgador se tomó en cuenta el artículo 9, Fracción I, inciso c), de la ley citada; en virtud de que, los elementos esenciales para el análisis de este tipo penal son los siguientes: La privación de la libertad de una persona, cuya finalidad sea causar daño a la víctima. Ahora, en la clasificación el Ministerio Público utilizó el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la ley aplicada y por lo que refería a que se haya privado de la libertad a Luis Eduardo, de eso se encargó de manifestarlo tanto Martha como Rubí y Sandra, es decir, tres víctimas sobrevivientes a los hechos del día siete de junio de dos mil diecinueve. Sobre tal aspecto, el Juez de Control relató que en un primer momento Martha manifestó que se encontraba dando la vuelta en la noche con Eduardo con Rubí y con Sandra; que los privaron de la libertad a los cuatro; se los llevaron al monte en donde los hicieron descender tanto a ella como a Luis Eduardo. También Sandra manifestó situaciones similares y lo mismo Rubí; los tres sostuvieron que también Luis Eduardo fue privado de la libertad. Ahora bien, el segundo de los elementos del tipo es que sea con la finalidad de causar daño, esto se establece en virtud a que por dicha persona de nombre Luis Eduardo nunca se pidió rescate; nunca se le llevó a un claustro; pues a este de manera intempestiva lo hicieron descender del vehículo según dijeron tres víctimas presenciales de los hechos, específicamente, la más importante Martha, pues ella si fue la que presenció el momento en el que bajaron al sujeto pasivo Luis Eduardo y le causaron un daño; el cual quedó reflejado en un disparo. Dicha cuestión quedó debidamente corroborada, es decir, la finalidad que tenían los sujetos activos, pues la intención para con Luis Eduardo era precisamente causarle un daño porque así lo dijo Martha y porque, además, cuando fue entrevistada dio cuenta del lugar en donde acontecieron esos hechos del disparo para con la víctima Luis Eduardo; a su vez, llevó a la Policía de Investigación, quien realizó maniobras de investigación. Es por ello, que el juez de Control estableció que sí se trataba de un secuestro agravado con la clasificación o reclasificación jurídica establecida. En lo relativo a las agravantes, el juez de Control consideró necesario asumir el mismo argumento que se dio para con las victimas Sandra y Rubí en lo que hacía a que hayan sido más de dos personas y que haya sido con violencia. Ahora, en el caso, se trataba de la agravante contenida en el artículo 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos den materia de Secuestro, consistente en que la víctima haya sido privada de la vida por los sujetos activos esto fue evidente, pues así lo dijo Martha, testigo presencial del momento en que fue privado de la vida Luis Eduardo, pero además, por diligencias levantadas por Policía de Investigación; diligencias consistentes en identificación de cadáver, en donde se detallaron las características del cuerpo, el certificado médico de necropsia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve en donde Roger Caldera manifestó que la causa de muerte fue por herida producida por proyectil, misma que fue penetrante en cráneo; además, existió un reconocimiento de cadáver por Braulio y Micaela, padres del sujeto pasivo, donde efectivamente lo reconocieron y aportaron un acta de nacimiento. Es pues, por tales antecedentes de investigación que el Juez de Control estableció que la víctima que fue privada de la libertad con una finalidad de hacerle daño; fue también privada de la vida y, por ello, se actualizó esta agravante por lo que hace a la víctima Luis Eduardo. TERCER MOMENTO DE ANALISIS En un tercer momento, el Juez de Control, procedió al análisis del delito de la privación ilegal de la libertad en perjuicio de la víctima Martha, que se encuentra sustentado en una clasificación jurídica ubicada en un ordenamiento legal distinto como lo es el Código Penal para el Estado de Zacatecas, específicamente en su artículo 265, fracción I; de ahí, se podían desprender los siguientes elementos esenciales: El primero de ellos es que se verifique la privación de la libertad de una persona, es decir, la privación de la facultad para deambular a donde la victima desee. El segundo de los elementos es que esa privación sea de manera ilegal. Al respecto, precisó que era innegable que Martha sí fue privada de su libertad; sí se le vedó de la posibilidad de auto determinarse, a donde dirigirse o a donde no dirigirse, porque por medio de la violencia se le hizo descender de un vehículo, se le hizo subir a otro, se le llevó a un lugar que ella no quería y se le hizo bajar de esa camioneta. Además, no se estableció, hasta ese momento, el tiempo o la cronología para poder determinar la temporalidad en que estuvo privada de la libertad pero era evidente que lo estuvo; pues ella lo dijo de esa forma, también lo dijo Rubí y lo dijo Sandra, ambas también como víctimas en donde dieron cuenta que, junto a ellas y Luis Eduardo también los hicieron bajar del vehículo en que se encontraban para subirlos a otro, haciéndola descender, dijo Martha en un paraje solitario. Es por ello que, efectivamente fue privada de su libertad de deambular y de determinar que hacer y no hacer. En cuanto al segundo de los elementos consistente en que la privación fuera de manera ilegal, el juez de Control explicó las detenciones legales son aquellas que establece el artículo 16 Constitucional; que se encuentren apegadas a esa normatividad, es decir, que "es legal aquella detención que sea ordenada por autoridad judicial o puede ser también administrativa, o sus excepciones por flagrancia y caso urgente"; y en el caso en concreto no se verificó ninguna de esas circunstancias, dado que fue una detención ilegal porque no medió una orden judicial o administrativa, no hubo flagrancia, no hubo caso urgente; más aún que quienes le privaron de la libertad a Martha no tenían esas facultades para llevar a cabo esa detención y por ello, se tornó ilegal esta detención y/o privación de la libertad. De ahí, que sí se verificó un hecho con apariencia de delito como lo es la privación ilegal de la libertad con la clasificación jurídica ya establecida. CUARTO MOMENTO DE ANALISIS En otro aspecto, el juez de Control precisó que era el momento de analizar la probabilidad de que Cristopher García Pereyra haya sido aquella persona o una de las personas que participó como autor, coautor o participe en ese hecho criminoso. Al respecto, indicó que era innegable la actualización de hechos, pues era claro que hubo una privación de la libertad de cuatro personas, que dos de ellas fueron llevadas a un claustro; que otra de ellas fue bajada en un paraje solitario y que otra de ellas perdió la vida; que tales hechos fueron sustentados con los antecedentes de investigación ya mencionados. A su vez, sobre el punto de quienes pudiesen haber llevado a cabo esos hechos criminosos, un procedimiento jurisdiccional ya determinó que dos personas fueron responsables y así se decidió por sentencia emitida por un tribunal de enjuiciamiento. Ahora, en cuanto al nombre de Cristopher García Pereyra y su identidad, el juez de Control explicó el señalamiento de tal persona surgió del dicho de la víctima Sandra, y en el caso en concreto estableció que existían dos teorías activas del caso, dado que ambas tenían una visión de cómo acontecieron los hechos y tenían medios de prueba en los cuales se pretendían sustentar la veracidad de tales teorías. Con motivo de ello, destacó que era necesario analizar cada una de esas teorías y los antecedentes de investigación que intentaban soportarlas y con ello determinar la situación jurídica de Cristopher García Pereyra; y para ello, precisó que ambas teorías tenían elementos importantes. Por una parte, se tenía la visión originaria de la fiscalía, la cual tenía la calidad de ordinaria porque fue la que formuló la imputación, la que se soportaba desde luego de manera primigenia con el reconocimiento que realizó Sandra para con un sujeto activo que lo es Cristopher García Pereyra. Ante ello, destacó que tal reconocimiento se