Cristina Martínez Camarillo

Expediente 499/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
499/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Cristina Martínez Camarillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las documentales que allegó al presente juicio que obra en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 499/2022, promovido por Rafael Cisneros Olvera, en cuanto defensor de Cristina Martínez Camarillo, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Cristina Martínez Camarillo, por conducto de su defensor particular, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer a este juzgado, quien la registró con el número 499/2022 y mediante auto de doce de mayo del año en curso (foja 16), la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y ordenó otorgar la intervención legal correspondiente a la representación social de la adscripción. Luego, el dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 42) se reconoció el carácter de terceras interesadas a J.J.N.H., E.I.N.T. y G.G.R., víctimas del delito de privación ilegal de la libertad, cuya identidad se encuentra reservada; de la misma forma, se reconoció ese carácter al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad y al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-3 Uruapan. Por último, el dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 42) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual llegadas las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós se verificó, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por la quejosa consiste en: La determinación asumida en audiencia de dieciocho de abril del año en curso celebrada en la causa penal 47/2020, que se sigue en contra de la quejosa y otros coinculpados, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y otros ilícitos, en la que se resolvió improcedente la solicitud del defensor de la quejosa, para que se decrete la separación del proceso. Acto que atribuyó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado (foja 37). Lo que se corrobora con el disco que contiene la videograbación de la audiencia de juicio oral celebrada el dieciocho de abril de dos mil veintidós dentro de la causa penal 47/2020, mediante la cual se negó a la quejosa decretar la separación de autos. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarta. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el caso las partes no las hicieron valer y este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, Novena Época, Registro 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En dichos conceptos de violación, el promovente del amparo aduce esencialmente que: 1. Que la resolución dictada por el juez responsable violenta los derechos fundamentales de la quejosa, específicamente el de justicia pronta y expedita, en razón que a todas luces la decisión de no separar los procesos, dilata el procedimiento, lo cual incluso dice, ya excedió el plazo de un año que contempla el artículo 20, fracción VII, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Que al emitir la resolución en esos términos, el juez responsable dejó de considerar que de conformidad con el artículo 393 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la facultad de separar los debates para llevarlos a cabo individualmente pero en forma continua, de forma que sí era legalmente procedente separar los debates respecto de su representada y el resto de los acusados; 3. Que el juez responsable al emitir el argumento en el sentido que no era procedente separar los procesos, porque se estaría revictimizando a las víctimas del delito, dejó de considerar que ellas se encuentran representadas por sus asesores victímales y que por ello, no es necesaria su presencia, aunado a que su testimonio ya se encuentra respaldado con prueba anticipada, razón de más por la que su presencia ya no es necesaria en el debate del juicio, pero que en el caso que decidieran estar, podrían ser acompañadas por psicólogos que los asistan; y, 4. Que al asumir la determinación en ese sentido, el juez responsable dejó de considerar que debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia a favor de la acusada. Conceptos de violación que deben calificarse inoperantes en una parte e infundados en otra; para dar sustento a esta calificación, deben traerse a cuenta las consideraciones expuestas por el juez responsable en la audiencia en la que se emitió el acto reclamado, que son las siguientes: "Minuto 19:30 ". Bien cristina, en todas mis audiencias la explicación mayor siempre se la doy a las personas imputadas, en su caso a personas como usted, ello es precisamente tratando de hacer un ejercicio de publicidad, de que mis determinaciones estén a su alcance y que sean comprensibles. Señalado lo anterior, le hago saber que he decidido no llevar a cabo la separación de los autos como lo pidió su defensor, le explico el porqué, desde un primer momento cuando yo fui designado como juez, perdón como tribunal de enjuiciamiento, es decir, que yo estoy designado para llevar el juicio, tengo una prohibición precisamente para imponerme qué ha sucedido en etapas anteriores, precisamente es una garantía en su favor. Le voy a explicar por qué, anteriormente había un sistema, usted está muy joven, le digo respetuosamente, pero hace