Cristina Luna Martínez
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cristina Luna Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
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ACTA DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del uno de diciembre de dos mil veintidós, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito que actúa y da fe, dentro del expediente de amparo 1159/2021, promovido por Cristina Luna Martínez, contra actos de Comisión Federal de Electricidad CFE, División Centro Occidente, Zona Morelia, comparece Ignacio Escobedo Calderón autorizado de la quejosa, quien se identifica con credencial de elector con clave ESCLIG73101717H400, expedida a su nombre por el Instituto Nacional Electoral, documento que ostenta una fotografía que a simple vista coincide con los rasgos físicos del compareciente y que le es devuelta previa copia certificada que de la misma se deja en autos, por considerar innecesaria su retención; persona que refiere por sus generales las siguientes, llamarse como quedó escrito, de ******************** ******************** sin más que por el momento interesen. Acto continuo, el compareciente manifiesta que el motivo de su presencia es el de recoger los siguientes documentos: 1. Aviso de revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica con folio 36490 de uno de diciembre de dos mil veintiuno; 2. Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica con folio 02099 de uno de diciembre de dos mil veintiuno; y, 3. Aviso de cobro por ajuste de la facturación 2318/2021 de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. De las cuales en este momento se hace entrega al compareciente, quien en lectura de la presente acta manifiesta: "Recibo de conformidad los documentos descritos y firmo de conformidad en señal de recibo". Con lo anterior, se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para debida constancia legal, la cual es firmada por los que en ella intervinieron, previa su lectura. Doy fe. EL COMPARECIENTE. IGNACIO ESCOBEDO CALDERÓN. EL SECRETARIO. LIC. LEONARDO ROJAS BARRAGÁN.
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Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de la quejosa Cristina Luna Martínez, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos dentro del juicio en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvase los documentos de referencia, autorizando a las personas que indica, previo cotejo y acta de entrega que al efecto se levante. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1159/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que aportaron las autoridades responsables, así como con las que acompañó la quejosa a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por las autoridades responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las autoridades responsables formularon los de su intención. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de las autoridades responsables y se declara precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Cristina Luna Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente de CFE, Distribución Empresa Productiva del Estado. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en los siguientes: El aviso de uno de diciembre de dos mil veintiuno, girado a la quejosa para efectuar la revisión de sistemas de suministro de energía eléctrica de su domicilio; La revisión realizada en la propia fecha por personal de la Comisión Federal de Electricidad, en los referidos sistemas, respecto del servicio 156070806894; El corte de suministro de energía eléctrica del domicilio inspeccionado ubicado en la calle Emiliano Zapata número 372, Barrio del Prendimiento, en la comunidad de Capula, perteneciente a Morelia, Michoacán; y, El cobro por concepto de multa por la cantidad de $51,077.00 (cincuenta y un mil setenta y siete pesos 00/100 m.n.), por ajuste a su facturación. Segundo. Desechamiento. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró bajo el número 1159/2021 y determinó desecharla, al estimar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, mismo que por resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente de queja 9/2022, determinó fundado el recurso, en virtud de que en el auto de inicio en ese momento no era posible establecer con certidumbre que los actos reclamados por la quejosa deriven del contrato de suministro básico que tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que ordenó dejar sin efectos el auto recurrido a fin de proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda. Tercero. Trámite del juicio de amparo. Atento lo antes expuesto, mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cuarto. Vista por ampliación de demanda. Luego, en atención a lo informado por la autoridad responsable en el sentido de que la actividad de cobro es una función de CFE Suministrador de Servicios Básicos y no de esa autoridad, mediante auto de siete de marzo de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir de la notificación del citado auto, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la citada Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos. Proveído que, previo citatorio, se hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación por lista publicada en los estrados de este juzgado el quince de marzo de dos mil veintidós. Atento lo anterior, mediante escrito acordado en auto de doce de abril de dos mil veintidós, la parte quejosa manifestó que deseaba ampliar su demanda respecto de la citada autoridad, y reclamar la imposición de la multa como consecuencia de la revisión al sistema de medición e instalación eléctrica que se efectuó en su domicilio; sin embargo, al estimar actualizada la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito determinó que la ampliación pretendida resultó extemporánea y en esa virtud, la desechó de plano. Quinto. Queja y ampliación de demanda. Contra el aludido desechamiento la parte quejosa interpuso recurso de queja, y mediante resolución de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en la queja administrativa 84/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, por mayoría de votos, declaró fundada la queja y ordenó a ese Juzgado Federal pronunciar nuevo acuerdo y proveer