realizó en un primer momento; y para ello, refirió que había una denuncia que levantó Sandra un día después de que fue liberada en donde narró los hechos, pero específicamente, lo que interesaba era la circunstancia que vivió en el claustro en donde señaló que escuchó voces, que no tenía vendas, entre otras cosas, pero no señaló hasta ese momento a persona alguna como lo era Cristopher; sin embargo, con posterioridad, el primero señalamiento que se hizo hacia tal personal, propiamente lo hizo Henry, esposo de Sandra. Ello fue así, pues Henry en vía de entrevista, tan solo dos meses después aproximadamente de la liberación de su esposa Sandra, es decir, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento por vía de entrevista al Policía de Investigación que su esposa le había comentado que cuando se encontraba privada de la libertad había reconocido la voz de Cristopher, el tono y el timbre del mismo. Así pues, era una información que posteriormente fue corroborada por vía de entrevista, en un tiempo después, dos años quizá después, en donde Sandra ya ante la fiscalía, de manera concreta y directa hizo una imputación hacía Cristopher García Pereyra sin temor a equivocarse; lo anterior, dado que a esa imputación le dio certeza cuando refirió que era una persona que conocía, que era una persona que era familiar, ya que era ahijado de su hermana, que lo conocía porque incluso era cantante en grupos de música regional en Valparaíso, Zacatecas; que lo conocía además porque sabía que se dedicaba a vender coches o a "acomodar" coches de la delincuencia organizada, es decir, sabía incluso hasta donde vivía, dio la calle en la que vivía; tenía un conocimiento amplio de quien era Cristopher. Aunado a ello, el Juez de Control, explicó que para que fuera creíble el reconocimiento del imputado, se tenía la entrevista a Henry en donde de manera anticipada dijo que Sandra ya había reconocido a Cristopher. Sin embargo, la defensa intenta desvirtuar el dicho de Sandra poniéndolo en entredicho con la circunstancia consistente en que tardó más de dos años en definir su voluntad para dar mayores datos respecto de los días en que estuvo privada de la libertad; además, la defensa dijo que eso era sospechoso, lo que quizá pudiese tomarse en cuenta como una animadversión de Henry, esposo de Sandra para con el señor Cristopher. Al respecto, el Juez responsable, destacó la existencia de un antecedente de investigación que llamaba la atención; que fue utilizado por la defensa y también por el agente del Ministerio, que lo era el dictamen psicológico; sobre ello, se precisó que esa opinión pericial se hizo de forma inmediata a la liberación de Sandra y consecuentemente era un dictamen que aparte de ser el único; fue emitido por peritos en la materia que se dedican; era de la fiscalía general y era objetivo, incluso la defensa manifestó que era un dictamen objetivo, pues tenía todos sus elementos y de ahí se podía desprender que tenía un estado de ánimo disfórico moderado pero, que eso se veía reflejado en temor y ansiedad. Aunado a lo anterior, el juez responsable señaló que desde luego era lógico, como lo informó el Ministerio Público, que haya tenido esas características en su esfera de estabilidad emocional o en su desestabilización emocional porque tenía un estado disfórico, es decir, sí se tenía temor, evidentemente era un temor que derivó de circunstancias que el Ministerio Público fue puntual en señalar; porque estuvo privada de la libertad por ocho días; estuvo amenazada durante esos ocho días; estuvo presente cuando se le privó de la vida a uno de sus amigos; escuchó el disparo; y si bien fue cierto no lo advirtió, escuchó el disparo; además, Sandra sabía entonces que no se encontraba en una situación cualquiera dado que, los sujetos activos tenían tal calidad delictiva; pues tenían el ánimo de privar de la libertad a personas y de privar de la vida también. De esos aspectos, el juez explicó que con qué ánimo una víctima, después de salir del claustro, comparecería a señalar a uno de sus secuestradores; además la ciencia refiriéndose al dictamen psicológico que la víctima se encontraba en un estado de temor perfectamente sustentable. Por lo que, refirió que dos años después no fue cuando evidenció que había sido Cristopher uno de sus secuestradores; sino dos meses después; y el por qué fue hasta después de dos años después que la víctima tomó la voluntad para ir al Ministerio Público no se sabía el juez de Control; ni la defensa y tampoco el Ministerio Público, pero, sí era sustentable el por qué no lo dijo en su momento. Ahora, el Juez de Control decidió que no era una falta de antecedente de investigación consistente en que Rubí no haya identificado a Cristopher, y que por ello, se le restara valor al dicho de Sandra, porque quizá Rubí no ha decidido denunciar, pues era lógico que en un asunto de esa naturaleza, si Sandra lo hizo, tuvo sus razones, en cambio, si no se ha animado Rubí, ello no le quitaba valor al ánimo de Sandra. A su vez, el Juez responsable, destacó que era importante el tema del análisis que se llevó a cabo desde una sábana de llamadas o de datos conservados y para ello, refirió lo manifestado por el agente del Ministerio Público, en el sentido de que fue de una temporalidad muy corta que abarcaba del día de los hechos, es decir, de junio a julio de dos mil diecinueve, cuando se tuvo un análisis de una sábana de llamadas, es decir, de datos conservados y de inmediato se solicitó a un Juez Federal que le concediera el tema de los datos conservados y de inmediato se llevó a cabo un análisis, pues se tomó en cuenta por parte del Juez de control, que ese análisis se llevó a cabo el veintitrés de julio en donde se informó por Policías de investigación, lo que derivó de dicho análisis. Ahora, de dicho análisis derivó que había un número problema, ese número que termina con 97-91 y que fue con el que se estuvieron comunicando los plagiarios con los familiares de las víctimas Rubí y Sandra para pedirles rescate; que derivado de los datos conservados y del análisis que se levantó por parte de fiscalía general, a través de un perito específico en la materia, se determinó que esa línea telefónica fue ingresada a otros tres equipos; después, se identificaron esos tres equipos y se identificó que a esos tres equipos también se ingresó, a parte de esa línea problema, otro número como lo era el que terminaba con 39-32, y que, además ese número 39-32, pertenecía a uno de los tres equipos que utilizaron los sujetos activos; además, que esa línea telefónica se comunicó el día de los hechos, en horas de los hechos, en la madrugada del día siete de junio de dos mil diecinueve, con muchos, pero uno de ellos era un teléfono determinado y de ello, explicaría en la resolución. De igual forma, el Juez de Control, explicó el por qué surgió la importancia de ese aspecto, en la vinculación con un número que terminaba con 82-90; y para ello, precisó que el agente del Ministerio Público dijo que el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el señor Henry, no solamente informó al Policía de Investigación que sabía por dicho de su esposa que Cristopher era una de las personas que le privó de la libertad, sino que, además otorgó un cúmulo de números investigados por éste, en el sentido que eran los que utilizaba Cristopher. Además, abundó en el sentido de que esos números los investigó, porque su esposa le dijo que Cristopher era quien le había privado de la libertad junto con otras personas; que era uno de sus cuidadores, por eso se avoca, porque lo conocía y avocándose a eso aportó distintos números; se los entrega al Policía de Investigación; a su vez, el Policía de Investigación al Ministerio Público y la Fiscalía cotejó esos números y uno de ellos, específicamente el 82-90 era al que se comunicó el 39-32; es decir, la primera de las líneas era una de las líneas utilizadas por los sujetos activos el día de los hechos y que, curiosamente, tuvo este enlace telefónico aproximadamente a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de junio, pues el hecho aconteció aproximadamente de las dos