Cristian Marisela Hernández Magaña y Otros.
Expediente 1033/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Salazar Zarabia
- Cristian Marisela Hernández Magaña y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual la Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, devuelve el oficio mediante el cual se notifica al titular de dicho poder de la Unión, sobre la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, en razón de que no tiene registro de este juicio. Al respecto debe tenerse en consideración que de autos se desprende que el Presidente de la República actuó en el presente juicio a través del Jefe del Departamento adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, tal como se obtiene de su informe justificado. En tales condiciones, mediante oficio dirigido a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de los Estados Unidos, remítase el comunicado que se devuelve a fin de que el mismo llegue a su destino y se pueda dar continuidad al procedimiento del recurso de revisión aludido. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMA CUMPLIMIENTO CON SENTENCIA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y atento a su contenido, se tiene al apoderado de la responsable Hospital General de Zona 04, con residencia en Zamora, Michoacán, informando las diligencias realizadas para cumplir con el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, en relación a los tratamientos médicos que requieren los quejosos para sus padecimientos. No obstante se reserva pronunciarse respecto a dicho cumplimiento toda vez que en auto inmediato anterior se tuvo a diversa autoridad responsable interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución que concedió la protección constitucional solicitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN Agréguese a los presentes autos el copia del escrito de cuenta mediante el cual la representante de la responsable Director General de Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México, interpone recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad, remítase el presente juicio de amparo, tomo de prueba, escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar. Notifíquese personalmente y mediante oficio como corresponda. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo 1033/2023-X, promovido por Cristian Marisela Hernández Magaña, Jesús Salazar Zarabia y Mayra Alejandra Méndez Santoyo, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el uno de agosto de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el cuatro de ese mes y año, virtud de la incompetencia planteada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Cristian Marisela Hernández Magaña, Jesús Salazar Zarabia y Mayra Alejandra Méndez Santoyo, por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos fundamentales que estimó violados. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 4.1 y 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. TERCERO. Juicio de amparo indirecto 1327/2023-VII del índice del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Ciudad de México. De esa demanda tocó conocer por razón de turno al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Ciudad de México, el que por acuerdo de dos de agosto del año que transcurre, la registró con el número 1327/2023-VII, y concedió la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, de manera inmediata y en el ámbito de su respectiva competencia, realizaran todas las gestiones y/o trámites pertinentes y necesarios para que brindaran atención médica integral que requirieran los quejosos, en razón de sus padecimientos. En ese proveído, también se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, por lo que ordenó la remisión de dicho expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Trámite del presente juicio de amparo indirecto. Así, de esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veintitrés, le asignó el número de expediente de amparo indirecto 1033/2023-X, se avocó al conocimiento del asunto, y la admitió a trámite. En el mismo proveído, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por territorio, materia y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa reclama diversos actos, negativas y omisiones atribuidas a autoridades administrativas con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De la lectura de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables los siguientes actos: Del (a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y (b) Secretario de Salud Federal, ambos con sede en la Ciudad de México: 1. La insuficiente adquisición y omisión en el suministro de los medicamentos denominados vacuna tratuzumab, ácido zoledrónico y ribociclib comprimido; proporcionar las sesiones de radioterapias; y, la falta de citas para recibir atención médica, respecto a los padecimientos de los solicitantes del amparo, los que se advierte son en los términos siguientes: Quejoso Padecimiento Mayra Alejandra Méndez Santoyo Cáncer de mama izquierdo. Cristian Marisela Hernández Magaña Cáncer de mama derecho. Jesús Salazar Zarabia Cáncer de próstata con metástasis. Del (c) Instituto Mexicano del Seguro Social y (d) de la clínica 4 de dicho Instituto, con residencia en Zamora, Michoacán: 2. La omisión del suministro de los medicamentos, atención médica y sesiones de radioterapias, precisados en el numeral anterior, para tratar sus padecimientos Lo reclamado se traduce, esencialmente, en la violación a su derecho de salud. