Cristina Mireles Gallegos

Expediente 1566/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1566/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • Cristina Mireles Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio 98-C, que suscribe la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por la Superioridad el veintiuno de febrero del presente año, en el toca de queja 310/2018, interpuesto por la parte quejosa en la cual en único punto resolutivo determinó: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto, previas las anotaciones correspondientes. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Más aún que, no contiene información reservada. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, una vez que transcurran los plazos a que se refiere el cuerpo de normas señalado, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó desechar la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual, informa los actos que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, con fundamento en los artículos 104 y 105, de la Ley de Amparo, requiérase a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído remita copia certificada de la constancia de notificación personal al actor del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 418/2009.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el encargado de la Dirección de Asistencia Jurídica de la Procuraduría General de la Republica, mediante el cual devuelve el oficio 21425/2018, en virtud de que la autoridad a la cual va dirigido no existe; al respecto, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que ya se dictó la suspensión definitiva respecto de todas las autoridades. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio 471/2018, signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 708/2018 y un tomo de pruebas; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, y notifíquese personalmente a las partes la resolución dictada por el Juzgado Auxiliar de mérito, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. "V I S T O S, los autos, para resolver el juicio de amparo número 708/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por "Agrícola El Sembrador", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Mario Efrén Morgado Guerrero, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. (PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA). Por escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 3 a 7 de autos), el quejoso citado en el párrafo que antecede, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de la autoridad siguiente: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE a) H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. a) De la Junta Especial Número CUATRO de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo protesta de decir verdad de la Autoridad Responsable la DENEGACION DE JUSTICIA, consistente en: i. La omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, que en ACUERDO de fecha 15 de febrero de 2018, la Junta Responsable tuvo por desahogada la prueba informe de autoridad a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos Equipo "A" de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Morelos Zona Oriente, requerido en acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, la autoridad responsable omitió realizar la certificación de que no quedaba prueba pendiente que desahogar, ni que requiriera diligencia especial alguna para su desahogo, ni concedió a las partes del juicio de origen dos días para formular alegatos, por lo que desde la emisión de dicho acuerdo han transcurrido 78 DÍAS (SETENTA Y OCHO DÍAS, es decir, 2 MESES, 17 DÍAS), sin que a la presente fecha se haya emitido acuerdo que certifique de que no quedan pruebas por desahogar, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende se promueve el presente juicio de garantías. Por tanto, se ha violentado en contra del quejoso el artículo 17 Constitucional, que contiene el MANDATO DE PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, así como los artículos de la Ley Federal del Trabajo contenidos en el presente libelo. b) Del Secretario la Junta Especial Número CUATRO de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, bajo protesta de decir verdad de la Autoridad Responsable la DENEGACION DE JUSTICIA, consistente en: La omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, que en ACUERDO de fecha 15 de febrero de 2018, la Junta Responsable tuvo por desahogada la prueba informe de autoridad a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Diversos Equipo "A" de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Morelos Zona Oriente, requerido en acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis. Sin embargo, la autoridad responsable omitió realizar la certificación de que no quedaba prueba pendiente que desahogar, ni que requiriera diligencia especial alguna para su desahogo, ni concedió a las partes del juicio de origen dos días para formular alegatos, por lo que desde la emisión de dicho acuerdo han transcurrido 78 DÍAS (SETENTA Y OCHO DÍAS, es decir, 2 MESES, 17 DÍAS), sin que a la presente fecha se haya emitido acuerdo que certifique de que no quedan pruebas por desahogar, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por ende se promueve el presente juicio de garantías. Por tanto, se ha violentado en contra del quejoso el artículo 17 Constitucional, que contiene el MANDATO DE PRONTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, así como los artículos de la Ley Federal del Trabajo contenidos en el presente libelo. ADEMAS DE QUE SE SOLICITA DESDE ESTE MOMENTO SE RESPETEN TODOS LOS PLAZOS Y TERMINOS CONTENIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LAS SUBSECUENTES ACTUACIONES DILIGENCIAS ETCETERA A EFECTO DE QUE ESTA PARTE NO TENGA QUE RECURRIR MOMENTO A MOMENTO LA PROTECCION Y AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL, PARA EVITAR DILACIONES PROCESALES, LO QUE DEPARA DAÑOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DE QUIEN REPRESENTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." La parte quejosa adujo