Cristian Monroy Nieves
Expediente 413/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Cristian Monroy Nieves
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal del que guardan los autos del que se desprende que no fue hecha la notificación electrónica de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte a la asesora jurídica de los menores licenciada licenciada Judith Cristina Sánchez Morales, por parte del actuario encargado de realizarla. Por tanto, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos para que realicen debidamente la notificación electrónica de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veinte, a la licenciada licenciada Judith Cristina Sánchez Morales, en el buzón señalado para tal efecto, ello con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a las partes. En el entendido, de que en términos de la Circular SECNO/8/2021, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos de Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la notificación ordenada surtirá sus efectos una vez que se reanuden las labores presenciales de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que dice: "Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 413/2020-VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, xxxxxxxx; solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 413/2020-VI, la admitió a trámite; requirió los informes justificados; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; reconoció el carácter de tercero interesado a xxxxxxxxx, asimismo se designó una representante especial de los menores, quien fue debidamente emplazada y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en Acámbaro, Guanajuato, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: La resolución dictada en audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la cual se impuso pensión provisional de alimentos a cargo del hoy quejoso, así como su ejecución. Las autoridades señaladas como responsables son: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato (ordenadora). Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Acámbaro, Guanajuato (ejecutora). Director de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, Guanajuato (ejecutora). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato y la directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Acámbaro, Guanajuato, aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos impugnados, pues las manifestaciones de la autoridades responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copias certificadas del expediente F0468/2017, así como del disco de almacenamiento digital que contiene el acto reclamado; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio, por medio del cual se le requirió, de ahí que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman, aunado a que, se trata de una autoridad ejecutora. CUARTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. a) En su demanda de amparo, el quejoso refiere que el acto reclamado no se ajusta a las garantías de fundamentación y motivación. Los planteamientos a análisis son infundados. Para evidenciar lo anterior, debe precisarse que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por fundamentación debe entenderse la cita de los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, la precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en este aspecto, no asiste razón jurídica al quejoso, pues contrario a lo que afirma, del contenido de la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se aprecia que la pensión provisional alimenticia decretada sí fue fundada y motivada. Lo anterior, pues se advierte que a manera de fundamentación se citaron como preceptos legales aplicables al caso, los artículos 357 y 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como el diverso 402 del código procesal de esta Entidad. Por su parte, a manera de motivación expuso: -Que de autos se encuentra demostrado el vínculo filial entre los menores y el deudor alimentario. -Así como, que el deudor alimentario recibe ingresos suficientes para poder proporcionar alimentos, según sus declaraciones fiscales. -Estimó que en materia de alimentos no opera la cosa juzgada, por lo que si en el caso las condiciones pactadas en el convenio de alimentos cambiaron, el juez está facultado para fijar una pensión alimenticia. -Que se demostró la necesidad de recibir los alimentos de los menores, por lo que condenó a una pensión de cuatro mil quinientos pesos mensuales. Por tanto, es evidente, que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la juez responsable sí fundó y motivo el acto reclamado. En ese contexto, se considera que el acto reclamado cumplió con las exigencias de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues, se aprecia que la responsable expuso con claridad los motivos y razones que sustentan la pensión provisional. b) En la demanda de amparo se expresa que la resolución de la medida provisional de alimentos, es indebida, pues a su parecer operó la excepción de cosa juzgada, por los motivos expuestos en su contestación de demanda, ya que las circunstancias alegadas por la señora Xochilpizahualt María Castillo Hernández, ya estaban resueltas en el convenio, en el cual se habían dispuesto mecanismos para futuros casos, como el de imprevisión alegado por la actora. El argumento planteado es infundado. En efecto, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por los tribunales federales, que