Cristian Silva Tellez
Expediente 263/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Dolores Silva Herrera
- Cristian Silva Tellez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA SENTENCIA. ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
UNICO.-SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO...
- Incidental
I. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 263/2016-B promovido por ************ en representación de su menor hijo **********, contra actos del Juez en Turno de Oralidad del Partido Judicial en Celaya, Guanajuato, y otras autoridades. II. SOLICITUD DEL INFORME. Con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán informar, en su caso, si el hecho ilícito que se atribuye al quejoso es delito patrimonial y a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, para cuyo efecto remítaseles copia simple de la demanda. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. III. FECHA PARA LA AUDIENCIA. Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, para el verificativo de la audiencia de este incidente. IV. LEY DE AMPARO APLICABLE. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el segundo párrafo del dispositivo Décimo transitorio del ordenamiento invocado, en los casos en que no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá irguiéndose conforme a la anterior ley de la materia, corresponde proveer sobre la medida cautela en los siguientes términos: V. REQUISITOS DE PROCEDENCIA. Al respecto, dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo, que la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que la solicite el quejoso; y, b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público. Medida cautelar que al caso, se solicita con respecto a la orden de aprehensión y/o presentación, reclamada así como su ejecución. VI. SENTIDO DE LA SUSPENSIÓN. Con fundamento en el numeral 138, fracción I, de la citada ley, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por ***********en representación de su menor hijo ***********. En este orden, es necesario señalar que la parte quejosa solicita la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, que no sea privado de su libre deambular con motivo del acto privativo de la libertad que reclama. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derecho humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando de que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría al promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso por el tiempo que se le privara de ella. VII. FIJACIÓN DE REQUISITOS Y EFECTOS DE LA MEDIDA. Lo anterior, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no sea privado de su libertad personal, con motivo de la orden de aprehensión, retención y presentación, y su ejecución que reclama; ello, hasta en tanto las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones para que surta efectos la medida cautelar: A) Que el delito que se le imputa al quejoso no sea de los calificados como graves por la legislación penal aplicable o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, no implique prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional; B) Como medida de aseguramiento, otorgue garantía por la cantidad de tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional ($3,500.00), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, preferentemente en billete de depósito expedido a su nombre por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, dentro del plazo de cinco días conforme a lo dispuesto en el artículo 136 párrafo cuarto de la anterior Ley de Amparo; y, Apercibido que de no acreditar que cumplió con dichas prevenciones en el término de cinco días, dejará de surtir efectos la medida otorgada de conformidad, con lo dispuesto por el numeral 139 de la anterior ley y 166 de la actual. Ahora bien, en caso que el delito imputado al peticionario de la tutela federal sea de los calificados como graves por la legislación penal o de aquellos por los que no se permite el beneficio de libertad provisional bajo caución, o bien, que sea de los que tienen prisión preventiva oficiosa en términos del numeral 19 constitucional, la suspensión solo surtirá efectos que una vez aprehendido o detenido quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar de reclusión por lo que ve a su libertad personal, y a disposición de la autoridad que haya librado la orden por lo que hace a la continuación del procedimiento. Una vez que se tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, el ahora incidentista deberá comparecer ante la autoridad responsable, dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efecto legales la notificación del informe previo que dicha autoridad rinda, y acreditarlo con las constancias relativas ante este Juzgado Federal dentro de un término igual, con el apercibimiento que de no hacerlo así dejara de surtir efecto la suspensión concedida y se hará efectiva la garantía que exhiba a favor del erario federal, quedando expedita las facultades de las autoridades señaladas como responsable ejecutoras para llevar acabo la ejecución de los actos reclamados. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.149/2007, aprobada por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha once de octubre de dos mil siete, registro número 170432, del siguiente epígrafe: "SUSPENSIÓN PROVISINAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ." Así también, sustenta lo anterior la jurisprudencia número 1ª./J.16/97, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, registro 198729, del semanario judicial de la federación y su gaceta, que al rubro dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATANDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." Asimismo, se previene a la parte quejosa que deberá exhibir antes que tenga verificativo la audiencia incidental constancia fehaciente con la que acredite haber comparecido ante la autoridad, apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado, dejará de surtir efectos la medida cautelar aquí concedida, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 138 de la anterior Ley de Amparo y 166 de la actual. El monto de la garantía señalada para que surta efectos la medida cautelar indicada, se fija de manera discrecional por no contar con más datos que los proporcionados por el quejoso, pues se desconoce su situación económica ya que no manifestó a cuánto ascienden sus ingresos, ni el delito por el que se haya librado alguna orden y atendiendo al número de autoridades señaladas como responsables ordenadoras, lo que se traduce en un mayor riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, dada la cantidad de procedimientos que presumiblemente se les instruyen, sin perjuicio que el monto de la garantía pueda ser modificada con posterioridad en atención a los informes que rindan las autoridades responsables y de acuerdo a las pruebas que obren en el sumario, de conformidad a lo que dispone el artículo 168 de la vigente Ley de Amparo y 124 bis de la anterior. En la inteligencia que la presente medida cautelar, no surtirá efectos si se trata de ejecutar una orden que haya sido o sea materia de otro juicio de amparo o se sorprenda al quejoso en flagrante delito o infringiendo la normatividad de Policía y Buen Gobierno. En el entendido que si el quejoso opta por exhibir póliza de fianza, ésta deberá contener en forma expresa la renuncia de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso que se haga efectivo el cobro de la cantidad sancionada, y deberá someterse en forma expresa a lo que sobre el particular dispone la Ley de Amparo. VIII. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo); se le apercibe al peticionario de la tutela federal que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. IX. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a costa del quejosa, copia certificada en un tanto del presente proveído previa razón que de su entrega se deje en autos.
- Principal
A) Admisión. Vista la demanda de amparo signada por *********** en representación de su menor hijo ***********, contra actos del Juez en Turno de Oralidad del Partido Judicial en Celaya, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 263/2016-B. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo que se propone. B) Intervención de la fiscal adscrita. Con apoyo al artículo 107, fracción XV de la Carta Magna, dese la intervención que legalmente corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. C) Solicitud de informes justificados. Pídase a las responsables su informe con justificación, con el que deberán remitir, en su caso, copia certificada legible de las constancias que tomaron en cuenta para emitir el acto reclamado, lo que deberán hacer dentro del término de quince días. Apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Destacando que, si el citado informe lo constituye un disco Versátil Digital, (D.V.D), deberá remitirlo debidamente validado y por TRIPLICADO, a efecto de dejarlo a la vista de las partes. D) Formación del incidente de suspensión. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo. E) Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional. F) Pruebas. En relación con la prueba documental que exhibe consistente en: Un acta de nacimiento, expedida por el Gobierno del Estado de Guanajuato del Registro Civil de Celaya, Guanajuato, dentro del libro numero 9, con numero de folio 01744 de siete de julio de 1998, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada dada su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. G) Representación Especial. No obstante que el promovente del amparo, según se desprende de la documental antes señalada, es el representante legítimo del quejoso directo ************, por existir entre ambos el parentesco de padre e hijo, y no se advierta la existencia de conflicto alguno de intereses en la substanciación del presente asunto, acorde con lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Amparo, y a efecto de garantizar la imparcial protección del interés respecto al menor quejoso, se estima necesario designarle un representante especial para que intervenga en el juicio de amparo en que se actúa, designándose con tal carácter al licenciado **********, Asesor Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, con domicilio en las oficinas que ocupa dicha dependencia en la planta baja del edificio número 901 de la Avenida Quetzalli, Fraccionamiento Paseo de Los Álamos de esta ciudad, aunado a que como será abundado en párrafos subsecuentes, la designación de persona autorizada que se contiene en el libelo constitucional se realizó en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la invocada legislación, esto es, de manera restringida únicamente para recibir notificaciones personales. H) Causales de sobreseimiento. Con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en treinta días, acorde a lo establecido en el numeral 251 de la ley en cita. I) Denominación de autoridades. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, de la Ley de la materia, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el cual no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo); se apercibe al peticionario de la tutela federal que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento de su denominación; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. J) Transparencia. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. K) Domicilio y autorizados. Finalmente, se tiene como autorizado en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a ***********, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ***, Guanajuato.
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