que son, ya doce, catorce años, antes de catorce años, que era escrito y entonces cuando las personas eran vinculadas se decía que se dictaba un auto de formal prisión, se dictaba el auto de formal prisión y se tenía acceso a las actuaciones de la fiscalía, como son esos tomos, si usted podrá ver, yo solo tengo acceso a uno que se llama cuaderno de juicio, sí? Entonces, era con la finalidad de que anteriormente quien dictaba un auto de formal prisión se imponía de las constancias y entonces, cuando emitía la sentencia ya traía, se llama técnicamente un sesgo de conocimiento, una idea aquí en el cerebro, en la cabeza, en la mente como usted le quiera llamar, en el sentido de que, ah yo ya dicté un auto de formal prisión en contra de una persona, ah pues ahora para mi sentencia solo le voy a quitar a la versión escrita, la palabra presunto y ya va a quedar responsable. Ahora no, ahora esa garantía está en el artículo 20 e implica que la persona que se constituya como persona de enjuiciamiento no debe de tener ningún sesgo de información. Eso es importante porque yo tengo que resolver con todo lo que, las pruebas que rindan aquí, y de manera inicial le corresponde a los fiscales hacerlos comparecer, traerlos, presentarlos, y yo tengo que resolver con base en lo que se vaya escuchando, si? Esta cuestión también es muy importante porque lo acaba de señalar el licenciado José Antonio Jacinto, en el sentido de que a partir de esa reforma constitucional de dos mil ocho, están en igualdad de derechos, de armas, de reconocimientos, tanto la víctima como precisamente las personas que tienen la calidad de investigados, imputados o acusados. Se prevé en la propia Constitución, en la Ley General de Víctimas, evitar una revictimización si? De acuerdo con el auto de apertura a juicio, efectivamente se habla de que posiblemente se traten de tres víctimas sí? Y esas víctimas si bien es cierto, como dice su defensor, está un ofrecimiento de prueba anticipada, es decir, que solamente vamos a reproducir esos videos, también vamos a ver que es obligación del tribunal de enjuiciamiento, porque así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice prueba anticipada, el registro es 2023577, prueba anticipada, el tribunal de enjuiciamiento está facultado para verificar si las condiciones que motivaron el desahogo de la prueba anticipada en etapas previas al juicio continúan vigentes, es decir, en otras palabras, yo ya cuando esté en juicio, antes de llevar a cabo la escucha o la proyección de esos videos yo tengo que preguntar a la fiscalía, si es voluntad de las víctimas o siguen persistiendo esas circunstancias, solamente así, si me dicen que siguen persistiendo esas situaciones, entonces tendrán derecho a no comparecer, pero si ellos lo hacen, inclusive usted escuchó, que le acabo de preguntar al asesor victimal y dice que las víctimas están pendientes. Ellas pueden venir, estar escuchando y comparecer, interrogar a cualquiera de los medios de prueba, entonces, es una circunstancia que también debo de tomar en consideración. Otra situación importante es que el sistema se compone de varios principios, solamente le voy a mencionar tres en este momento; uno es un juicio cuya herramienta es la oralidad, hablado, usted ya más o menos vio que precisamente este las exposiciones son habladas, todo el desarrollo probatorio es hablado, si? Un principio fundamental es la inmediación, es que la prueba se tiene que desarrollar en mi presencia y de las partes, que no haya nada que interfiera en ese desarrollo de las pruebas, salvo excepciones como es precisamente la prueba anticipada, pero también hay un principio fundamental que está en la constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que habla del principio de concentración, es decir, se deberá evitar precisamente la división de los procesos, la división de las causas, con base en un principio de concentración, es necesario que, si se está acusando a siete personas, es prudente que precisamente estén todas las siete personas, un solo desfile probatorio, porque de lo contrario si se accediera a la separación tendría que intervenir por lo menos, un segundo tribunal de enjuiciamiento, y podría dictarse sentencias contradictorias, hipotéticamente, yo podría negarle valor a algunos elementos captores, pero un segundo juez podría concederle valor a esos mismos captores y eso sería una sentencia contradictoria, entonces, precisamente como sí debe imperar el principio de evitar una revictimización de las víctimas, para el caso que decidan declarar en este juicio y por otro lado, con base en el principio de concentración de las audiencias, considero prudente llevar a cabo un solo juicio (min. 26:38)." Como se ve, los argumentos esenciales en los que el juez responsable apoyó su determinación, fueron los siguientes: 1. En cuanto al tópico de la revictimización, que aunque era cierto que las víctimas del delito habían ofrecido por conducto de la fiscalía prueba anticipada, por temor fundado de sufrir un daño a su persona, conforme al criterio jurisprudencial con registro 2023577, él, como tribunal de enjuiciamiento, estaba obligado a verificar en la etapa de juicio si las condiciones que motivaron el desahogo de la prueba anticipada en etapas previas al juicio continuaban vigentes, lo que significaba que