en materia de alimentos no opera la cosa juzgada, porque la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que la regla reguladora sea la proporcionalidad de los alimentos. Sirve de sustento a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte y diversos tribunales federales: "ALIMENTOS, LA SENTENCIA SOBRE, NO TIENE FUERZA DE COSA JUZGADA. De acuerdo con la doctrina jurídica más generalizada, la sentencia pronunciada sobre alimentos es definitiva en cuanto pone fin al litigio, pero no tiene fuerza de cosa juzgada; por lo que puede ser modificada en un juicio ulterior cuando varían algunos de sus presupuestos; y el principio de la inmutabilidad de la sentencia aparece aquí abandonado, pues la cosa juzgada pierde su entidad frente a una exigencia de justicia de atender las necesidades surgidas momento a momento entre las personas que intervienen en estos conflictos". "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA. No existe cosa juzgada en los juicios sobre alimentos, porque la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que el (sic) la regla reguladora de la proporcionalidad de los alimentos". "ALIMENTOS. EN LAS SENTENCIAS FIRMES QUE LOS DECRETAN NO OPERA LA COSA JUZGADA, PERO SÍ LA DE PRECLUSIÓN. Tratándose de cuestiones de alimentos no opera la figura jurídica de cosa juzgada, porque los acreedores alimentarios tienen en todo tiempo el derecho de pedir e incluso demandar su ministración, mediante la observancia de las distintas formalidades al efecto previstas en las leyes ordinarias dada la variabilidad de las relaciones familiares que la obligación alimentaria genera y la permanencia del estado civil de las personas según el ordenamiento sustantivo civil correspondiente, lo cual impide la irrevocabilidad e inmutabilidad de las determinaciones dictadas en esa clase de asuntos y permite, en consecuencia, la existencia de diversas formas de modificación (aumento o reducción de pensión), extinción (cese de la obligación) y garantía (cumplimiento parcial e incumplimiento de la obligación) de tales determinaciones; sin embargo, el ejercicio de los derechos procesales nacidos de cada una de esas formas de exigencia o terminación de la obligación puede llevar implícito, según el caso de que se trate, la preclusión de su ejercicio, como en el caso de la existencia de un juicio previo de alimentos que condenó al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia a favor de su acreedor o acreedores, puesto que de ahí se desprende el ejercicio previo de la facultad concedida por la ley, que se traduce en la consumación procesal del derecho otorgado que impide ejercitar dos veces la misma pretensión que ha sido declarada procedente". "ALIMENTOS, NO OPERA EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. Es de explorado derecho que en materia de alimentos no opera el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativo se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento de la pensión si existen factores al respecto". "ALIMENTOS. LOS QUE DERIVAN DE UN CONVENIO DE DIVORCIO ELEVADOS A COSA JUZGADA SON SUSCEPTIBLES DE ALTERARSE Y MODIFICARSE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Los convenios celebrados en los juicios de divorcio voluntario que se elevan a cosa juzgada en la parte que trasciende a la ministración de alimentos de los hijos menores de edad, no tienen validez invariable y son susceptibles de alterarse y modificarse conforme a lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado". En esa virtud, contrario a lo que aduce la parte quejosa no es indebida la resolución reclamada, pues como acertadamente lo determinó el juez familiar, la excepción de cosa juzgada no es procedente, debido a que en materia de alimentos no opera ese principio. Lo anterior, pues en materia de alimentos, la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor. De ahí que, si la parte acreedora alimenticia expuso que hubo un cambio de circunstancias, en relación a lo pactado en el convenio de alimentos, es evidente, que el juez sí encontraba facultado para analizar lo expuesto, y en su caso, determinar un nuevo monto de pensión alimenticia. Por tanto, se considera que la resolución del juez familiar es apegada a derecho, dado que, se reitera en materia de alimentos no opera la excepción de cosa juzgada. c) Por otro lado, en la demanda de amparo se aduce que la parte actora manifestó que por la contingencia originada por el virus COVID-19, sus ingresos han disminuido; empero, refiere el quejoso que él también se encuentra imposibilitado para otorgar la cantidad fijada de manera discrecional, donde previamente se debieron tomar en cuenta las pruebas que obran en el sumario. Señala que la resolución reclamada es contraria al artículo 14 constitucional, pues se le está poniendo en riesgo de subsistencia, dado que no puede aportar la cantidad establecida por el juez responsable. Lo expuesto por la parte quejosa es infundado. En primer lugar, cabe destacar que la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite concluir que las pensiones alimenticias dependen de: (i) la existencia de una relación o vínculo entre la parte deudora y la acreedora que justifique su procedencia; (ii) las posibilidades del deudor; y (iii) las necesidades del acreedor. Además, la superioridad al resolver la contradicción de tesis 26/2000 determinó: -Que la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. -Esto es, en su fijación además de atender a estos dos principios fundamentales a que hemos aludido: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres, y a las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y a los hijos y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, cuyo rubro y texto son: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". Por su parte, los artículos 357 y 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, prevén: "Art. 357. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde el momento en que son concebidos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. Art. 365. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". De lo antes transcrito se desprende, que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y que estos deben ser proporcionados a la posibilidad que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos. Ahora bien, no asiste razón a la parte quejosa, pues este juzgador considera que el monto impuesto al quejoso no es excesivo. Pues bien, este tribunal federal considera proporcional que el juez responsable haya fijado en favor de los menores de iniciales Y.M.C. y Y.M.C. la cantidad de cuatro mil quinientos pesos mensuales. Ello, si se toma en cuenta que son dos acreedores alimenticios y la necesidad de estos de recibirlos, y de los diversos rubros a cubrir, tales como vestido, calzado, alimentos, esparcimiento y los gastos de educación. Así como, que el deudor alimenticio -hoy quejoso- es una persona que recibe ingresos mensuales bastantes para poder proporcionarlos, según las declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria. Ello, pues como lo determinó el juez en la audiencia, de autos se desprende que obran glosadas a fojas 69 a 77, los reportes de las declaraciones fiscales, de los periodos de enero-febrero, del que se desprende que tuvo ingresos por una suma treinta y siete mil setecientos veintisiete pesos, y en el periodo marzo-abril, percibió por concepto de ingresos cuarenta dos mil novecientos cuarenta y dos pesos. Además, de autos se desprende la existencia de diversas declaraciones del año dos mil diecinueve, de las que se desprende que el quejoso recibió ingresos suficientes, lo que denota su capacidad para poder ministrar alimentos. Por lo que es inconcuso, que el deudor alimentario recibe ingresos suficientes, para poder soportar la pensión alimenticia impuesta. De ahí que se considere, que la pensión alimenticia decretada, cumple con los principios de equidad y justicia, puesto que se atendió, las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación invocados, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxx, en contra del acto reclamado, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo."
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 413/2020-VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, xxxxxxxx; solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 413/2020-VI, la admitió a trámite; requirió los informes justificados; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; reconoció el carácter de tercero interesado a xxxxxxxxx, asimismo se designó una representante especial de los menores, quien fue debidamente emplazada y señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en Acámbaro, Guanajuato, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como actos reclamados: La resolución dictada en audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veinte, en la cual se impuso pensión provisional de alimentos a cargo del hoy quejoso, así como su ejecución. Las autoridades señaladas como responsables son: Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato (ordenadora). Directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Acámbaro, Guanajuato (ejecutora).Director de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, Guanajuato (ejecutora). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato y la directora de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Acámbaro, Guanajuato, aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos impugnados, pues las manifestaciones de la autoridades responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copias certificadas del expediente F0468/2017, así como del disco de almacenamiento digital que contiene el acto reclamado; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal de Acámbaro, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del oficio, por medio del cual se le requirió, de ahí que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente ciertos los actos que se le reclaman, aunado a que, se trata de una autoridad ejecutora. CUARTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. a) En su demanda de amparo, el quejoso refiere que el acto reclamado no se ajusta a las garantías de fundamentación y motivación. Los planteamientos a análisis son infundados. Para evidenciar lo anterior, debe precisarse que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por fundamentación debe entenderse la cita de los preceptos legales aplicables al caso y, por motivación, la precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en este aspecto, no asiste razón jurídica al quejoso, pues contrario a lo que afirma, del contenido de la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se aprecia que la pensión provisional alimenticia decretada sí fue fundada y motivada. Lo anterior, pues se advierte que a manera de fundamentación se citaron como preceptos legales aplicables al caso, los artículos 357 y 