Cristian Wilio Vazquez Campos
Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/12/2021
Partes del expediente
- Cristian Wilio Vazquez Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado únicamente por Xenia Salazar Medina, autorizada de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse las copias certificadas que solicita, y remítanse a la dirección de correo electrónico organizacionjuridica124@gmail.com; debiendo recabar constancia de su envío para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el oficio CCJ/ST/3965/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; quien actúa ante María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Cristian Wilio Vázquez Campos, atento al contenido del mismo, se autoriza en los términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo ya que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y específicamente como lo solicita el quejoso se autoriza únicamente para que se imponga de autos. Ahora respecto a la diversa solicitud que realiza en el sentido de que en cuatro meses este órgano jurisdiccional revoque la designación realizada en párrafos precedentes, dígase que una vez transcurrido dicho plazo e insista en su petición se acordara lo conducente. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 771/2020-F, promovido por Cristian Wilio Vázquez Campos, contra actos de la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad; ante la presencia de Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: A) Escrito inicial de demanda; B) Auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se admitió a trámite la demanda de amparo; C) Constancias de notificación a la autoridad señalada como responsable, D) Informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, E) Proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se dio vista a las partes con la readscripción del Juez Jesús Cortez Sandoval a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno; y, F) Acuerdo de veinte de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la que ordenó la reposición del presente juicio de amparo; y se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar su escrito de demanda en relación al contenido del informe rendido por la autoridad responsable; sin que lo hubiese realizado, ello, tomando en consideración de que dicho proveído fue notificado en veintinueve de julio del año en curso, surtiendo sus efectos al siguiente día en que fue hecha; por lo que el plazo transcurrió del dos al veinte de agosto de la presente anualidad. Enseguida, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta al Juez con las pruebas documentales que anexó la parte quejosa al escrito inicial de demanda. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a la propia y especial naturaleza, las pruebas señaladas en el párrafo que antecede; con lo anterior, se declara cerrado el periodo probatorio. En período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza la Secretaria y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 771/2020-F, promovido por Cristian Wilio Vázquez Campos, contra actos del Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil veinte, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el nueve de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional, Cristian Wilio Vázquez Campos, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad. Cuyo acto reclamado hizo consistir en: "[.] IV.- ACTOS RECLAMADOS. La dilación de admitir a trámite el recurso de inconformidad presentado ante la Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana el 2/11/2020, así como la omisión de dar contestación a lo peticionado en el mismo ocurso [.]" Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional, en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; Cuarto. Mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el peticionario del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión de admitir a trámite el recurso de inconformidad presentado el tres de noviembre de dos mil veinte ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, así como la omisión de dar contestación a lo peticionado en el mismo ocurso. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir el informe justificado, y ello quedó corroborado con las documentales consistentes en copia certificada de la resolución dictada el cuatro de enero de dos mil veintiuno, con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por el aquí quejoso, ante esa Comisión, el tres de noviembre de dos mil veinte, registrado con folio 202018549, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, no hay duda de que quedó plenamente demostrada la existencia de los actos omisivos de que se duele la parte quejosa en los términos planteados. Cuarto. Causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que, como lo sostiene la autoridad responsable, el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que el mismo ha cesado sus efectos, como a continuación se expone. "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuanto los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ello, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso Cristian Wilio Vázquez Campos, en esta vía constitucional, consistente en la dilación de admitir a trámite el recurso de inconformidad presentado ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana el tres de noviembre de dos mil veinte, así como la omisión de dar contestación a lo peticionado en el mismo ocurso; ha quedado sin efectos ya que del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictó la resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, ante dicha dependencia, el tres de noviembre de dos mil veinte, registrado con folio 202018549; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de diciembre de dos mil veinte). De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Consecuentemente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Aunado a que al rendir el informe justificado la autoridad responsable de mérito, se desprende que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictó la resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, ante dicha dependencia, el tres de noviembre de dos mil veinte, registrado con folio 202018549, constancias con las que se dio vista a la parte quejosa de manera personal de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, sin que el referido quejoso haya señalado como acto reclamado la respuesta que emitió a su petición la responsable, por lo tanto dicha respuesta no puede ser objeto de análisis en la presente sentencia. Quinto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Atento a lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y aplicables de la Ley de Amparo, es procedente resolver y, por ende, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cristian Wilio Vázquez Campos, contra los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en términos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que se encuentra transcurriendo a la parte quejosa el plazo de quince días otorgado en proveído de veinte de julio pasado, a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 111 fracción II de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior y a efecto de no vulnerar los derechos de las partes en el presente juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración. Notifíquese.
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