Cristo García Arceo

Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
595/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Cristo García Arceo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta firmado por **************, quien se ostenta tercero interesado dentro del presente expediente, atento a su contenido, hágase saber al promovente que las constancias que remitió la autoridad responsable con las que se formaron los tomos I a V del presente juicio, fueron devueltos a la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante oficio 17684/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós.....

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusieran recurso de queja contra el auto dictado el veinticinco de abril del año en curso, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil en Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió como soporte de su informe justificado y que constituyen los tomo I al V relativos a este Juicio, agregando a los autos las carátulas que los contenían.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta y certificación que anteceden, de la que se advierte que el quejoso Cristo García Arceo, por conducto de su autorizado Mariano Aguirre Barrios, no dio cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron en proveído de treinta de marzo del año en curso, dentro del término concedido en dicho auto; por tanto, como se le previno, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo con que se formó el expediente en que se actúa.

  4. Principal

    SE PÚBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. INCOMPETENCIA. Visto; el oficio 2839/2022, por medio del cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, remite los autos del juicio de amparo directo civil 81/2022-1, así como el juicio ejecutivo mercantil 161/2014, en que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Cristo García Arceo, por conducto de su autorizado Mariano Aguirre Barrios, al Juzgado de Distrito en turno, del que tocó conocer a este órgano jurisdiccional. ACEPTA COMPETENCIA. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 46 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la referida demanda de garantías, hágase lo anterior del conocimiento del Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y en acuse de recibo de su oficio 2839/2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós. REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 595/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con los anexos enviados, fórmense por separado los tomos correspondientes, para facilitar el manejo del presente expediente, dado su volumen. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta diversas irregularidades, atendiendo a las siguientes consideraciones: El licenciado Mariano Aguirre Barrios, promueve el juicio de amparo como autorizado del quejoso Cristo García Arceo, dentro juicio ejecutivo mercantil 161/2014 del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, no obstante no acredita ser representante legal del directo quejoso, como lo exige el numeral 108, fracción I, de la Ley de Amparo. Es así, pues únicamente fue autorizado por Cristo García Arceo, en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio dentro de los autos del juicio de origen, lo que implica que sus facultades consisten en oír y recibir notificaciones a nombre de su autorizante, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencia, pedir se dicte sentencia para evitar la caducidad de la instancia por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de quien lo autoriza; sin embargo, esaautorización no conlleva implícitamente la facultad para llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho litigioso, ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que esté facultado expresamente para ello, por lo que, con el carácter de autorizado en los términos precisados, carece de facultades para la promoción del juicio de amparo en representación del demandado en el juicio origen. Por analogía resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 97/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005034, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 325, que dispone: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. La acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, aplicado al juicio de amparo, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por el quejoso o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo directo en esta materia, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio." Así como la jurisprudencia XXIII. J/2 (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con registro digital 2011844, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2471, que señala: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código." De ahí la obligación del promovente para acreditar con documento idóneo en original o copia certificada, que al momento de la presentación de la demanda, tenía la representación legal para promover el juicio de amparo a nombre de Cristo García Arceo, pues además el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, facultad que implica no solo la autorización en los términos señalados en el juicio de origen, sino la facultad para llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho litigioso, que debe acreditarse con la exhibición de las referidas constancias al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requeridos para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales mencionados, como es el caso, pues la única excepción a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda, se encuentra referida a la materia penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable en los términos precisados, puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de causarse perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". De igual forma, el promovente fue omiso en expresar bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, que refiere la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 114, fracciones I, II y III, en relación con el 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la Ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le imponen los mencionados numerales y fracciones y: Acredite con las constancias respectivas, ya sea en original o copia a certificada y legible, la representación que ostenta como apoderado legal de Luis Gámez Mireles, a fin de que este Juzgado esté en aptitud de acordar lo conducente respecto de la demanda interpuesta. Manifieste los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.15o.A.28 K, publicada en la página dos mil seiscientos trece, tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado.". Sin que obste a lo anterior, la leyenda "Protesto lo necesario", que obra al calce de la demanda; toda vez que dicha frase que no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones, establecida como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Apoya la anterior determinación, por similitud jurídica la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 127/99, visible en la página treinta y dos, tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." En ese sentido, se precisa que la protesta requerida sólo podrán cumplirla el propio promovente del amparo, y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de éstos, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad bajo protesta inherente al accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Asimismo, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. No obsta a lo anterior, que el Primer Tribunal Colegiado mediante auto de tres de marzo del presente año, requirió al promovente para que en el término de cinco días, acreditara su personalidad en términos de los artículos 10, segundo párrafo y 175, fracción I de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de rubro "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZADO"; determinación que fue notificada al promovente y que mediante escrito presentado el catorce siguiente Cristo García Arceo, en esencia señaló "hago mío el recurso de Amparo interpuesto por dicho profesionista en contra de la resolución interlocutoria que se combate y que fuere dictada por el juez de origen."; sin embargo, al haberse declaro incompetente dicho Tribunal para resolver respecto de la citada demanda de amparo y este Juzgado asumir la competencia, corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre los requisitos que deben cumplirse para la admisión de la misma, por lo que, una vez que se dé cumplimiento a los requerimiento antes precisados, se acordará lo conducente.

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