Cristian y/o Cristian Levi Torres Silva

Expediente 693/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
693/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Cristian y/o Cristian Levi Torres Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta remitido y signado vía electrónica por el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, por el que acusa recibo del diverso oficio, anexos, y juicio de amparo X-693/2021, informando que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la misma, registrándola como juicio de amparo número 158/2022. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, al haberse declarado la INCOMPETENCIA de la demanda, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. SE REMITEN CUADERNOS INCIDENTALES Finalmente, como lo solicita el juzgado oficiante, se ordena remitir los cuadernos incidentales derivados del presente juicio, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-693/2021, promovido por Cristian Levi Torres Silva, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado vía electrónica en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil veintiuno y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, Cristian Levi Torres Silva, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como del acto que precisó en el propio ocurso. Determinación que consideró violatoria en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, párrafo primero, 17, 20, Apartado A, fracciones IX y X, y apartado B, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 9° y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 7° y 8.2 de la Convención Americana de los Derechos humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se reservó el emplazamiento del tercero interesado. En auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, formulando los alegatos que a su parte corresponden. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ******************** y ********************, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán, lo que tuvo verificativo el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y el diecinueve de enero de dos mil veintidós, respectivamente. A las diez horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal por territorio para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. En apoyo a lo anterior es de citar en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2805, del Tomo LXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria.". Ahora, de un análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de que se trata, como se pondrá de manifiesto a continuación. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en los artículos 49 a 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Respecto de la competencia por territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito se obtienen tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: Regla uno, es de carácter general y la prevé el primer párrafo. Se caracteriza en que, con independencia del lugar en que reside la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente implica que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Regla dos, se traduce en una extensión de la regla general, apoyada principalmente en la prevención. Parte del criterio de ejecución en cuanto a su prolongación temporal y espacial. De esta forma, cuando un acto haya comenzado a ejecutarse en un lugar (distrito jurisdiccional) y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales será competente en razón de la prevención; es decir, el sometimiento del caso a su jurisdicción por parte del quejoso, mediante la presentación de la demanda respectiva. Regla tres, se fundamenta en el supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, en cuyo caso resulta competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar en que se presentó la demanda. Luego, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, fracción XI, señala: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (.) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro. Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. (.)." (Énfasis añadido). De los numerales trascritos se desprende que los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el Municipio de Uruapan. Ahora, en el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, lo siguiente: La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal ******************** del índice de la responsable, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso para confirmar la resolución emitida en audiencia oral, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán. Esto es, el auto de vinculación a proceso que confirmó la responsable, además de que se ejecutará en una demarcación territorial diversa a aquella en la cual tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito, debe resaltarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) publicada en la página 2183 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó que es competente el Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo promovido en contra del auto de formal prisión, aquél en cuya jurisdicción resida el juzgador del proceso. El criterio al cual se hizo alusión es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (subrayado no es de origen). Atento al criterio citado, quien resuelve carece de competencia legal, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de amparo formulada contra la resolución dictada por la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno que confirmó el auto de sujeción a proceso dictado en contra del quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán Esto, pues el proceso de origen actualmente se sigue ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, dentro de la causa penal ********************, por el delito de violación agravada en contra del aquí quejoso, por ende, el juez de Distrito que debe conocer de la demanda de amparo en la cual se reclama la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso referido, es el que lo reciba por turno, en Uruapan. Es así pues los efectos de la resolución impugnada se trasladan en forma directa al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del órgano jurisdiccional de la causa al cual está sometido el gobernado. Por ende, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad conocedora del expediente penal, siendo innegable que en el caso lo es el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, en turno. Por las razones que la informan, sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174 del Tomo XXIII, enero de 2006 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176365, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Con motivo de lo anterior, en la especie se estima que el órgano competente para conocer y resolver el presente asunto, es un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; pues en la especie, se estima se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce del proceso penal, en este caso en Uruapan. Sin que sea desconocimiento para este Juzgado que el domicilio indicado por el quejoso, es un factor determinante para establecer la competencia en el juicio de amparo, pues de ser así equivaldría a dejar al arbitrio de la promovente la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio en donde quisiera promover la demanda. Siendo que en el caso, incluso, el quejoso señaló que está privado de su libertad por los efectos de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la ciudad de Uruapan, en esta entidad. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita atentamente que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además, en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. SEGUNDO. Comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, y solicítesele que informe si acepta o no la competencia que se declina. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-693/2021, promovido por Cristian Levi Torres Silva, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado vía electrónica en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación el diecinueve de julio de dos mil veintiuno y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, Cristian Levi Torres Silva, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como del acto que precisó en el propio ocurso. Determinación que consideró violatoria en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, párrafo primero, 17, 20, Apartado A, fracciones IX y X, y apartado B, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos 9° y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, 7° y 8.2 de la Convención Americana de los Derechos humanos, 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre; y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo indirecto, se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se reservó el emplazamiento del tercero interesado. En auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, formulando los alegatos que a su parte corresponden. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados ******************** y ********************, Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán, lo que tuvo verificativo el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno y el diecinueve de enero de dos mil veintidós, respectivamente. A las diez horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal por territorio para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. En apoyo a lo anterior es de citar en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2805, del Tomo LXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria.". Ahora, de un análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de que se trata, como se pondrá de manifiesto a continuación. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en los artículos 49 a 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Respecto de la competencia por territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo transcrito se obtienen tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo: Regla uno, es de carácter general y la prevé el primer párrafo. Se caracteriza en que, con independencia del lugar en que reside la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente implica que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su naturaleza, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Regla dos, se traduce en una extensión de la regla general, apoyada principalmente en la prevención. Parte del criterio de ejecución en cuanto a su prolongación temporal y espacial. De esta forma, cuando un acto haya comenzado a ejecutarse en un lugar (distrito jurisdiccional) y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales será competente en razón de la prevención; es decir, el sometimiento del caso a su jurisdicción por parte del quejoso, mediante la presentación de la demanda respectiva. Regla tres, se fundamenta en el supuesto en que el acto reclamado no requiera de ejecución material, en cuyo caso resulta competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar en que se presentó la demanda. Luego, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, fracción XI, señala: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (.) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acuitzio, Alvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Aporo, Ario, Carácuaro, Coeneo, Contepec, Copándaro, Cuitzeo, Charo, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Jiménez, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Madero, Maravatío, Morelia, Morelos, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Panindícuaro, Pátzcuaro, Penjamillo, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tarímbaro, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tlazazalca, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro y Zitácuaro. Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. (.)." (Énfasis añadido). De los numerales trascritos se desprende que los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan ejercen jurisdicción territorial, entre otros, en el Municipio de Uruapan. Ahora, en el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, lo siguiente: La resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal ******************** del índice de la responsable, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso para confirmar la resolución emitida en audiencia oral, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán. Esto es, el auto de vinculación a proceso que confirmó la responsable, además de que se ejecutará en una demarcación territorial diversa a aquella en la cual tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito, debe resaltarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) publicada en la página 2183 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3 de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó que es competente el Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo promovido en contra del auto de formal prisión, aquél en cuya jurisdicción resida el juzgador del proceso. El criterio al cual se hizo alusión es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (subrayado no es de origen). Atento al criterio citado, quien resuelve carece de competencia legal, por cuestión de territorio, para conocer de la demanda de amparo formulada contra la resolución dictada por la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, consistente en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintiuno que confirmó el auto de sujeción a proceso dictado en contra del quejoso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán Esto, pues el proceso de origen actualmente se sigue ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Uruapan, dentro de la causa penal ********************, por el delito de violación agravada en contra del aquí quejoso, por ende, el juez de Distrito que debe conocer de la demanda de amparo en la cual se reclama la resolución que confirmó el auto de vinculación a proceso referido, es el que lo reciba por turno, en Uruapan. Es así pues los efectos de la resolución impugnada se trasladan en forma directa al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del órgano jurisdiccional de la causa al cual está sometido el gobernado. Por ende, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad conocedora del expediente penal, siendo innegable que en el caso lo es el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, en turno. Por las razones que la informan, sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174 del Tomo XXIII, enero de 2006 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 176365, de contenido siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." Con motivo de lo anterior, en la especie se estima que el órgano competente para conocer y resolver el presente asunto, es un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; pues en la especie, se estima se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce del proceso penal, en este caso en Uruapan. Sin que sea desconocimiento para este Juzgado que el domicilio indicado por el quejoso, es un factor determinante para establecer la competencia en el juicio de amparo, pues de ser así equivaldría a dejar al arbitrio de la promovente la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio en donde quisiera promover la demanda. Siendo que en el caso, incluso, el quejoso señaló que está privado de su libertad por los efectos de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la ciudad de Uruapan, en esta entidad. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita atentamente que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además, en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán.SEGUNDO. Comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, y solicítesele que informe si acepta o no la competencia que se declina. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy ocho de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-693/2021 promovido por Cristian y/o Cristian Levi Torres Silva contra actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tienen reconocidos el carácter de terceros interesados Diana Montserrat González Cruz y Leticia Barocio Amezcua Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán, quienes se encuentran debidamente emplazadas en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el periodo de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó diversas documentales; asimismo, ofreció prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana; de igual manera, la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe un disco compacto de la audiencia oral, así como la documental consistente en: Toca penal XI-44/2021, mismo que obra en un tomo de pruebas por separado. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al periodo de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formularon los que a su parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

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