lo conducente en relación con la ampliación de demanda de la quejosa. Lo cual se realizó en auto de doce de julio siguiente, por lo que se requirió su informe con justificación a la autoridad CFE Suministrador de Servicios Básicos. Finalmente, seguido el trámite correspondiente tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de conformidad con el criterio citado, los actos reclamados por la quejosa consisten en lo siguiente: El aviso de uno de diciembre de dos mil veintiuno, girado a la quejosa para efectuar la revisión de sistemas de suministro de energía eléctrica de su domicilio; La revisión realizada en la propia fecha por personal de la Comisión Federal de Electricidad, en los referidos sistemas, respecto del servicio 156070806894; El corte de suministro de energía eléctrica del domicilio revisado, ubicado en la calle Emiliano Zapata número 372, Barrio del Prendimiento, en la comunidad de Capula, perteneciente a Morelia, Michoacán; y, El cobro por ajuste a la facturación 2318/2021, consistente en una multa de $51,077.00 (cincuenta y un mil setenta y siete pesos 00/100 m.n.), por concepto de ajuste a su facturación. Actos que atribuye a las autoridades: Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente de CFE, Distribución Empresa Productiva del Estado de Comisión Federal de Electricidad; y, CFE Suministrador de Servicios Básicos. Ambos con residencia en Morelia, Michoacán. Tercera. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente de CFE, Distribución Empresa Productiva del Estado de Comisión Federal de Electricidad, así como a CFE Suministrador de Servicios Básicos, ambos con residencia en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó la autoridad citada en primer término al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañó la responsable Comisión Federal de Electricidad a su informe con justificación, y las aportadas con posterioridad por la diversa autoridad CFE Suministrador de Servicios Básicos, relativas al aviso y revisión reclamadas, así como las relativas al Modelo de contrato mercantil y las que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, mismas que obran agregadas al presente sumario. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, en términos de lo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto el acto reclamado a la autoridad CFE Suministrador de Servicios Básicos, consistente en el cobro por concepto de multa, pues no obstante que no rindió su informe con justificación a pesar de haber sido oportunamente notificado, la existencia de la multa se corrobora con la documental consistente en el aviso de cobro por ajuste a la facturación 2318/2021, expedido por la citada autoridad, el cual fue exhibido por la parte quejosa [foja 141 del juicio]. Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. No son actos de autoridad. Al rendir su informe justificado la autoridad Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente de CFE, Distribución Empresa Productiva del Estado de Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Morelia, Michoacán, por conducto del Jefe del Departamento de Medición de Zona Morelia de la Unidad de Negocio Centro Occidente de CFE, adujo que el presente amparo es improcedente porque los actos que trae a juicio la quejosa se rigen por el contrato de suministro básico que tiene celebrado con esa empresa, por lo cual no son actos de autoridad. La causal invocada es la prevista en los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, misma que se estima fundada. En efecto, dichos numerales disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye también que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo antes expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. En esa virtud, se colige que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la peticionaria de amparo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implican una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa la haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad. Para ello, en este punto se considera necesario precisar que dentro del expediente de queja 9/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, determinó que en el auto de inicio no es posible establecer con certidumbre que los actos reclamados por la quejosa deriven del contrato de suministro básico que tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, quien esto resuelve advierte que en el caso concreto se cuenta con elementos objetivos para determinar fehacientemente lo anterior, ello, con base en las constancias que obran en el juicio y principalmente, con los informes rendidos por la Comisión Federal de Electricidad, a través del Jefe del Departamento de Medición de Zona Morelia, y de CFE Suministrador de Servicios Básicos, por lo que es posible establecer con plena certeza la improcedencia del presente juicio, pues la parte quejosa reclama de la Comisión en cita, el aviso para revisión de sistemas de suministro de energía eléctrica de su domicilio, así como la revisión misma y derivado de ello, el corte del suministro del referido servicio en el referido domicilio y la imposición de una multa por ajuste a su facturación. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos de dicho ente, derivados de contratos de suministro de energía incluido el corte del servicio, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir sus conflictos es la ordinaria mercantil. Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias números 2a./J. 30/2018 (10a.), y 2a./J. 156/2017 (10a.), que son del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.