Cristian Cruz Serrano

Expediente 568/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
568/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Cristian Cruz Serrano
  • Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México
  • Juan Carlos Hernández Lovera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Juan Carlos Hernández Lovera, Cristian y Mauricio, de apellidos Cruz Serrano, Marco Antonio Mendoza Serrano y Moisés Flores Arriaga, por propio derecho, regístrese la demanda bajo el número 568/2017-III-A. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, la resolución de catorce de marzo de dos mil diecisiete, que confirmó la determinación de esa fecha, dictada en la carpeta administrativa 16/2016, que tuvo por desistida a la parte imputada de las pruebas periciales en materia de criminalística y de identificación fisonómica, al no haber presentado a los peritos respectivos. Atento a lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que al acto reclamado no afecta derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor del quejoso, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, dentro de ellos se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En cambio, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Ahora, en el caso en concreto, la quejosa cuestiona en esta vía de amparo, la resolución de catorce de marzo de dos mil diecisiete, que confirmó la determinación de esa fecha dictada en la carpeta administrativa 16/2016, que tuvo por desistida a la parte imputada de las pruebas periciales en materia de criminalística y de identificación fisonómica, al no haber presentado a los peritos respectivos. La determinación confirmada no es acto de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Máxime que dicha determinación puede ser reclamada como violación procesal en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia, conforme al artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. REPRESENTANTE COMÚN Se tiene como representante común de los quejosos a quien designaron en la demanda que se provee. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígaseles que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la secretaria María Guadalupe Saavedra Montaño, que da fe.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación del quejoso respecto del proveído de veintinueve de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario correspondiente para que realice la notificación del citado acuerdo.

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