de la mañana en delante, es por eso que resultó importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, el Juez de Control, expuso que la defensa adujo que se trataba de la obtención de investigación quizá con violación a derechos fundamentales, pero hasta ese momento no había antecedentes ni datos que lo pudieran establecer así. De igual forma, refirió que no se sabía cómo Henry obtuvo esos datos y por ello, el Juez responsable no podía determinarlos hasta ese momento como ilícitos por haberse obtenido de forma ilícita o ilegal, pues en el caso, no se sabía si fueron obtenidos con contravención a normas procesales para que fueran ilegales o con contravención a derechos fundamentales para que fueran ilícitos; sin embargo, únicamente se sabía que la Fiscalía obtuvo ese análisis en julio y que tenía el teléfono con terminación 39-32; y sobre ello, un mes después Henry, llegó con una investigación con ciertos números y cómo podría Henry "adivinar" los números que ya tenía fiscalía, que se encontraban vinculados y que uno de ellos era el 82-90; cómo lo podría adelantar Henry, pues éste proporcionó lo que él investigo, la fiscalía hizo un cotejo y encontró ese nexo; es por ello, que se hizo creíble el dicho de Sandra; más aún, por la existencia de un dictamen psicológico que determinó que la víctima tenía temor y que por eso lo pudo haber dicho hasta tiempo después. Segundo, porque tiempo después se lo dijo a Henry y éste se lo comunicó al Policía de Investigación. Tercero, porque luego la propia víctima Sandra se lo expuso a la fiscalía. Y cuarto, porque de ese enlace de números se dio cuenta de que sí había la probabilidad de que Cristopher haya realizado el acto delictivo, virtud de esa imputación que le hizo Sandra. Por otro lado, frente a esos datos de prueba, expuso el Juez de Control, que la defensa tenía una teoría del caso consistente en que no pudo haber sido Cristopher García Pereyra una de las personas que estuvo cuidando a Sandra porque este tenía un contexto que dejó claro en la audiencia, previo, durante y después los hechos acaecidos en la privación de la libertad a estas personas. Al respecto, señaló que esa enfermedad o cúmulo de enfermedades, padecimientos, afecciones, las daba por válidas; había antecedentes de investigación que así lo evidenciaron como lo era el expediente clínico adminiculado con el dicho de las testigos que fueron ofertadas en la audiencia; además, se entrelazaron con los documentos que hizo llegar la defensa, a través de la vía de reconocimiento y posteriormente de ingreso por lectura, los cuales fueron valorados como datos de prueba, es decir, ese cúmulo de datos y de documentos dieron cuenta, el hecho de que Cristopher sí tenía afecciones, y que Cristopher estuvo internado. Ahora, el juez responsable expresó que el punto máximo de la teoría del caso de la defensa era que, posterior a la alta que fue el uno de abril de dos mil diecinueve, siendo que fue internado desde el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, existió un reposo absoluto por haber sido instruido y recomendado por el médico del hospital general y además, que, posteriormente a esto, en mayo de ese año, cuando acudió con un cardiólogo, éste insistió en el reposo absoluto; mismo que se alargó por lo menos hasta el diecisiete de agosto de dos mil diecinueve cuando se llevó a cabo nuevos análisis. Aunado a ello, se destacó que lo importantes era que a partir del uno de abril de dos mil diecinueve, por lo menos hasta agosto o septiembre de ese año, el señor Cristopher García Pereyra estaba imposibilitado para estar en lugar distinto que no lo fuera la casa de su abuela materna y posteriormente la casa de su abuela paterna; además, atendido en la casa materna por su madre y su tía y en la casa de la abuela paterna por esta misma y que consecuentemente la lógica invitaba a que, desde luego, "nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo", consecuentemente no podía estar en un lugar Cristopher llevando a cabo el cuidado de víctimas cuando en junio refirió la defensa, se encontraba en estado grave en Fresnillo, Zacatecas. Sobre tal aspecto, el juez responsable, destacó que cuáles eran las pruebas de la defensa y para ello, se enfocó en el tema del reposo absoluto; y explicó que la madre, la tía y la abuela, quienes estuvieron en la audiencia, refirieron de forma puntual que estaba prescrito el reposo absoluto, sin embargo, era importante tomar en cuenta la documental ingresada por la misma defensa consistente en el expediente clínico en donde se pudo advertir que, el motivo del alta que se le dio fue por mejora clínica; sin embargo, las partes técnicas se dieron cuenta lo que se recomendó por el hospital general para con el señor Cristopher García Pereyra y en ninguna de esta información se refirió, puntualmente que hubiera un reposo absoluto, incluso la tía que estuvo aquí, manifestó que en el hospital se recomendó que tuviera reposo absoluto, que estuviera tranquilo, que no estuviera estresado y que tomara medicamento, pero, de lo introducido por la misma defensa se tuvo que, lo que se dio en la alta fue que tomara ciertas pastillas. Derivado de lo anterior, expuso el juez responsable, que no encontró de donde se obtuvo el que hubiera un reposo absoluto, no se sabía más que de los testigos y desde luego del señor Cristopher, pero de las documentales presentadas no; además, de un expediente clínico se sabía por experiencia que se asienta el proceso post-clínico que debe llevar la persona, pero no pudo desprender un reposo absoluto. Asimismo, expuso el Juez de Control, que era importante señalar que la tía de Cristopher señaló en tres ocasiones información que me llama la atención: En la primera ocasión dijo "le dijeron a la madre de Cristopher que ya no tenía remedio, por eso lo dieron de alta, porque ya no tenía remedio"; segundo dicho "que no había esperanza para Cristopher", tercer dicho "que no tenía remedio y que por eso se los dieron, porque ya no había remedio". Dicha información, refirió el Juez de origen que era contrario a lo expresado por las partes técnicas en el uso de ese expediente clínico; pues en ninguna parte se estableció que estuviera desahuciado, que no tuviera "remedio", que no tuviera esperanza; pues, al contrario el motivo del alta fue por mejora clínica, por tanto, existió cierto desvalor para con esas testigos, por lo siguiente: Primero, porque el tema del reposo absoluto no se vio sustentado con la documental importante como lo era el expediente clínico. Segundo, porque una de las testigos expuso información que ni siquiera refirió la madre, ni la abuela, ni tampoco algún documento, ni las partes técnicas; más aún que la testigo señaló que estaba desahuciado, que no tenía esperanza, que no tenía remedio y con ello intentaba sostener que por eso se los dieron, que por eso no podía salir de la casa porque ya estaba desahuciado; sin embargo, ello resultó contrario al alta médica por mejora clínica. Por otro lado, el juzgador de origen procedió a realizar la valoración de los testimonios ofrecidos por la defensa y que fueron desahogados en la continuación de audiencia de vinculación a proceso y en el caso, los desestimó en su totalidad, bajo los siguientes argumentos: No eran objetivos, se hacían tendenciosos, y no por ser familiares, ya lo que manifestado en esa audiencia, no era objetivo. De ahí, concluyó, que si el reposo absoluto era el tema de la teoría del caso de la defensa, no fue corroborada por el expediente clínico y además encontrando el dicho de la tía, fuera del lugar, lo que no fue sostenido, determinó restarle valor al análisis de esas probanzas y, consecuentemente consideró que había un mayor crédito para el dicho de Sandra que para el dicho de Cristopher por medio de su defensa en el sentido de no haber podido estar el día de los hechos en el lugar del claustro. Finalmente, el Juez de Control, consideró que sí había una probabilidad, que le dio credibilidad al dicho de Sandra, de Henry, y a la tarea de inteligencia de la fiscalía donde realizó cruce de información por sabana de llamadas, datos conservados y lo aportado