que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 3, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), precisó los hechos que constituyen sus antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. (PREVENCIÓN Y ACLARACIÓN, DE LA DEMANDA). En acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 8 y 9 del sumario), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda la registró con el número 708/2018, requirió al promovente del amparo para que bajo protesta de decir verdad, manifestara si ya había solicitado por escrito que se certificara que no quedaban pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral de donde deriva el acto omisivo reclamado. Mediante escrito aclaratorio presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 11 a 13 de autos), el promovente del amparo en la parte conducente indicó lo siguiente: "1. Se señala que la parte actora dentro del juicio de origen no ha solicitado por escrito ni de manera verbal que la autoridad responsable realice la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Lo anterior es así, porque la propia Ley Federal del Trabajo no obliga a la parte actora, ni establece que sea requisito que las partes deban solicitar mediante escrito o de manera verbal que se realice la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Tampoco establece que se le deba imponer a las partes del juicio la carga de requerir por escrito a la autoridad responsable que se realice la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Lo cierto es que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 885.- Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener". Por tanto, la certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar se hará de oficio y que corresponde en obviedad de razones a la autoridad responsable." TERCERO. (DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA E IMPUGNACIÓN). En acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 14 a 18 del sumario), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda de amparo. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciocho (fojas 24 a 32 de autos), el solicitante del amparo interpuso recurso de queja, medio de impugnación del que correspondió el conocimiento, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, órgano colegiado que lo registró con el número 120/2018 de su índice y lo declaró fundado mediante ejecutoria de veintiocho de junio del año en curso (fojas 41 a 52 de autos). CUARTO. (ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA). En acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho (fojas 53 a 56 del sumario), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, desechó de plano la demanda de amparo por cuanto hace al Secretario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; la admitió a trámite respecto de la Junta responsable; requirió su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y, entre otras determinaciones, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 72 de autos). QUINTO. (REMISIÓN DE AUTOS PARA EL DICTADO DE SENTENCIA). En oficio 100/2018 de diez de septiembre de dos mil dieciocho, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, se ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo 708/2018, al Centro Auxiliar de la Séptima Región, en términos de los Acuerdos Generales 54/2008, 67/2008, 27/2011 y 53/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar número 424/2018; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA LEGAL). Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013 (publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil quince); punto quinto, apartado 7, del Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, que derogó al diverso 17/2012, que a su vez derogó el 11/2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto Primero del diverso Acuerdo número 54/2008, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, modificado mediante los diversos acuerdos 27/2011 y 53/2011 del mismo órgano colegiado; punto primero del Acuerdo General 67/2008 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; oficio STCCNO/913/2015 de dieciocho de mayo de dos mil quince, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que comunica que este órgano jurisdiccional apoyará en el dictado de las sentencias al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; y la circular CAR 1/CCNO/2012, del trece de junio de dos mil doce, del índice de la indicada Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla los lineamientos correspondientes para el envío de los asuntos remitidos a este órgano jurisdiccional; en atención a que los actos reclamados fueron atribuidos a autoridades con domicilio dentro del ámbito de competencia del órgano de control de constitucionalidad, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. (CUESTIÓN PREVIA). Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia legal de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Es aplicable, por igualdad de razón, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 440, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163998, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." TERCERO. (PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado que se advierte del estudio íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 195745, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable la Jurisprudencia 70 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Apéndice 2000, número de registro 900070, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado." De la misma forma, apoya lo anterior la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de un análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio, y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el acto siguiente:  La omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 01/163/12/JE2, promovido por Verónica Cabrera Alvarado, contra la parte ahora justiciable. CUARTO. (CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Una vez precisados, por cuestión de técnica jurídica corresponde determinar su certeza o falsedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales. Al