Cristian Alejandro Rodriguez Vieryra

Expediente 1427/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1427/2015
Año
2015
Actuaciones
17
Última actuación
30/08/2016

Partes del expediente

  • Cristian Alejandro Rodriguez Vieryra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El treinta de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 53 a 64) 2. Por auto de nueve de junio de dos mil dieciséis, dicha sentencia causó ejecutoria y en esa actuación se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. (Folio 100 y 101) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en el término de tres días legalmente computados, acreditara ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concedida para el efecto de que: "a) Deje sin efecto el ********************, de quince de junio de dos mil catorce, que autorizó el egreso de Cristian Alejandro Rodríguez Vieyra, al Centro Preventivo y de Readaptación Social Otumba Tepachico. b) Ordene las acciones necesarias para que el quejoso sea trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, e informe a este órgano jurisdiccional cuando ello acontezca.". En ese tenor, a través de misiva DGPRS/DTL/6501/2016, de quince de junio de dos mil dieciséis, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitió copia certificada del diverso DGPRS/DTL/6500/2016, de esa misma data, por el cual hizo del conocimiento de la encargada del despacho de la Dirección de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social que se dejó sin efecto la orden de traslado contenida en el oficio número DGPRS/1757/2014 de quince de junio de dos mil catorce, y que a efecto de restituir al aquí quejoso en el goce de sus derechos le instruyó girará sus instrucciones a quien correspondiera, a fin de que llevará a cabo con las medidas de seguridad institucionales adecuadas y con la responsabilidad legal de quien ejecutara el traslado del aquí quejoso, quien se encontraba recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al similar denominado "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México. (Fojas 103 a 105 de autos) Luego, mediante oficio de diecisiete de junio del año en curso, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, remitió copia certificada de la boleta de traslado definitivo de dieciséis del citado mes y año, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al similar denominado "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México. (Foja 114 a 117 ídem) Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregadas a las presentes actuaciones. Por auto de dieciséis de junio de la anualidad que transcurre, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere; y dado que, este Juzgado Federal fue informado de que el aquí quejoso fue trasladado al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, en la Entidad, el Actuario de la adscripción procedió a notificarle dicho acuerdo, lo cual aconteció el veintidós de junio siguiente. (Fojas 123 de actuaciones) Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que las autoridades responsables cumplieron con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El quince de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México dejó sin efectos el oficio número DGPRS/1757/2014 de quince de junio de dos mil catorce, por el que había ordenado el traslado del aquí quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, en el Estado de México, lo cual hizo del conocimiento de la encargada del despacho de la Dirección de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, mediante el diverso DGPRS/DTL/6500/2016, de esa misma data. Asimismo, mediante oficio de diecisiete de junio del año en curso, el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, remitió copia certificada de la boleta de traslado definitivo de dieciséis del citado mes y año, del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, al similar denominado "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, ambos en el Estado de México. Traslado que fue efectuado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, pues incluso, el Actuario de la adscripción notificó al aquí quejoso el auto emitido en la citada data, en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, en la Entidad. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México dejó insubsistente el oficio número DGPRS/1757/2014 de quince de junio de dos mil catorce, por el que había ordenado el traslado del aquí quejoso al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, en el Estado de México; circunstancia que trajo como consecuencia que el peticionario de amparo ********************, fuera ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, lo cual aconteció el dieciséis de junio del año en curso. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se determina lo siguiente: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. d) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. e) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, primer párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar definitiva. f) El duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, glósese únicamente el original de dicho incidente. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Visto el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, en atención al proveído de nueve de junio pasado, remite copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En ese orden, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a las partes con el contenido de las constancias y anexos en mención, para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la circular CCJ/05/2016 de diez de mayo de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de trece de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 81, inciso e) y 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI de la Constitución General de la República, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, para que en el término de tres días legalmente coimputados, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concedida para el efecto que: Deje insubsistente el oficio DGPRS/1757/2015 de quince de junio de dos mil catorce, que autorizó el egreso de Cristian Alejandro Rodríguez Vieyra, al Centro Preventivo y de Readaptación Social Otumba Tepachico. Ordene las acciones necesarias pata que el quejoso sea trasladado al Centro preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, e informe a este órgano jurisdiccional cunado ello acontezca. Para lo cual, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede el plazo de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación, a efecto de que informe las gestiones que está llevando a cabo para cumplir la ejecutoria. Asimismo, se apercibe a la responsable que de no hacerlo en el tiempo concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este Artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo."

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en funciones de Juez, devuelve diligenciado el exhorto 178/2016-II, formado con motivo del diverso 64/2016 (número de orden 118/2016), derivado del sumario en que se actúa, que se libró a efecto de notificar la sentencia engrosada el treinta de octubre de dos mil quince, al quejoso Cristian Alejandro Rodríguez Vieyra; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y, atento a las constancias que integran el cuadernillo que se anexa, téngase al quejoso, por legalmente notificado de la sentencia precitada, el veintiséis de febrero del año en curso.

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