por Henry Alvarado; por ello, decidió que había una probabilidad de que Cristopher fue una de las personas que participó en el secuestro en calidad de "cuidador" y, consecuentemente, coma coautor en términos de lo previsto por el numeral 13, fracción III del Código Penal Federal y acorde con el artículo 11, fracción II, del Código Penal en el Estado que contempla la misma figura de coautor. Asimismo, destacó que encontró, hasta ese momento una causa de justificación o excluyente de responsabilidad que beneficiara al señor Cristopher García Pereyra y por lo tanto, al encontrarse reunidos los requisitos del numeral 19 constitucional, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultó procedente vincular a proceso a Cristopher García Pereyra por existir la probabilidad en su comisión del hecho señalado por la ley como delito de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. Estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Así pues, una vez que se relataron las probanzas ofrecidas por la defensa, los argumentos del Fiscal y la resolución emitida por la juez de Control, que concluyó con el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera apegado a derecho por los siguientes motivos: El concepto de violación reseñado en el inciso a), relativo a que la primera declaración de la víctima Sandra, fue emitida un día después de que fue liberada, evidenció todos los acontecimiento a detalle, refirió no haber visto a nadie porque en todo momento tuvo el rostro oculto y que en ningún momento afirmó haber reconocido a alguien. Los argumentos en estudio, resultan infundados, acorde a lo siguiente: Ello es así, pues de la declaración de la víctima, rendida al día siguiente de su liberación, se logra apreciar con claridad que declaró que el seis de junio de dos mil diecinueve, se había quedado de ver con sus amigas de nombre Rubí y Martha; que ese día paso por cada una de ellas a su casa y que al andar juntas fue que se encontraron a Eduardo en la Alameda y lo invitaron a subir a la camioneta a dar la vuelta al centro de Valparaíso; para ello, se detuvieron cerca de Cobaez de ese municipio y en donde alrededor de las dos con veinte horas de la madrugada del siete de junio de dos mil diecinueve, arribó un vehículo con tres o cuatro personas encapuchadas, quienes portaban armas de fuego, y uno de ellos, le abrió la puerta, la sacó y la quisieron subir a otro vehículo; y cuando vieron que había más personas adentro de la camioneta la sacan y la avientan a la parte de atrás de su propia camioneta; con Eduardo y Martha, y al final bajaron a Rubí, quien iba del lado del copiloto diciéndoles que se agacharan y percatándose que se subió otra persona más en el lado del copiloto; además, la víctima señaló que su camioneta era una Ram, modelo 2018, color azul rey, con polarizado en la parte de atrás, emprendiendo así la marcha, poniéndole una chamarra en la cabeza para que no se levantara; luego de avanzar unos cuarenta minutos, se detuvieron y bajaron a Martha y a Eduardo, dejando a Rubí y a ella, dentro de la camioneta; en ese momento, escucharon un disparo de arma de fuego y fue cuando uno de los plagiarios los comenzó a vendar de la cara con cinta de aislar y que a partir de ahí, ya no volvieron a ver a Martha ni a Eduardo; y cambiándolas en ese momento a otro vehículo y luego de ello, avanzaron una media de camino, hasta llegar a un lugar desconocido, donde les quitaron la venda de los ojos y siendo amenazadas en todo momento con privarlas de la vida; asimismo agregó que la tuvieron alrededor de ocho días en ese lugar, pidiéndoles números de familiares y les proporcionó el de su esposo, y a Rubí, la alejaban en todo momento cuando quería hablar con ella, pues a Rubí la liberaron dos días antes que a ella; a su vez, relató que por la tarde noche de catorce de junio entraron por ella y la cubrieron con una chamarra, la subieron en la parte de atrás de un vehículo y luego de un recorrido de cuarenta minutos, la dejaron en la Estación de Cabrales rumbo a Valparaíso. Ahora, en el dictamen psicológico, se determinó que la víctima tenía un estado disfórico pero moderado, lo que significaba que se encontraba con miedo y temor, dado que estuvo privada de la libertad durante ocho días, estuvo amenazada, pues vivió la privación de la vida de uno de sus amigos, pues escuchó el disparo; aunado a que con ello, se dio cuenta que las intenciones de los agentes activos eran ciertas, ya que tenían el ánimo de privar de la vida a las personas. Además, este tribunal federal advierte que la declaración de la víctima fue tomada en tiempo y forma, sin presiones, en la que detalló los momentos difíciles que vivió Sandra durante los días de su privación de la libertad y en efecto, es cierto que en el momento de esa declaración, no dio información de haber reconocido a alguno de sus plagiarios, sin embargo, dos meses después, el señor Henry, esposo de la víctima, hizo del conocimiento del agente de Investigación Juan José Luna, que una vez que su esposa se fue recuperando del trauma emocional causado le compartió a su esposo que durante su cautiverio las personas que la tenían privada de su libertad no tenían conocimiento de su situación económica; que desconocía las causas del motivo de su secuestro, pero refirió que al tercer día de su plagio arribó un masculino, el cual iba cubierto del rostro con un pasamontañas; que a la víctima le llamó la atención esa persona debido a su timbre y tono de voz; posteriormente el secuestrador le hizo una serie de preguntas concretas en relación a su esposo, esto conforme a la propiedad de una camioneta de carrera de la marca Chevrolet color blanca, así como de un auto clásico de la marca Ford Maverick de gran valor; notando con ello, una gran desesperación con motivo de que su esposo no estaba cooperando; además, Sandra le manifestó a quien la entrevistó que reconoció a su plagiario por los rasgos visibles de su cara y de los ojos, y lo identificó como Cristopher García Pereyra "El Damaso", quien era conocido por una relación familiar, ya que era ahijado de la hermana de Sandra y que era un cantante reconocido en varias bandas locales del género regional mexicano; además, que la víctima sabía que en algún momento a Cristopher se le relacionó con personas de la delincuencia organizada, puesto que se encargaba de vender y colocar en el mercado que éstas personas necesitaban vender; y por ese motivo, el señor Henry que la información en relación a Cristopher era sabida por mucha gente y que se trataba de una persona con diferentes domicilios conocidos en Valparaíso y Fresnillo; además, el señor Henry se dio a la tarea de investigar y proporcionar a la Unidad los números telefónicos que sabían habían sido utilizados por Chistopher, a quien le apodan "El Damaso"; indagando con amigos y familiares y capturas de pantalla de conversaciones de whats app, así como de imágenes de Cristopher; esto con la intención de que se investigaran en los registros de la Policía, pues a Henry le fue informado por conocidos que Cristopher había ofrecido a la venta una camioneta Ram, modelo 2018, con características similares a las que le fue sustraída a Sandra al momento de su privación en fecha siete de junio de dos mil diecinueve; de ahí, que los números telefónicos aportados por Henry y derivado de las capturas de pantalla de diversas conversaciones de whats app, entre los que sobresalía el número 669-247-8290; número telefónico al que según el informe de análisis de crisis, se comunicaron el día y hora de la privación de las víctimas. Aspectos que de manera clara, evidencian que la víctima Sandra, después de haber recuperado su tranquilidad y sentirse segura, le informó a su esposo, de hechos no conocidos por la Fiscalía del estado, en los que hizo un señalamiento directo contra el imputado Cristopher García Pereyra; de ahí, que su declaración inicial reunió los requisitos de claridad y transparencia, sin que en el caso, haya ocultado información. Por otra lado, en cuanto al argumento a que la Policía de investigación después de dos meses que Henry (esposo de Sandra), les informó