Cristian Castillo Guzmán
Expediente 502/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cristian Castillo Guzmán
- Cristian Castillo Guzmán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo, respecto de la autoridad responsable con residencia fuera de esta ciudad, toda vez que en el presente caso, se actualizó una causal de improcedencia notoria y manifiesta, que originó el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio, no se vulneran a las partes sus derechos en el juicio de origen, con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a que a la referida autoridad responsable le transcurra el término indicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 502/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. A continuación, la secretaría hace una relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda, auto admisorio de treinta de abril de dos mil dieciocho, constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que las autoridades responsables adjuntaron a sus informes justificados y al diverso oficio 1838/2018 de uno de junio de dos mil dieciocho. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas las aludidas probanzas, las cuales se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Posteriormente se abre el período de alegatos en el que la Secretaría da cuenta que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló el alegato ministerial 320/2018, con el que solicita se sobresea en el presente asunto; por lo que el Juez acuerda que se tenga por formulado el pedimento de mérito; con lo anterior se cierra ese periodo. Vistos, para resolver el juicio de amparo 502/2018-V, promovido por Cristian Castillo Guzmán, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, y otras autoridades, por violación al artículo 17 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el treinta de abril del presente año, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Cristian Castillo Guzmán, solicitó el amparo y protección contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, Actuario adscrito a la citada junta, ambos con residencia en Mérida, Yucatán, y Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló el alegato ministerial 320/2018, y previo diferimiento, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se realizó al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 1º, y 35 de la Ley de Amparo, en relación con el 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, al reclamarse por una parte actos omisivos que carecen de ejecución, pero que se atribuyen a autoridades con residencia en esta ciudad, en la que ejerce jurisdicción este Órgano Constitucional y por otra, actos con ejecución dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa, reclama de las autoridades responsables: - La omisión de girar el exhorto recordatorio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que realice el emplazamiento de la parte demandada Revlon de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; - La omisión de esta última autoridad de realizar las diligencias correspondientes para el emplazamiento de la citada demandada; y - El que se haya señalado una fecha lejana (once de julio de dos mil dieciocho) para el desahogo de la audiencia trifásica en el procedimiento laboral de origen. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, negó el acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de realizar las diligencias correspondientes para el emplazamiento de la parte demandada Revlon de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Negativa que la responsable referida sostiene alegando que la actuaria adscrita a la Secretaría de atención, en cumplimiento a lo solicitado en el exhorto de tres de enero de dos mil dieciocho, remitido por la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, el veintiséis de enero del año en curso, se constituyó en el domicilio señalado como de la mencionada parte demandada a fin de realizar el emplazamiento que le fue encomendado; sin embargo, dicha fedataria manifestó su imposibilidad para realizar el emplazamiento, al no existir el domicilio señalado por la parte actora; todo ello, con antelación a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y, sin prueba en contrario de la parte quejosa, que desvirtúe tal negativa. Lo que quedó corroborado con las constancias que remitió el Secretario Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que mediante razón actuarial de veintiséis de enero del presente año, la actuaria adscrita a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, manifestó su imposibilidad para el emplazar a la parte demandada Revlon de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; esto, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el treinta de abril de dos mil dieciocho; de lo que resulta evidente la inexistencia de dicho acto al momento de promoverse el presente juicio y por lo tanto, debe sostenerse la negativa de la autoridad responsable. Por ende, sobre el acto y autoridad en particular procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable y en la Tesis Jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción iv del artículo 74 de la ley de amparo". Esto, sin que pase inadvertido que la citada autoridad responsable manifestó en su informe que el treinta y uno de mayo del presente año recibió un diverso exhorto a fin de emplazar a la demandada referida; sin embargo, esto evidentemente aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que originó este juicio, por lo que el hecho de que no se haya logrado el emplazamiento ordenado y se haya solicitado nuevamente a la responsable que nos atañe la realización del mismo, no puede considerarse como que ésta no realizó en su momento las diligencias necesarias para lograr dicho emplazamiento. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán y el actuario de su adscripción, autoridades responsables, al rendir sus informes justificados refirieron que son ciertos los actos que se les reclamadan, por lo tanto se tienen por ciertos los citados actos reclamados a dichas responsables. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que uno de los actos reclamados por la parte quejosa es la omisión de girar el exhorto recordatorio a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que realice el emplazamiento de la parte demandada Revlon de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el expediente laboral 997/2016 del índice de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, que solicitó mediante escrito de seis de marzo del presente año. Ahora bien, respecto del mencionado acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de once de mayo del año en curso, ordenó girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, para que emplace a la parte demandada Revlon de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, al juicio laboral de origen 997/2016. Determinación que se hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa, mediante publicación realizada el catorce de mayo del presente año y que se materializó el quince del propio mes y año a través del oficio 1669/2018, esto, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el treinta de abril de dos mil dieciocho. En esas condiciones, al haberse ordenado girar el exhorto correspondiente en el expediente laboral 997/2016, el once de mayo del año que transcurre y al haberse notificado el catorce siguiente dicho acuerdo a la aquí parte quejosa y haberse expedido el exhorto de atención el quince del propio mes y año; esto con posterioridad a la presentación de la demanda que lo fue el treinta de abril esta anualidad, es evidente que cesaron los efectos del referido acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, respecto del mencionado acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia aplicable. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por último, respecto del diverso acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha lejana para el desahogo de la audiencias de ley en el procedimiento laboral de origen, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, al haberse consumado irreparablemente dicho acto. El artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En ese orden de ideas, si bien de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en la audiencia de once de mayo de dos mil dieciocho (foja 56), se señalaron las diez horas con treinta minutos del día once de julio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 997/2016, esto es, una fecha lejana fuera del término establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que al momento en que se resuelve el presente juicio de amparo, dicha fecha ya aconteció y por ende quedó superada. Por lo tanto, partiendo de las anteriores premisas, se llega a la conclusión que al haberse señalado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para el día once de julio del año en curso, fecha que ya ha transcurrido, el acto reclamado ha quedado consumado de forma irreparable, pues aun y cuando se concediera el amparo a la parte quejosa, no se podría reparar ni física, ni materialmente tal violación, debido a que al momento en que se resuelve el presente juicio de amparo, ya ha sido superada la fecha que se señaló para la referida audiencia y con esto no sería dable restituir al quejoso en el derecho que aduce le fue transgredido, al no poderse retrotraer el tiempo a fin de que la autoridad responsable deje sin efectos dicha fecha y señale una con mayor cercanía. De ahí que se considere que el acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha lejana ha quedado consumado de modo irreparable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis 2ª./J.171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En ese sentido, ante la actualización de las causales de improcedencia antes analizadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables. Lo anterior, sin que obste el hecho de que no se haya emplazado al presente juicio al tercero interesado Pro Merc México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud que dado el sentido en que se resuelve, no se le ocasiona perjuicio alguno. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: Se r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Cristian Castillo Guzmán, contra actos de las autoridades que fueron señaladas como responsables, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, quien autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 664/2018-VIII suscrito por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 93/2018-E-V-AMPARO, del índice de este Juzgado Federal. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el exhorto de cuenta se advierte que no fue posible el emplazamiento a juicio de la tercero interesada en este asunto Pro Merc México, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista con el oficio y anexo de cuenta, a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, señale con precisión la denominación y el domicilio correcto de la referida tercero interesada, a fin de estar en aptitud de emplazarla a juicio; apercibida que de no hacer manifestación alguna o para el caso de que manifieste ignorarlo, se procederá conforme al artículo 27, fracción III, de la legislación antes citada, esto es, este juzgado se avocará a la investigación del domicilio de la citada tercero interesada y en su caso, se ordenará la notificación por edictos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
cita ...Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 664/2018-VIII suscrito por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 93/2018-E-V-AMPARO, del índice de este Juzgado Federal. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el exhorto de cuenta se advierte que no fue posible el emplazamiento a juicio de la tercero interesada en este asunto Pro Merc México, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista con el oficio y anexo de cuenta, a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, señale con precisión la denominación y el domicilio correcto de la referida tercero interesada, a fin de estar en aptitud de emplazarla a juicio; apercibida que de no hacer manifestación alguna o para el caso de que manifieste ignorarlo, se procederá conforme al artículo 27, fracción III, de la legislación antes citada, esto es, este juzgado se avocará a la investigación del domicilio de la citada tercero interesada y en su caso, se ordenará la notificación por edictos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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