-La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Congruente con lo anterior, de las constancias que obran en el juicio y principalmente del informe justificado y las constancias que adjuntó la Comisión Federal de Electricidad, así como la información proporcionada por la apoderada de la diversa autoridad CFE Suministrador de Servicios Básicos, se advierte que los actos reclamados, por su naturaleza y alcance, sí derivan del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la parte quejosa y Comisión Federal de Electricidad, pues el Jefe del Departamento de Medición de Zona Morelia, señaló que el aviso para la revisión de los sistemas de suministro de energía eléctrica, la revisión a dicho servicio y el corte de energía eléctrica en el domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata número 372, Barrio del Prendimiento, en la comunidad de Capula, perteneciente a Morelia, Michoacán, se realizaron sin afectar los términos del mencionado contrato de suministro que la peticionaria del amparo tiene celebrado con CFE Suministrador de Servicios Básicos. Sin que obste a lo anterior, que en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, tanto las autoridades responsables como la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que no cuentan con el contrato físico de prestación de servicios de suministro básico de energía, ya que así se advierte de la disposición general QUINTA, del Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, la cual dispone: "[.] QUINTA. La tramitación de las solicitudes y la celebración de los Contratos de Suministro se efectuarán en las oficinas o módulos administrativos del Suministrador. En los casos en que el Suministrador tenga a disposición del público la contratación por la vía telefónica o por medios electrónicos, no será requisito que el Usuario firme el Contrato de Suministro ya que el consentimiento se dará con la realización del primer pago al Suministrador. El cargo por el depósito en garantía correspondiente será incluido en la primera Facturación. El Suministrador dará a conocer a cadaUsuario el clausulado del Contrato de Suministro. Los contratos de interconexión y para servicio de respaldo serán celebrados en los formatos que al efectose publiquen." De ese modo, es posible establecer con certidumbre que el origen y alcance de los actos reclamados se rige por el contrato de suministro básico que la quejosa celebró con CFE, ya que el aviso para la revisión de los sistemas de suministro de energía eléctrica, la revisión a dicho servicio y el corte de energía eléctrica se efectuaron con base a lo pactado en la cláusula NOVENA, inciso "F", y cláusula DÉCIMA OCTAVA, inciso "E", del multicitado contrato. Se afirma lo anterior, porque el procedimiento de revisión se encuentra previsto en el Modelo de Contrato Mercantil para la prestación de servicio de suministro básico de energía eléctrica en baja tensión, en la modalidad de pospago, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintiuno, que en su cláusula Novena inciso "F", y Décima Octava inciso "E", establece lo siguiente: "[.] NOVENA. Revisión de los Sistemas de Medición y la Instalación Eléctrica. El "SUMINISTRADOR" es el responsable ante cualquier situación provocada por el Distribuidor. "LAS PARTES" aceptan que será el Distribuidor a cuenta del "SUMINISTRADOR" quien realice las revisiones de los Sistemas de Medición y las instalaciones eléctricas, incluida la Acometida, interior de la base socket e Instalación Eléctrica relacionada, que comprueben el correcto funcionamiento e integridad de los equipos e instrumentos de medición instalados. Estas revisiones podrán realizarse a petición de cualquiera de "LAS PARTES" o cuando el Distribuidor así lo considere necesario. El Distribuidor realizará las revisiones a cuenta del "SUMINISTRADOR" conforme a lo siguiente: [.] F. Se dejará copia de la constancia de revisión a la persona con la que se entendió la misma, recabando el personal del Distribuidor el acuse de recibido de dicha constancia. La constancia de revisión será válida aun cuando se niegue a firmarla dicha persona. [.]" "DÉCIMA OCTAVA. Suspensión del Suministro. El "USUARIO DE SUMINISTRO BÁSICO" está de acuerdo en que el Distribuidor realice la Suspensión del Suministro Eléctrico, en los siguientes casos: [.] E. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los equipos de control o de medición. [.]" En esa virtud, resulta indudable que la relación entre los particulares y la empresa que presta el servicio de suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocas dentro de un ámbito privado y, como lo adujo la citada empresa al rendir su informe, en el caso advirtió la resistencia de la quejosa al cumplimiento del contrato de suministro básico de energía eléctrica, ya que de acuerdo a las constancias de la revisión efectuada se advierte que se detectó: "tubo perforado con derivación de fase y neutro se toma carga instantánea de 5.4 amperes." lo que evidenció que se consumió energía en forma indebida que no quedó registrada en los equipos de medición. Máxime que, con todo lo antes informado se dio vista a la parte quejosa sin que hubiere objetado el contenido del informe ni mucho menos desvirtuado las documentales aportadas por las responsables, y sin que este juzgador advierta que se actualice una causa de excepción para considerar los actos aquí reclamados a la Comisión Federal de Electricidad como de autoridad, pues no pueden considerarse como no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y que puedan considerarse como violatorios a derechos humanos; asimismo, tampoco se ubica en el supuesto de un amparo contra normas, por su aplicación. Además, es de destacarse que por regla general, la Comisión Federal de Electricidad no puede ser considerada como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio público que tiene encomendado, siendo considerados dentro de un plano de coordinación; sin que incluso la determinación para negar el suministro de energía eléctrica, pueda ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, puesto que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, porque por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; por lo que, resulta indudable que los actos que se reclaman de Comisión Federal de Electricidad no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transformen en actos de supra a subordinación y que por tanto se atribuyan como actos de autoridad. Ello, se reitera, en virtud de que la parte quejosa no señala ni este juzgador advierte que los actos reclamados vulneren derechos humanos, además de que no se reclama la aplicación de normas que se estimen inconstitucionales. En ese estado de cosas, es dable afirmar que se configura el supuesto de improcedencia que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 10ª, consultable a fojas 11008 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Administrativa, registro