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al (a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y al (b) Secretario de Salud Federal, ambos con sede en la Ciudad de México, consistente en la insuficiente adquisición y omisión en el suministro de los medicamentos denominados vacuna tratuzumab, ácido zoledrónico y ribociclib comprimido, así como no proporcionar sesiones de radioterapia y atención médica, para sus padecimientos. Lo anterior toda vez que de las constancias que obran en autos no obra prueba que evidencia su existencia. Al respecto, se precisa que la esencia del acto que denota la omisión o abstención de la autoridad a quien se atribuye; es decir, consiste en que ésta se rehúse a hacer algo a lo que está obligada, por ley o porque previamente le fue solicitado por un particular. Aquí conviene hacer un paréntesis a fin de precisar la noción de "abstención", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, dado que el primer concepto tiene una connotación más amplia que el segundo. En efecto, para que exista una conducta calificada jurídicamente como una "omisión o abstención" no basta con una referencia a una actuación humana (un no hacer), sino que se requiere un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, esto es, solo puede omitirse algo que se está obligado a realizar. En otras palabras, la abstención jurídicamente reprochable no la constituye un simple no actuar, sino la omisión de hacerlo como se espera o como se está obligado. En consecuencia, para que exista una omisión o abstención, se deben reunir dos requisitos, a saber: 1. Una obligación de hacer, a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa la omisión, impuesta en una norma legal o por resolución de autoridad competente; y, 2. Una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. De lo anterior se deduce que, para verificar la certeza de los actos omisivos, se debe analizar si la autoridad a la que se atribuye la omisión se encuentra constreñida a actuar en el sentido que pretende el quejoso, ya sea por la existencia de una petición, de un precepto legal que así lo disponga, o bien, por una resolución judicial o administrativa que lo exija. Por tanto, con independencia de las manifestaciones de la parte quejosa y las propias responsables, las omisiones serán ciertas solo cuando las autoridades efectivamente tengan la obligación de actuar como lo demandan los promoventes del amparo, lo que en caso concreto no acontece. En efecto, cuando el acto reclamado consiste en una omisión, la carga de la prueba a fin de acreditar su inexistencia corresponde a las autoridades responsables, a las que les toca demostrar que no incurrieron en la falta que se les atribuye, pues resultaría materialmente imposible para la parte quejosa demostrar actos omisivos. Apoya esta consideración la tesis XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido: "Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Ahora, como se adelantó, no es cierto el acto atribuido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la presunción de su certeza contenida en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, ante la omisión de rendir informe justificado, se destruye al tener a la vista la Ley General de Salud, específicamente en sus artículos 5º, 6º fracción I, y 13, inciso A), fracciones I, II, III y IV. Dispositivos normativos que disponen que la finalidad del Sistema Nacional de Salud, es proporcionar servicios de salud a toda la población, entre los cuales se encuentran precisamente medicamentos y otros insumos esenciales para tal efecto, tal como lo dispone el artículo 27, fracción VIII, de la aludida ley. Empero, la propia ley dispone que si bien es competencia del Ejecutivo Federal, entre otras, las de organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud, así como organizar y operar los servicios en tal sentido a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, dicha competencia se delega en la Secretaría de Salud. Por ende, es la Secretaría de Salud quien actúa en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud pública federal; de ahí que en el caso en estudio no puede reclamarse al ejecutivo federal la insuficiente adquisición de los medicamentos antes precisados, para las personas que padecen cáncer de mama y de próstata, como en el caso, por no ser ésta la autoridad competente por razón de funciones para adquirirlos y proporcionarlos, en términos del artículo 13, inciso A de la Ley General de Salud; lo que conlleva a concluir que el acto reclamado al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es inexistente. Luego, por lo que respecta a la Secretaría de Salud, si bien en párrafos previos se razonó que es a ésta a quien, en principio, le corresponde por motivo de sus atribuciones, realizar las gestiones y acciones afirmativas pertinentes para garantizar la salud pública, como lo es el proporcionar los medicamentos o insumos previamente transcritos, en el caso en estudio la inexistencia del acto que se le atribuye, también queda demostrada por los motivos que más adelante se expondrán. Primero, es necesario precisar que por el simple hecho de tratarse de una autoridad sanitaria no es posible asumir como cierta la omisión que se le atribuye, pues, se insiste, deben tener la obligación legal de