Cristina Gutiérrez López
Expediente 113/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Cristina Gutiérrez López
- Nicasio Gutiérrez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 113/2018-II-A, promovido por Cristina Gutiérrez López, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el trece de febrero de dos mil dieciocho, recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, Cristina Gutiérrez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, a quienes se les reclamo el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, y su correspondiente ejecución. SEGUNDO. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa Cristina Gutiérrez López, en la presente instancia constitucional, es: El auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, en la parte que se conceden las medidas provisionales, para que se proceda hacer la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para el efecto de no realizar ningún movimiento traslativo de dominio del bien inmueble identificado como solar urbano lote número 5 de la manzana 15 de la zona Cero, de la población de Santa Cruz El Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. El Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, y que dada su naturaleza y carácter, hacen prueba plena por tratarse de documentales públicas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, en su carácter de autoridad ejecutora al rendir su informe justificado negó al existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa esta desvirtuada con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad ordenadora. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que lo aleguen las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se publica en la página quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador advierte que respecto del acto reclamado por la ahora quejosa Cristina Gutiérrez López, precisado en el considerando segundo de este fallo, consistente en el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, en la que se concede la medida provisional, para que se proceda hacer la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fin de no realizar ningún movimiento traslativo de dominio del bien inmueble identificado como solar urbano lote número 5 de la manzana 15 de la zona Cero, de la población de Santa Cruz El Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo y su correspondiente ejecución por parte de la autoridad señalada con ese carácter; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De las copias certificadas deducidas del expediente 1091/2017, relativo al juicio de nulidad de testamento, generador del acto reclamado, que el Juez responsable, acompañó a su informe justificado, a las cuales se le concedió pleno valor probatorio, se desprende que: 1. José y Nicasio, ambos de apellidos Gutiérrez López, por escrito presentando el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, promovieron juicio de nulidad de testamento público abierto, otorgado por José Gutiérrez Hernández a favor de Cristina Gutiérrez López. 2. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y se concedió la medida provisional solicitada por los hoy terceros interesados, en la que se ordenó girar oficio al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para hacer la anotación marginal para que no se realice ningún movimiento traslativo de dominio del inmueble identificado como solar urbano lote número cinco de la manzana quince, de la zona Cero, de la población de Santa Cruz el Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo. Al respecto el artículo 791, 792, 793 y 794, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, disponen lo siguiente: "Artículo 791.- La medida precautoria se decretará sin audiencia de la contraparte y se ejecutará sin notificación previa. Artículo 792.- Si la medida se decreta antes de iniciarse el juicio, quedará sin efecto si no se presenta la demanda dentro de los tres días siguientes a su ejecución y se restituirán las cosas al estado que tenían antes de dictarse. Artículo 793.- Contra la resolución que niegue la medida procederá el recurso de queja. Artículo 794.- Podrá reclamarse la medida por la parte contra quien se decrete o por un tercero, en demanda incidental, y dentro de los cinco días contados a partir de que tenga conocimiento de ella.". Ahora bien, tomando en consideración que el peticionario del amparo reclama el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se decretó la medida precautoria, sobre el solar urbano lote número cinco de la manzana quince, de la zona Cero, de la población de Santa Cruz el Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo, para que no se realice ningún movimiento traslativo de dominio, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió agotar la demanda incidental, previsto por el artículo 794 transcrito en el párrafo que antecede; por lo que la parte quejosa estaba obligada a agotar dicho incidente antes de promover el juicio de amparo. En efecto, al prever el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, un incidente para combatir en este caso las irregularidades de la medida precautoria aquí reclamada, previamente a la interposición del juicio de amparo, puesto que la quejosa es parte dentro del juicio de origen; es evidente que la impetrante del juicio de amparo antes de acudir a esta instancia constitucional debió de interponer en tiempo el medio de defensa de referencia, no siendo por lo mismo procedente el juicio de amparo, al actualizarse al caso la causal de improcedencia en estudio. En las apuntadas condiciones, es claro que al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES.- Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo.". Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." La anterior declaración de sobreseimiento deberá hacerse extensivo a la autoridad ejecutora, porque su ilegalidad se hace depender del acto reclamado ordenador y no por vicios propios, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 516, consultable en el Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia que originó el sobreseimiento de este juicio constitucional, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otra parte, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 74, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cristina Gutiérrez López, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