de la identidad de Cristopher García Pereyra, no hizo nada para continuar con la investigación y ordenar su detención. El concepto de violación es infundado. Sobre el punto, es necesario tomar en cuenta lo establecido por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dispone que la investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que sustenten el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño A su vez, el numeral 212 del citado ordenamiento legal, establece que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. A su vez, contempla que la investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Por otro lado, de acuerdo a lo previsto por el numeral 211, fracción I, inciso a), la etapa de Investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. De lo antes expuesto, se logra apreciar que la investigación inicial tiene por objeto que el ministerio Público recabe indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal y la acusación contra el imputado; de ahí, que si la Fiscalía no ordenó o solicitó la detención del imputado, no obstante de contar con datos de una imputación directa, ello únicamente reflejó que se encontraba en la etapa de investigación inicial, para reunir datos y con ello integrar una carpeta de investigación; y no fue, hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que el Fiscal adscrito a la Unidad Especializada en el delito de Secuestro, que solicitó el libramiento de una orden de aprehensión contra Cristopher García Pereyra, misma que se autorizó el nueve de diciembre de ese año. Aunado a lo anterior, es de indicarse que la circunstancia de que la Fiscalía no haya continuado con la investigación de inmediato después de que tuvo noticia de la identidad del plagiario de Sandra, no transgrede los derechos fundamentales de debido proceso del quejoso, pues como se precisó en líneas precedentes, en la audiencia de formulación de imputación se expusieron los hechos materia de la investigación y posterior a ello, la Fiscal expuso los antecedentes de la investigación y solicitó que el imputado fuera vinculado a proceso por los hechos que la ley señala como delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. De ahí, que en todo momento se cumplieron con los requisitos de la audiencia inicial, acorde a lo previsto por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se le informaron sus derechos constitucionales y legales, tales como tener derecho a un abogado que lo asista; tener derecho a ofrecer pruebas a su favor; tener derecho a no declarar; además, se le formuló imputación, en donde se le hicieron saber los antecedentes de la investigación y los hechos materia del hecho delictivo. En otro aspecto, la parte quejosa aduce que no existía evidencia de qué la investigación relativa a los números telefónicos aportados por Henry, haya sido autorizado de forma legal y por ello, no se le podía dar valor. El argumento es infundado. Ello es así, dado que el juez de control al momento de realizar el estudio de la probabilidad de que Cristopher García Pereyra, participó como coautor en el hecho delictivo, precisó que la Fiscalía tomó en cuenta una sabana de llamadas, de junio a julio de dos mil diecinueve, de un número con terminación 97-91 y que para ello, el Ministerio Público de inmediato acudió ante un juez federal que les concedió el tema de los datos reservados y de inmediato, se llevó a cabo el análisis de llamadas; a su vez, ese estudio cotejó los números que proporcionó Henry y uno de ellos, específicamente el 82-90 era al que se comunicó el 39-32; es decir, la primera de las líneas era una de las líneas utilizadas por los sujetos activos el día de los hechos y que, curiosamente, tuvo este enlace telefónico aproximadamente a las dos horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de junio, pues el hecho aconteció aproximadamente de las dos de la mañana en delante; aunado, a que el segundo número 39-32, era el que usaba Cristopher García Pereyra; de igual forma, ese estudio se realizó el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, pues así lo informó el Policía de Investigación; de ahí, que ese alegato carece de eficacia jurídica. En cuanto a lo manifestado en el sentido de que la víctima Rubí, después de haber sido liberada, no refirió que hubiere reconocido a Cristopher como uno de sus plagiarios, a pesar de conocer su identidad. El concepto de violación es infundado, dado que la víctima Sandra, corroboró lo que su esposo Henry le informó al Policía Juan José Luna, pues informó que derivado del secuestro que vivió el siete de junio de dos mil diecinueve, donde se llevaron a diversos amigos, y que luego de ser liberada, al haberse realizado el pago de la entrega por su rescate, mencionó que no dijo muchos de los momentos vividos en su cautiverio por miedo a que le fuera a hacer algo a ella o a su familia y en especial a sus hijos, ya que siempre la amenazaron con hacerle daño y es por ello, que hasta esa fecha señaló que una de las personas que a ella y a Rubí cuidaban durante su cautiverio es una a la que ambas conocían y que sabían se llamaba Cristopher García Pereyra y que desde el primer momento lo reconoció, porque se le hizo la voz conocida; que dicha persona traía pasamontañas para que no lo identificaran, pero cuando estaba en un cuarto de la casa donde las tenían es que él salió de la parte de la sala y como el cuarto no tenía puerta, vio que estaba en un sillón comiendo papás y fue cuando confirmó que efectivamente se trataba de Cristopher y a quien ubicaba por ser ahijado de una de sus hermanas, ya que también vivía en Valparaíso, en calle Francisco Villa de la colonia Centro y además, sabía que era cantante; que se dedicaba a la compraventa de carros y que se rumoraba que le vendía carros a la delincuencia organizada; mencionó además, que en el pueblo lo conocían como "El Damaso". Sin embargo, el hecho de que la víctima Rubí no mencionó el nombre de Cristopher como uno de sus plagiarios, no le generaba algún perjuicio al imputado, dado que el testimonio de Rubí, fue claro en no señalarlo como plagiario, ya sea porque no lo vio o en su caso, no lo recordó o tenía temor por lo vivido en los días de su privación de libertad; sin que hasta el momento procesal en que se encontraba la causa penal, se haya tenido noticia de alguna nueva declaración de Rubí; de ahí, que esa omisión en la declaración de la mencionada víctima no transgrede el derecho fundamental de debido proceso del imputado, pues como se mencionó en líneas precedentes, al momento de la formulación de imputación se le hicieron saber los antecedentes de la investigación y los hechos materia del hecho delictivo. Por otro lado, la parte quejosa aduce que el dictamen pericial en psicología concluyó que la víctima Sandra tenía un estado de ánimo disfórico pero moderado y a su apreciación, ello implicaba que no estaba en un estado de ánimo que pudiera repercutir en su veracidad o mendacidad; y por ello, solo debería tomarse como válida la primera declaración. El argumento es infundado. En el caso, es cierto que el perito en psicología, determinó que la víctima Sandra se encontraba en un estado disfórico pero moderado, sin embargo, ello no traía como resultado que la segunda declaración de la víctima, no tuviera valor, dado que el estado disfórico generó ansiedad en la víctima, quien con el paso de los días, recordó datos que vivió durante su cautiverio y que se los comentó a su esposo Henry, quien a su vez, lo hizo del conocimiento del Policía de Investigación; más aún, que en todo momento se respetó el derecho del imputado a ofrecer pruebas durante el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, en el que tuvo la oportunidad de desvirtuar las pruebas de la fiscalía, conforme lo contempla el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional (72 horas) o en su ampliación (144 horas), presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. En otro aspecto, son infundados los conceptos de violación reseñados en los incisos b), c), d), e), f) y g), en los que en esencia, la parte quejosa refiere que el imputado no pudo