Cristian Jeovani Torres González

Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
832/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Cristian Jeovani Torres González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, comunica que en diez de diciembre de dos mil veinte (sic), las partes comparecieron ante esa Junta a celebrar convenio dando por terminada la relación laboral, el cual fue aprobado por esa Junta y, en diez de diciembre del año pasado, fue cumplimentado en sus términos, ordenándose el archivo del expediente 1279/2016 como total y definitivamente concluido, además menciona que en el acta de veintitrés de noviembre del año próximo pasado, el actor (aquí quejoso), manifestó que se desistía del presente juicio de amparo; y para corroborar su dicho, remite copia certificada de las actas de veintitrés de noviembre y diez de diciembre, ambas de dos mil veinte. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que mediante proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida similar información, en relación al convenio de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, correspondiente al juicio laboral J.29/1279/2016, y se acordó lo propio. Luego, respecto a que informa que el diez de diciembre de dos mil veinte, fue cumplimentado en sus términos el convenio precisado en el párrafo precedente, decretando el archivo ordenándose el archivo del expediente 1279/2016 como total y definitivamente concluido; únicamente se toma conocimiento, dado que, dicha circunstancia deviene como consecuencia jurídica del referido convenio. Finalmente, reingrésese al archivo en el que se encontraba el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la primera de las certificaciones que anteceden se advierte que de conformidad con la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas, la suspensión de plazos y términos a partir del diecinueve de diciembre de dicha anualidad, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Por otra parte, de conformidad con la circular SECNO/10/2021 firmada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cosas que, a partir de esta data se reanudarán los plazos por lo que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 16 de la referida circular SECNO/10/2021, a partir de esta fecha se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el juicio de amparo en que se actúa; y se reanuda su trámite en el punto que quedó pausado; en la inteligencia que dicha reanudación operará plenamente, una vez que se notifique la presente determinación. En consecuencia, dado que al momento en que se decretó la suspensión de plazos y términos procesales, en acatamiento a la circular CAP/2/2020 firmada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito, del estado procesal y la certificación que antecede del asunto se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. De igual forma, dado que en el presente asunto obran documentos originales (copia certificada de los autos del expediente 1049/2019) constancias actuadas ante el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, devuélvase a la referida autoridad, el anexo que remitió como complemento a su informe justificado. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, rinde su informe justificado al presente sumario constitucional y al efecto remite copia certificada del convenio de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, correspondiente al juicio laboral J.29/1279/2016. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales que estimó vulnerados por la autoridad. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que éste deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar dicha actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, página 81, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la tesis 103, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Noviembre 1997, Novena época, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Este Juzgador estima lo anterior, pues de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Cristian Jeovani Torres González, reclamó la omisión de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de dictar el laudo en el expediente laboral 1279/2016. Ahora bien, de la copia certificada anexada al oficio de cuenta, remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones, se aprecia que los efectos de dicho acto reclamado cesaron en virtud a que el aquí quejoso y la personal moral Grupo Embotellador CIMSA, S. DE R.L. DE C.V., el veintitrés de noviembre del año en curso, comparecieron ante la autoridad responsable con el fin de dar por terminado el conflicto laboral, denunciando el convenio que celebraron, del cual se advierte que el demandante en el juicio de origen, en la cláusula primera se desiste a su entero perjuicio de la demanda y todas las acciones intentadas en la misma; asimismo, de la cláusula tercera se aprecia que solicitó se hiciera del conocimiento de este Juzgado de Distrito que se desiste del presente juicio de amparo, dado el convenio celebrado. De tal manera, procede sobreseer en este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 356, cuyo contenido es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, no se realiza especial pronunciamiento respecto al desistimiento del presente juicio de amparo que refiere el quejoso en el juicio de origen, dado lo acordado en párrafos precedentes. Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las quince horas del ocho de diciembre de dos mil veinte, se deja insubsistente.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ******. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por *******. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda, así como de la presente determinación; lo anterior deberá hacerse de su conocimiento, privilegiando el uso de los medios electrónicos, en el entendido que esta circunstancia se autoriza en términos de la contingencia sanitaria que rige en nuestro país. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las quince horas del ocho de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

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