Cristina Romero Mendoza
Expediente 18/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Cristina Romero Mendoza
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta, se advierte que la autoridad responsable, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se concedió la protección de la justicia federal en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 81 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Atendiendo a lo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias que demuestren el cumplimiento al fallo protector, apercibido que para el caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; así como, se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que siga el trámite de inejecución de sentencia que podrá terminar en la separación de su cargo y su consignación. Lo anterior, una vez que reanude las labores dicha dependencia, es decir, el día dos de enero de dos mil veinte, tal y como se advierte del oficio 9557/2019 que se encuentra agregado al cuaderno administrativo 2019 "OFICIOS AUTORIDADES DIVERSAS" del índice de esta órgano jurisdiccional; por lo que, deberá resguardarse el comunicado correspondiente en este recinto judicial; asimismo, sin ulterior acuerdo comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que entregue el mismo, una vez que el personal de dicha dependencia reanude sus labores.
- Principal
Mesa IV. Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 18/2019-IV, promovido por *******, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Cristina Romero Mendoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México." "IV.- ACTO RECLAMADO: La OMISIÓN DE LA AUTORIDAD de REALIZAR Y ELABORAR el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde y NOTIFICAR el mismo a las partes." Actos reclamados que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 8, 14, 17, 103, fracción I, 107, fracciones I, II, V, VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los derechos humanos protegidos por el artículo 25 y demás relativos y aplicables de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse una determinación judicial del orden civil, cuya ejecución puede realizarse en el ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 42/2012, así como notificar el mismo a las partes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad señalada como responsable, remitió copia certificada del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que se anexó al oficio de cuenta, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 42/2012; a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. ." CUARTO. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la amparista. QUINTO. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a./J.58/2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SEXTO. Estudio. La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable viola en su perjuicio el principio de impartición de justicia pronta y expedita, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente laboral 42/2012, ni ha notificado a las partes dicha resolución. El aludido argumento es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 42/2012, así como notificar el mismo a las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde la emisión del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del expediente laboral 42/2012 para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de la autoridad responsable. Al respecto, cabe destacar que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)" El numeral antes transcrito establece que la autoridad de trabajo tiene un término de diez días, contados a partir del cierre de la instrucción, para elaborar por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, apreciándose que dicho plazo deberá contarse en forma inmediata, pues establece que tendrá que hacerse a partir del día siguiente al que se declare cerrada la instrucción. Por su parte, el numeral 886 del citado código laboral, previene: "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." Es decir, el dispositivo invocado fija un plazo de cinco días hábiles a los miembros de las Juntas, contados a partir del siguiente al en que se les haya entregado la copia del proyecto del laudo, a fin de solicitar que se practiquen diligencias para mejor proveer, mismas que deberán desahogarse en un período de ocho días. El diverso precepto 887 de la ley en consulta, establece: "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." El precepto reproducido fija un término de diez días, para la discusión y aprobación del proyecto del laudo, mismo que empezará a correr a la conclusión del plazo fijado para el desahogo de las diligencias a que se refiere el artículo anterior. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para el proyecto de laudo respectivo, e inexiste constancia alguna de la que se advierta se haya ordenado la práctica de alguna diligencia pendiente, en términos del numeral 886 antes transcrito, es inconcuso que han transcurrido los plazos con que legalmente cuenta para emitir la resolución en el mencionado juicio, sin que se desprenda que así lo hubiere hecho. En esa tesitura, después de haber realizado los cómputos de los términos que establecen los artículos 885 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual sirvió como punto de partida el auto que declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral, se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ya habían transcurrido en exceso los términos a los que hacen referencia los numerales antes invocados, pues de acuerdo a lo establecido en ellos, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de emitir el laudo correspondiente, en virtud de que los plazos que señalan los preceptos acabados de indicar, constituyen un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó, además de que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado al caso concreto, obliga a los tribunales de esa materia a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En tales circunstancias, lo procedente es conceder a la quejosa Cristina Romero Mendoza, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 42/2012, cumpla el proceso de aprobación del proyecto de laudo, previsto en la legislación de la materia, hasta su engrose y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado la quejosa. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). ." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo, para los efectos expuestos en el último de esta sentencia.
- Principal
MESA IV Toluca, Estado de México, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa; por tanto, con su contenido, dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de veintidós de octubre del año en curso, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto al desahogo de la instrumental pública de actuaciones que ofreció la promovente, consistente en el expediente original del juicio laboral ------- del índice de la autoridad responsable, hasta que se contara con la misma. Por lo cual, conforme a la razón de cuenta, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la copia certificada del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que se anexó al oficio de cuenta, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral -------, sin prejuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo; no así la totalidad de las constancias que integran dicho expediente y que ofreció la quejosa, en virtud de que la autoridad oficiante al rendir su informe justificado manifestó expresamente la existencia del acto reclamado y, para justificar la constitucionalidad del mismo, estimó suficiente, para la emisión de la sentencia correspondiente en el presente asunto, remitir la copia certificada que acompañó.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***** en representación de *****, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 18/2019-IV. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa en contra de la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 42/2012, así como notificar el mismo a las partes; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Representante Social de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Legislación aplicable, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, apercíbase al responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que se tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, requiérasele para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado de Distrito; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, en el presente asunto se estima que no existe tercero interesado, pues la contraparte de la quejosa también está interesada en que se concluya el juicio de origen; de ahí que no se ubique en el supuesto del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo la jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Toda vez que se refiere a la Ley de Amparo abrogada y en el presente caso, prevalece el derecho a la administración de una justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 17 Constitucional. Se tiene como domicilio el que cita, para los efectos que refiere; asimismo, se tiene únicamente por autorizada en términos del artículo 24 de la legislación citada a *****, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Ahora, por lo que respecta a las pruebas que ofrece la promovente, consistentes en la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental pública de actuaciones; con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la primera de dichas probanzas, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucionalidad y por cuanto hace a la segunda de las citadas probanzas únicamente se tiene por ofrecida y admitida, por lo que una vez que se cuente con la misma se proveerá respecto a su desahogo. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al Secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, Décima Época, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. MOM
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