Cristian Paulino Be Hernández

Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
66/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Cristian Paulino Be Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina de que en virtud de que se sobreseyó en el presente en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Por otra parte, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó y declaró sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá destruirse, tal como lo establece inciso c), del artículo 21, Capítulo Octavo del aludido Acuerdo General. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Capitulo Octavo del referido Acuerdo General, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este juzgado el legajo que remitió junto con sus informes justificado la autoridad responsable, devuélvasele el mismos, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se desprende que se recibió el mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 66/2022-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Cristian Paulino Be Hernández, contra el acto que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en su calidad de autoridad responsable, y;(...) CUARTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En el caso del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, su estudio es de orden público y, por ende, se hace obligatorio aun de oficio, en cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Como se precisó en el considerando segundo de la presente ejecutoria, el procedimiento de jurisdicción voluntaria iniciado en el año dos mil siete, por lo que le resultan aplicables las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, aplicable en ese año. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, en el que se establece que los procedimientos que a la entrada en vigor del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, se encuentren pendientes de trámite y aquellos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, deberán ser tramitados y concluidos de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Precisado lo anterior, se tiene que en el artículo 851 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, aplicable al trámite del procedimiento del que deriva el acto reclamado, se establece: "Artículo 851.- Las providencias que se dicten en los negocios de jurisdicción voluntaria, serán apelables, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa" Como se ve, en la legislación citada se prevé la existencia de un medio de impugnación, el cual se encontraba obligado a agotar el quejoso de forma previa a la promoción de su demanda de amparo; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues los elementos de la causal de improcedencia invocada se actualizan en el caso, dado que: El acto reclamado se trata de una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley que rige el acto reclamado concede contra el mismo algún recurso o medio de defensa; El recurso o medio de defensa que prevé (apelación) se da dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causal de improcedencia de mérito y sólo se contemplan como casos de excepción las hipótesis previstas en los incisos a), b), c) y d), de la propia fracción XVIII del artículo 61 invocado; esto es, para los terceros extraños, y aquéllos en que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, auto de vinculación a proceso, o aquellos emitidos dentro de un procedimiento que sean privativos de la libertad. Hipótesis de excepción que no se actualizan en el caso concreto, precisamente porque el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento natural, en tanto que de las constancias que remitió la responsable, se advierte que es quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria. En ese sentido, se estima que el quejoso se encontraba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acuerdo de diez de agosto de la presente anualidad impugnado, porque precisamente es parte del procedimiento natural y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó precisado en los párrafos que anteceden, y porque además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere el propio numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si el inconforme reclama el auto dictado el catorce de octubre de dos mil veintidós, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria en el que se incrementó la pensión alimenticia a favor de sus hijos ****** ambos de apellido ****; es claro que estuvo en aptitud de agotar el medio de defensa ordinario procedente (recurso de apelación), de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 851 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Esto es así, porque el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación del afectado de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, pues así lo dispone la ley aplicable. Con relación a la necesidad de respetar el principio de definitividad en tratándose de asuntos de jurisdicción voluntaria, de forma previa a la promoción del juicio de amparo, se invoca la jurisprudencia siguiente: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión 206/2019, de su índice, en el que en esencial, se confirmó el sobreseimiento decretado en un juicio de amparo, al no haberse interpuesto apelación en contra del embargo trabado en la etapa de ejecución de unas diligencias de jurisdicción voluntaria iniciadas en el año de 1998. No se soslaya que en la propia legislación citada se contiene la indicación relativa a que en contra de las resoluciones dictadas para la ejecución de las sentencias no procede recurso alguno; sin embargo, la porción normativa que establece dicha disposición, esto es, el numeral 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, se contiene en el Libro Primero de dicha codificación, relativo a "Disposiciones comunes a los procedimientos civiles"; mientras que el numeral 851 aludido previamente, se contiene en el Libro Tercero denominado "De la Jurisdicción Voluntaria"; de ahí que, conforme al principio de especialidad de la materia que regula el Título Tercero referido (De la Jurisdicción Voluntaria), se estima que el numeral 851 citado prevé un parámetro exacto de procedencia del recurso de apelación para impugnar las resoluciones dictadas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, sin distinguir, como tampoco lo hizo el legislador, si las determinaciones se emitieron durante su trámite, o bien, en la fase de ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Cristian Paulino Be Hernández, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el alegato ministerial 24/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y en su caso, se sobresea en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita el aludido Agente del Ministerio Público de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio, en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    I, Mérida, Yucatán, dos de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado por los terceros interesados ***, mediante el cual comparecen al presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se les tiene por apersonados al presente juicio con el carácter de terceros interesados. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señalan en su escrito de cuenta. Finalmente, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realizan los ocursantes en vía de alegatos, para que sean relacionadas y tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. [...]

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