Cristian López Domínguez

Expediente 1088/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1088/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • Cristian López Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil diecinueve.Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por el promovente recurso de queja, en contra del proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico que corresponda, el veintiuno de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Cristian López Domínguez, de propio derecho, contra actos de la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Ciudad de México, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 8º, 14, 123 y 133 constitucionales; fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 1088/2019-D. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, una vez analizada la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la falta de fundamentación y motivación de la resolución emitida por la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Ciudad de México, en el expediente R.I. B.C. 1710/2019, en relación con la actualización del saldo del crédito contenido en el contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria, celebrado por dicho instituto con el ahora quejoso. Acto contra el cual procede medio ordinario de defensa, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]." De lo anterior, se obtiene que el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, como en el caso, previamente a su promoción, instar vía ordinaria que pueda tener el efecto de producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se traducen en el tercero extraño a juicio y los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, además de aquéllos que afecten la libertad personal. Así las cosas, se reitera, el impetrante se duele de la falta de fundamentación y motivación de la resolución emitida por la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Ciudad de México, en el expediente R.I. B.C. 1710/2019, en relación con la actualización del saldo del crédito contenido en el contrato de apertura de crédito y constitución de garantía hipotecaria, celebrado por dicho instituto con el promovente. Acto respecto del cual procede el juicio ordinario civil, en términos del artículo 53, párrafo segundo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El precepto en mención, establece lo siguiente: "Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por los Tribunales federales en materia laboral una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a los Tribunales federales en materia laboral o a los tribunales competentes." [Énfasis añadido]. En efecto, el juicio ordinario civil, constituye un medio de defensa que el promovente tiene a su alcance para lograr la modificación, revocación o nulidad del acto combatido. En tal virtud, al existir un medio ordinario de defensa con el cual el impetrante puede controvertir la determinación que en esta vía constitucional pretende combatir, éste debió agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la legislación en comento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Cristian López Domínguez, contra actos de la Comisión de Inconformidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto a su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1021, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." [Énfasis añadido]. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

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