Cristian Daniel Cauich Ucan
Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Cristian Daniel Cauich Ucan
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, es decir la parte quejosa, hubiera recurrido la sentencia de quince de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 9 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se concedió la suspensión definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo por el término de tres años y, una vez transcurrido éste, deberá transferirse tal como lo establece la fracción I, inciso a), del artículo 18, Capítulo Séptimo del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvanse al juzgado responsable las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, al no existir necesidad de que obren en autos, sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Erika Esther Góngora Barbosa, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 18/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por Cristian Daniel Cauich Ucan, contra actos de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, por designación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. (...) SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado (...) En ese contexto, a juicio de este Juzgador, del cúmulo de datos de prueba expuestos y el debate generado, sí se desprenden indicios razonables para tener por demostrada la existencia del hecho delictivo por el que se le vinculó a proceso. Finalmente, en lo relativo al quinto requisito para el dictado del auto de vinculación a proceso, al igual que los anteriores, se encuentra satisfecho, toda vez que no se desprende que exista excluyente de responsabilidad alguna. Ahora, el quejoso señala que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, no reúne los requisitos legales y constitucionales para su emisión, por lo que resulta violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución, ya que no existe en la carpeta de investigación datos de prueba suficientes para tener por acreditado que cometió el hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Argumenta que la Jueza realizó una indebida valoración de los datos de prueba, ya que otorgó valor probatorio al dicho de la querellante y no al informe rendido por la Juez de Paz de Maxcanú. Ello, porque la querellante manifestó en su denuncia inicial que el imputado suministraba la cantidad de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos sin centavos monda nacional), de manera quincenal, en concepto de pensión alimenticia, sin que obre registro de ello, en tanto que sí obra el informe rendido por la Juez de Paz en el cual comunicó que la cantidad acordada por dicho concepto en el convenio celebrado por la querellante y el imputado, es de $300.00 (trescientos pesos sin centavos moneda nacional), semanales; y no obstante, le otorgó valor probatorio al dicho de la denunciante. Además, se debió restar valor probatorio al dicho de la querellante, ya que no actuó de buena fe, pues fue hasta en su segunda comparecencia ante el ministerio público, en la que señaló que suscribieron un convenio ante la Juez de Paz de Maxcanú, Yucatán. En ese sentido, manifiesta que también debió restarle valor probatorio a las declaraciones testimoniales de ***, ya que tampoco mencionaron la existencia de ese convenio. Señala que no está dentro de las facultades de la Jueza de control determinar si la cantidad acordada es o no acorde para la subsistencia del menor, ya que este tema le corresponde a la Jueza Familiar. Finalmente, alega que la autoridad responsable fue omisa en dar contestación a los argumentos vertidos por su defensa, ya que sólo se limitó a pronunciar ciertos aspectos. Es infundado lo argüido por el quejoso. En efecto, tal y como se expuso en la resolución que se analiza, los datos de prueba expuestos por la representación social, son suficientes para demostrar la existencia del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y que *** fue la persona que probablemente cometió ese hecho, como correctamente lo sostuvo la Jueza de Control. Contrario a lo que aduce, no solamente obra el dicho de la denunciante y el acta de nacimiento del niño ****, sino que la representación social indicó que recabó diversos datos de prueba que fueron aportados a la carpeta de investigación, como las declaraciones testimoniales de **** y ***; un dictamen de trabajo social; el informe rendido por la Juez Único de Paz de Maxcanú, Yucatán; que a la postre se relacionaron en la audiencia. Datos de que prueba que fueron analizados por la Jueza responsable, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les dotó de eficacia probatoria, para concluir que en el caso, sí existen datos de prueba razonables, con los que se demuestra que el quejoso probablemente cometió el hecho que la ley describe como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En ese sentido, no le asiste la razón al quejoso, toda vez que, respecto a los datos de prueba relatados, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, acorde al artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en este caso, permiten establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley describe como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y que el imputado, aquí quejoso, probablemente lo cometió. Además, estableció el valor probatorio que merecieron los datos de prueba aportados, pues se advierte que en la audiencia de vinculación a proceso, apreció la razonabilidad de los datos de investigación en los que apoyó la resolución que se reclama e igualmente realizó un análisis de la contra argumentación o refutación que realizó la defensa del quejoso. Así, la Jueza responsable valoró el conjunto de los datos de prueba aportados y debatidos por las partes, los justipreció y determinó que eran bastantes para establecer razonablemente e indiciariamente