antes de llevar a cabo la escucha o la proyección de esos videos, está obligado a preguntar a la fiscalía, si es voluntad de las víctimas no asistir o siguen persistiendo esas circunstancias y que solamente si las víctimas le decían que siguen persistiendo esas situaciones no entrevistarlas, lo que significaba que ellas podían asistir, estar escuchando y comparecer, interrogar a cualquiera de los medios de prueba; razón por la que hasta este momento era patente el riesgo de revictimizarlas si se separaba el proceso; y, 2. En cuanto a la emisión de sentencias contradictorias dijo que también era improcedente su solicitud, porque conforme al principio de concentración se debe evitar la división de los procesos y por ello, es necesario que si se está acusando a siete personas, estén todas presentes en un solo desfile probatorio, ya que si se accediera a la separación, tendría que intervenir por lo menos un segundo tribunal de enjuiciamiento y podrían dictarse sentencias contradictorias. En ese sentido, son inoperantes los conceptos de violación identificados con los números 2 y 3, en los que el promovente del amparo aduce: *Que al emitir la resolución en esos términos, el juez responsable dejó de considerar que de conformidad con el artículo 393 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen la facultad de separar los debates para llevarlos a cabo individualmente pero en forma continua, de forma que sí era legalmente procedente separar los debates respecto de su representada y el resto de los acusados; y, *Que el juez responsable al emitir el argumento en el sentido que no era procedente separar los procesos, porque se estaría revictimizando a las víctimas del delito, dejó de considerar que ellas se encuentran representadas por sus asesores victímales y que por ello, no es necesaria su presencia, aunado a que su testimonio ya se encuentra respaldado con prueba anticipada, razón de más por la que su presencia ya no es necesaria en el debate del juicio, pero que en el caso que decidieran estar, podrían ser acompañadas por psicólogos que los asistan. Lo anterior, ya que si bien es cierto que los quejosos combatieron la parte de la decisión del juez responsable, en torno a la cuestión de la revictimización de los ofendidos, afirmando que su testimonio ya se encuentra respaldado por prueba anticipada y que en el caso que decidieran asistir al juicio, podían ser acompañados por psicólogos; también lo es que, el promovente del amparo no atacó el diverso argumento, conforme al cual el tribunal de enjuiciamiento señaló que también era improcedente su solicitud, esto es, que conforme al principio de concentración se debe evitar la división de los procesos y por ello, es necesario que si se está acusando a siete personas, estén todas presentes en un solo desfile probatorio, ya que si se accediera a la separación, tendría que intervenir por lo menos un segundo tribunal de enjuiciamiento y podrían dictarse sentencias contradictorias. Es decir, el promovente del amparo únicamente se limitó a combatir el tema relativo a la revictimización de la parte ofendida, pero nada dijo con relación al segundo argumento en el que el juez responsable apoyó su determinación de no acceder a la separación de los autos, esto es, que de hacerlo era muy probable la emisión de sentencias contradictorias, porque se haría indispensable la presencia de un segundo tribunal de enjuiciamiento, a efecto de evitar juzgar con sesgos. En consecuencia y toda vez que esas dos consideraciones son independientes entre y el motivo antes destacado (que no es procedente separar los autos porque de hacerlo es alta la probabilidad de que se emitan sentencias contradictorias), por sí solo puede sustentar el sentido del fallo reclamado, por lo que al no haberse controvertido, éste continúa rigiendo el sentido de la misma. Es así, porque aunque este juzgador calificara de ilegal el argumento dado por el juez responsable para negar la separación del proceso, en el sentido que al hacerlo se puede revictimizar a los ofendidos; de cualquier forma, subsistiría la consideración toral atinente a que la separación de autos puede ocasionar el dictado de sentencias contradictorias, ya que respecto de esa afirmación, la parte quejosa no dirigió concepto de violación alguno, a través del cual combatiera esa afirmación. De ahí, la inoperancia sostenida, ya que los conceptos de violación deben estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de todos los argumentos en que se sustenta la resolución impugnada, pues de no ser así, se está ante argumentos insuficientes para revocar la resolución recurrida. En apoyo a lo anterior, es de invocar la jurisprudencia IV.30.A. J/4, visible en la página 1138, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. De la misma forma, es inoperante por insuficiente el concepto de violación identificado con el número 4, en el que el promovente del amparo aduce que al asumir la determinación en ese sentido, el juez responsable dejó de considerar que debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia a favor de la acusada; dicha calificación obedece a que se trata de una afirmación carente de sustento jurídico y argumentativo, en la medida que el promovente del amparo no señala en qué aspecto la determinación reclamada conculca el principio