Cristina Pérez Juárez
Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Pérez Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, como la promovente del amparo Cristina Pérez Juárez, no recurrió el proveído de quince de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó su demanda de amparo; con fundamento en el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para los efectos legales procedentes; archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa, Cristina Pérez Juárez, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de fecha cinco de marzo del año dos mil diecinueve; consecuentemente, se procede a proveer sobre la admisión o inadmisión de la demanda de amparo. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Pérez Juárez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; consecuentemente, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 199/2019. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, Cristina Pérez Juárez, por derecho propio, reclamó de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Al respecto este órgano jurisdiccional estima que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, y que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y por ende, es improcedente cuando el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En efecto, tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden de ideas, se tiene que la quejosa promueve el presente juicio de amparo en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en: La resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificacióin del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando la solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es la resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificacióin del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
***CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa, Cristina Pérez Juárez, atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento que se le formuló mediante proveído de fecha cinco de marzo del año dos mil diecinueve; consecuentemente, se procede a proveer sobre la admisión o inadmisión de la demanda de amparo. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por Cristina Pérez Juárez, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en la resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; consecuentemente, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 199/2019. Ahora bien, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, Cristina Pérez Juárez, por derecho propio, reclamó de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala: La resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificación del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Al respecto este órgano jurisdiccional estima que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." De estas disposiciones se colige, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, y que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y por ende, es improcedente cuando el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En efecto, tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden de ideas, se tiene que la quejosa promueve el presente juicio de amparo en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, consistente en: La resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificacióin del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; por tanto, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando la solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado es la resolución dictada el siete de febrero del año dos mil diecinueve, en el toca civil de queja 538/2018, mediante la cual confirmó la diversa resolución de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, en el expediente 648/2017, mediante la cual confirmó el auto de fecha once de mayo del año dos mil dieciocho; con el que en lo conducente, se tuvo por presentado el peritaje que se presentó con fecha trece de abril del dos mil dieciocho, el que se mandó agregar a las actuaciones para los efectos legales procedentes, concediéndose un término de tres días hábiles siguientes a la notificacióin del proveído en cuestión, para que compareciera el perito a ratificar el peritaje correspondiente; es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación, en lo relativo, la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida Cristina Pérez Juárez, contra actos de los Magistrados que Integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, a fin de proveer lo que en derecho proceda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, mediante escrito y con las copias necesarias que formarán parte integrante de la demanda; Que manifieste qué se proveyó en el acuerdo de once de mayo de dos mil dieciocho; o exhiba copia simple del referido acuerdo; Que diga qué se resolvió el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; o exhiba copia simple de la referida resolución; Que precise el número de expediente, ya que en el capítulo de hechos, lo señala como 648/2018, y en el capítulo de conceptos de violación 648/2017; Que diga bajo protesta de decir verdad, en qué etapa se encuentra el juicio; Que diga si ya se dictó sentencia definitiva. Con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114, de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Alejandro Guillot número cuatrocientos ocho, colonia Centro de Apizaco, Tlaxcala, y autorizado en términos del artículo 12, párrafo primero, primera parte, de la Ley de Amparo a Bernardo Apanecatl Nava, y únicamente para tales efectos a las demás personas que mencionan en su ocurso constitucional, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Finalmente, se hace saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta en los términos y con las salvedades establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, por lo que de conformidad con los artículos 8° y 61 del citado ordenamiento, tienen el derecho para oponerse de manera expresa, a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
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