Cristian Emmanuel Guzmán Ríos
Expediente 84/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 84/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Cristian Emmanuel Guzmán Ríos
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso b) (expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse los dos tomos de pruebas que remitió la Sala responsable con su informe justificado, el primero consistente en el original del recurso de revisión 92/2022, y el segundo, en el original del juicio de nulidad 9/2022, solicitando el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA.---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la boleta de turno que remite la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, residentes en esta población, a la que adjunta copia del oficio de cuenta número 937/2023, signado por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, al que acompaña: (1) juicio de amparo directo 45/2023 de su índice, promovido por Cristian Emmanuel Guzmán Ríos, contra el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otra autoridad; (2) original del recurso de revisión 92/2022 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; (3) original del Juicio de Nulidad 9/2022, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.Acúsese el recibo correspondiente. Acepta competencia. Ahora bien, toda vez que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, declinó competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, para conocer de la demanda de amparo promovida por Cristian Emmanuel Guzmán Ríos, al estimar que la resolución reclamada, de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el recurso de revisión 92/2022 de su índice, en el que confirmaron el acuerdo de dos de marzo de ese año, dictado por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa citado en el expediente 9/2022, que declaró su incompetentcia para conocer del asunto y ordeno enviar la demanda promovida por el aquí quejoso, a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; por tanto, este Juzgado se avoca a su conocimiento. Fórmese expediente y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 84/2023. Desechamiento. Examinada la demanda de amparo, este juzgador considera que debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el recurso de revisión 92/2022 de su índice, por el cual confirman el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente 9/2022, en el que esa sala unitaria se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó enviar la demanda a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por considerar que dicha junta es la competente para conocer del asunto. Luego, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, los cuales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."; De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es hasta ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por ser el momento en que se producen todas las consecuencias del acto. Tal criterio dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, Registro 2009721, bajo el rubro y epígrafe: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Atento a lo expuesto, es incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, al no tener el carácter de definitivo, pues en dicho auto, si bien la responsable confirmó la declinatoria de competencia de su inferior; no obstante, será hasta que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, acepte la competencia; o bien de no hacerlo, cuando se resuelva el conflicto competencial que se pudiera suscitar entre ambas autoridades -administrativa y laboral-, por tratarse de autoridades que operen en regímenes diferentes y no estar habilitadas para conocer indistintamente de ambas materias. Por lo que será precisamente el auto de aceptación o la resolución del conflicto competencial el que producirá las consecuencias del acto, es decir, es el que producirá en su caso la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Luego, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la invocada causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, téngasele autorizando con toda las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, pues conforme a la certificación de cuneta, se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Exhortación a tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la boleta de turno que remite la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, residentes en esta población, a la que adjunta copia del oficio de cuenta número 937/2023, signado por la actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, al que acompaña: (1) juicio de amparo directo 45/2023 de su índice, promovido por Cristian Emmanuel Guzmán Ríos, contra el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y otra autoridad; (2) original del recurso de revisión 92/2022 del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; (3) original del Juicio de Nulidad 9/2022, del índice de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca.Acúsese el recibo correspondiente. Acepta competencia. Ahora bien, toda vez que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, declinó competencia al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, para conocer de la demanda de amparo promovida por Cristian Emmanuel Guzmán Ríos, al estimar que la resolución reclamada, de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el recurso de revisión 92/2022 de su índice, en el que confirmaron el acuerdo de dos de marzo de ese año, dictado por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa citado en el expediente 9/2022, que declaró su incompetentcia para conocer del asunto y ordeno enviar la demanda promovida por el aquí quejoso, a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio; por tanto, este Juzgado se avoca a su conocimiento. Fórmese expediente y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 84/2023. Desechamiento. Examinada la demanda de amparo, este juzgador considera que debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de trece de octubre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el recurso de revisión 92/2022 de su índice, por el cual confirman el acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente 9/2022, en el que esa sala unitaria se declaró incompetente para conocer del asunto y ordenó enviar la demanda a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por considerar que dicha junta es la competente para conocer del asunto. Luego, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, los cuales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."; De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autos que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de mayo de dos mil quince, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que la decisión del órgano que se declara incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino hasta que aquellas se tornen definitivas, esto es, cuando el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando acepta inhibirse en el conocimiento del asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es hasta ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por ser el momento en que se producen todas las consecuencias del acto. Tal criterio dio origen a la tesis jurisprudencial P./J. 17/2015 (10a.), publicada en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, Registro 2009721, bajo el rubro y epígrafe: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Atento a lo expuesto, es incuestionable que el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado que se analiza, al no tener el carácter de definitivo, pues en dicho auto, si bien la responsable confirmó la declinatoria de competencia de su inferior; no obstante, será hasta que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, acepte la competencia; o bien de no hacerlo, cuando se resuelva el conflicto competencial que se pudiera suscitar entre ambas autoridades -administrativa y laboral-, por tratarse de autoridades que operen en regímenes diferentes y no estar habilitadas para conocer indistintamente de ambas materias. Por lo que será precisamente el auto de aceptación o la resolución del conflicto competencial el que producirá las consecuencias del acto, es decir, es el que producirá en su caso la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Luego, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Desechamiento. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la invocada causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, téngasele autorizando con toda las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, pues conforme a la certificación de cuneta, se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Exhortación a tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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