Cristian Daniel Castañeda Pacheco

Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1944/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Cristian Daniel Castañeda Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil veintitrés. RAZÓN DE IMPOSIBILIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, al expediente electrónico y físicamente a los autos, la razón asentada por la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la parte quejosa el auto de cuatro de enero del año en curso, toda vez que al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y requerir la presencia de********************, el oficial de seguridad encargado, le proporcionó una papeleta donde el referido agraviado asentó el motivo por el cual se negó a salir a notificarse. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como el diverso proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa, el presente proveído, así como el diverso de cuatro del mes y año en curso. ASIMISMO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintiuno de diciembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por Cristian Daniel Castañeda Pacheco, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese como juicio de amparo 1944/2022-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que el impetrante de amparo Cristian Daniel Castañeda Pacheco, reclama: "1.- La orden de traslado del Centro de Reinserción Social Numero Uno ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2.-La resolución del dieciocho de mayo del año en curso mediante la cual el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua califica de legal la orden de traslado ejecutada en contra del hoy quejoso." Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden, tocante al acto consistente en el traslado de Cristian Daniel Castañeda Pacheco, del Centro de Reinserción Social Numero Uno ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, verificado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario citar el contenido del citado artículo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el quejoso Cristian Daniel Castañeda Pacheco, del Centro de Reinserción Social Numero Uno ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua al Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, verificado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, dicho traslado fue convalidado por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la carpeta de ejecución 14/2019, mediante la resolución emitida el dieciocho de mayo del año en curso. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso a estudio este órgano jurisdiccional está impedido para analizar la constitucionalidad del traslado combatido, al haber cesado sus efectos por sustitución procesal, ya que fue sustituido procesalmente al haberse convalidado mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, que es la determinación que rige la situación jurídica del quejoso. Es decir, cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis por un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, recayendo una nueva determinación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en la nueva determinación, la cual viene a sustituir procesalmente al anterior, por lo que sólo son combatibles las razones que la autoridad haya tenido para resolver en la forma en como lo hizo. Tiene aplicación, la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII-Mayo 1997, visible en la página 133, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo." Así como, la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI-Marzo 1997, visible en la página 198; que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Por otra parte, con relación al acto reclamado consistente en la resolución del dieciocho de mayo del año en curso mediante la cual el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones del sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua califica de legal la orden de traslado ejecutado en contra del hoy quejoso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del numeral 61 de la ley de amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se prueba el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Al respecto, es pertinente conocer el contenido del artículo 18 de la Ley de Amparo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución (.).". De igual forma, lo dispuesto por el artículo 17, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo (.)." De la interpretación del artículo 18 de la Ley de Amparo, se arriba al conocimiento de que el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de garantías, para tenerla como oportunamente recibida. El precepto invocado establece tres momentos, a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca de la demanda. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, a saber, son: 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. Tratándose de la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a dudas, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso. En la segunda hipótesis, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de que el quejoso tenga conocimiento pleno del acto reclamado. La tercera hipótesis, entraña una confesión expresa por parte del afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de su demanda le perjudica. Ahora, de la demanda se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el acto que hoy reclama le fue notificado el dos de agosto de dos mil veintidós, por ende, si la demanda de amparo fue presentada hasta el once de diciembre de dos mil veintidós, en el Servicio Postal Mexicano, resulta evidente que se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, queda claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al advertirse que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. Ello es así, pues el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra el acto reclamado, tomando como base la fecha que señaló el quejoso bajo protesta de decir verdad, en que tuvo conocimiento de tal acto, a saber, el dos de agosto de dos mil veintidós, a la data de presentación de la demanda - once de diciembre de dos mil veintidós, transcurrieron en exceso los quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, previo descuento de los días inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 del propio ordenamiento, por tal virtud, es inconcuso que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por consiguiente debe estimarse tácitamente consentido el acto reclamado, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo expuesto con antelación, se concluye que en el caso se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Cristian Daniel Castañeda Pacheco, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otro lado, conforme con lo previsto en los artículos 26, fracción l, inciso a), y 27 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación al quejoso en el lugar de su reclusión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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