la existencia del hecho referido y que el imputado probablemente lo cometió. Por tanto, contrario a lo que expone el quejoso, en el caso, sí existen datos de prueba para establecer que probablemente el ahora quejoso, desde el mes de septiembre de dos mil veinte, dejó de cumplir con la obligación de proporcionar los recursos para atender las necesidades de subsistencia de su hijo menor de edad ***, sin que hubiere un motivo justificado; de ahí que resulte infundado el argumento del quejoso. En el mimo sentido, son infundadas las alegaciones del quejoso cuando señala que la Jueza de control indebidamente le otorgó valor probatorio al dicho de la querellante y no al informe rendido por la Juez de Paz de Maxcanú; que debió de restarle eficacia al dicho de la querellante y a las declaraciones testimoniales, al no haber actuado con buena fe, ya que omitieron señalar la existencia del convenio celebrado ante el aludido Juzgado. Sobre este tópico, como se advierte de la resolución reclamada, la Jueza de Control responsable, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgó valor probatorio a la querella interpuesta por *** en agravio de su hijo menor de edad ***, al informe rendido por la Juez de Paz de Maxcanú, Yucatán, que contiene el convenio celebrado entre el imputado y la querellante, y a las declaraciones de ***. En ese sentido, el suscrito comparte la valoración que la Juez de Control otorgó al dicho de la querellante, atento al principio de buena fe que le asiste, en términos del artículo 5° de la Ley General de Victimas; ya que contiene el relato y narrativa de hechos, que demuestran, sobre este tópico, que aquélla y el imputado acordaron, motu proprio, que la suma en concepto de pensión alimenticia, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, sería por la cantidad de ***, de manera quincenal. Además, el dicho de la querellante fue correctamente valorado por la Jueza de Control responsable, ya que lo adminiculó con otros datos de prueba, como fueron los recibos de los depósitos efectuados ante el Juzgado de Paz de Maxcanú, que robustecen su dicho, ya que coinciden los pagos con los depósitos que cubrían las cantidades de ***, en forma quincenal; por ejemplo, el de fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, en el que el imputado depositó la cantidad de ***, en dicho recibo se asentó que corresponde a siete quincenas que van del uno de marzo al quince de junio de dos mil veinte, sucesivamente; recibos que permiten establecer razonablemente la existencia del acuerdo de voluntades entre el imputado y la querellante respecto a que, con posterioridad a la celebración del convenio ante el Juzgado de Paz, esto es, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la pensión alimenticia fue por la cantidad señalada. Además, contrario a lo que alega el quejoso, la Jueza responsable sí otorgó valor probatorio al convenio celebrado ante el Juzgado de Paz, pues al efecto, tomó en cuenta el oficio de la Juez de Paz de Maxcanú, Yucatán, de fecha ocho de julio de dos mil veintidós, relativo a que la querellante y el imputado, el dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, celebraron un convenio respecto de la pensión alimenticia del niño, en la cantidad de ***, semanales; que realizó depósitos en varias ocasiones por diferentes montos: con fecha uno de septiembre de dos mil diecinueve, que cubría del dieciocho al veinticinco de agosto del año dos mil diecinueve, por un monto de ***; con fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve, que cubría del veinticinco de agosto al uno de diciembre de dos mil diecinueve, por ***; con fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que cubría del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por un monto de ***; este último depósito establece razonablemente que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la pensión alimenticia sería por la cantidad de ***, en forma quincenal. Lo que además, la Jueza de Control adminiculó con lo referido por las testigos *** y ***, en las que se pronunciaron en términos similares respecto de la cantidad acordada. Así, conforme al estándar probatorio que se exige en este estadio del procedimiento penal, de los datos de prueba señalados, se establece razonablemente que el dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, la querellante y el imputado acordaron ante la Juez de Paz de Maxcanú, la cantidad de ***, de forma semanal, en concepto de pensión alimenticia a favor del niño ***; posteriormente, ambas partes acodaron de manera voluntaria, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la cantidad a pagar iba a ser de ***; de manera quincenal. Datos que, como se advierte, la Jueza responsable les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, justificó el valor concedido, explicando el por qué la llevaron a considerar que dicha suma sí fue pactada por las partes, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica, en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que no le asita la razón al quejoso. Y la circunstancia de que en la denuncia inicial y en las declaraciones testimoniales no se haya mencionado el convenio celebrado ante el Juzgado de Paz, no les resta eficacia demostrativa; ello, porque con anterioridad al informe rendido por la Juez de Paz en fecha ocho de julio de dos mil veintidós, la querellante compareció ante la autoridad investigadora e hizo del conocimiento la existencia del referido convenio; y en lo que atañe al dicho de las testigos, si bien en sus declaraciones no mencionaron el convenio de mérito, no menos cierto es que robustecen el dicho de la querellante y sirven para contextualizar que los hechos sí acontecieron, pues proporcionaron indicios que permiten corroborar indiciariamente que el imputado y la querellante acodaron que la cantidad en concepto de pensión