de presunción de inocencia de su defendida. Lo que se hacía necesario dado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 349/2012 estableció que existen tres vertientes de la presunción de inocencia en sede penal: (1) como regla de trato procesal; (2) como regla probatoria; y, (3) como estándar de prueba. Así, como "regla probatoria", establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado; en tanto que, como "estándar de prueba" exige a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Mientras que, como "regla de trato", exige que toda persona a sea tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, por ello, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Tales conceptualizaciones quedaron establecidas en los criterios jurisprudenciales siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006092 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.) Página: 497 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Época: Décima Época Registro: 2006093 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.) Página: 478 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Época: Décima Época Registro: 2006091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 26/2014 (10a.) Página: 476 "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar." Bajo esas consideraciones, al no haberse señalado la vertiente en la que se estima actualizada la infracción al principio de presunción de inocencia contemplado a favor de la quejosa, se impone entonces declarar inoperante ese concepto de violación. Finalmente, es infundado el concepto de violación identificado del número 1, en el que el promovente del amparo aduce que: *Que la resolución dictada por el juez responsable violenta los derechos fundamentales de la quejosa, específicamente el de justicia pronta y expedita, en razón que a todas luces la decisión de no separar los procesos dilata el procedimiento, lo cual incluso dice, ya excedió el plazo de un año que contempla el artículo 20, fracción VII, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque aunque por principio es cierto que la determinación de no separar los autos, puede dilatar el procedimiento en perjuicio de la quejosa y que también es verdadero que de conformidad con el artículo 20 Constitucional, la prisión preventiva no debe exceder de dos años; también lo es que el artículo constitucional señalado contiene una restricción para su actualización, la cual consiste en que la prolongación de la prisión preventiva, no se deba al ejercicio del derecho de defensa que haya ejercido el inculpado. Se debe entender como derecho de defensa, el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. En el caso se afirma que la quejosa ha hecho uso de su derecho de defensa, porque del disco que contiene la audiencia se aprecia que el defensor particular de la quejosa, al solicitar la separación de los autos, a partir del minuto 10:44, manifestó: ".Si su señoría por lo que respecta a esta defensa, si se solicitaría precisamente en esos términos del artículo 35 la separación, pues una de las razones es porque ya se encuentran algunos ya, la mayoría de los testigos, de esta defensa, volverlos a traer, sería un, ahora si que un gasto para mi, para esta defensa, volverlos a traer, posiblemente no sea fácil volverlos a, hacerlos trasladar hasta esta ciudad de Morelia, toda vez que la mayoría son del pueblo de Villa Jiménez, por esa razón y además, se considera que continuando la acumulación obviamente que se va a demorar Señoría, una vez que se ha hablado incluso con mi defendida, dice ella también que es su, comenta que es su deseo pues, que ya se resuelva en este momento la audiencia de juicio Señoría.(finalizó intervención minuto 11:37).." Como se ve, uno de los argumentos en los que el defensor particular de la quejosa descansó su petición de separación de autos, fue precisamente que ellos ya habían ofrecido y desahogado todos las pruebas de su parte; por ello, aunque es cierto que ya excedió el plazo establecido constitucionalmente para la prisión preventiva, también es evidente que esa prolongación se debe entre otras cuestiones, al ejercicio del derecho de defensa del que ha hecho uso la propia peticionaria del amparo y entonces, ello actualiza la excepción contenida en el artículo 20 Constitucional, esto es, que la prolongación no sea atribuible al derecho de defensa del inculpado. En ese punto es importante precisar que el criterio que se sostiene en esta sentencia en el sentido que la prolongación de la prisión preventiva oficiosa está justificada cuando el imputado ejerce su derecho de defensa, fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 161/2017, en el que al resolver un asunto análogo al que ahora se resuelve, sostuvo: "En tanto, como lo determinó el juez de Amparo en la resolución recurrida, también es acorde a derecho que la responsable luego de establecer la improcedencia del cese o revocación de la medida cautelar, al realizar la interpretación sistemática de los dispositivos jurídicos 20, apartado B), fracción IX, de la Constitución Federal, 161, 163 y 171, del Código Nacional de Procedimientos Penales, resolviera que la prisión preventiva impuesta el doce de febrero de dos mil dieciséis, debía prolongarse hasta por dos años (hasta el once de febrero de dos mil dieciocho) y/o