Cristian Martín Gómez García
Expediente 781/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 02/03/2022
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, Tijuana, Baja California
- Cristian Martín Gómez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor determinación el escrito firmado por el quejoso, virtud que este asunto se encuentra totalmente concluido. No obstante, con fundamento en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la devolución de los documentos que solicita, previa copia certificada que a su costa se deje en su lugar y constancia de recibo que se recabe. Para ello, el ocursante deberá generar cita en el micrositio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para el trámite correspondiente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 781/2021, promovido por Cristian Martín Gómez García, contra actos del Juez Primero Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO Primero. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Cristian Martín Gómez García, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades, que hizo consistir en: "A) De las ORDENADORAS: La [.] ORDEN DE DESALOJO O LANZAMIENTO, posiblemente librada o dictada en contra del suscrito (hoy quejoso) [.]. B) De las EJECUTORAS: La [.] ORDEN DE DESALOJO O LANZAMIENTO, que pretende ejecutar [.]." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 781/2021; mediante auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, así como emplazamiento de la parte tercero interesada, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y,CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos reclamados destacados son la orden de lanzamiento o desalojo emitida en contra del quejoso que se ostenta como propietario de la vivienda marcada con el número 24211, unidad C, conjunto habitacional Real de Baja California IV, condominio L-4, fraccionamiento Real de San Francisco, en esta ciudad. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, con excepción de las que se precisarán en el considerando siguiente, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que el quejoso ofreciera prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, tomo VI, apéndice 2000, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido que no obra en autos el informe justificado requerido a la Juez Séptimo Civil, de esta ciudad, sin embargo, del informe justificado rendido por el Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Civil, residente en esta localidad, se desprende que niega el acto reclamado, de ahí que se tenga en ese mismo sentido lo reclamado a su superior jerárquico. Tampoco pasan inadvertidas las documentales que remitió la Juez Décimo Civil Especializada en Materia Mercantil, de esta ciudad, relativas al juicio ejecutivo mercantil 1380/2017 promovido por Gonzalo Osorio Suruki en contra del aquí quejoso; sin embargo, de las mismas se advierte que hasta este momento no existe orden de desalojo o lanzamiento, ni se ha practicado traba de embargo sobre bienes del impetrante para garantizar el adeudo. De igual manera, no se soslaya la manifestación de la Juez Sexto Civil, de esta ciudad, respecto de la existencia de la jurisdicción voluntaria 1465/2016 promovida por Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero BBVA Bancomer, actualmente Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, mediante la cual se pretendía interpelar judicialmente a Jessica Molar Robles; empero, se encuentra prevenida, además de que no guarda estrecha vinculación con lo aquí reclamado. Cuarto. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuarto Civil, de esta ciudad, pues así se advierte del contenido de sus informe con justificación, lo que además se corrobora con las constancias allegadas a juicio, relativas al expediente de origen. Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Quinto. Las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del numeral 62 de la ley de la materia. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la primera parte de la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la ley de la materia, pues el quejoso no acredita afectación a su interés jurídico. Los preceptos invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]." En el caso a estudio, el solicitante del amparo Cristian Martín Gómez García acude a esta instancia constitucional, ostentándose como tercero extraño al juicio especial hipotecario 1842/2016, en reclamo de las actuaciones verificadas dentro de dicho procedimiento, y en particular de cualquier acto de molestia relacionado con el bien inmuebles identificado como la vivienda marcada con el número 24211, unidad C, conjunto habitacional Real de Baja California IV, condominio L-4, fraccionamiento Real de San Francisco, en esta ciudad, pues aduce ser propietario de ese bien raíz. El impetrante sustenta su interés jurídico con el contrato privado de donación que adjuntó a su demanda, celebrado, al parecer, el doce de mayo de dos mil quince, entre Jessica Molar Robles, con el carácter de donante, y Cristian Martín Gómez García, como donatario, respecto de la vivienda marcada con el número 24211, unidad C, conjunto habitacional Real de Baja California IV, condominio L-4, fraccionamiento Real de San Francisco, en esta ciudad. Documental que se valora de conformidad con lo previsto en los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento privado. Sin embargo, el contrato referido se considera insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el presente juicio de amparo, al no tener el alcance para demostrar que cuenta con la posesión legal del inmueble que ahí refiere, dado que tal documento carece de fecha cierta sobre la celebración del acto jurídico que entraña, misma que se adquiere cuando es presentado ante notario público, un funcionario en razón de su oficio, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En efecto, un contrato de donación que carece de fecha cierta es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un bien inmueble que dice ocupar en calidad de propietario, ostentándose como tercero extraño al juicio de origen, dado que no es posible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo que se inste en el juicio constitucional. En apoyo a lo expuesto se cita la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, diciembre de 1999, tomo X, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." En tal sentido, al no haberse demostrado el interés jurídico que le asiste al quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la invocada legislación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 15, febrero de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto Civil de Tijuana, Baja California. Sexto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, fracción I, 61, fracción XII, primera parte, en relación con el 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 781/2021, promovido por Cristian Martín Gómez García, contra los actos que reclamó del Juez Primero Civil, de esta ciudad, y de otras autoridades, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
SE DICTA SENTENCIA: SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...SEGUNDO.- PUBLÍQUESE LA PRESENTE RESOLUCIÓN CON SUPRESIÓN DE DATOS...
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito firmado por quien se ostenta como apoderado legal de la persona moral tercero interesada, quien acredita su personería con base en la escritura pública setecientos sesenta y dos (762), volumen 19 (diecinueve), pasada ante la fe del Notario Público Número Treinta y Cuatro, con ejercicio en esta ciudad, de la que se aprecia que al promovente se le otorgó poder general para pleitos y cobranzas; documental que adquiere pleno valor demostrativo en términos del artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que con fundamento en el precepto 10 de la Ley de Amparo, se reconoce a Óscar Ortega Rentería, el carácter con el que comparece a juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a la persona moral Inmobiliaria Pasari, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, apersonándose al presente asunto. Asimismo, se autoriza en los términos solicitados, a quienes menciona, y como domicilio procesal el que indica en el ocurso que se atiende. Por otro lado, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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