Cristina Quiñones Torres
Expediente 336/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Cristina Quiñones Torres
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el treinta de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la quejosa Cristina Quiñonez Torres; atento a su contenido, como lo solicita, una vez que se declare la firmeza del auto dictado en este juicio el treinta de junio del año en curso, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última, devuélvasele los documentos que anexó a su escrito de demanda, autorizando para recibirlos a las personas que menciona, previa copia certificada que por su desglose se deje en autos, e identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Cristina Quiñones Torres, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 5, 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 336/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Reclamo de las Autoridades responsables el haber despedido a la suscrita del cargo de intendente del DIF municipal de Jerez, Zacatecas, que depende del DIF Municipal, en razón de que desde el 3 de marzo del año 2014, comencé a trabajar en el H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, primero como secretaria y después en varios cargos pero el último fue en el que ahora fui despedida, por recorte de los programas federales que sirven de apoyo para la obtención de recursos con los que se cubría mi salario supuestamente, esto de acuerdo al oficio que me fuera entregado el día lunes 13 de junio del año 2016. Siendo falso lo que dice en el oficio del motivo de mi despido, ya que mi sueldo siempre supe que era pagado con dinero del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas vez al año (sic), y no con fondos federales. Nunca había firmado contrato alguno, solamente en este último año se presentó ante mí el Licenciado Loth del jurídico de la presidencia municipal que le firmara unos documentos, sin saber exactamente de qué se trataban. También es falso que mis servicios hayan causado baja a partir del 31 de mayo del año en curso, ya que fui notificada de mi supuesto despido el día lunes 13 de junio del año en curso, sin que haya recibido pago por esta primera quincena del mes de junio.". Asimismo, en el punto tercero de hechos, expuso: "Aclarando que la primera quincena correspondiente al mes de junio, aun y cuando trabajé, ya que mi despido fue hasta el día 13 de junio del año en curso, no me fue pagado a través de Depósito Bancario correspondiente, lo cual también reclamo en este Juicio, como los sueldos subsecuentes." Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa tiene aproximadamente dos años laborando para el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por haber comenzado desde el tres de marzo de dos mil catorce; en un principio, como secretaria y después en varios cargos, el último, como intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de esa localidad, hasta el trece de junio de dos mil dieciséis en que le fue notificado su despido, mediante oficio 179/2016, en que se le informa que ante el recorte de programas federales que sirven de apoyo para la obtención de los recursos con los que se cubría su salario, ya no es posible seguir ocupando sus servicios, por lo que habría de acudir al departamento de recursos humanos a realizar el trámite correspondiente para el finiquito. De lo anterior se desprende, que el acto que la quejosa Cristina Quiñones Torres reclama del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, representado por la Síndico Municipal, de la Preside honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), del Presidente Municipal y de la Jefa de Recursos Humanos, todas del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se traduce en esencia en el cese en la plaza que ocupaba como como Intendente de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez, Zacatecas, el cual se encuentra emitido por dichas autoridades con el carácter de patrones en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en la integridad de su demanda, indica que el referido puesto lo obtuvo desde el tres de marzo de dos mil catorce, iniciando en un principio como secretaria y después con varios cargos, hasta el último que fue el de intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; que el licenciado "Loth", jurídico del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, le informó de su despido, a través del oficio 179/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis, signado por el que el Presidente Municipal de dicha localidad. Así pues, como con anterioridad se asentó los actos reclamados a las autoridades responsables, se traducen en el cese en la plaza que ocupaba como como intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por tanto, dichos actos fueron emitidos por las citadas autoridades con el carácter de parte patronal en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas con su personal, dentro de su marco legal; y, por ello, como ya se asentó, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior no implica que las referidas dependencias, en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública; es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto los actos reclamados fueron emitidos por un organismo o funcionario de gobierno municipal, también lo es que éstos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Municipio; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por el organismo con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, con base en las relaciones laborales que guardan con la quejosa, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones, el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Cristina Quiñones Torres, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Norma Patricia González Valdez y José Jaime Mireles Juárez; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en la finca marcada con el número 49 B, Rincón Colonial, Sección California, Avenida California, en Guadalupe, Zacatecas.
