Cristabel García Vázquez y Otros.

Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
371/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Javier Peralta Pineda y Otros.
  • Javier Peralta Pineda
  • Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Huautla de Jiménez, Oaxaca
  • Cristabel García Vázquez y Otros.
  • Citlali Rodríguez Carrera
  • Cristabel García Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia que sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Provéase lo conducente en el incidente que deriva de este expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Archivo y valoración. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción III (El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: Este asunto carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; c) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se:********************R E S U E L V E:********************ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 371/2023, promovido por 1) Mayahuel Rojas Martínez, 2) Cristabel García Vázquez o Cristabel García Vásquez, 3) Alejandra Nava Enríquez, 4) Citlalli Rodríguez Carrera o Citlalic Rodríguez Carrera, 5) ********************, 6) ********************, 7) ********************, 8) ********************, 9) ********************, 10) ********************, 11) ********************, 12) ********************, 13) ********************, y 14) ********************, en términos del considerando cuarto de esta sentencia.********************NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 371/2023. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, 1) ********************, 2) ******************** o ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ********************, 7) ********************, 8) ********************, 9) ********************, 10) ********************, 11) ********************, 12) ********************, 13) ********************, 14) ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. AUTORIDADES RESPONSABLES. Los quejosos señalaron como autoridad responsable al: Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Huautla de Jiménez, Oaxaca. TERCERO. APERTURA DE ESTE INCIDENTE. Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal del que deriva esta incidencia, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de esa propia fecha, se aperturó este cuaderno, se negó la suspensión provisional a la parte quejosa, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el presente incidente de suspensión son: La negativa de otorgarles el acceso a los datos que obran en la carpeta de investigación 11086/FNSC/HUAUTLA/2023, conforme al acuerdo de dos de abril de dos mil veintitrés. SEGUNDO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local ubicada en Huautla de Jiménez, Oaxaca, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante haber quedado legalmente notificado de su petición el cuatro de mayo pasado (foja 37). Por tanto, con fundamento en el artículo 142, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. TERCERO. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Previo a examinar si cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender la naturaleza de los actos reclamados, así como los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se pueden suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". La naturaleza del acto reclamado en el presente asunto es de carácter negativo, dado que no se le permite a la parte quejosa el acceso a la carpeta de investigación 11086/FNSC/HUAUTLA/2023, conforme al acuerdo de dos de abril de dos mil veintitrés, dictado en dicha carpeta. Ahora, para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte quejosa. b) No se siga perjuicio al interés social. c) Ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión, además de los requisitos anteriormente precisados, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para cumplir con el contenido de la fracción X del artículo 107 de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En efecto, se debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, se debe confrontar la apariencia del buen derecho invocado por la parte quejosa, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuestos a que se refieren las fracciones II y III del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Así, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa; por lo que en el presente incidente de suspensión, se proveerá lo procedente, únicamente respecto a las peticiones que de manera expresa realizó la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las 2 implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." En la demanda de amparo, los quejosos solicitan les sea concedida la medida cautelar para el siguiente efecto: ". se nos conceda a los SUSCRITOS la SUSPENSIÓN PROVISIONAL y en su caso la DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO en los términos de los artículos 125, 126, 127 y 128 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo y por lo tanto no surta sus efectos el acuerdo de fecha 02 de abril del 2023, mediante el cual se nos niega el acceso a los datos que existen dentro de la carpeta de investigación supra citada, se nos permita entonces la intervención para efecto de tener una adecuada defensa..." Por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se niega la medida cautelar solicitada, toda vez que su concesión podría obstaculizar la continuación de la carpeta de investigación sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación. Además, al tratarse de un acto negativo, conceder la medida sería darle efectos restitutorios, los que son propios de la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del asunto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 288, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una 'reparación integral'. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por 1) ********************, 2) ******************** o ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ********************, 6) ********************, 7) ********************, 8) ********************, 9) ********************, 10) ********************, 11) ********************, 12) ********************, 13) ********************, 14) ********************, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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