haber participado en el evento delictivo, pues con los testimonios de Matha Cecilia Pereyra Ávila, se acreditó que estuvo internado, después en tratamiento médico y reposo absoluto y posterior a ello, bajo el cuidado de su abuela materna; que de ello, se dio cuenta Adriana Fabiola Pereyra Ávila, pues ella le aplicaba sus ampolletas y le daba de comer; y esos hechos, se acreditaron con los expedientes clínicos del Hospital General de Fresnillo, Zacatecas. Ello es así, ya que como bien lo expuso el juez de Control, la teoría del caso de la defensa, no resultó suficiente para el fin pretendido dado que, el motivo del alta fue por mejora clínica, por tanto, existió cierto desvalor para con esas testigos, por lo siguiente: Primero, porque el tema del reposo absoluto no se vio sustentado con la documental importante como lo era el expediente clínico. Segundo, porque una de las testigos expuso información que ni siquiera refirió la madre, ni la abuela, ni tampoco algún documento, ni las partes técnicas; más aún que la testigo señaló que estaba desahuciado, que no tenía esperanza, que no tenía remedio y con ello intentaba sostener que por eso se los dieron, que por eso no podía salir de la casa porque ya estaba desahuciado; sin embargo, ello resultó contrario al alta médica por mejora clínica. Aunado a ello, el tema relativo al reposo absoluto, no quedó probado, pues tanto la madre, tía y abuela, refirieron en forma casi similar que estaba prescrito el reposo absoluto, sin embargo, de las documentales aportadas en la continuación de la audiencia, se allegó el expediente clínico, en el que se pudo advertir que el motivo de alta, fue por mejora clínica; de ahí, que ninguna de esa documentales demostró que el imputado tuviera prescrito reposo absoluto, más aún que la alta se autorizó, bajo el seguimiento de tomar ciertas pastillas. En concordancia con ello, el juez de Control, de manera clara y precisa señaló que no se había obtenido algún dato relativo a que el paciente requería reposo absoluto, más aún que la información de la tía de Cristopher no era coincidente con el expediente clínico, pues ella señaló que lo dieron de alta, porque ya no tenía remedio o bien, porque ya no había esperanza para Cristopher; al respecto, tal afirmación era contraria a lo asentado en el expediente clínico, pues en ninguna parte, se determinó que el paciente estuviera desahuciado o que no tuviera remedio. En el mismo sentido, es de mencionarse que los datos de prueba aportados por la defensa del imputado en la continuación de la audiencia, no eran objetivos, ni tuvieron el alcance de justificar la teoría del caso de la defensa, ya que como bien lo expresó el juez de Control, el reposo absoluto no se corroboró con el expediente clínico y además, el dicho de la tía de Cristopher, no tuvo sustento legal y por ello, no se le otorgó valor probatorio. Así pues, se concluye que si la parte quejosa, a través de su defensor, en la continuación de la audiencia inicial, expuso que su teoría del caso, era demostrar que el imputado no se encontraba en el lugar de los hechos delictivos, en el momento de su comisión, pero sus datos de prueba resultaron insuficientes, por ello, la apreciación del juez de Control estaba apegada a la legalidad, dado que sí existió la probabilidad de que Cristopher García Pereyra, participó en los hechos que la ley señala como delitos de privación ilegal de la libertad y secuestro, más aún, que la fiscalía se apoyó en el dicho de Sandra, adminiculada con el testimonio de Henry y la tarea de inteligencia donde se realizó un estudio de información por sabana de llamadas y datos conservados; los cuales, tuvieron eficacia probatoria para justificar que Cristopher fue una de las personas que participó en el secuestro en calidad de "cuidador" y coautor, en términos de lo previsto por el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal y numeral 11, fracción II, del Código Penal del estado. De igual forma, resultó correcta la apreciación del juez de Control, al determinar que no se encontró causa de justificación o excluyente de responsabilidad, dado que su actuar como participe en el hecho delictivo quedó probado en la causa penal. En otro aspecto, la parte quejosa en su concepto de violación del inciso i), aduce que el acto reclamado es violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 14 constitucional, ya que al momento de dictarse el auto de vinculación a proceso, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se le limitó su derecho de defensa. Dicho argumento, carece de sustento jurídico, dado que la juez de control responsable, en apoyo a su informe justificado remitió copia certificada del audio y video (DVD), que contiene la audiencia de formulación de imputación y continuación de audiencia de vinculación a proceso de once y diecisiete de febrero de dos mil veintidós, de la que se advierte constancia de que, en todo momento, se concedió el uso de la voz al imputado y su defensora, quien expresó argumentos con el objeto de demostrar su postura defensiva; lo anterior ocurrió, tanto en la audiencia de formulación de imputación, como en la continuación de la audiencia de vinculación a proceso, en la que en uso de la voz, ofreció el testimonio de tres personas, mismas que declararon en relación a los hechos y dieron respuesta a las preguntas expresas del Fiscal del Ministerio Público. Asimismo, una vez que se dio por terminado el interrogatorio de los atestes, la juez de Control, le concedió el uso de la voz, para que expusiera sus argumentos defensivos y finalmente, se le dio oportunidad de contestar las razones y fundamentos que expuso la representación social para solicitar que se vinculara a proceso al imputado Cristopher García Pereyra por el hecho que la ley señala como delito de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. Circunstancias que de manera evidente, constituyen verdaderos actos de defensa, otorgándole en todo momento, la juez de Control, la posibilidad de expresar argumentos para su defensa; de ahí, que no se viola en su perjuicio la garantía de audiencia y por ello, resulta infundado el argumento en estudio. Por otro lado, la parte quejosa en su concepto de violación reseñado en el inciso i), aduce que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación y que es violatorio del artículo 16 constitucional. Los motivos de inconformidad resultan infundados. Lo anterior es así, pues se considera que la resolución emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristopher García Pereyra por el hecho que la ley señala como delito de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado, no transgrede en perjuicio del quejoso el derecho fundamental contenido en el artículo 16 constitucional, por las siguientes consideraciones. Primeramente, debe invocarse el contenido del artículo 16 Constitucional, que señala en su primer párrafo, lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento;.". El normativo transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar fundado y motivado. Por fundamentación, se entiende que deben expresarse con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, se entiende indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general establecido por la ley; así, la motivación implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o surtir efectos, configurándose las hipótesis normativas. Para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16, Constitucional, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirven de apoyo y exprese los razonamientos lógicos jurídicos, motivos, circunstancias especiales, causas inmediatas y particulares consideradas en el caso concreto, que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 204, publicada en la página 166, del tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Los anteriores requisitos son indispensables para catalogar un acto de autoridad como constitucional, pues permiten al gobernado obtener certeza y seguridad jurídica sobre el actuar de la autoridad, y al efecto, se analizan por separado: 1. En cuanto a que el acto debe constar por escrito; el