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, así como el diverso 402 del código procesal de esta Entidad. Por su parte, a manera de motivación expuso: -Que de autos se encuentra demostrado el vínculo filial entre los menores y el deudor alimentario. -Así como, que el deudor alimentario recibe ingresos suficientes para poder proporcionar alimentos, según sus declaraciones fiscales. -Estimó que en materia de alimentos no opera la cosa juzgada, por lo que si en el caso las condiciones pactadas en el convenio de alimentos cambiaron, el juez está facultado para fijar una pensión alimenticia. -Que se demostró la necesidad de recibir los alimentos de los menores, por lo que condenó a una pensión de cuatro mil quinientos pesos mensuales. Por tanto, es evidente, que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la juez responsable sí fundó y motivo el acto reclamado. En ese contexto, se considera que el acto reclamado cumplió con las exigencias de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues, se aprecia que la responsable expuso con claridad los motivos y razones que sustentan la pensión provisional. b) En la demanda de amparo se expresa que la resolución de la medida provisional de alimentos, es indebida, pues a su parecer operó la excepción de cosa juzgada, por los motivos expuestos en su contestación de demanda, ya que las circunstancias alegadas por la señora Xochilpizahualt María Castillo Hernández, ya estaban resueltas en el convenio, en el cual se habían dispuesto mecanismos para futuros casos, como el de imprevisión alegado por la actora. El argumento planteado es infundado. En efecto, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por los tribunales federales, que en materia de alimentos no opera la cosa juzgada, porque la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que la regla reguladora sea la proporcionalidad de los alimentos. Sirve de sustento a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por la Suprema Corte y diversos tribunales federales: "ALIMENTOS, LA SENTENCIA SOBRE, NO TIENE FUERZA DE COSA JUZGADA. De acuerdo con la doctrina jurídica más generalizada, la sentencia pronunciada sobre alimentos es definitiva en cuanto pone fin al litigio, pero no tiene fuerza de cosa juzgada; por lo que puede ser modificada en un juicio ulterior cuando varían algunos de sus presupuestos; y el principio de la inmutabilidad de la sentencia aparece aquí abandonado, pues la cosa juzgada pierde su entidad frente a una exigencia de justicia de atender las necesidades surgidas momento a momento entre las personas que intervienen en estos conflictos". "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA. No existe cosa juzgada en los juicios sobre alimentos, porque la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que el (sic) la regla reguladora de la proporcionalidad de los alimentos". "ALIMENTOS. EN LAS SENTENCIAS FIRMES QUE LOS DECRETAN NO OPERA LA COSA JUZGADA, PERO SÍ LA DE PRECLUSIÓN. Tratándose de cuestiones de alimentos no opera la figura jurídica de cosa juzgada, porque los acreedores alimentarios tienen en todo tiempo el derecho de pedir e incluso demandar su ministración, mediante la observancia de las distintas formalidades al efecto previstas en las leyes ordinarias dada la variabilidad de las relaciones familiares que la obligación alimentaria genera y la permanencia del estado civil de las personas según el ordenamiento sustantivo civil correspondiente, lo cual impide la irrevocabilidad e inmutabilidad de las determinaciones dictadas en esa clase de asuntos y permite, en consecuencia, la existencia de diversas formas de modificación (aumento o reducción de pensión), extinción (cese de la obligación) y garantía (cumplimiento parcial e incumplimiento de la obligación) de tales determinaciones; sin embargo, el ejercicio de los derechos procesales nacidos de cada una de esas formas de exigencia o terminación de la obligación puede llevar implícito, según el caso de que se trate, la preclusión de su ejercicio, como en el caso de la existencia de un juicio previo de alimentos que condenó al deudor alimentario al pago de una pensión alimenticia a favor de su acreedor o acreedores, puesto que de ahí se desprende el ejercicio previo de la facultad concedida por la ley, que se traduce en la consumación procesal del derecho otorgado que impide ejercitar dos veces la misma pretensión que ha sido declarada procedente". "ALIMENTOS, NO OPERA EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA EN MATERIA DE. Es de explorado derecho que en materia de alimentos no opera el principio de cosa juzgada, en razón de que siendo la finalidad de éstos proveer a la subsistencia cotidiana a quien tiene derecho a ellos, resulta que la obligación y el derecho correlativo se van renovando diariamente y de momento a momento, lo que justifica la procedencia de la acción tendiente a lograr el incremento de la pensión si existen factores al respecto". "ALIMENTOS. LOS QUE DERIVAN DE UN CONVENIO DE DIVORCIO ELEVADOS A COSA JUZGADA SON SUSCEPTIBLES DE ALTERARSE Y MODIFICARSE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Los convenios celebrados en los juicios de divorcio voluntario que se elevan a cosa juzgada en la parte que trasciende a la ministración de alimentos de los hijos menores de edad, no tienen validez invariable y son susceptibles de alterarse y modificarse conforme a lo dispuesto por el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado". En