Cristian Gonzalez Bustos

Expediente 768/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
768/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Cristian Gonzalez Bustos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI TESTIMONIO COLEGIADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el testimonio del recurso de queja 160/2020, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, emitido en sesión ordinaria virtual de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. ES INFUNDADO el recurso de queja Acúsese el recibo correspondiente, vía electrónica por medio de la Plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a través de interconexión. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1.- El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, párrafo primero, inciso d del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI QUEJOSO INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso ******, mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído dictado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítase inmediatamente los originales y copia de los aludidos escritos de interposición de queja y el de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación, con copia certificada del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que el suscrito considera pertinente enviar copia certificada del juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por********, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 768/2020-VI. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en: *La audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, celebrada el doce de octubre de dos mil veinte, en los autos de la carpeta judicial 234/2020 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en la audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, celebrada el doce de octubre de dos mil veinte, en los autos de la carpeta judicial 234/2020 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. Precisado lo anterior, respecto del aludido acto reclamado, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone: En principio, es necesario precisar que el contenido del artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca. ." A su vez, el contenido del diverso artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, la jurisprudencia VI. 2o. J/52, que aprobó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones transcritas se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diverso artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 107, fracción XII de la citada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo). f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden contra los actos reclamados. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la promovente de amparo está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Al respecto, es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 78/2007, autorizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil siete, Novena Época, con número de registro 170866, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." En ese contexto, como ya se dijo en contra del acto reclamado en la presente instancia se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Luego, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la Ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, que aprobó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 361, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224800, que establece: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado consistentes en la audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementaria, celebrada el doce de octubre de dos mil veinte, en los autos de la carpeta judicial 234/2020 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, procede el recurso de revocación, lo anterior atendiendo lo previsto en los artículos 456 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Así, del análisis de los preceptos legales transcritos, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues el acto reclamado fue emitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados, ya que proviene de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos antes señalados también se presenta en el caso, si se toma en consideración el contenido del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual se advierte la procedencia del medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de revocación), previo a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que el peticionario de amparo, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la ley que rige la controversia de origen, el cual se encuentra a su alcance, dado que como ya se dijo se trata de una de las partes formales dentro del juicio subyacente. Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Cristian González Bustos, por propio derecho, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******* por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y de forma restringida a la diversa persona indicada en la demanda, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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