constituyente lo estableció como requisito de forma, que consiste en que el mandamiento u orden deba constar por escrito, esto a efecto de no dejar dudas sobre la voluntad de la autoridad y, a la vez, otorgar certeza jurídica al gobernado sobre el proceder del ente público, que permite establecer en forma preliminar los alcances del mandamiento. En términos del criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 34/2017, tal requisito se colma con el registro que obra en la videograbación de la continuación de la audiencia de vinculación a proceso de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, de la que la autoridad jurisdiccional responsable remitió como complemento a su informe con justificación, toda vez que el artículo 16 Constitucional que establece que los actos de molestia deben constar por escrito, no resulta incompatible con el contenido de los diversos 19 y 20 de la Ley fundamental, pues están armonizados, ya que la oralidad es el instrumento y método de las audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y que se complementa con la existencia de las videograbaciones de dichas audiencias, ello como herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación. Orienta a lo anterior, por identidad de contenido, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." 2. El segundo requisito, relativo a que el acto debe estar emitido por autoridad competente; se refiere a la facultad que tiene ésta, para emitir un acto que trascienda a los derechos de los gobernados, facultad que debe estar previamente establecida en la norma jurídica a través de catálogos que primeramente reconozcan como autoridad al que emite el acto y; segundo, que indiquen cuáles son las atribuciones que puede desplegar. Por tanto, una autoridad será competente cuando esté legalmente facultada para realizar una determinada función en nombre del estado; es decir, debe existir la disposición jurídica precisa que le otorgue la facultad de dictar resoluciones que impliquen actos de molestia. Atendiendo a lo anterior, a fin de dar cumplimiento al acto de molestia, se deben cubrir los siguientes requisitos: Que el órgano del estado o autoridad que realice el acto de molestia, tenga existencia legal; esto es, que sus facultades se encuentren reguladas en la ley; Que las facultades que se ejerzan sean expresas y suficientes para realizar el acto de molestia, pudiendo ser regladas, de arbitrio o discrecionales; y, La resolución impugnada, se encuentra fundada en lo previsto en los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso, cubriendo con ello el segundo de los requisitos dado que quien lo emite es en función de las atribuciones que tiene como órgano jurisdiccional y están reglamentadas en el ordenamiento legal citado. 3. Por cuanto a la fundamentación que autorice el acto de molestia; éste consiste en el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso; esto es, indicando artículo, fracción e inciso que permita distinguir en forma clara y contundente la norma aplicada en el acto de molestia, de tal forma que el gobernando pueda tener certeza jurídica. En el caso a estudio, se encuentra satisfecho tal requisito, pues de las constancias que remitió el Juez de Control responsable, consistentes en copia certificada del audio y video que contiene la audiencia de formulación de imputación y continuación de audiencia de vinculación a proceso de once y diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se advierte que el acto reclamado se emitió apoyándose en lo dispuesto por los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo lo anterior suficiente para tenerlo por cumplido. Por lo que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado, porque para sustentar su determinación, el juez responsable invocó el citado numeral, el que resulta aplicable dado que de su contenido se aprecia que al tratarse de una resolución de vinculación a proceso, se deberá reunir ciertos requisitos, entre ellos: Que sea dictado por autoridad judicial competente (juez de control). Que se haya formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que la resolución se emita dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes, a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez de control o en la misma audiencia. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. En el caso, conforme a antes expuesto, se logra apreciar que se cumplieron a cabalidad tales requisitos. 4. Por cuanto al requisito de la motivación: es la invocación de circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que determinan la aplicación de ciertas hipótesis normativas al caso concreto. En el caso en estudio, se advierte que el juez de Control responsable, emitió razonamientos lógicos y jurídicos, pues expreso los motivos y circunstancias por las cuales consideró que sí era procedente emitir un auto de vinculación a proceso contra Cristopher García Pereyra por el hecho que la ley señala como delito de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado; tales injustos previstos y sancionados por los artículos 9, fracción I, inciso a); 10, fracción I, incisos b) y c); por su parte, en lo relativo a Luis Eduardo, se encuentra previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso c); 10, fracción I, incisos b) y c) y numeral 11, todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro; y en cuanto a la víctima Martha, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 265, fracción I, del Código Penal para el estado de Zacatecas; lo anterior, al haberlos cometido en calidad de coautor, conforme lo previsto por los artículos 13, fracción III del Código Penal Federal y 11 fracción II del Código Penal para el estado de Zacatecas. Por tanto, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, no resulta transgresora de sus derechos fundamentales la determinación impugnada. SÉPTIMO. Estudio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En otro aspecto, la parte quejosa, en lo relativo a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, expresó los conceptos de violación siguientes: a). Que debió aplicarse el principio de pro persona, de manera preferente, pues el artículo 1 constitucional contempla un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debería aplicarse. b).- El juez de Control responsable transgredió los derechos humanos contenidos en los numerales 1, 14, 16, 19 y 133 constitucionales; 9, numeral 1, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7, numerales 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no es jurídicamente posible que se someta a una persona la restricción de la libertad personal en virtud de un tribunal previamente establecido, en un proceso tramitado de manera imparcial. c).- La prisión preventiva oficiosa no está fundada ni mucho menos motivada, al no existir prueba objetiva y razonable sobre la procedencia del auto de vinculación reclamado; de ahí, que se transgreden en su perjuicio los principios de seguridad jurídica, legalidad y motivación, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Los conceptos de violación resultan infundados, acorde a lo siguiente: A fin de justificar lo anterior, debe precisarse a manera de antecedentes de la medida cautelar impugnada, que de la reproducción del disco que contiene la audiencia de formulación de imputación (minuto 57:30), en uso de la voz el fiscal, con fundamento en lo previsto por el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los numerales 153 y 154, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó se impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, prevista por el numeral 155, fracción XIV, en relación con el diverso 167, párrafo tercero, del mismo ordenamiento en relación con el numeral 2, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de Secuestro. Ahora, a partir del minuto (58:30), se concedió el uso de la voz a la defensa, quien manifestó que por el momento no deseaba realizar argumentación respectiva, en virtud de que por la clasificación preliminar que le pretendía imputar la Fiscalía a su representado, contempla la prisión preventiva oficiosa, más sin embargo, ya en el momento de que varíen las circunstancias del imputado y ya en el debate, se atenderá a esas nuevas circunstancias. Por su parte, el juez de control responsable, a partir del minuto (59:00), en relación a la medida cautelar solicitada, expuso que al tratarse de un delito que contempla la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, impuso al imputado la medida de prisión preventiva oficiosa para el señor Cristopher García Pereyra, misma que debería continuar vigente durante la secuela legal del procedimiento, sin que pudiera exceder de dos años. Ahora bien, una vez expuestos los razonamientos del juez responsable, debe decirse que las manifestaciones de la parte quejosa, en sus incisos b), y c) carecen de razón jurídica y para ello, es necesario transcribir el contenido del artículo 19 constitucional; 153, 154, fracción XIV, 155 y 167, párrafo tercero; y 2°, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de Secuestro, que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o (.) Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIV. La prisión preventiva. Artículo 167. Causas de procedencia (.) El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." De la transcripción del artículo 19 constitucional, se aprecia que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de secuestro, como el que se atribuye al imputado en la causa penal 32/2019. Por su parte, el numeral 153 del código citado, dispone que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial y a su vez, el artículo 154, fracción I, establece que dichas medidas podrán ser impuestas, una vez formulada la imputación y que el imputado se acoja al término constitucional; situación que así ocurrió, dado que la citada medida de prisión preventiva, se impuso por la autoridad judicial, una vez que se formuló imputación y que el imputado se acogió al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas. Ahora, el numeral 155, fracción XIV y 167, párrafo tercero, del citado ordenamiento legal, disponen que el juez podrá imponer la medida cautelar de prisión preventiva y será de manera oficiosa, en los casos de secuestro. En el presente asunto, como bien lo determinó el juez responsable, quedó acreditado que la clasificación jurídica de los hechos materia de delito lo son los injustos de privación ilegal de la libertad y secuestro agravado, por tanto, en términos de lo previsto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez de Control, de manera fundada y motivada, impuso de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, al no existir otra diversa que pudiera ser impuesta al imputado, dado que uno de los delitos se trataba de secuestro agravado. Derivado de lo anterior, se logra apreciar que los motivos expuestos por el juez de control responsable, para imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fueron los correctos, dado que al tratarse de un delito que contemplaba la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, impuso al imputado la medida de prisión preventiva oficiosa, sin que en el caso, pudiera imponer una diversa; de ahí, que resulte infundado el argumento de la parte quejosa y se cumplieron con los requisitos de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad. Por otra parte, el imputado refiere que el juez responsable, violó en su perjuicio el derecho pro persona contenido en el artículo 1° constitucional. El argumento relativo a que se viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano contenido en el artículo 1° constitucional, es infundado, acorde a lo siguiente: En efecto, cabe indicar que, conforme al artículo 1°, Constitucional, las autoridades del Estado, están obligadas a contribuir para que toda persona goce sin discriminación de los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano; sin embargo, la tutela contenida en el citado precepto constitucional, consistente en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae, bajo ninguna premisa, admite que los órganos jurisdiccionales estén constreñidos a resolver en la totalidad de los asuntos, en favor de los intereses del gobernado, porque en esa hipótesis, se llegaría a un estado de incertidumbre en la actuación de las autoridades, al desconocer los alcances con los que la ley le permite realizar sus atribuciones y cumplir con la finalidad del servicio público que prestan. En consecuencia, contrario a lo que afirma la parte quejosa, la resolución emitida por el Juez de Control, en la que se impuso al quejoso la medida de prisión preventiva oficiosa, de forma alguna vulnera la garantía precisada, pues como se advierte del disco DVD (Disco Versátil Digital), que contiene la audiencia de once de febrero de dos mil veintidós (formulación de imputación e imposición de medida cautelar), en todo momento, se llevó a cabo bajo la protección más amplia, tan es así, que el juez responsable, le otorgó el uso de la voz a su abogado defensor, quien manifestó que por el momento no deseaba realizar argumentación respectiva, en virtud de que por la clasificación preliminar que le pretendía imputar la Fiscalía a su representado, contempla la prisión preventiva oficiosa, más sin embargo, ya en el momento de que varíen las circunstancias del imputado y ya en el debate, se atenderá a esas nuevas circunstancias; de ahí, que en todo momento se le dio oportunidad de defensa durante la citada audiencia. De igual forma, se considera infundado el argumento de la parte quejosa, en el que aduce que se transgreden los derechos fundamentales contenidos en los artículos 9, numeral 1, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7, numerales 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que el hecho que la ley señala como delito lo es secuestro agravado y acorde a lo previsto por el artículo 19 constitucional, se aprecia que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de secuestro, como el que se atribuye al imputado en la causa penal 32/2019, por ello, la medida de prisión sí está fijada en la ley; y derivado de ello, la privación de la libertad física está debidamente contemplada en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no existir motivo de queja deficiente que suplir a favor del quejoso, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada; la negativa se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a las ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la inconstitucionalidad atribuida al acto de la ordenadora y por el cual se niega la protección solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristopher García Pereyra, por conducto de su defensor particular, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firmó Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el secretario Jorge Martín Zamora González, que autoriza, el día de hoy tres de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy Fe. L'JMZG. En Zacatecas, Zacatecas a tres de octubre de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 03 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristopher García Pereyra, por conducto de su defensor particular, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. Notifíquese; y personalmente....
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 502/2021, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inicia su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y de las demás constancias que obran en autos. A lo que el juez determina: Téngase hecha la relación de constancias, lo anterior para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el Juez responsable. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. En periodo de alegatos: El secretario hace constar que no fueron ofrecidos por ninguna de las partes. A lo cual el juez acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes para formularlos y con se cierra dicho periodo. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron.- DOY FE. EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO RODOLFO GARCÍA CAMACHO EL SECRETARIO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ
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