- Principal
PÚBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL QUE OCUPA ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS Vista; la demanda de amparo promovida por Cristina Quiñones Torres, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 5, 14 y 16 Constitucionales, el Juez acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 336/2016-II. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Reclamo de las Autoridades responsables el haber despedido a la suscrita del cargo de intendente del DIF municipal de Jerez, Zacatecas, que depende del DIF Municipal, en razón de que desde el 3 de marzo del año 2014, comencé a trabajar en el H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, primero como secretaria y después en varios cargos pero el último fue en el que ahora fui despedida, por recorte de los programas federales que sirven de apoyo para la obtención de recursos con los que se cubría mi salario supuestamente, esto de acuerdo al oficio que me fuera entregado el día lunes 13 de junio del año 2016. Siendo falso lo que dice en el oficio del motivo de mi despido, ya que mi sueldo siempre supe que era pagado con dinero del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas vez al año (sic), y no con fondos federales. Nunca había firmado contrato alguno, solamente en este último año se presentó ante mí el Licenciado Loth del jurídico de la presidencia municipal que le firmara unos documentos, sin saber exactamente de qué se trataban. También es falso que mis servicios hayan causado baja a partir del 31 de mayo del año en curso, ya que fui notificada de mi supuesto despido el día lunes 13 de junio del año en curso, sin que haya recibido pago por esta primera quincena del mes de junio.". Asimismo, en el punto tercero de hechos, expuso: "Aclarando que la primera quincena correspondiente al mes de junio, aun y cuando trabajé, ya que mi despido fue hasta el día 13 de junio del año en curso, no me fue pagado a través de Depósito Bancario correspondiente, lo cual también reclamo en este Juicio, como los sueldos subsecuentes." Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Ahora bien, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la quejosa tiene aproximadamente dos años laborando para el Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, Zacatecas, por haber comenzado desde el tres de marzo de dos mil catorce; en un principio, como secretaria y después en varios cargos, el último, como intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de esa localidad, hasta el trece de junio de dos mil dieciséis en que le fue notificado su despido, mediante oficio 179/2016, en que se le informa que ante el recorte de programas federales que sirven de apoyo para la obtención de los recursos con los que se cubría su salario, ya no es posible seguir ocupando sus servicios, por lo que habría de acudir al departamento de recursos humanos a realizar el trámite correspondiente para el finiquito. De lo anterior se desprende, que el acto que la quejosa Cristina Quiñones Torres reclama del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, Zacatecas, representado por la Síndico Municipal, de la Preside honorífica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), del Presidente Municipal y de la Jefa de Recursos Humanos, todas del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, se traduce en esencia en el cese en la plaza que ocupaba como como Intendente de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez, Zacatecas, el cual se encuentra emitido por dichas autoridades con el carácter de patrones en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese organismo con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en la integridad de su demanda, indica que el referido puesto lo obtuvo desde el tres de marzo de dos mil catorce, iniciando en un principio como secretaria y después con varios cargos, hasta el último que fue el de intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; que el licenciado "Loth", jurídico del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas, le informó de su despido, a través del oficio 179/2016, de quince de mayo de dos mil dieciséis, signado por el que el Presidente Municipal de dicha localidad. Así pues, como con anterioridad se asentó los actos reclamados a las autoridades responsables, se traducen en el cese en la plaza que ocupaba como como intendente en la Procuraduría de la Defensa del Menor en el DIF Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por tanto, dichos actos fueron emitidos por las citadas autoridades con el carácter de parte patronal en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones del Ayuntamiento Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas con su personal, dentro de su marco legal; y, por ello, como ya se asentó, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior no implica que las referidas dependencias, en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí puedan tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública; es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto los actos reclamados fueron emitidos por un organismo o funcionario de gobierno municipal, también lo es que éstos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Municipio; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por el organismo con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, con base en las relaciones laborales que guardan con la quejosa, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones, el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Cristina Quiñones Torres, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Norma Patricia González Valdez y José Jaime Mireles Juárez; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en la finca marcada con el número 49 B, Rincón Colonial, Sección California, Avenida California, en Guadalupe, Zacatecas.
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