caso, es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 206225, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." También es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de su Presidenta, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral 01/163/12/JE2, promovido por Verónica Cabrera Alvarado, contra la parte ahora justiciable, como se advierte del informe justificado que rindió (folios 69 y 70 del sumario), así como de las constancias que en copia certificada adjuntó al informe de ley que rindió, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 588, tomo V, Segunda Parte -2, tomo V, enero a junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos." QUINTO. (ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO). Las partes no propusieron y este juzgador federal advierte de oficio que no se existe alguna que se actualice; por tanto, procede analizar la constitucionalidad del acto reclamado, con base en los conceptos de violación expuestos en la demanda. SEXTO. (CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.) No se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones y conforme al principio de economía procesal, además de que para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 164618, que dispone lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. (ESTUDIO DE FONDO DEL JUICIO DE AMPARO). La parte quejosa aduce que en el acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, la Junta responsable tuvo por desahogada la prueba consistente en el informe de autoridad a cargo de la Unidad Investigadora de Delitos Diversos Equipo "A" de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Morelos Zona Oriente, requerido en el auto de seis de junio de dos mil dieciséis; sin embargo, estima que omitió realizar la certificación en el sentido de que ya no hay prueba pendiente por desahogar, ni que requiriera diligencia especial para su desahogo, ni concedió a las partes dos días para formular alegatos, por lo que desde la emisión de dicho acuerdo hasta la fecha de presentación de la demanda han transcurrido setenta y ocho días, es decir, dos meses diecisiete días; de ahí que desde ese momento se llevó a cabo la omisión del proveído que certifique que no quedan pruebas por desahogar. En principio, el artículo 17 constitucional, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.) Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De la interpretación gramatical del precepto constitucional transcrito, se advierte que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia debido a que deben impartirla en forma pronta, completa, imparcial y gratuita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los plazos y conforme a los términos que establece la legislación aplicable. Por su parte, el artículo 885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." De la interpretación literal de la porción normativa del precepto legal transcrito, se pone de relieve que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. Así, en caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que ya se llevó a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, no se asentó certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, con el fin de dar vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, ni existe auto en el que se ordene dar vista a las partes para que dentro de las veinticuatro horas siguientes legalmente computadas formulen los alegatos correspondientes; por tanto, se concluye que existe violación al derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la Republica. Lo anterior es así, en virtud de que los tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus determinaciones, como resoluciones y asentar las certificaciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para pronunciarse respecto a que no existe prueba pendiente por desahogar, dar vista para formular alegatos y continuar con el trámite para el dictado del laudo correspondiente, pues ello se traduce en la violación a la prerrogativa fundamental referida. En consecuencia, se concluye que ha transcurrido el plazo de previsto en el artículo 885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, para que la autoridad responsable certificara que no existen pruebas pendientes por desahogar, dar vista para formular alegatos y continuar con el trámite para el dictado del laudo correspondiente, puesto que tiene la obligación de acordar lo que considere pertinente dentro del término de ley, lo que en el caso específico no ha acontecido. En tales condiciones, la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Agricola El Sembrador, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, proceda a ordenar la realización de la certificación que refiere el artículo 885, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, y continue con el trámite correspondiente; sin que la concesión del amparo comprenda las omisiones y dilaciones subsecuentes, en razón de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Al caso, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 732, tomo I, Libro 1, Diciembre de 2013, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." OCTAVO. (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dígase a las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3°, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el numeral 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 1°, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa "Agrícola El Sembrador", Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de la presente sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en la consideración última de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto de los Acuerdos Generales 54/2008 y 53/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 424/2018, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma el licenciado Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante licenciado, secretario que firma y da fe, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del juzgado. (Rúbricas)."

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