digital 2019230, del rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS", que la existencia de dichos criterios jurisprudenciales que definen específicamente la naturaleza de los actos reclamados en una demanda de amparo a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, pues es inconcuso que si la naturaleza de dichos actos ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, no hay ninguna posibilidad de que dicho obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto, sea superado." Esto es, que previamente dicha Sala ya se había pronunciado respecto a la naturaleza de los actos que aquí se reclaman; por tanto, se configura otra causa manifiesta e indudable que justifica la improcedencia de este juicio. Lo anterior, es así, porque el artículo 217 de la Ley de Amparo, regula la obligatoriedad de los criterios sustentados por este Alto Tribunal, respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de previsiones legales, protegiéndose de esta forma el derecho humano de seguridad y certeza jurídicas, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En otras palabras, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por disposición expresa del artículo 217 de la Ley de Amparo, máxime la emitida por el Alto Tribunal, que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales sin distingo alguno, obligatoriedad que se extiende a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, debe considerarse que la existencia de los criterios jurisprudenciales antes mencionados, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento; además, si bien es cierto que los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra los derechos humanos, no menos lo es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Lo hasta aquí expuesto lleva a demostrar la improcedencia de la demanda como causa notoria y manifiesta, ya que se impugnan actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida por el Máximo Tribunal, misma que al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos; sostener lo contrario implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Es por ello que, al demandarse diversas prestaciones que derivan del contrato de servicios de suministro de energía eléctrica celebrado entre la parte actora y la demandada, respecto del número de servicio 156070806894, deviene incuestionable que se trata de un asunto de naturaleza comercial por lo que, se insiste, la materia del asunto especializada para resolver es la mercantil. Ello, porque de lo dispuesto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se obtiene que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, por ende, forman parte de una relación comercial, incluso, el cobro por concepto de multa por la cantidad de $51,026.00 (cincuenta y un mil veintiséis pesos 26/100 M.N.), realizado por CFE Suministrador de Servicios Básicos deriva del aviso de cobro por ajuste a la facturación del contrato de suministro del servicio de energía eléctrica identificado con el RPU 156070806894, cuenta 04DF07J353013810, que la actora celebró con la Comisión Federal de Electricidad, de tal modo que la vía correcta para demandar la legalidad de ese cobro también es la mercantil. Lo anterior es así, porque en la jurisprudencia 2a./J.156/2017 antes transcrita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio se advierte que el servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y por lo tanto "las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." De esa manera, nuestro máximo Tribunal ya definió que cualquier controversia derivada de los derechos y obligaciones relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica es de naturaleza mercantil y en ese sentido, el cobro de la multa aquí reclamado también se debe analizar a través de un juicio de esa naturaleza justamente porque dicho pago se realizó como ajuste del consumo de energía eléctrica y no por un motivo diverso. En conclusión, con las constancias que obran en el sumario se evidencia que el cobro de la multa impuesta está vinculada o tiene su origen en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre ambas partes y por ello es dable considerar que posee una naturaleza eminentemente mercantil, por ende, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente reseñado. Ahora bien, no es inadvertido para quien esto resuelve, la tesis que invoca la parte quejosa en su demanda, del rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AJUSTE, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CORTE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DERIVADO DE LA PRÁCTICA DE UNA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR DICHA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO. SON ACTOS DE PARTICULARES EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Sin embargo, la tesis aislada invocada por la recurrente no abona a su pretensión, porque además de que no resulta obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, para discurrir por qué vía debe encausarse la acción deben examinarse diversos factores y no únicamente a la legislación en que se sustenta, además, esa tesis tampoco supera la jurisprudencia 156/2017 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se definió la vía idónea para dirimir las controversias que se susciten de los derechos y obligaciones derivadas del contrato del servicio de energía eléctrica; por tanto, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa, para hacer valer sus pretensiones en la vía correspondiente. En esas condiciones, es claro que, en este caso concreto, la Comisión Federal de Electricidad no tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo. Por último, es necesario puntualizar que no se analizarán las diversas causas de improcedencia hechas valer por la autoridad Comisión Federal de Electricidad, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso su estudio, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cristina Luna Martínez, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente de CFE, Distribución Empresa Productiva del Estado, en términos de lo expuesto en la consideración cuarta la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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