Cristobal Acevedo Aguirre

Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Cristobal Acevedo Aguirre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós Agréguese a los autos la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, mediante la cual hace constar su imposibilidad para entregar el oficio 4817/2022, por la razón que expone; en consecuencia, no se insiste en el reenvió del mismo en atención a que por auto de diecisiete de febrero del presente año se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigidos a la autoridad responsable, así como la notificación realizada a los terceros interesados, mediante el cual se les comunica la sentencia dictada en los presentes autos, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87, fracción II, de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, y notifíqueseles a los referidos terceros dicho fallo, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que textualmente se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." De igual forma, sirve de apoyo la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Del cuaderno principal. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 18, fracción I, inciso a) y el diverso 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, una vez que transcurra la temporalidad establecida en dichos numerales, la cual que será computada a partir de esta fecha, depúrese el original del cuaderno incidental, y procédase a la destrucción únicamente del duplicado, ello en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados. Por otra parte, del estado de los autos se advierte que los terceros interesados, no señalaron domicilio en esta ciudad en lapso concedido, por lo tanto, se ordena notificar a dicha parte procesal en cita la presente determinación, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los tableros de este Juzgado de Distrito y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos los oficios y anexos remitidos por el Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializadas en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en atención a su contenido, únicamente se ordenan agregar a los autos para que obren como corresponda, ello en razón de que el pasado veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto y la misma causó ejecutoria en el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, Cristóbal Acevedo Aguirre solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Comisionado Estatal de Seguridad Pública y Policía Designado para supervisar y Ejecutar las Instrucciones Operativas en Materia de Seguridad Pública emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo." "..la orden de arresto y detención, así como la ejecución de esta o cualquier otro acto tendente a afectar mi libertad personal respecto de los expedientes radicados ante ese H. Tribunal.Medidas que son aplicadas en los expedientes como a continuación me permito señalar: TJA/5ªS/162/2017." SEGUNDO. El treinta de octubre de dos mil veinte, el referido Juez de Distrito ordenó la separación de autos por cuada uno de los juicios administrativos reclamados, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común para su turno aleatorio, del cual correspondió conocer a este órgano de control constitucional por cuanto hace al expediente citado en el párrafo que antecede. TERCERO. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 138/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La constitucionalidad del artículo 11, primer párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. La orden de arresto, detención y su ejecución, emitida por la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente identificado con el número TJA/5ªS/162/2017. Sin que en el caso sea dable tener como autoridades responsables a las diversas Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, toda vez que de acuerdo a la separación de juicios, a cada una de ellas se les atribuyó los actos derivados de los diversos expedientes de su índice. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables en su respectivo ámbito de competencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la Quinta Sala, consistente en copia certificada de constancias del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, en cuanto al reclamo de leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, ya que basta con que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en razón de su naturaleza y obligatoriedad, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Solo resta establecer que no sería dable analizar una diversa orden privativa de libertad emitida con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, pues es hasta esa data en que debe tomarse en cuenta la existencia o no de los actos reclamados. CUARTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos, en el entendido de que no se estimará consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, salvo que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que expresamente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor". En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años y actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. En el caso, respecto de los actos aquí reclamados se actualiza la primera de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados se clasifican en dos tipos, esto es, tercero extraño en estricto sentido y por equiparación. a) En estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas; y, b) Por equiparación se considera a quien no ha sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada a éste en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento del juicio. Así, dicho tercero es la persona -física o moral- que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Precisado lo anterior, en el caso la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación a la etapa de ejecución del juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, del índice de la Quinta Sala Responsable, pues el promovente del amparo aduce por su propio derecho y como Regidor del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos,. En relación con la calidad de persona extraña al juicio, es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 56 del Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Pues bien, de las constancias remitidas por la Quinta Sala responsable, que integran el juicio laboral de origen, en lo que aquí es de interés, que el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se ordenó el arresto por seis horas del quejoso, mismo que le fue hecho del conocimiento el veintisiete siguiente, y ejecutado el siete de septiembre de dos mil veinte. Lo anterior pone de relieve que la parte quejosa como demandado y obligado al cumplimiento en el juicio de nulidad TJA/5ªS/162/2017, tuvo conocimiento completo tanto del apercibimiento como del acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, que impone el arresto reclamado, por lo que se considera que dicha actuación tiene plena eficacia legal; de ahí que es evidente que desde ese momento estuvo en condiciones de promover el juicio de derechos fundamentales, reclamando la imposición del arresto por seis horas, ante su actitud contumaz en cumplir la sentencia de nulidad firme, pues contaba con todos los datos necesarios para tal fin. En el contexto anotado, teniendo como punto de partida la indicada data de veintisiete de agosto de dos mil veinte, si la demanda de amparo se presentó el veintiuno de octubre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial, entonces es evidente que cuando ello ocurrió ya había transcurrido con exceso el término de quince días que para instar la acción de amparo establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama. Es aplicable al respecto, por identidad de razones, la tesis XVII.2o.7 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Publicada en la página 1094 del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021220, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE OSTENTEN SABEDORAS DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO NOTIFICADO A SU REPRESENTANTE O APODERADO O SU CONOCIMIENTO NO PROVENGA NECESARIA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, a saber, a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación practicada con las formalidades previstas en la ley del acto, entre las que suele preverse que, tratándose de personas morales, se entienda con su representante o apoderado; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) se haya ostentado sabedor del acto referido o de su ejecución. En estas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan ningún orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes. Por tanto, el cómputo del plazo mencionado tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. Estimar lo contrario privaría de contenido y efecto útil al precepto citado, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pero además, implica establecer un límite a su alcance mediante la introducción en su interpretación de una clasificación entre personas morales y físicas que no prevé, para exigir requisitos que el legislador no estableció, con la cual se haría nugatoria la aplicación de las dos últimas hipótesis a pesar de que se actualice la certeza objetiva de que el acto reclamado es del conocimiento pleno y completo de su destinatario o que claramente se ostentó sabedor del mismo en una fecha distinta a la precisada en la demanda." Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, pues como se dijo, el quejoso es parte en la etapa de cumplimiento del juicio de nulidad, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta ´poca, Tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Sobreseimiento que debe hacerse extensivo al análisis de constitucionalidad de la norma reclamada, pues fue a partir de esa data en que también conoció de los preceptos legales aplicados en su contra, y por ende se encontraba en aptitud de combatirlos a través de los medios legales que estimara convenientes. QUINTO. Vinculación al expediente electrónico. Una vez realizado el engrose de la presente resolución, se ordena vincular la misma al expediente electrónico. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad señalada como responsable, mediante el cual hace del conocimiento a este Juzgado Federal que el catorce de julio de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5963, la resolución Interlocutoria de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el incidente no especificado" respecto del incumplimiento de la sentencia ejecutoriada, emitida el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en autos del expediente TJA/2aS/475/2016, en la cual se impuso la sanción de destitución e inhabilitación por un año para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal; en tales condiciones, fórmese el cuadernillo correspondiente y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, toda vez que, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

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