***V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 113/2018-II-A, promovido por Cristina Gutiérrez López, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el trece de febrero de dos mil dieciocho, recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, Cristina Gutiérrez López, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, a quienes se les reclamo el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, y su correspondiente ejecución. SEGUNDO. El catorce de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa Cristina Gutiérrez López, en la presente instancia constitucional, es: El auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, en la parte que se conceden las medidas provisionales, para que se proceda hacer la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para el efecto de no realizar ningún movimiento traslativo de dominio del bien inmueble identificado como solar urbano lote número 5 de la manzana 15 de la zona Cero, de la población de Santa Cruz El Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. El Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, y que dada su naturaleza y carácter, hacen prueba plena por tratarse de documentales públicas, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, el Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, en su carácter de autoridad ejecutora al rendir su informe justificado negó al existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa esta desvirtuada con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad ordenadora. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que lo aleguen las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se publica en la página quinientos cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 1995, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este juzgador advierte que respecto del acto reclamado por la ahora quejosa Cristina Gutiérrez López, precisado en el considerando segundo de este fallo, consistente en el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 1091/2017, en la que se concede la medida provisional, para que se proceda hacer la anotación marginal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a fin de no realizar ningún movimiento traslativo de dominio del bien inmueble identificado como solar urbano lote número 5 de la manzana 15 de la zona Cero, de la población de Santa Cruz El Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo y su correspondiente ejecución por parte de la autoridad señalada con ese carácter; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De las copias certificadas deducidas del expediente 1091/2017, relativo al juicio de nulidad de testamento, generador del acto reclamado, que el Juez responsable, acompañó a su informe justificado, a las cuales se le concedió pleno valor probatorio, se desprende que: 1. José y Nicasio, ambos de apellidos Gutiérrez López, por escrito presentando el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, promovieron juicio de nulidad de testamento público abierto, otorgado por José Gutiérrez Hernández a favor de Cristina Gutiérrez López. 2. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda y se concedió la medida provisional solicitada por los hoy terceros interesados, en la que se ordenó girar oficio al Director de Notarias y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, para hacer la anotación marginal para que no se realice ningún movimiento traslativo de dominio del inmueble identificado como solar urbano lote número cinco de la manzana quince, de la zona Cero, de la población de Santa Cruz el Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo. Al respecto el artículo 791, 792, 793 y 794, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, disponen lo siguiente: "Artículo 791.- La medida precautoria se decretará sin audiencia de la contraparte y se ejecutará sin notificación previa. Artículo 792.- Si la medida se decreta antes de iniciarse el juicio, quedará sin efecto si no se presenta la demanda dentro de los tres días siguientes a su ejecución y se restituirán las cosas al estado que tenían antes de dictarse. Artículo 793.- Contra la resolución que niegue la medida procederá el recurso de queja. Artículo 794.- Podrá reclamarse la medida por la parte contra quien se decrete o por un tercero, en demanda incidental, y dentro de los cinco días contados a partir de que tenga conocimiento de ella.". Ahora bien, tomando en consideración que el peticionario del amparo reclama el proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se decretó la medida precautoria, sobre el solar urbano lote número cinco de la manzana quince, de la zona Cero, de la población de Santa Cruz el Porvenir inscrita bajo la partida ciento diez de la sección primera del Distrito Judicial de Hidalgo, para que no se realice ningún movimiento traslativo de dominio, previamente a acudir a esta vía constitucional, debió agotar la demanda incidental, previsto por el artículo 794 transcrito en el párrafo que antecede; por lo que la parte quejosa estaba obligada a agotar dicho incidente antes de promover el juicio de amparo. En efecto, al prever el artículo 794 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, un incidente para combatir en este caso las irregularidades de la medida precautoria aquí reclamada, previamente a la interposición del juicio de amparo, puesto que la quejosa es parte dentro del juicio de origen; es evidente que la impetrante del juicio de amparo antes de acudir a esta instancia constitucional debió de interponer en tiempo el medio de defensa de referencia, no siendo por lo mismo procedente el juicio de amparo, al actualizarse al caso la causal de improcedencia en estudio. En las apuntadas condiciones, es claro que al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES.- Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo.". Conforme al sentido de este fallo, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." La anterior declaración de sobreseimiento deberá hacerse extensivo a la autoridad ejecutora, porque su ilegalidad se hace depender del acto reclamado ordenador y no por vicios propios, en acatamiento a la tesis de jurisprudencia 516, consultable en el Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Luego entonces, al haberse actualizado la causal de improcedencia que originó el sobreseimiento de este juicio constitucional, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para estudiar el fondo del amparo, según el criterio sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 57, de la Gaceta número setenta, del Semanario Judicial de la Federación, del mes de Octubre de 1993, cuyo tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por otra parte, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 74, y 217 y demás relativos de la ley de la materia, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cristina Gutiérrez López, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de las constancias derivadas del expediente número 1091/2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con el contenido de dicho informe, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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