en tanto durara el procedimiento penal ****, seguido en contra del quejoso ***. Lo anterior es de ese modo, porque en efecto, como lo advirtió el juzgador de Amparo, el Tribunal de Enjuiciamiento precisó en el acto reclamado que esa prolongación de la prisión preventiva oficiosa al impetrante de protección, estaba justificada en razón de que el imputado y su abogado particular optaron por ejercer su derecho de defensa, cuando decidieron que la situación jurídica del quejoso se determinara en forma definitiva mediante juicio oral. Sobre el particular, la autoridad responsable argumentó al emitir el acto reclamado, que al interpretar el artículo 20, apartado B, de la Constitución General de la República, se pone de manifiesto que el derecho de defensa comprende diversos derechos subjetivos y que, a la luz de lo dispuesto en la fracción VII, apartado A, del precepto constitucional ut supra, sólo cuando los imputados optan por un mecanismo de aceleración, se entiende que no se jercer ninguna petición de defensa y, como en el caso, el imputado optó por ser juzgado en audiencia de juicio oral, ello implica formal y materialmente que determinó ejercer su derecho de defensa; con lo cual se justifica plenamente la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva hasta por los dos años que, en los términos antes acotados, establece la norma fundamental del País en cita. Atentos a lo anterior, dicha premisa argumentativa de la autoridad responsable es correcta, porque en la especie existe plena certeza de que el impetrante de amparo y aquí recurrente ***, asesorado de su defensor particular, ciertamente optó por ser juzgado en audiencia de juicio oral y, además, acorde con los datos contenidos en el auto de apertura a juicio oral de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se constata que, el inodado ejerció su derecho de defensa y virtud a ello, ofreció medios de prueba que le fueron admitidos en la etapa intermedia y debían ser desahogados en la audiencia de juicio oral; tal como, incluso, aconteció, porque acorde con los antecedentes precisados previamente en esta ejecutoria, el nueve de marzo de dos mil diecisiete el Tribunal de Enjuiciamiento llevó a cabo dicha audiencia y emitió sentencia condenatoria en su contra, la cual fue impugnada por **** mediante recurso de apelación. En consecuencia, la resolución recurrida de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, como lo determinó el juez de Amparo, es legal y, entonces, como se anticipó y ahora se reitera, es infundado el agravio precisado como b).(.)" Por otra parte, también se puntualiza que no pasan por alto para el que ahora resuelve, los siguientes criterios que sobre el tópico se localizan: Tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.), perteneciente a la décima época, registro 2001430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 492, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN. Conforme al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso. Ahora bien, una interpretación basada en el principio pro personae, con fundamento en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, permite definir la forma en que debe ponderarse si ha transcurrido un plazo razonable en la duración de la prisión preventiva, en atención a los factores siguientes: 1. Probabilidad de que el acusado cometió un delito merecedor de pena carcelaria, en donde el juzgador podría estimar que la medida cautelar provisional decretada ya no es imperiosa, lo que no prejuzga lo resuelto en el auto de formal prisión; 2. Peligro de fuga o evasión de la acción de la justicia, donde deben tenerse en cuenta la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena, elementos que por sí solos son insuficientes para concluir que no ha transcurrido un plazo razonable de duración de la prisión preventiva; 3. Riesgo de comisión de nuevos delitos, en donde el peligro debe ser real; 4. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión, circunstancias que deben evaluarse en asuntos donde el acusado puede impedir el curso normal del proceso judicial, dicha necesidad debe fundarse en un peligro efectivo; 5. Viabilidad de presión sobre los testigos, caso en que debe examinarse si existe un riesgo legítimo para éstos u otras personas; 6. Preservación del orden público, en donde por circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un hecho delictivo y la reacción del público ante el mismo, pueden justificar la aplicación de la medida cautelar por cierto periodo; 7. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento, donde debe justipreciarse si las autoridades la han empleado; 8. Motivos expuestos por las autoridades judiciales para justificar la continuación de la medida, donde la información se analiza caso por caso para determinar la relevancia y suficiencia de las justificativas para la prisión preventiva; 9. Lapso constitucional de duración del juicio, donde debe constatarse si han transcurrido 4 meses en caso de delitos cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión o 1 año si la pena excede de ese tiempo; 10. Ejercicio efectivo del derecho de defensa, el cual no debe ser un pretexto para que la autoridad alargue el proceso de manera injustificada; y 11. Eventualidad apoyada en datos de riesgo para el ofendido o la sociedad, donde