alimenticia sería por la suma de ***, de manera quincenal, puesto que ambas dijeron que eran familiares de la víctima y que les constaba de manera directa, que el imputado proporcionaba dicha cantidad a la víctima. De ahí que, no le asiste la razón al quejoso, toda vez que la autoridad responsable ponderó los datos de prueba relatados por la fiscalía; y en este estadio procesal, debe considerarse que los datos de prueba referidos son suficientes para sostener la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para su dictado. Por otro lado, es infundado el argumento del quejoso relativo a que no está dentro de las facultades de la Jueza de control determinar si la cantidad acordada es o no acorde para la subsistencia del menor, ya que éste tema le corresponde a la Jueza Familiar. Es así, porque la autoridad responsable al emitir el auto de vinculación, no fijó en dicha resolución el monto de alimentos, sino únicamente señaló que la cantidad pactada de ***, en forma quincenal, es acorde a la realidad de las necesidades del menor de edad, lo que además, concuerda con el dictamen de trabajo social respecto a los gastos del niño *** para cubrir sus necesidades básicas; y en el presente juicio de amparo no se está analizando la fijación de los mismos, sino el incumplimiento del ahora quejoso a su deber de proporcionarlos. Por otra parte, deviene infundado el motivo de agravio del quejoso respecto a que no se tomó en consideración los argumentos de su defensa expuestos en la audiencia reclamada, pues contrariamente a lo que señala, la responsable sí se pronunció respecto de tales argumentos. En efecto, respecto a las manifestaciones de la defensa del quejoso de que no existe registro del que se advierta que acordó con la querellante la cantidad de ***, en forma quincenal, en concepto de pensión alimenticia, y únicamente existe el convenio suscrito por ellos ante la Juez de Paz de Maxcanú, en el que acordaron la cantidad de ***, semanales; que depositaba cantidades fuertes ya que era militar y lo enviaban fuera del Estado por meses; que no adeuda cantidad alguna, ya que al haber proporcionado la cantidad total de ***, se encuentra al corriente en los pagos y que incluso existe un sobrante de ***; que no existe la buena fe de la querellante, pues no mencionó en su denuncia que habían celebrado un convenio; y las testigos tampoco refirieron lo anterior. Al respecto, la Jueza de Control señaló, en primer lugar que, de lo argumentado por la fiscal en cuanto a los depósitos efectuados ante la Juez de Paz de Maxcanú, en las fechas señaladas, en términos del artículo 265 del Código Nacional resulta creíble el dicho de la querellante, por lo que le otorgó valor probatorio, ya que coinciden los pagos, que fueron depósitos que cubrían las cantidades de ***, en forma quincenal. Señaló que tomó en consideración únicamente lo que obra en la carpeta de investigación y los datos reseñados por las partes; asimismo, refirió que no puede pronunciarse en cuanto a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, ya que no existe una sentencia; por lo que únicamente toma en cuenta los datos que obran en la carpeta. Como se advierte, la Jueza responsable sí se pronunció respecto de la argumentación y refutación que realizó la defensa del quejoso, para después concluir que en el caso, se reunieron los requisitos para vincular a proceso al quejoso; por lo que es infundado dicho concepto de violación. En ese sentido, adversamente a lo alegado por el quejoso, en el caso, sí obran datos de prueba suficientes para demostrar, la existencia del hecho que la ley señala como el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y que *** fue la persona que cometió ese hecho, como correctamente lo sostuvo la Jueza de Control. Máxime que, conforme a la confección del sistema penal actual, para acreditar existencia de datos que acrediten el hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, únicamente se requiere que los datos de prueba establezcan que el hecho atribuido al imputado, sea señalado por la ley como delito, y que, sean suficientes y eficaces para que, en un ejercicio de ponderación realizado por el juzgador del conocimiento, bajo las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, le permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció ese hecho, y que el imputado probablemente lo cometió o participó en su comisión. Reflexiones que dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de rubro y texto siguiente: [.] En ese contexto, el suscrito comparte la decisión de la Jueza de Control sobre que existen datos de prueba suficientes en esta fase procesal, para concluir que *** cometió la conducta que la ley describe como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en perjuicio de *** por lo que debe negarse la protección constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto que reclama de la Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral, en funciones de Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, por designación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, consistente en el auto de vinculación dictado en la audiencia inicial de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa ***, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2279/2022 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 18/2023-III, acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el trece de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tiene por recibido el disco en formato DVD con el cual se ordena formar el legajo I. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó y concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. [...] Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria Gabriela Montañez Escalante, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
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