Cristian Pardo López

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Cristian Pardo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial adscrita para notificar a la parte tercero interesada de identidad reservada D.B.J.C., el auto de diez de octubre de del año en curso, por las razones que en la misma expone. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a la parte tercero interesada de identidad reservada D.B.J.C., el presente proveído, el auto de diez de octubre del año en curso, y las subsecuentes actuaciones, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese; y por lista a la parte tercero interesada de identidad reservada D.B.J.C., el auto de diez de octubre de dos mil veintidós.Así lo acordó y firma electrónicamente, el licenciado Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el licenciado Gerardo Castillo Riedel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido por la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias relativas a la causa penal número 7281/2021, de su índice, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene copia autentificada del registro de audio y video de la audiencia celebrada dentro de la aludida causa penal, el veintisiete de septiembre del año en curso, de tramitación de procedimiento abreviado y sentencia definitiva dictada en contra del aquí quejoso Cristian Pardo López, por el delito de violación equiparada agravada y abuso sexual a menor de catorce años agravado. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene a la autoridad responsable anunciando como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su oficio de cuenta; en la inteligencia que el disco versátil digital (DVD), adquiere el carácter de documental pública lato sensu, teniéndose por desahogada sin necesidad de una audiencia especial. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En consecuencia, el dispositivo de mérito queda bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en el entendido de que podrá ser consultado, por cualquiera de las partes. En ese contexto, quien esto resuelve considera que en relación con los actos reclamados por el quejoso Cristian Pardo López, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica [...]" Se explica. Del dispositivo antes transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda, se obtiene que la parte promovente planteó el juicio de amparo indirecto -en lo que aquí interesa-, en relación con los actos reclamados consistentes en la calificación de la detención del quejoso Cristian Pardo López, así como el auto de vinculación dictado en su contra, por el delito de violación equiparada, dentro de la causa penal 7281/2021, del índice de la autoridad responsable Juez de Control en el Estado de Baja California, en audiencias de treinta de diciembre de dos mil veintiuno y tres de enero de dos mil veintidós, respectivamente. No obstante, mediante el oficio de cuenta la juez responsable informó que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado en la causa penal 7281/2021 y, como consecuencia de ello, en la misma fecha se emitió la sentencia respectiva, en la que, entre otras cosas, se consideró penalmente responsable al quejoso Cristian Pardo López, del delito de violación equiparada agravada y abuso sexual a menor de catorce años agravado. Para acreditar lo anterior, la juez responsable remitió copia firmada electrónicamente del acta de audiencia relativa, copia del registro de audio y video de la misma, así como del auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se declaró firme la sentencia dictada en el procedimiento abreviado; documentos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, si la presentación de la demanda de amparo promovida a favor del referido quejoso, fue planteada en relación con los actos consistentes en la calificación de su detención, así como el auto de vinculación dictado en su contra; y, con posterioridad a la presentación de ésta, es decir, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia de procedimiento abreviado, misma que se declaró firme el cinco de octubre siguiente; por tanto, como se anticipó, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados por el referido quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica, puesto que la calificación de su detención, así como el auto de vinculación dictado en su contra de los que se dolía, quedaron sin efectos al haber sido dictada la sentencia de procedimiento abreviado, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis III.2o.P.150 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con registro digital: 2019590, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, página 2675, Décima Época, cuyo contenido indica: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." Por las mismas razones, resulta aplicable la tesis XVIII.2o.P.A.2P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con registro digital: 2017403, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1430, Décima Época, que indica: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI SE DEMUESTRA QUE DENTRO DE LA CAUSA PENAL DE DONDE ESE ACTO DERIVA SE DICTÓ SENTENCIA CONDENATORIA, SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Si al reclamarse en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso se demuestra que dentro de la causa penal de donde deriva se dictó sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque es indudable que ocurrió un cambio de situación jurídica que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que con el dictado de la sentencia de primera instancia se consumaron irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio" En virtud de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. En consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Ahora, ya de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "La Mesa", con residencia en esta ciudad; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito presentado por Vicente Omar González Hernández, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual señala que el veintisiete de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el procedimiento abreviado dentro de la causa penal de origen. Atento a ello, y toda vez que pudiera actualizarse una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza de Control en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe a este juzgado si en la causa penal 7281/2021, de su índice, se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado y se dictó la sentencia relativa a dicha forma de terminación anticipada del procedimiento, y de ser así, remita a este juzgado copia certificada del registro de audio y video de la misma. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Ahora, ya de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "La Mesa", con residencia en esta ciudad; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus autorizados en el domicilio señalado en autos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; asimismo, que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solicitó que se requiriera al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad, para que remitiera la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 7281/2021, del índice de la autoridad responsable, sin que hasta la fecha se hubiere emitido pronunciamiento alguno al respecto. En ese sentido, en principio es menester señalar que de la certificación secretarial en consulta, se obtiene que al imponerse de los registros de audio y video contenidos en los discos compactos remitidos por la autoridad responsable Jueza de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, se advierte que dicha autoridad no tuvo a la vista las constancias que integran la carpeta de investigación a que se hace referencia en el párrafo que antecede, al momento de resolver sobre la calificación de la legalidad de la detención y auto de vinculación a proceso del aquí quejoso, dentro de la causa penal de origen. Por tanto, dígasele a la parte quejosa que de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, ya que en el caso no procede tomar en consideración en el presente juicio de amparo, las pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad responsable para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de las resoluciones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 64/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 160812, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, Décima Época, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." Ahora, ya de que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "La Mesa", con residencia en esta ciudad; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020, y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante los medios electrónicos establecidos en el acuerdo general 12/2020. En la que deberá realizar la lectura íntegra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello; de igual manera, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar la diligencia encomendada, deberá cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de las cuales ya tiene conocimiento. En consecuencia, a fin de dar margen a que el quejoso y sus autorizados tengan conocimiento de lo aquí determinado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cuarenta minutos del once de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión y a sus autorizados en el domicilio señalado en autos.

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