el riesgo debe justipreciarse con elementos de convicción aportados por la Representación Social. Así, los jueces, fundándose en una prudente apreciación, deben evaluar en forma proporcional y razonada en cada caso dichos factores, a efecto de determinar si ha transcurrido un plazo razonable de permanencia del procesado sujeto a prisión preventiva. Tesis 1a. XL/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014015, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. FACTORES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD PARA LA PROLONGACIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII, DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL. En el juicio de amparo en revisión 27/2012, que dio lugar a la tesis 1a. CXXXVII/2012 (10a.) de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA. FORMA DE PONDERAR EL PLAZO RAZONABLE DE SU DURACIÓN.", esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó la temática del plazo razonable para justificar la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, con motivo de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 293/2011, toda vez que existe una interrelación material entre las normas constitucionales y las de los tratados internacionales ratificados por México que reconocen derechos humanos y dado que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para esta Suprema Corte, siempre y cuando sea más favorable para la persona, criterio que se refleja en la tesis P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.", resulta necesario hacer algunas acotaciones y diferenciaciones al criterio resultante de tal amparo en revisión a la luz de los nuevos lineamientos interamericanos. Por lo tanto, cuando en el transcurso de un proceso penal una persona solicite su libertad al estimar que se ha actualizado un plazo irrazonable para ser juzgada y, por ende, no se justifica la prolongación de su prisión preventiva, con fundamento en los artículos 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el juzgador competente deberá de tomar en cuenta y valorar lo siguiente: a) el artículo 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, no establece un plazo perentorio para la prisión preventiva, sino que señala un rango de tiempo máximo del proceso penal cuyo cumplimiento dependerá de las circunstancias del caso y del respeto y protección del derecho de defensa del inculpado; y b) consecuentemente, para determinar si se ha transgredido un plazo razonable para que una persona sea juzgada y, con ello, sea viable o no prolongar la prisión preventiva, el juzgador tendrá que analizar la: i) complejidad del caso; ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso. Aunado a lo anterior, para no pasar por alto la preocupación que refleja el Poder Constituyente al establecer en la fracción I del apartado A, del citado artículo 20 constitucional, ciertos requisitos para que se pueda interrumpir la prisión preventiva durante el proceso del orden penal, el juzgador tiene la facultad para analizar excepcional y sucesivamente los elementos recién citados de complejidad y actividad procesal; si es necesaria la prolongación de la prisión preventiva con el fin de que el inculpado no eluda la acción de la justicia y se desarrolle de manera eficiente la investigación y, en su caso, si se encuentra acreditada o hay indicios suficientes sobre la existencia de causas externas que trasciendan en el proceso, tales como el peligro o la viabilidad de presión a testigos o víctimas o la sujeción del inculpado a otro proceso penal. Para ello, el juez correspondiente deberá hacer un análisis holístico de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean al proceso, aludiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad y pudiendo tomar en cuenta la naturaleza del delito que se imputa, pero sin que ese único factor y sólo por ese elemento se decida prolongar la prisión preventiva". Sin embargo, en el caso no se estiman aplicables, porque el agravio toral de la quejosa, se encamina a combatir que el término se prorrogó más allá del término razonable de dos años, el cual, como quedó anotado en los párrafos precedentes, quedó justificado porque se evidenció que la peticionaria del amparo ejerció su derecho de defensa y dichos criterios se refieren a los factores a los que se debe atender para determinar si trascurrió o no un plazo razonable para el enjuiciamiento del inculpado, cuando no se actualice la excepción del derecho de defensa, es decir, cuando se advierta que el inculpado no ejercitó un solo acto de defensa. En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse ni violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa que reparar oficiosamente, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados, respecto del acto de estudio materia de estudio en esta consideración. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Cristina Martínez Camarillo, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, descrito en la consideración segunda y por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica al tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 31 de agosto de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 31 de agosto de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

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