actuar conforme lo exige el quejoso; no obstante, de las disposiciones normativas que las regulan se advierte que sus funciones están encaminadas a establecer y conducir la política nacional en materia de salud, pero no a realizar actos tendientes a que la institución de salud que atiende a los aquí quejosos [IMSS] esté abastecida de los medicamentos necesarios para combatir la enfermedad que los quejosos padecen. Entonces, como solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, no es posible tener por cierta la omisión reclamada a tal autoridad sanitaria. Para concluir este apartado, es necesario precisar que el artículo 34 de la Ley General de Salud establece que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican en: I. Servicios públicos a la población en general; II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios; III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten; y, IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria. Asimismo, se destaca que, conforme a dicha clasificación, los quejosos son atendidos por una institución pública de seguridad social que cuenta con un presupuesto exclusivo [organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios], en la que sus servicios son prestados a derechohabientes que cotizan o que hubieren cotizado en ésta, así como a sus beneficiarios. En consecuencia, en modo alguno pueden tenerse por ciertas las omisiones reclamadas al Secretario de Salud, pues a éste no corresponde actuar en la forma que demanda la parte quejosa; de ahí su inexistencia. Atento a lo anterior, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de las autoridades y actos reclamados que se precisaron en este considerando, acorde a los motivos ya expresados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de suministrar al quejoso los medicamentos denominados vacuna tratuzumab, ácido zoledrónico y ribociclib comprimido, así como no proporcionar sesiones de radioterapia y atención médica, para sus padecimientos reclamada al c) Instituto Mexicano del Seguro Social y (d) de la clínica 4 de dicho Instituto, con residencia en Zamora, Michoacán, no obstante que al rendir sus informes justificados lo hayan negado; ya que dicha negativa se encuentra desvirtuada. Con relación a ello, en lo que aquí interesa, conforme a los artículos 3, 4, 5 y 7 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde a las Unidades Médicas de dicha Institución prestar los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a los derechohabientes, precisándose que éste es corresponsable con el personal referido, de los diagnósticos y tratamientos de sus pacientes. En efecto, tales disposiciones normativas señalan que el Instituto Mexicano del Seguro Social es corresponsable de los diagnósticos y tratamientos de los pacientes, con el personal de las unidades médicas obligadas a prestar los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a sus derechohabientes. Por tanto, como los quejosos son derechohabientes de dicho Instituto, además de que reciben sus tratamientos y atención médica en la clínica 4 de dicho Instituto, con residencia en Zamora, Michoacán a su cargo; es evidente que el referido instituto y la clínica señalada como responsable, sí se encuentran obligados a brindar la atención médica, los medicamentos y las sesiones de radioterapia que requieren los aquí quejosos para atender las enfermedades que padecen; de ahí que se tenga cierta la omisión que se les atribuye, al no haber cumplido con la carga procesal de demostrar que actuaron en el sentido que exige la ley; por ende, que la omisión ya no existe. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por los promoventes de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Análisis causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo En el caso, la apoderada del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, indicó que en el caso se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que cesaron los efectos del acto reclamado, debido a que sí han proporcionado la atención médica a los quejosos cada vez que le corresponde. Sin embargo, de las constancias que anexó tanto a su informe justificado como al relativo a la suspensión de plano, no obra algún documento en el que se advierta que, efectivamente, a la actualidad, no existe omisión de las autoridades de proporcionar el tratamiento de radioterapia y que ha entregado todos los medicamentos requeridos para tal efecto. De ahí que no cumplen con la carga procesal de acreditar que han actuado a cabalidad, en el sentido que exigen las normas. A más de que las autoridades responsables no indicaron el seguimiento de algún tratamiento para contrarrestar los padecimientos puntualizados, del que se pueda obtener que ha cesado la omisión reclamada. De ahí que no se actualice la causal de improcedencia invocada. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de estos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de estos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia con clave de identificación 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Es fundado el concepto de violación dirigido a controvertir la omisión de las autoridades responsables que se simplifica en garantizar su derecho de salud, con el otorgamiento del tratamiento de sesiones de radioterapia y medicamentos necesarios para atender sus padecimientos. Se explica. I. Marco legal y constitucional Para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Ahora, atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida ésta como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación alguna, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3° y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y de otras progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo, las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2°, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas las personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente la dignidad humana de éstas; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo, resulta aplicable la tesis LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales antes referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no solo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus numerales 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de estos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. II. Caso concreto y decisión Sentado lo anterior, resulta pertinente precisar que de las constancias de autos se advierten los siguientes antecedentes: 1. En su demanda de amparo, los quejosos indicaron que eran derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin precisar la fecha, manifestaron que tienen graves problemas de salud, dado que, a Mayra Alejandra Méndez Santoyo le detectaron cáncer de mama izquierdo; a Cristian Marisela Hernández Magaña, cáncer de mama derecho; y, a Jesús Salazar Zarabia, cáncer de próstata con metástasis, para ello, les han prescrito diferentes medicamentos conocidos como vacuna tratuzumab, ácido zoledrónico, ribociclib comprimido y radioterapias, respectivamente, sin que se los hubieran entregado. También señalaron que el veintiséis de junio y veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Zamora, Michoacán, le comentaron a Mayra Alejandra Méndez Santoyo y Cristian Marisela Hernández Magaña, que no era posible suministrar el medicamento denominado vacuna tratuzumab y ribociclib comprimido, indispensable para personas que padecen "cáncer de mama". Respecto a la primera citada, le informaron que la próxima consulta sería el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que al momento de presentar su demanda, indicó que no contaba con un diagnóstico médico que le indicara el estado en el que se encontraba el cáncer que tenía, incluso que a través de una exploración personal que se realizó como cualquier preventivo, se detectó nuevos ganglios inflamados, por lo que tiene el temor de que éste continúe creciendo. Refirieron que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la citada clínica, a Jesús Salazar Zarabia, le informaron que no era posible realizar sus radioterapias en la fecha que de acuerdo a su expediente médico le correspondía, sino que fue hasta al doce de junio de dos mil veintitrés, que a través de un convenio de colaboración, en el que dicha clínica contrató el servicio para poder realizarlas en la correspondiente a León, Guanajuato, consecuencia se tuvo que trasladar a tal lugar, lo que implicó un gasto, a más de que dicho tratamiento fue de una semana, al concluir el dieciséis de junio de ese año. A más de que aún y cuando recibió toda una semana de dichas radiaciones, no le han agendado nueva cita médica para valorar su estado médico, ya que, dice, argumentan que se las darán hasta el siete de septiembre de la misma anualidad, lo que lo deja en un estado de vulnerabilidad. También dijo que le han negado el medicamento denominado ácido zoledrónico, ya que le dijeron que la máquina no servía por falta de mantenimiento, indispensable para las personas que padecen cáncer de próstata con metástasis. Para acreditar lo anterior exhibieron copias simples de sus cartillas de salud, con números de seguro social 5309882215-7 a nombre de Cristian Marisela Hernández Magaña; 5395723628-3 a nombre de Jesús Salazar Zarabia y 5305873134-9 a nombre de Mayra Alejandra Méndez Santoyo, expedidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que la primera y tercera de las citadas se encuentran se encuentran adscritas a la unidad médica de La Piedad, Michoacán, y el segundo de los mencionados a Zamora, ambos del Estado de Michoacán. Así como diversas recetas médicas expedidas por dicho instituto, de las que se observa que a la primera le recetaron el medicamento ribociclib comprimido, y a la tercera vacuna tratuzumab, así como el diagnóstico de sus respectivos padecimientos. 2. La titular de la División de Amparos Fiscales en suplencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, al rendir su informe con motivo de la suspensión de plano dictada en el presente asunto, indicó que mediante oficio 955034AC2/2023/5950 de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, instruyó al Director del Hospital General de Zona 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zamora, Michoacán, para que de manera inmediata realizara las gestiones pertinentes para que se proporcionara a la parte quejosa los medicamentos que requería para su padecimiento. 3. Por su parte, la apoderada jurídica del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Hospital General de Zona 04, con residencia en Zamora, Michoacán, con motivo del cumplimiento de la suspensión de plano, indicó que contrario a lo que referido por la parte quejosa en su demanda de amparo, en todo momento se les ha proporcionado a ellos la atención médica, medicamentos y tratamientos requeridos. 