esa virtud, contrario a lo que aduce la parte quejosa no es indebida la resolución reclamada, pues como acertadamente lo determinó el juez familiar, la excepción de cosa juzgada no es procedente, debido a que en materia de alimentos no opera ese principio. Lo anterior, pues en materia de alimentos, la fijación del monto de los mismos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor. De ahí que, si la parte acreedora alimenticia expuso que hubo un cambio de circunstancias, en relación a lo pactado en el convenio de alimentos, es evidente, que el juez sí encontraba facultado para analizar lo expuesto, y en su caso, determinar un nuevo monto de pensión alimenticia. Por tanto, se considera que la resolución del juez familiar es apegada a derecho, dado que, se reitera en materia de alimentos no opera la excepción de cosa juzgada. c) Por otro lado, en la demanda de amparo se aduce que la parte actora manifestó que por la contingencia originada por el virus COVID-19, sus ingresos han disminuido; empero, refiere el quejoso que él también se encuentra imposibilitado para otorgar la cantidad fijada de manera discrecional, donde previamente se debieron tomar en cuenta las pruebas que obran en el sumario. Señala que la resolución reclamada es contraria al artículo 14 constitucional, pues se le está poniendo en riesgo de subsistencia, dado que no puede aportar la cantidad establecida por el juez responsable. Lo expuesto por la parte quejosa es infundado. En primer lugar, cabe destacar que la doctrina jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite concluir que las pensiones alimenticias dependen de: (i) la existencia de una relación o vínculo entre la parte deudora y la acreedora que justifique su procedencia; (ii) las posibilidades del deudor; y (iii) las necesidades del acreedor. Además, la superioridad al resolver la contradicción de tesis 26/2000 determinó: -Que la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, por ende, en su fijación se deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. -Esto es, en su fijación además de atender a estos dos principios fundamentales a que hemos aludido: estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del obligado, también deberán de ser consideradas y evaluadas las circunstancias o características particulares que prevalecen o representa esa relación familiar, como sin duda, lo constituyen: el medio social en que se desenvuelven tanto el acreedor como el deudor alimentario, las costumbres, y a las circunstancias propias en que se desenvuelve cada familia, desde luego, comprendiendo en ésta al cónyuge y a los hijos y demás que resulten beneficiarios conforme lo señala la ley sustantiva aplicable al caso en concreto. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 44/2001, cuyo rubro y texto son: "ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS.De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social". Por su parte, los artículos 357 y 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, prevén: "Art. 357. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos desde el momento en que son concebidos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. Art. 365. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos". De lo antes transcrito se desprende, que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, y que estos deben ser proporcionados a la posibilidad que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos. Ahora bien, no asiste razón a la parte quejosa, pues este juzgador considera que el monto impuesto al quejoso no es excesivo. Pues bien, este tribunal federal considera proporcional que el juez responsable haya fijado en favor de los menores de iniciales Y.M.C. y Y.M.C. la cantidad de cuatro mil quinientos pesos mensuales. Ello, si se toma en cuenta que son dos acreedores alimenticios y la necesidad de estos de recibirlos, y de los diversos rubros a cubrir, tales como vestido, calzado, alimentos, esparcimiento y los gastos de educación. Así como, que el deudor alimenticio -hoy quejoso- es una persona que recibe ingresos mensuales bastantes para poder proporcionarlos, según las declaraciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria. Ello, pues como lo determinó el juez en la audiencia, de autos se desprende que obran glosadas a fojas 69 a 77, los reportes de las declaraciones fiscales, de los periodos de enero-febrero, del que se desprende que tuvo ingresos por una suma treinta y siete mil setecientos veintisiete pesos, y en el periodo marzo-abril, percibió por concepto de ingresos cuarenta dos mil novecientos cuarenta y dos pesos. Además, de autos se desprende la existencia de diversas declaraciones del año dos mil diecinueve, de las que se desprende que el quejoso recibió ingresos suficientes, lo que denota su capacidad para poder ministrar alimentos. Por lo que es inconcuso, que el deudor alimentario recibe ingresos suficientes, para poder soportar la pensión alimenticia impuesta. De ahí que se considere, que la pensión alimenticia decretada, cumple con los principios de equidad y justicia, puesto que se atendió, las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. En consecuencia, al ser infundados los conceptos de violación invocados, procede negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a xxxxxxxx, en contra del acto reclamado, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo.
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