5. Mediante escritos presentados el treinta y uno de agosto y cinco de septiembre, ambos de dos mil veintitrés, las autoridades responsables rindieron informe justificado, en el que indicaron que no eran ciertos los actos reclamados, porque contrario a lo sostenido por los quejosos, sí se les proporcionó atención médica, así como suministrado de manera oportuna los medicamentos necesarios para atender sus padecimientos de salud. 6. Por oficio presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, remitieron los expedientes clínicos de los aquí quejosos de los que se advierte el diagnóstico de los padecimientos de los quejosos, en los términos antes precisados. A más de que se observa de las recetas anexas que han sido atendidos en la clínica 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Zamora Michoacán. Así, de las constancias reseñadas y de los documentos exhibidos tanto por la parte quejosa como por las autoridades responsables, referentes al diagnóstico de las enfermedades, derivado de las notas médicas que fueron emitidas por el instituto de asistencia social señalado como responsable, hacen prueba en favor de la parte solicitante del amparo y contra las autoridades responsables, por lo que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional. Además de que las autoridades solo aludieron de manera genérica que sí proporcionaron la atención médica, así como los medicamentos para tratar los diversos padecimientos que refirió la parte quejosa, pero no anexaron constancia alguna que así lo acreditara, menos aún alguna relativa a la canalización de los quejosos al área de radioterapia correspondiente, de ser necesaria. Así, se reitera, de tales medios de convicción su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecian los padecimientos que los amparistas señalaron en su demanda, también que requieren tratamiento médico e imprescindiblemente para atenderlos, dado que son conocedores de las complicaciones propias de sus enfermedades. Por esas razones, es que tales documentos resultan suficientes para crear convicción en este Juzgador de que los solicitantes del amparo requieren atención médica para tratar sus padecimientos y que no se les ha canalizado para radioterapia, ni se han entregado los medicamentos que requieren. Sin embargo, aun y cuando en autos se advierte la disponibilidad de las autoridades responsables para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por los quejosos; de las notas médicas que exhibieron las responsables se advierte que no existe un diagnóstico médico definitivo que determine sus altas, que es innecesario o que materialmente no se pueda otorgar. Además que las autoridades responsables no propusieron algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarles tratamiento médico y medicamentos que necesiten de forma gratuita, para atender sus padecimientos. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de las autoridades con la cual se integre a los quejosos a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente el diagnóstico certero y, en su caso, el tratamiento y servicios que requieren para tratar los siguientes padecimientos: Quejoso Padecimiento Mayra Alejandra Méndez Santoyo Cáncer de mama izquierdo. Cristian Marisela Hernández Magaña Cáncer de mama derecho. Jesús Salazar Zarabia Cáncer de próstata con metástasis. Por tanto, atendiendo a la maximización de derechos, este juzgador determina que la protección del derecho a la salud debe ser total y, en el caso, los padecimientos que afirman los amparistas les aquejan deben ser atendidos de manera integral, hasta lograr, en la medida de lo posible, su recuperación. Ello porque el derecho a la salud constituye un derecho humano integral que no se agota, hasta en tanto los quejosos tenga una prerrogativa reconocida por las autoridades responsables, y le sean diagnosticadas con certeza las enfermedades, su evolución y el estado actual en que se encuentra, derivado de sus dolencias, así como suministrados todos los medicamentos, tratamientos y consultas que necesiten contra sus padecimientos. En ese contexto, es evidente que la obligación de las autoridades responsables radica en efectuar todas las gestiones necesarias, para que sean diagnosticados de manera certeza sus padecimientos, así como atendidos de manera integral y continua, y le sean proporcionados los medicamentos que requieren para su tratamiento, incluidas las sesiones de radioterapias en un lugar cercano a su domicilio. Por tanto, dicha atención debe ser efectuada en su integridad por las responsables siempre bajo su más estricta responsabilidad; esto es, con base en lo que su médico tratante determine que es lo más adecuado para los peticionarios de amparo, y que estos acepten a través de su consentimiento informado, así como sus condiciones (temporalidad, modalidades y todas las cuestiones que sean susceptibles de determinar por los especialistas médicos), lo que debe acontecer de manera gratuita en las instituciones de salud públicas, señaladas como responsables en el presente juicio de amparo. De ahí que la presente sentencia no solamente tiene como efecto reconocerles el derecho a la salud, sino que se debe garantizar; de manera que es obligación del Estado, en reconocimiento y garantía de tal derecho, asegurarse de que se otorgue la atención médica que necesitan, u otro diverso, y se le practiquen todos los tratamientos que requiera para enfrentar las enfermedades que padecen. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud de los solicitantes de amparo con las acciones que refieren las autoridades responsables, y que justificaron con motivo de la suspensión de plano concedida en el presente asunto, toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá cuando se constituya en su favor una prerrogativa que formalmente consolide un diagnóstico certero, el tratamiento y servicios que requieren para los padecimientos que a la fecha presentan, o los que resulten derivados de la evolución respecto de su patología. Sirve de orientación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables al no brindar toda la atención médica, continua, gratuita y requerida por los quejosos, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender sus padecimientos con los recursos que la Ley General de Salud impone. Aplica en lo conducente la jurisprudencia que sostiene: "Época: Novena Época Registro: 168549 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: P./J. 136/2008 Página: 61 SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso." Ante las circunstancias relatadas, dado que se advierte que existen gestiones pendientes a fin de lograr un estado óptimo de salud de la parte quejosa, máxime que las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a proporcionar el servicio médico a estos. Por consiguiente, al advertirse una transgresión al derecho fundamental a la salud de los quejosos que, además, debe ser garantizado, lo que procede es conceder el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la sentencia. En aras de hacer cumplir el efecto protector a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que ordenen a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que: a) Realicen los estudios necesarios a los quejosos a efecto de que verifiquen el estado en que se encuentran sus padecimientos de cáncer de cada uno de ellos, si existe o no un avance de la enfermedad con respecto al último de los estudios realizados, para ello, deberán señalar citas médicas a la brevedad posible, para la práctica que estos. Se continúe con la atención médica especializada a los quejosos en el área de oncología médica. b) Previa valoración médica del personal a su cargo, en el sentido de si se debe otorgar a los quejosos los medicamentos denominados vacuna tratuzumab, ácido zoledrónico, ribociclib comprimido, o solo a alguno de ellos, respectivamente; de ser así, ordene al personal a su cargo, la entrega inmediata de dichos medicamentos a los aquí amparistas. c) Señale fecha próxima, de ser necesaria, de las sesiones de radioterapias a los aquí solicitantes del amparo, previa valoración médica en el sentido de su proximidad. En específico, indique al personal a su cargo a efecto de que se establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de los solicitantes de amparo, enfocada al tratamiento de sus padecimientos, para lo cual deberán precisar que se deben diagnosticar de manera precisa qué padecimientos tienen, y se les debe proporcionar la atención médica, medicamentos, la canalización a los especialistas necesarios, así como las sesiones de radioterapias correspondientes. Esto es, con base en sus facultades, se asentará que se deberá tomar en cuenta lo establecido en los incisos a), b) y c), precisados con anterioridad, y se indique el tratamiento que se implementará para tratar sus diversos padecimientos, y la receta y entrega de los medicamentos necesarios para ello. Para efecto de lo anterior, será obligación ineludible de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante las autoridades responsables, a efecto de obtener el tratamiento y los medicamentos que le sean prescritos, así como las sesiones de radioterapia, de ser necesarias, en la clínica que resulte la más cercana a su domicilio. Lo anterior en el entendido de que el fallo protector se tendrá cumplido con la emisión del acuerdo referido. Ello en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal o de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó la parte quejosa a manera de alegatos, así como lo referido por el agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no hizo valer alguna causal de improcedencia o alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.".[Registro digital: 2018276, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 26/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia]. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cristian Marisela Hernández Magaña, Jesús Salazar Zarabia y Mayra Alejandra Méndez Santoyo, contra el acto que hizo consistir en la insuficiente adquisición de diversos medicamentos, reclamada al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como la omisión de suministrarle los medicamentos ya precisados, atribuida a la Secretaría de Salud, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cristian Marisela Hernández Magaña, Jesús Salazar Zarabia y Mayra Alejandra Méndez Santoyo, en contra de las autoridades y los actos reclamados, consistente en la violación a su derecho a la salud, derivado de la negativa de proporcionar los servicios que requiere para los padecimientos que presenta, con base a las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.
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